Ex Presidenta Ejecutiva Sentenciada a Prisión en Caso de Malversación de Fondos

Por Servicios CNS

Una ex ejecutiva alta de un grupo sin fines de lucro que brinda asesoramiento, colocación laboral y otros servicios fue sentenciada el miércoles a seis años en una prisión estatal y se le ordenó pagar más de $10.5 millones en restitución por malversar millones de dólares en fondos públicos.

Sophia Esparza, ex presidenta ejecutiva de Chicana Service Action Center (Centro de Acción de Servicio Chicana o CSAC), fue detenida en un tribunal del centro de Los Ángeles poco después de ser sentenciada por el juez de la Corte Superior Michael E. Pastor.

La mujer de 65 años se declaró culpable el 15 de agosto de cinco cargos de apropiación indebida de fondos públicos, cuatro cargos de malversación de fondos, dos cargos de preparación de pruebas documentales falsas y un cargo por presentar una declaración de impuestos falsa.

Los fiscales dijeron que Esparza operaba la organización sin fines de lucro con una falsa junta de directores y utilizaban fondos malversados para artículos como apartamentos de lujo, autos deportivos, un crucero en yate y boletos de temporada para Los Angeles Dodgers y Los Angeles Clippers.

La mayor parte de la restitución se ordenó para ir a dos agencias del condado de Los Ángeles y una agencia de la ciudad de Los Ángeles, con un poco más de $100,000 para ir a la Junta de Impuestos de Franquicias del estado.

El coacusado Thomas Baiz, un ex vicepresidente de asuntos corporativos y gubernamentales, de 62 años, de la organización sin fines de lucro, recibió la orden de prestar 500 horas de servicio comunitario, cinco años en libertad condicional y pagar casi $6 millones en restitución como resultado de su declaración de culpabilidad de tres cargos de malversación de fondos, dos cargos de malversación de fondos públicos y un cargo de conspiración para malversar fondos públicos.

A Baiz se le dio crédito por 346 días que ya había servido en la cárcel del condado, y el juez suspendió una condena de prisión estatal de tres años que Baiz no tendrá que cumplir si cumple con los términos de la libertad condicional.

Michael Lorenzo Tompkins, un ex empleado de 59 años que se declaró inocente de un cargo de malversación de fondos, fue sentenciado a tres años en una prisión estatal y se le ordenó pagar $1.45 millones un concepto de restitución a la cuidad de Los Ángeles.

La ex oficial financiera principal de la organización, Silvia Gutiérrez, de 71 años, será sentenciada el 15 de diciembre en relación con su alegato de seis cargos de malversación de fondos, cuatro cargos de apropiación indebida de fondos públicos y dos cargos de preparación de pruebas documentales falsas. Se espera que se le ordene pasar un año bajo arresto domiciliario, cinco años de libertad condicional y una suspensión de cuatro años de prisión en el estado, junto con una orden para pagar la restitución.

Los tres ex ejecutivos fueron acusados en 2015, y Tompkins fue acusado a principios de este año.

Como EGP informó anteriormente, durante la década de 1970, CSAC empoderó a las mujeres que la ex supervisora Gloria Molina en 2013 dijo “todavía no habían encontrado su voz”.

En ese momento, Molina estaba tratando de convencer a sus colegas supervisores para que continúen sus contratos con la organización sin fines de lucro luego de que se desfinanciara por irregularidades en la facturación. Todo el dinero adeudado al condado en ese momento fue reembolsado, según Molina.

“Si desaparecen, también lo hará el empoderamiento de muchas, muchas jóvenes”, dijo Molina en ese momento. Su movimiento no pudo obtener un segundo y murió sin un voto.

Mientras tanto, la ciudad de Los Ángeles continuó contratando al centro para servicios de colocación laboral y capacitación.

En enero de este año, el controlador de la ciudad de Los Ángeles, Ron Galperin, emitió un informe que criticaba fuertemente a los funcionarios del Departamento de Desarrollo Económico y Laboral por no informar las actividades cuestionables que involucran a la organización sin fines de lucro y por no proporcionar una supervisión adecuada desde el año 2010.

La ciudad, que había contratado con el CSAC por más de 25 años, otorgó al centro un nuevo contrato en 2014 para operar su WorkSource Center en Boyle Heights, uno de los 17 centros de ese tipo en la ciudad.

Los cargos conmocionaron y entristecieron a muchos en la comunidad que durante mucho tiempo habían tenido en gran estima a la organización por su trabajo pionero para empoderar a las latinas.

Un editorial de este periódico del 2015, llamó a las acusaciones “noticias particularmente devastadoras para las mujeres que aun vivían y que décadas atrás lucharon poderosamente para que la organización despegara y así poder ayudar a empoderar a las latinas brindándoles capacitación laboral y otros recursos como salida de la pobreza y, a veces, un escape del abuso doméstico”.

El caso se originó de una investigación de la Oficina de Investigación de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, con la asistencia de la Oficina de Investigaciones del Condado, una división del Departamento de la Oficina del Auditor-Contralor, la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo de los EE. UU. de la Junta de Impuestos de Franquicias del estado, según la Oficina del Fiscal del Distrito.

Update/Correction 12-09-17:  This post has been updated to remove a photo that was incorrectly identified as Sophia Esparza. The photo was actually of former LA County Federation head Maria Elena Durazo who has no connection to the charges against former Chicana Service Action Center employees. EGP apologizes for the error.

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December 7, 2017  Copyright © 2012 Eastern Group Publications, Inc.

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