Segundo Oficial de Commerce es Multado por FPPC

September 15, 2016 by · Leave a Comment 

A tan solo dos meses después que la alcalde temporal de Commerce, Tina Baca del Río se enfrentó a una de las multas mayores emitidas por la Comisión de Prácticas Políticas Justas (FPPC), un segundo oficial electo también se enfrenta al FPPC.

Bajo un acuerdo negociado con el FPPC, el alcalde Iván Altamirano ha acordado a pagar $15,500 en multas por cinco violaciones del la Ley de Reforma Política. Estas incluyen el fallar en procesar archivos financieros y el no revelar correctamente su actividad financiera en su declaración de campaña de pre-elección. Al igual, se le acusa de no procesar sus contribuciones dentro de 24 horas y por votar en asuntos en los que el FPPC concluyó él tenía intereses financieros.

El acuerdo propuesto se presentó al consejo del FPPC el miércoles, 14 de septiembre, para una aprobación final. El panel también decidirá en aprobar o no una solución entre la agencia y Baca del Río reduciendo su multa de $104,000 a $55,000.

EGP intentó contactar a Altamirano para recibir su comentario al que él respondió por correo electrónico declarando, que “no tendrá ningún comentario hasta que el caso se cierre”.

Altamirano fue nombrado a ser parte del consejo de la ciudad en marzo del 2012 para llenar el puesto vacío del previo concejal, Robert Fierro, quien resignó después de declararse culpable a un cargo felonía por conspiración. Altamirano fue electo por primera vez en Marzo del 2013.

Al contrario de Baca del Río, quien es acusada de usar fondos de su campaña para uso personal, Altamirano es acusado de usar su posición para ayudar a su hermana a ser elegida a la Comisión de Planificación de la Ciudad y por participar en la aprobación de instalar una señal de alto cerca de su casa.

El alcalde de Commerce Iván Altamirano, fotografiado arriba en un evento de la ciudad a comienzos del año, se enfrenta a una multa de $15,500 de parte de la Comisión de Prácticas Políticas Justas. (City of Commerce)

El alcalde de Commerce Iván Altamirano, fotografiado arriba en un evento de la ciudad a comienzos del año, se enfrenta a una multa de $15,500 de parte de la Comisión de Prácticas Políticas Justas. (City of Commerce)

Como en la mayoría de ciudades, los miembros del Consejo de Commerce nominan a miembros de varias comités y consejos de la ciudad y en su mayor parte, los miembros del consejo aceptan.

Altamirano apuntó a su hermana, Julissa Altamirano, a la Comisión en noviembre del 2012. Ella volvió a ser nombrada en abril del 2013 y otra vez en abril del 2015, para servir dos años más. Durante todo el transcurso, ella recibía un pago de $50, el cual se les da a los comisarios.

Eso fue cuando el nombramiento aparece haber entrado en problemas con las leyes de conflicto de intereses.

Ya que Julissa es inquilina del alcalde, quien le ha pagado renta por 10 años, ella es considerada una fuente de ingreso de Altamirano, convirtiendo su nombramiento en una violación de la Ley de Reforma Política. La ley prohíbe a los oficiales públicos en votar en asuntos en los que ellos sepan tienen interés financiero.

Los nombramientos a los comités y consejos de la ciudad, son seguidamente vistos como privilegios políticos, resultando en ganancias en poder o monetarias para los nombrados.

En la reunión del consejo de la ciudad en el 2015, un residente de Commerce cuestionó el proceso en cómo se apuntan a los comisarios en la ciudad.

“¿Qué exactamente implica? ¿Cómo se decide?”, preguntó Sharon Basik. “¿Cuales son las calificaciones necesarias para ser nombrado?”, dijo.

La alcalde en esos tiempos, Lilia R. León, respondió que el consejo de la ciudad revisa todas las aplicaciones, pero señaló que los nombramientos a menudo son basados en las relaciones que tengan con miembros del consejo.

El FPPC también encontró faltas en Altamirano en el rol que jugó en la instalación de una señal de alto a 150 pies de su casa y propiedad de alquiler, a su vez revolcando un rechazo de la Comisión de Tráfico de Comercio en 2012. Ubicada en la intersección de la Avenida Filadelfia y la Calle Jillson.

Sin imperitos, Altamirano sometió una solicitud en 2014 para la instalación, y directamente al consejo de la ciudad en 2015 durante una reunión. El consejo aprobó la moción de retroceder la decisión originalmente hecha por la Comisión de Tráfico.

Entonces, Maryam Babaki, directora de Obras Públicas, dijo que su departamento había analizado el reporte de tráfico usado por la comisión, pero al usar sus propios criterios decidieron aprobar la instalación con el fin de reducir la congestión en el área.

“Ésta es la única calle que no tiene una señal de alto hacia la Calle Jillson y el Bulevar Washington”, dijo Altamirano. “Hay muchos carros que pasan a altas velocidades en estas zonas residenciales” agregó.

Altamirano continuó diciendo que una señal de alto había sido aprobada cerca de el hogar del entonces concejal Joe Aguilar.

“Recuerdo la Calle Leo, donde el concejal vivía, y tampoco tenía una señal”, dijo.

La concejal Denise Robles, en esos tiempos, pregunto el por qué se había tardado tanto en llevar la moción ante el concejo. Altamirano respondió que decidió hacerlo después de recibir más quejas de parte de sus vecinos.

“Dije que yo mismo instalaría el rotulo”, dijo Altamirano bromeando.

De acuerdo a Altamirano, el también había informado a los administradores de la ciudad que de otras intersecciones dónde también se necesitaban señales de alto.

El argumentó que las instalaciones se harían para proteger la seguridad pública, no para mejorar el valor de su propiedad.

Pero según el reclamo del FPPC, “Altamirano sabía o debía haber sabido que tenía un conflicto de interés inaceptable”. Y continua declarando que “Altamirano participó en decisiones con respecto a mejoramientos en el área en la cual reside y mal aplicó la excepción general pública”.

La excepción pública permite a un oficial a votar en asuntos en los que un segmento significativo de la populación de la ciudad se beneficie de su decisión.

Como indica el acuerdo de estipulación, “Altamirano ahora entiende las reglas y esta de acuerdo en seguirlas en el futuro”.

El resto de las violaciones surgen de su faya en entregar declaraciones financieras de su campaña pre-electoral en 2013. También incluyen su fracaso de revelar las cantidades de gastos que realizó durante su elección. De acuerdo a los documentos del FPPC, Altamirano y su comité “Amigos de Iván Altamirano” presentaron $11,054 en gastos cuando en realidad la cantidad fue de $14,237.

Ese año, Altamirano también falló en revelar 17 contribuciones de $1,000 cada una que se hicieron tarde, las cuales la Ley de Reforma Política requiere se procesen en 24 horas.

“Uno de los propósitos de la Reforma es prevenir conflictos de intereses entre los oficiales públicos”, lee el documento. “Otro propósito es proveer mecanismos de aplicación adecuadas para que la Reforma se respete”.

En 2011, Altamirano fue multado $200 por el FPPC por fallar en procesar una declaración de intereses económicos cuando sirvió en la Comisión de Planificación de la Ciudad, de acuerdo a documentos del FPPC.

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