Tribunal Supremo Deja en Limbo Beneficios Económicos de DAPA y DACA

Por Servicios EFE

Los beneficios económicos que conllevarían las medidas migratorias que quedaron bloqueadas la semana pasada en el Tribunal Supremo permanecerán en el mismo limbo que los millones de indocumentados que esperaban beneficiarse de ellas, según expertos consultados por Efe.

Desde beneficios económicos para los mismos estados que interpusieron la demanda contra las medidas migratorias del presidente Barack Obama hasta un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) se han dejado de percibir a raíz del bloqueo de la regularización temporal de indocumentados.

“Tenemos un medidor que calcula lo que ha perdido el Producto Interno Bruto del país desde la suspensión de la implementación de las medidas (en febrero de 2015) y hemos perdido ya 8.300 millones de dólares”, señaló a Efe Philip Wolgin, director asociado del Equipo de Políticas de Inmigración del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP, en inglés).

“Eso significa que hemos perdido 29,9 millones de dólares cada día” agregó Wolgin.
Si las medidas se hubieran implementado en 2015, una proyección de CAP calcula que para el año 2024 el PIB registraría un incremento de 24.000 millones de dólares.

Wolgin explicó que al tratarse de personas que ya están aquí en el país, un permiso de trabajo les permitiría “mejorar su capacitación recibir entrenamiento o conseguir un diploma universitario con lo que mejorarán su estatus y sus ingresos”.
Esta visión la comparte Heide Castañeda, investigadora y profesora de la Universidad del Sur de Florida, y que resalta que un permiso de trabajo beneficia igualmente a las familias de estatus de inmigración mixto, es decir con algunos de sus miembros en calidad de indocumentado.

“Estas medidas que proporcionan un permiso de trabajo de tres años a los beneficiados, pueden aumentar el ingreso promedio familiar en un 10%”, aseguró Castañeda a Efe.
La investigadora asegura que hay aproximadamente 2,3 millones de familias de estatus mixto en Estados Unidos que mejorarían sus ingresos si todos los miembros adultos cuentan con una autorización legal para trabajar.

Un informe del Instituto de Políticas de Migración calculó que más de 10 millones de personas viven en familias con al menos un adulto que sería elegible para la Acción Diferida para padres indocumentados (DAPA).

Las familias con potenciales beneficiarios del programa DAPA ganan aproximadamente unos 10.000 dólares menos al año en el caso de los hombres y 8.000 dólares menos en el caso de las mujeres, según el mismo reporte.

Las posibilidades de superación se multiplican cuando se trata de jóvenes adultos que inician su vida profesional, como es el caso de los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

“Ya hemos visto los grandes beneficios que ha traído DACA para las personas que lo han recibido: tienen mejores salarios, mejores empleos y han podido mejorar la condición económica de sus familias”, destacó Wolgin.

Otro análisis de CAP, al cumplirse el tercer año de la entrada en vigencia de este programa federal, encontró que el 69 % de los beneficiarios “consiguieron empleo con un mejor salario”, el 92% han conseguido “oportunidades educacionales que no podían tener anteriormente” y el 21% compró su primer automóvil.
No obstante, organizaciones en contra de la inmigración indocumentada han presentado sus cifras en las que muestran los efectos negativos de la inmigración para el “trabajador estadounidense”.

Según Steven Camarota, director de investigación del Centro de Estudios de Inmigración, que remitió un reporte al Senado en junio pasado, la oferta de mano de obra barata de los trabajadores extranjeros no calificados afecta directamente a los trabajadores más pobres de Estados Unidos.

“Los estadounidenses menos educados que son actualmente los trabajadores más pobres, son los más afectados por la competencia de la inmigración y la reducción de los salarios”, aseguró Camarota.
En sentido contrario, otro informe de CAP señala que los 26 estados que entablaron una demanda en una corte de Texas contra DAPA y la extensión de DACA también están perdiendo dinero como consecuencia del bloqueo de las medidas.

“En conjunto, 18 de los 26 estados que están demandando para detener DAPA y la expansión de DACA pueden llegar a perder un estimado de 91.900 millones en aumento del PIB estatal a través de 10 años”, señaló Tom Jawetz, vicepresidente de Política de Inmigración de CAP.

En noviembre de 2014, ante la imposibilidad de aprobar una reforma migratoria en el Congreso, Obama proclamó por decreto unas medidas destinados a frenar la deportación de casi cinco millones de indocumentados, que podrían haber obtenido de manera temporal un permiso de trabajo y una licencia de conducir.

Una coalición de 26 estados, liderados por Texas y en su mayoría con gobernadores republicanos, consiguió que un juez bloqueara las medidas migratorias en febrero, tras lo cual la Casa Blanca interpuso sucesivos recursos hasta llegar a la máxima instancia judicial del país.

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June 30, 2016  Copyright © 2012 Eastern Group Publications, Inc.

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