Ofensores y Votantes Podrían ser Afectados por Prop. 5

Grupos opositores discuten el tratamiento o encarcelamiento de ofensores.

By Daniel Monzón, Reportero de EGP

El país se unirá en grandes números para elegir a nuevo presidente de los Estados Unidos el 4 de noviembre. Localmente, los Californianos se unirán para votar en 12 proposiciones nuevas, una de ellas es la Proposición 5, el Acto de Rehabilitación de Ofensores No-Violentos.

Según la oficina del Analista Legislativo, esta medida expandirá programas de tratamiento de drogas para ofensores criminales, modificará procedimientos de supervisión bajo libertad condicional y expandirá programas de rehabilitación de prisión y libertad condicional; dejará que presos reduzcan su sentencias por participar en programas de rehabilitación, reducirá ciertas penas por posesión de marihuana, y hará cambios misceláneos a la ley estatal relacionada a la administración estatal de programas de rehabilitación y de libertad condicional para ofensores.

El jubilado alguacil, Jim Denney, Director Ejecutivo de la Asociación de Sheriff de California, lidera una de las organizaciones más opuestas a la Proposición 5.

“Ablanda la responsabilidad de los criminales convictos. Criminales bajo libertad condicional pueden continuar usar drogas sin ser regresados a prisión, hasta cometer un nuevo delito menor no serán regresados,” dijo el Alguacil Denney.

Adicionalmente, según Denney, un acusado que haya pasado los requisitos del programa de tratamiento bajo la Prop. 5 tendría todos sus delitos graves descartados y su historial sellado, inclusive esos con crimines previos.

“Bajo la Prop. 5, los acusados tendrían más oportunidades, recibirían hasta cinco ofensas separadas antes de ser mandados a la cárcel,” dijo Denney, quien prefiere el sistema actual cual resulta en sentencias de cárcel después de tres ofensas y no cinco, y según él, el nivel de éxito en cortes de drogas en algunos condados es hasta el 70 por ciento.

Igualmente, dice Denney, el costo de implementar la nueva medida se estima a más de 48 millones de dólares en costos adicionales para las cortes; esto afectaría fuertemente a condados locales, especialmente en las actuales condiciones económicas.

Las condiciones económicas no son la única razón por la oposición. Es más, hay otros que cuestionan el costo en la condición humana.

“Nosotros sabemos que manejar bajo los efectos de alcohol mata a miles de personas cada año,” dijo Silas Miers, coordinador del programa M.A.D.D. en California, la oficina local de Mothers Against Drunk Driving (Madres en Contra de Manejar Ebrios).

M.A.D.D. California se opone a la posibilidad de que un juez no sea dado la discreción en como administrar un posible castigo a un ofensor, y que en vez tenga que mandar al ofensor a un programa, que según Miers, solo creará ofensores repetitivos.

“Nosotros creemos que la Prop. 5 dejará que se le de al ofensor una tarjeta gratis para salir de la cárcel. Ellos han quebrado la ley, sin importar que nosotros pensemos que necesiten tratamiento, ellos todavía necesitan responder a las consecuencias,” dijo Miers.

Esos en favor, sin embargo, discuten que bajara seguramente la sobrepoblación de prisiones, creará programas de tratamiento de drogas para jóvenes y para ofensores no-violentos y esos bajo libertad condicional, incluso expandirá rehabilitación para ofensores no-violentos de drogas.

Según la Red de Alianza de la Política de las Drogas, el sistema actual no es tan bueno como se oye.

“Tenemos muchas cosas buenas en California, pero no es lo suficiente, es por eso que tenemos un 85 por ciento de personas encarceladas con problemas de abuso de drogas. Muy pocas reciben algún tratamiento,” dijo Margaret Dooley-Sammuli de la Red de Alianza.

Dooley-Sammuli dice que la oposición de los oficiales policíacos a la Prop. 5 la entristecen por sus posiciones sobre el tratamiento.

“Esta es la razón por cual no hemos visto reformas ante Sacramento, porque los grupos de intereses de las fuerzas policíacas en California solo dicen apoyar la rehabilitación cuando en realidad, no lo hacen,” dijo Dooley-Sammuli. “No podemos salir de este problema de drogadicción con encarcelamientos.”

Dooley-Sammuli dice que en la década de los 90s, se construyeron 21 prisiones nuevas a contraste de solo una nueva universidad.

“Actualmente gastamos $10 billones en el sistema de prisiones, y casi $250 millones en tratamiento de drogas en la comunidad. Prop. 5 ahorraría a los que pagan impuestos $2.5 billones, porque así solucionarían los problemas de drogadicción, y no pasarán por nuestras cortes o prisiones,” dijo Dooley-Sammuli.

Ella dice que la Prop. 5 crea un balance perfecto entre acceso a tratamientos y seguridad pública. Ella dice que el estado ha abandonado a los jóvenes, dejando que sus problemas de drogas se vuelvan en severas adicciones, que muchas veces resultan en crimenes.

“Necesitamos poner más de nuestros recursos en tratamientos y rehabilitación, para poder tener un impacto positivo en las vidas de personas y reducir la demanda de drogas,” dijo Dooley-Sammuli.

Al final, sea o no buena la Prop. 5, sea aprobada o rechazada no será por esos en favor o en contra de la medida. La responsabilidad recaerá encima de los votantes bien-informados o ellos que no lo son.

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October 16, 2008  Copyright © 2012 Eastern Group Publications, Inc.

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