Indocumentados Detenidos por Desobediencia Civil Apoyan la ‘Ley de la Confianza’

Dos estudiantes de Roosevelt entre los arrestados.

By Gloria Angelina Castillo, Reportera de EGP

Cinco defensores de los derechos de los inmigrantes fueron arrestados la semana pasada por participar en una acción de desobediencia civil frente la cárcel central de hombres en el centro de Los Ángeles.

Los activistas se sentaron en la calle y bloquearon trafico durante una manifestación contra el Alguacil del Condado de Los Ángeles Lee Baca por su apoyo del programa federal Comunidades Seguras (Secure Communities, o S-Comm). La manifestación también tuvo el propósito de apoyar una propuesta ley que establecería normas y medidas preventivas contra el perfil racial y la detención prolongada de inmigrantes indocumentados.

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“Se suponía que Comunidades Seguras tenía que hacer las comunidades más seguras al deportar a los peores criminales, pero en realidad, el resultado son comunidades inseguras”, dijo Jorge Cabrera, quien dijo que bastantes inmigrantes indocumentados acusados de delitos menores, o quienes fueron perfilados, han sido deportados a través del programa.

Claudia Rueda, Marco Pérez, Luís González, Nick Lotorto, y Verónica Martínez fueron arrestados el jueves, 6 de septiembre, y liberados el viernes. Foto de EGP por Gloria Angelina Castillo

Bajo Comunidades Seguras, las autoridades están obligadas a enviar las huellas dactilares de todos los detenidos al FBI para revisar si tienen antecedentes criminales. El Departamento de Seguridad Nacional también comprueba las huellas con su base de datos de inmigración, y puede emitir una orden para mantener a la persona bajo custodia durante 48 horas, incluso si la persona fue arrestada por algo de menor, como conducir sin una licencia.

El grupo de manifestantes gritaba “Soy indocumentado y no tengo miedo” antes que las dos docenas de oficiales con equipo antimotines arrestaron a Claudia Rueda, de 17 años de edad, Marco Pérez, de 17 años, Luís González, de 20 años, Nick Lotorto, de 32 años, y Verónica Martínez, de 22 años. Después que los manifestantes fueron esposados y escoltados, los manifestantes gritaron “Estoy documentado y tengo miedo!” y “¡Sin vergüenzas! ¡Sin vergüenzas!”

Los activistas con la Coalición de Jóvenes Inmigrantes (Immigrant Youth Coalition), DREAM Team Los Angeles y la Red de Sueño de California (California Dream Network) acusaron a Baca de ser responsable de más deportaciones que el alguacil polémico de Arizona, Joe Arpaio.

También utilizaron la plataforma para instar el gobernador Jerry Brown a firmar el Acta de la Confianza (Trust Act), que requeriría que la policía libere de custodia a las personas que no enfrentan cargos graves criminales, y que no tienen antecedentes penales graves y además que se les permita ser liberados bajo una fianza, aun si se emite una orden de detención federal.

“Sheriff Baca ha dicho que él desobedecerá la Ley de la Confianza si es firmada por el gobernador de California. La Ley de la Confianza, que ya fue aprobada por la legislatura estatal, disminuiría el impacto de S-Comm, al limitar la detención por razones de inmigración de los indocumentados que son detenidos por casos de delitos menores. Si es firmado por el gobernador Brown, California sería el primer estado en adoptar una postura en contra de S-Comm,” dijeron los organizadores en su comunicado de prensa.

El 31 de agosto, el ayuntamiento de Los Ángeles aprobó una resolución en apoyo de la Ley de la Confianza; Concejal Ed P. Reyes (CD-1) introdujo la resolución en apoyo AB1081.

“La Ley de la Confianza recuperará la confianza de la comunidad hacia los agentes de la aplicación de la ley y ahorrará recursos locales”, dijo Reyes en un comunicado de prensa. “La ley limitaría las detenciones injustas en cárceles locales con fines de deportación que a menudo resultan por el programa del gobierno federal ‘Comunidades Seguras.’”

Cerca de 80.000 inmigrantes han sido deportados en California y a partir de julio de 2012, el 69 por ciento de las deportaciones eran de personas que nunca fueron condenados o condenados por un crimen menor, según la oficina de Reyes.

Rueda y Pérez, estudiantes de la preparatoria Roosevelt, así como González, residente de Highland Park y estudiante de Pasadena City College, dicen que planean solicitar la acción diferida, un programa de la Administración Obama, que tiene como objetivo darles a ciertos jóvenes indocumentados un permiso de trabajo y discreción judicial para evitar la deportación.

“Sí pienso solicitar la acción diferida y ser arrestada afecta mi posibilidad de recibirla porque la detención me prohíbe llenar una aplicación, en lugar tengo que llamar a un número telefónico y hablar con las personas a cargo de mi caso”, Rueda dijo a EGP.

Pero Rueda dice que no se arrepiente de participar en la acción de desobediencia civil. “Este fue un riesgo que tomé para mi comunidad… no podemos dejar que las deportaciones continúen. Estamos cansados de vivir con miedo y esta acción me ha ayudado a llegar a ser realmente ‘indocumentada y sin miedo’, porque me permite saber que si nos (mi comunidad) paramos en defensa de nuestros derechos civiles, cualquier cosa es posible si luchamos por ello,” Rueda dijo a EGP.

González dijo que también le preocupa que la detención afecte a su solicitud, pero como Rueda, no se arrepiente. Él dijo que ser detenido era su miedo más grande pero que la experiencia lo ha empoderado.

“De cierto modo, sé que puedo ser deportado un día, quién sabe… pero por lo menos ya sé como se siente ser detenido, por lo que no tendré que preocuparme de lo desconocido. Si mañana me arrestan, no voy a estar tan asustado. Sé que mi comunidad me espalda”, él dijo.

La acción diferida es un paso hacia adelante, pero excluye a demasiadas personas, dicen los activistas. González señaló que su propia madre y hermana no califican para el programa, tampoco Lotorto quien también fue detenido y quien no cumple con el requisito de edad.

Los candidatos elegibles para la acción diferida son inmigrantes indocumentados que son menores de 31 años de edad, llegaron al país antes de los 16 años, están estudiando o han completado la escuela, o que han sido miembros de las fuerzas armadas estadounidense. Entre otros requisitos, los solicitantes no pueden haber sido condenados por un delito mayor, un delito menor significativo, ni múltiples delitos menores, o ser una amenaza para la seguridad nacional.

Incumplimiento de una orden de dispersarse es un delito menor, de acuerdo con la oficial de Rosario Herrera, portavoz de LAPD.

La Coalición de Jóvenes Inmigrantes (Immigrant Youth Coalition) ha creado un fondo y está pidiendo donaciones para cubrir los gastos que puedan incurrir los activistas arrestados si son obligados a pagar una multa, de acuerdo con Jonathan Pérez.

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September 13, 2012  Copyright © 2012 Eastern Group Publications, Inc.

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