Jueces Parecen Estar Divididos en el Caso de Inmigración

Por Gloria Álvarez y Jacqueline García, Reporteras de EGP

El ambiente era de celebración, como si ya hubieran ganado.

En realidad, la victoria, la derrota o un empate en un caso que podría determinar el futuro de millones de inmigrantes en el país de forma ilegal esta todavía a meses de saberse.

El lunes por la mañana—frente a la Corte Suprema de EE.UU. en Washington DC y en decenas de ciudades del país—miles de inmigrantes y sus partidarios se manifestaron en apoyo de las acciones ejecutivas del presidente Obama que de aprobarse darían a cuatro millones de inmigrantes indocumentados alivio temporal de la deportación.

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Las manifestaciones se llevaron a cabo mientras ocho jueces del Tribunal Supremo escucharon los argumentos orales en el caso United Staes v. Texas (Estados Unidos v. Texas), una demanda que desafía la constitucionalidad de la autoridad del presidente para realizar las acciones.

Las preguntas planteadas por los ocho jueces parecen indicar que están divididos 4-4, con los cuatro jueces conservadores que se inclinan hacia la defensa de la decisión del tribunal inferior.

En defensa de las acciones del presidente, los peticionarios preguntaron si Texas y otros estados están legitimados para presentar la demanda.

En mayo de 2015, un panel del Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans confirmó una orden judicial emitida por un juez del Distrito de EE.UU. en Texas en una demanda presentada por Texas y otros 25 estados mayoritariamente republicanos que buscan poner fin a las acciones ejecutivas de Obama sobre la inmigración.

Los estados argumentaron que Obama se excedió en su autoridad legal cuando tomó las acciones ejecutivas, insistiendo en que no tiene la capacidad de fijar unilateralmente la política de inmigración.

La batalla legal ha suspendido la implementación de un programa que otorgaría permisos de trabajo y protección contra la deportación a padres de los niños nacidos en EE.UU. y ampliaría el programa existente para los inmigrantes que llegaron ilegalmente cuando eran niños y no calificaron al DACA original debido a límite de edad. Los programas—conocidos por sus acrónimos como DAPA y DACA—afectarían alrededor de medio millón de angelinos.

Miles de personas se reunieron en los escalones de la Corte Suprema para apoyar a DAPA y DACA mientras se llevaban a cabo los argumentos orales. (Oficina del congresista Xavier Becerra)

Miles de personas se reunieron en los escalones de la Corte Suprema para apoyar a DAPA y DACA mientras se llevaban a cabo los argumentos orales. (Oficina del congresista Xavier Becerra)

El panel de tres jueces dictaminó que los estados tenían suficiente base legal para iniciar la demanda y que la administración falló en demostrar que se verían perjudicados por nuevos retrasos.

El congresista Xavier Becerra (D-34), cuyo distrito incluye partes del Este y Noreste de Los Ángeles, estaba en la Corte para los argumentos orales y le dijo a EGP después de la audiencia que los jueces estaban atentos a ambas partes de los argumentos.

Hicieron preguntas muy importantes como “¿Cómo se define la presencia legal?” y ¿Cómo tratarían el problema de deportación [de inmigrantes indocumentados]?” si fuese a suceder, dijo.

Para Becerra, el umbral es si Texas, tiene el derecho de llevar el caso a los tribunales, “porque [ellos] tienen que demostrar que el estado se verá perjudicado” por las medidas.

En 2015, Texas argumentó que el estado sufriría un daño financiero debido a una política de Texas que permite al estado a emitir licencias de conducir a los no ciudadanos que viven legalmente en el estado.

Los jóvenes indocumentados que calificaron para DACA en 2012 no se les permitió inicialmente solicitar una licencia de conducir de Texas, pero eso cambió un año después cuando la Administración Obama confirmó que los receptores de DACA están autorizados para estar en EE.UUy por lo tanto se consideran “legalmente presentes” bajo las leyes federales de inmigración.

Durante los argumentos orales el abogado general de EE.UU., Donald B. Verrilli argumentó que bajo la ley actual de Texas, “les darán una licencia de conducir ahora a cualquier categoría de persona que tenga un documento del gobierno federal, no sólo diciendo que están legítimamente presentes—pero que oficialmente estamos tolerando tu presencia”.

“Hay un gran número de personas bajo la ley existente de Texas elegibles para una licencia a pesar de no estar legítimamente presentes”, dijo Verrelli durante la sesión de 90 minutos. Sostuvo que Texas podría cambiar su legislación para negar licencias de conducir a inmigrantes.

“Se podría demandar inmediatamente”, respondió el juez presidente John G. Roberts, llamandola una “Catch 22” (trampa 22) en referencia a la posibilidad de demandar al gobierno federal de Texas durante su tratamiento desigual de los inmigrantes considerados legalmente en el país.

Hablando en defensa de las acciones de Obama, el presidente y abogado general de MALDEF Thomas A. Sáenz presentó testimonios de tres madres inmigrantes no autorizadas—identificadas como Jane Does—que se beneficiarían de DAPA.

“Los jueces parecían estar muy interesados durante todo el argumento”, dijo Sáenz durante una conferencia de prensa telefónica después de los argumentos orales. Era necesario mostrar los “rostros humanos” de quienes están siendo puestos en riesgo, agregó.

“Sin su participación, las únicas partes serían políticas, por lo que era importante contar con la perspectiva de aquellos que están esperando”, dijo a los reporteros.

La muerte del juez Antonin Scalia a principios de este año dejo la corte dividida 4-4 en las líneas partidistas. Si la división conservadora/liberal se mantiene, una decisión de 4-4 permitiría que la decisión del tribunal inferior prevalezca.

“Habría consideración de lo que podría hacerse en un tribunal o de otra manera, limitar el alcance de la medida cautelar de restricción en todo el país excluyendo la implementación por todos lados” en respuesta, dijo Sáenz.

Los demandantes en el caso también afirman que los pedidos de inmigración del presidente Obama representan un cambio drástico en las políticas del país sin la autorización del congreso.

Es un argumento respaldado por el congresista de California Darrell Issa (R-49) que representa a las zonas costeras de los condados de San Diego y Orange.

“La Constitución no puede ser más clara. Es el trabajo del congreso escribir las leyes y es el trabajo del presidente ver que se ejecuten fielmente”, dijo Darrell en un comunicado el lunes.

El juez Anthony Kennedy parecía estar de acuerdo. “Es como si el presidente está fijando la política y el congreso la esta ejecutado. Esta al revés”, dijo Kennedy, quien usualmente es el voto decisivo de la corte.

“Tenemos básicamente 10 millones, novecientas mil personas que no pueden ser deportadas porque no hay suficientes recursos”, dijo Sonia Sotomayor después de aclarar que el congreso sólo había asignado fondos para deportar a cerca de 400.000 personas en el país ilegalmente cada año. “Están aquí, lo queramos o no”.

Una coalición de 15 estados, incluyendo California, más el Distrito de Columbia y 118 ciudades y condados, sin embargo, han demostrado apoyo a las acciones del presidente.

En los escritos “amigos-de-las-cortes”, los partidarios de la acción ejecutiva del presidente argumentan que sus directivas no perjudican a los 26 estados que buscan sean revocadas, pero en su lugar serían de beneficios sustanciales no sólo a los inmigrantes indocumentados y sus familias, sino para las arcas del gobierno también.

El informe, que fue co-redactado por el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, el abogado de la ciudad Mike Feuer y sus homólogos de la Ciudad de Nueva York, también recalca el posible “perjuicio económico” de no permitir que los inmigrantes que pagan impuestos trabajen y permanezcan en el país.

Se espera que las políticas ejecutivas de Obama le inyecten hasta $800 millones en “beneficios económicos” a los gobiernos estatales y locales, de acuerdo con el informe.

La congresista Lucille Roybal-Allard (D-40) quien representa al Este de L. A. y partes del sureste y el sur de Los Ángeles, dijo en un comunicado que las acciones ejecutivas del presidente Obama para expandir e implementar DACA y DAPA no sólo son legales, sino también humanas.

“Si estas acciones toman efecto, más inmigrantes calificados podrán salir de las sombras y contribuir a nuestra nación. Más familias podrán vivir en paz, libres de temores de ser separados”, dijo. “Estoy segura de que la Corte Suprema afirmará que el presidente Obama tiene todo el derecho para implementar las acciones ejecutivas”.

Sáenz dijo que esta muy optimista. “Vi a un tribunal que estaba del lado de la justicia”.

Se espera una decisión final en junio.

Información City News Service utilizó en este informe.

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April 21, 2016  Copyright © 2012 Eastern Group Publications, Inc.

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