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Supervisora Molina Acusa a Sheriff Baca de Estafar las Áreas No Incorporadas

Posted By admin On January 31, 2013 @ 3:00 pm In County of Los Angeles,East Los Angeles (Unincorp.),General Noticias | No Comments

La junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles el martes dirigieron al director ejecutivo del condado a trabajar con el personal para determinar la factibilidad de permitir que las áreas no incorporadas puedan establecer Distritos de Servicio Comunitario (Community Service Districts) como una forma de responsabilizar al Departamento del Alguacil por los niveles de servicios de aplicación de ley.

La moción por la Supervisora Gloria Molina se produce poco después que la Junta se dio cuenta de que desde el 13 de enero, el número de patrullas en las zonas no incorporadas se habían reducido debido a que los capitanes de las estaciones recibieron orden de no permitir horas extraordinarias. La semana pasada, Molina acusó al Alguacil Lee Baca de “robar” los recursos policiales de los residentes en las áreas no incorporadas, proporcionando un mejor servicio a las ciudades que contratan servicios del Alguacil a las áreas no incorporadas.

La moción por Molina también coincide con una auditoria realizada por el auditor del condado-controlador que encontró que el tiempo de respuesta a las llamadas de emergencia en las áreas no incorporadas delataban un promedio de un minuto más que en las ciudades con contratos policiales del departamento del alguacil.

La supervisora presentó la moción para exigir equidad de patrulla por el Alguacil, un servicio que el condado ya paga, pero que no está recibiendo, dijo a EGP la portavoz de Molina, Roxane Márquez. Los contratos con ciudades independientes requieren que el alguacil mantenga ciertos niveles de patrulla, pero tales contratos no existen para las áreas no incorporadas del condado ya que el alguacil no puede contratarse a si mismo, explicó Márquez.

Distritos de Servicio Comunitario permitirán que las comunidades no incorporadas, como el Este de Los Ángeles, obtengan contratos con agencias de orden público en la misma forma que lo hacen los municipios independientes, dijo Márquez.

La zona no incorporada del Este de LA perdió un coche patrulla para cada uno de los tres turnos diarios, al igual que Azusa, Claremont y Pomona. Algunas áreas fueron más afectadas; patrullas en áreas no incorporadas del Sur y el Oeste de Whittier se redujeron de 12 coches patrulla a seis, y las zonas no incorporadas de Basset y el Valinda Corridor se redujeron de cinco coches a dos. Además, en la mayoría de todos los casos las patrullas con dos personas fueron de reducidos a patrullas de una sola persona, según la oficina de Molina.

“Cuando usted quita un coche del turno de la tarde – cuando usted toma una patrulla con dos agentes y lo hace a una patrulla de solo un agente – estos son cortes de servicio que son bastante dramáticos”, dijo Molina en una declaración escrita. “El Alguacil señala las bajas tasas de criminalidad como justificación de por qué se pueden reducir la patrullas en las áreas no incorporadas, pero las tasas de criminalidad son bajas precisamente porque tenemos un nivel uniforme de patrullas. Su solución temporal ha sido tomar agentes asignados a las unidades contra las pandillas y ponerlos a patrullar las calles—lo cual no es una solución. Es robarle a Pedro para pagarle a Pablo”.

Una reciente auditoria encontró que Baca había proporcionado el 99 por ciento de las patrullas prometidas a las ciudades con contratos, pero sólo el 91 por ciento de las horas de patrullaje prometido a las zonas no incorporadas, a pesar de recibir fondos por los supervisores.

Molina también ha acusado a Baca de mala administración de su departamento, y dijo que en los últimos tres años, la Junta ha autorizado resoluciones y transacciones judiciales, honorarios de abogados y otros costos legales por un total de más de $100 millones, debido a demandas de fuerza excesiva por agentes del departamento del alguacil. Los supervisores también han pagado $18 millones en costos de responsabilidad en el fondo de fideicomiso de ciudades con contratos de servicio, ella dijo.

La junta votó la semana pasada para contratar a una empresa para realizar una auditoria forense del presupuesto de $2.8 billones del Departamento del Alguacil.

Funcionarios del Alguacil señalaron recortes profundos impuestos por la junta, causando que el departamento deje vacantes decenas de puestos de agentes.

Con base en la recomendación de Molina, la junta pidió a sus abogados a explorar alternativas para la prestación de servicios a las áreas no incorporadas, desde servicios de patrullas privadas a los distritos de servicios especiales.


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