Ocho Funcionarios de Bell Arrestados por Cargos de Corrupción

Mesa de Supervisores urgen al procurador general a implementar medida de precaución y evitar más daños a residentes.

By Servicios EFE y EGP

La Policía el martes detuvo a ocho funcionarios de la ciudad de Bell acusados de imponerse ilícitamente unos salarios exorbitantes que en algunos casos llegaron a doblar el del presidente Barack Obama.

El fiscal del distrito de Los Ángeles, Steve Cooley, presentó oficialmente cargos contra el ex gerente de la ciudad Robert Rizzo, su ex asistente Ángela Spaccia, el alcalde Óscar Hernández, así como tres concejales (Luis Artiga, Teresa Jacobo, y George Mirabal) y dos ex concejales (George Cole y Víctor Bello) que se colocaron unos sueldos de $800.000 anuales.

Izquierda a derecha: Ángela Spaccia, Robert Rizzo, Teresa Jacobo, Óscar Hernández, George Mirabal, Luis Artiga, George Cole y Víctor Bello.

 

La fiscalía angelina estima que los detenidos se embolsaron ilegalmente $5,5 millones de dinero público.

El escándalo de corrupción en Bell saltó el pasado mes de julio después de que el diario Los Angeles Times publicó los desmesurados salarios de los miembros del municipio.

Según la información del periódico, Rizzo ingresó mientras estuvo en su puesto alrededor de $800.000 anuales, cantidad superior a la paga de cualquier gestor público en EE.UU. y el doble de los ingresos de Barack Obama.

A raíz de esa noticia, la fiscalía de Los Ángeles abrió una investigación.

La semana pasada el fiscal general de California, Jerry Brown, presentó una demanda en los tribunales para exigir la nulidad de los contratos de algunos cargos públicos de ese ayuntamiento así como la devolución de parte de sus sueldos y del dinero destinado a pagar sus pensiones.

Cooley afirmó el martes que el caso de Bell se trata de “corrupción con esteroides” e imputó a Rizzo en 53 casos de apropiación ilícita de fondos públicos y conflicto de intereses.

Las autoridades investigan además unas denuncias contra el ayuntamiento de Bell por fraude electoral. Rizzo y otros cargos de la ciudad dimitieron en julio poco después de saltar el escándalo de corrupción y los concejales decidieron rebajar sus emolumentos.

Una auditoría encontró que las autoridades de Bell habían incrementado la tasa impositiva sobre los ciudadanos ilegalmente, lo que supuso unos ingresos extra de $5,6 millones.

Además de fondos de pensiones, Rizzo obtuvo dos préstamos con dinero municipal valorados en $80.000. La fiscalía anunció que Rizzo estaba tras las rejas bajo una fianza de $3,2 millones.

Los otros acusados estaban tras las rejas bajo una fianza de $130.000 a $377.500, de acuerdo a la oficina de la fiscalía.

El antiguo Jefe de Policía de Bell Randy Adams no fue entre los arrestados, pero resignó de su puesto después de los reportes que revelaron que recibía un sueldo de $457.000.

Cooley concedío que él conoce personalmente a Adams pero su amistad no tuvo que ver con la decisión de no acusarlo de un crimen.

No existe evidencia para procesarlo, dijo Cooley y bromeó que hasta a su propia madre procesaría si había evidencia en su contra. 

“Ser pagado un salario exesivo no es un crimen. No es un crimen,” Cooley dijo. “Ilegalmente obtener esos salarios sí es un crimen, y eso es lo que paso en el caso de Rizzo y de los concejales.”

La investigación continua y los acusados podrían enfrentar más cargos, él dijo.

El martes, la Mesa de Supervisores del Condado de Los Ángeles también tomaron acción para pedirle al Procurador General de California a nombrar un cuerpo que tomará cargo de las operaciones de día-a-día en la cuidad de Bell.

Con un voto de 4 a 0, y con el Supervisor Mike Antonovich ausente, la mesa aprobó una moción por la Supervisora Gloria Molina a pedirle al Procurador General Jerry Brown a “usar cada medida legal posible…para inmediatamente prevenir más daños potenciales a los residentes de Bell.”

En su moción, Molina indicó que a pesar de la demanda de Brown y una variedad de investigaciones, el concejo continua a reunirse y seguido tras puertas cerradas.

“Ellos aún ejercen autoridad directa sobre los mismos asuntos de la ciudad que han demostrado no poder gobernar de manera ética, justa o competente, y así podrían potencialmente comprometer la ciudad a más responsabilidades en el futuro y otras obligaciones contractuales,” escribió Molina.

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September 23, 2010  Copyright © 2012 Eastern Group Publications, Inc.

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