Legislador Quiere Más Información Acerca de Indocumentados de ‘Baja Prioridad’

By María Peña, Servicios EFE

El legislador republicano de Texas, Lamar Smith, prevé emitir esta semana una citación para obligar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a que entregue documentos sobre los inmigrantes “deportables”, después de recibir el visto bueno de un subcomité legislativo.

Smith, que preside el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, solicitó los datos el pasado 22 de agosto, pero el DHS no cumplió con el plazo.

Pese a las objeciones de los demócratas, el subcomité aprobó sobre líneas partidistas -con siete votos a favor y cuatro en contra-, la autorización para que Smith obligue al DHS a entregar toda una mina de información sobre los “deportables”.

La votación causó fuertes choques entre los republicanos, que acusaron al DHS de “evadir” sus responsabilidades, y los demócratas, que incluso acusaron a la oposición de querer iniciar una “cacería de brujas”.

Los datos que pide Smith están relacionados en su mayoría con los indocumentados que estaban en trámites de deportación bajo el controvertido programa “Comunidades Seguras”.

Este verano, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, dijo que la Administración Obama revisaría “caso por caso” los 300.000 extranjeros ahora en proceso de deportación, dando mayor prioridad a aquellos con antecedentes criminales.

Ahora Smith, conocido por su línea dura contra la inmigración ilegal, quiere saber quiénes y cuántos de esos 300.000 indocumentados en realidad constituyen casos de “baja prioridad”.

Smith considera que si el DHS no tiene nada que esconder, no hay motivo para que no entregue los documentos.

“Hace más de dos meses solicité por escrito que el DHS diera información sobre los inmigrantes indocumentados y criminales que no han sido detenidos o sometidos a un proceso de deportación. Obviamente la Administración no está actuando de buena fe”, se quejó Smith.

Para Smith, el DHS no sólo se niega a entregar la información sino que está al borde de “obstruir” las funciones del Congreso.

“¿Temen los funcionarios de la Administración que la información demuestre que los inmigrantes indocumentados que han sido deliberadamente puestos en libertad por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) han cometido crímenes que pudieron ser prevenidos?”, enfatizó.

Se calcula que unos 250.000 extranjeros indocumentados estarían fichados bajo el programa “Comunidades Seguras” pero aparentemente no tenían órdenes de retención mientras las autoridades determinaban su puesta en libertad.

El presidente del subcomité, el republicano Elton Gallegly, sugirió que no quedaban más opciones que la de obligar al DHS a cumplir con la solicitud de Smith.

“No nos tomamos esto a la ligera. Es lo único que nos queda para determinar el impacto que ha tenido en nuestras comunidades” la inacción del DHS para detener a extranjeros criminales, dijo Gallegly.

Para aplacar a los demócratas, Gallegly se comprometió a resguardar la confidencialidad de los datos de los 250.000 extranjeros en cuestión.

No obstante, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial, John Conyers, calificó de prematuro que el subcomité haya autorizado una citación, por considerar que el DHS y el Departamento de Justicia han dado indicios de que cumplirían con la entrega de los documentos de forma “adecuada y oportuna”.

La legislador demócrata de Texas, Sheila Jackson-Lee, fue aún más lejos en sus críticas de los republicanos, al insistir en que la citación equivale a una “innecesaria cacería de brujas”.

El subcomité aplastó una moción de la demócrata californiana, Zoe Lofgren, de eliminar la medida republicana.

En declaraciones a los periodistas, el portavoz del DHS, Matthew Chandler, dijo que la agencia federal “le indicó al comité que estaría entregando la información solicitada sin que mediara una citación que lo obligara a hacerlo”.

El DHS “está en proceso de reunir los datos y los entregará cuando estén completos”, agregó.

Chandler explicó que, bajo las nuevas directrices, ICE está centrando sus limitados recursos en inmigrantes que han sido condenados por crímenes; aquellos que reinciden en violar las leyes de inmigración; los fugitivos y los detenidos recientemente en la frontera.

Siguiendo esos criterios, continuó Chandler, ICE expulsó de EE.UU. a 216.000 criminales extranjeros en el año fiscal 2011, un incremento del 89 % frente a 2008.

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November 3, 2011  Copyright © 2012 Eastern Group Publications, Inc.

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