El Desafío de la Salud en Hogares Con Estatus Mixtos

June 9, 2016 by · Leave a Comment 

La residente de Huntington Park Stephanie Martínez tenía sólo cinco años de edad cuando sus padres la trajeron a vivir a EE.UU. como indocumentada. Ahora a sus 23 años, ella es una de las aproximadamente 853.000 personas en el país que tienen un estatus temporal cuasi-legal a través de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) promulgada por el presidente Obama en 2012.

También hoy en día ella tiene un seguro de salud, pero al igual que muchos en su situación el camino hacia la cobertura estuvo lleno de obstáculos complicado por el estatus mixto de inmigración de su familia y un ingreso familiar combinado considerado demasiado alto para calificar para los subsidios de salud, pero demasiado bajo para pagar un seguro privado.

Read this article in English: Dreamers in Search of Affordable Health Care

Bajo DACA, los jóvenes entre 16 y 31 años de edad que fueron traídos al país ilegalmente cuando eran niños pueden evitar temporalmente la deportación y trabajar legalmente en EE.UU. siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, como asistir o terminar la preparatoria y pasar una prueba de antecedentes criminales.

Para muchos que han calificado hay un sentido de normalidad, de no vivir más bajo la sombra de la sociedad, a menos que al igual que Stephanie vivan en un hogar de “estatus mixto”, donde algunos miembros de la familia son ciudadanos, residentes legales, o beneficiarios de DACA, pero otros son indocumentados.

Cuando fue promulgada en 2014, la Ley de Asistencia Asequible (ACA)—también conocida como Obamacare—los beneficiarios de DACA, comúnmente conocidos como “soñadores”, y los inmigrantes indocumentados quedaron explícitamente excluidos para comprar cobertura de salud a través de los planes patrocinados por el gobierno ni a recibir créditos tributarios de primas u otros ahorros en el mercado.

“Es política,” dijo a EGP Gabrielle Lessard, abogada de política de salud con el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, explicando que la Administración Obama sabía que se enfrentaría a una reacción violenta si se permitiera a los indocumentados y beneficiarios de DACA participar en el programa, pese a que pagan impuestos, los mismos que ayudan con subsidios a la cobertura.

A su corta edad, Stephanie no estaba preocupada por no tener seguro de salud; después de todo, es joven y saludable. Sin embargo, no se podía decir lo mismo de su padre Álvaro Martínez, quien sufre de diabetes y necesita atención médica constante. Él enfrenta una lucha para obtener atención médica asequible debido a su estatus de indocumentado.

La familia Martínez es considerada una familia de estatus mixto donde los padres son indocumentados y los hijos son beneficiarios de DACA. (Cortesía de Stephanie Martínez)

La familia Martínez es considerada una familia de estatus mixto donde los padres son indocumentados y los hijos son beneficiarios de DACA. (Cortesía de Stephanie Martínez)

Así que el año pasado, cuando el padre de Stephanie le pidió que solicitara cobertura de salud para la familia a través del seguro de salud del estado, Covered California, ella aceptó  y llenó la solicitud en una feria de salud patrocinada por AltaMed.

Laura Ochoa coordinadora de mercadeo, trabaja en el programa de AltaMed “Soñadores y Medi-Cal” que revisa si beneficiarios de DACA son elegibles para el programa de Medi-Cal del estado para familias de bajos ingresos, incluyendo a beneficiarios de DACA que pudieran calificar para la cobertura bajo el reconocimiento del estado de individuos que se encuentran residiendo permanentemente en EE.UU. protegidos por la ley de color (PRUCOL por sus siglas en inglés), una categoría de elegibilidad para beneficios públicos creado por los tribunales.

Según los funcionarios de inmigración de EE.UU., “un individuo puede ser elegible para Medicaid (Medi-Cal), si es un extranjero que reside en EE.UU. con el conocimiento y permiso del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) y el INS no contempla exigir la salida del extranjero”, como es el caso de los beneficiarios de DACA.

Los destinatarios de DACA de California y Nueva York cumplen con la norma PRUCOL, dijo Lessard.

Algunos requisitos para calificar para el Medi-Cal de California para los beneficiarios de DACA incluye que tengan un permiso de trabajo válido, un número de seguro social, identificación y prueba de sus ingresos, dijo Ochoa.

Pero el caso de Stephanie era más complicado. Los ingresos combinados de la familia de $46,000 superó el máximo nivel de pobreza federal (FPL) del 138%, o $33.534 al año para una familia de cuatro. Su estado migratorio mixto—sus padres son indocumentados—también hizo que la cobertura de grupo a través del mercado de salud fuera poco probable. El seguro privado es demasiado caro, dijo Stephanie.

Un estudio realizado por el Dream Resource Center del UCLA Labor Center encontró que uno de cada diecisiete niños en EEUU viven en hogares de estatus mixto migratorio.

“Las familias de estatus mixto son un grupo demográfico que crece en Estados Unidos” y su resultado de salud proporciona información sobre el futuro de la salud de la población de EEUU, de acuerdo al estudio “Sin Papeles y Sin Seguro; Un informe de cinco partes sobre jóvenes inmigrantes y la lucha por cuidados de salud en California”.

Stephanie estudia en el Colegio de Santa Mónica y trabaja a tiempo parcial. Dice que es todavía depende de su familia en necesidades básicas como comida y techo.

Según Ochoa, la mejor opción para Stephanie era aplicar como un individuo. Ella dijo que los estudiantes que ganan alrededor de $10.000 podrían calificar para Medi-Cal incluso si sus padres los reclaman como dependientes.

“Si son estudiantes de medio tiempo y trabajadores de medio tiempo, lo más probable es que son elegibles”, agregó.

A principios de este año Stephanie aplicó de nuevo pero esta vez sola y fue aprobada para la cobertura de Medi-Cal mediante L.A. Care Health Plan comenzando el primero de junio.

Stephanie Martinez revisa los documentos que recibió de Medi-Cal (EGP foto por Jacqueline García)

Stephanie Martinez revisa los documentos que recibió de Medi-Cal (EGP foto por Jacqueline García)

Mientras exploraban opciones para la familia, Stephanie también descubrió que el Sr. Martínez califica para la cobertura mediante el programa Capacidad de Pago (ATP) del condado de Los Ángeles, que ofrece servicios de salud asequibles para los residentes del condado de LA que no califican para planes de Medi-Cal, Medicare o Covered California independientemente de su situación migratoria.

El programa es gratis para “individuos con ingresos iguales o menores de $1.367 por mes” y tiene una “[opción] de bajo costo para las personas con ingresos por encima de $1.367 por mes”, como es el caso del Sr. Martínez.

Los solicitantes de ATP sólo pagan por el mes que visitan el hospital o sus clínicas asociadas. Los servicios incluyen visitas al médico y de emergencia, pruebas y medicamentos, explica la página de Internet de Servicios de Salud del Condado de Los Ángeles.

El estudio “Sin Papeles y Sin Seguro”, afirma que la salud de los californianos indocumentados es crucial para el bienestar del estado.

Los investigadores recomiendan expandir ACA a todos los californianos sin importar su estatus migratorio o nivel de ingresos.

“No hay tal cosa como la salud individual; toda la salud es pública y común”, afirma el estudio.

El proyecto de ley SB 10, la exención de la salud para todos, del senador estatal Ricardo Lara, fue recientemente aprobada por los legisladores del estado y podría permitir que los inmigrantes indocumentados compren cobertura de salud a través del mercado de Covered California, pero requeriría primero la aprobación federal.

Martínez le dijo a EGP que ella esta contenta ahora tiene un seguro de salud, pero todavía se preocupa por los problemas de salud de su padre. “Él tiene más necesidad que yo”, dijo.

 

La serie de tres partes fue producida como un proyecto para California Health Journalism Fellowship, un programa del Centro de Periodismo de la Salud de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de USC Annenberg.

 

Para leer Parte 1:  DACA y Obamacare: ¿Quién Califica?

Para leer Parte 3: ¿Vale la pena la SB10? ¿Qué es una exención?

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jgarcia@egpnews.com

The Health Challenge In Mixed-Status Homes

June 9, 2016 by · Leave a Comment 

Huntington Park resident Stephanie Martinez was just five years old when her parents brought her illegally to live in the United States. Now 23, she’s one of an estimated 853,000 people in the country who have temporary, quasi-legal status through President Obama’s Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) program enacted in 2012.

Today she has health insurance, but like so many in her situation the road to coverage was filled with obstacles, complicated by her family’s mixed-immigration status and a combined household income slightly too high to qualify for health subsidies but too low to pay for private insurance.

Under DACA, young people between the ages of 16 and 31 who were brought to the country illegally as children can temporarily avoid deportation and work legally in the U.S., provided they meet certain eligibility requirements, such as attending or completing high school and passing a criminal background check.

Lea este artículo en Español: Soñadores en Busca de Cuidado Asequible

For many who have qualified there’s a sense of normalcy, of no longer living in society’s shadow, that is unless like Stephanie you live in a “mixed-status” home, where some members of your family are citizens, legal residents, or DACA recipients, but others are undocumented.

When enacted in 2014, the Affordable Care Act (ACA)—also known as Obamacare—explicitly excluded DACA recipients – often referred to as “dreamers” – and undocumented immigrants from buying health insurance from state or federally sponsored health insurance marketplaces and the premium tax credits, subsidies and other savings on marketplace plans.

“It’s political,” Gabrielle Lessard, a health policy attorney with the National Immigration Law Center told EGP, explaining that the Obama Administration knew it would face a backlash if the undocumented and DACA recipients were allowed to take part in the program, even though they pay into the tax pool that subsides the coverage.

In her early twenties, Stephanie wasn’t worried about not having health insurance; after all, she’s young and healthy. The same couldn’t be said for her father Alvaro Martinez who suffers from diabetes and needs ongoing medical attention, but struggles to get care because he is undocumented.

So last year, when Stephanie’s father asked her to apply for health coverage for the family through the state’s health exchange, Covered California, she gladly filled out the application at a local health fair sponsored by AltaMed.

Marketing Coordinator Laura Ochoa works on AltaMed’s “Dreamers and Medi-Cal” program, which screens DACA recipients for eligibility for the state’s Medi-Cal program for low-income families. DACA recipients can qualify for coverage under the state’s recognition of the Permanently Residing in the United States Under Color of Law (PRUCOL), a public benefits eligibility category created by the courts.

According to US immigration officials, “an individual may be eligible for Medicaid (Medi-Cal), if the individual is an alien residing in the United States with the knowledge and permission of the Immigration and Naturalization Services (INS) and the INS does not contemplate enforcing the alien’s departure,” as in the case of DACA recipients.

California and New York see DACA recipients as having met the PRUCOL standard, Lessard said.

Stephanie Martinez reviews the Medi-Cal documents she received by mail. (EGP photo by Jacqueline Garcia)

Stephanie Martinez reviews the Medi-Cal documents she received by mail. (EGP photo by Jacqueline Garcia)

Requirements to qualify for California Medi-Cal for DACA recipients include having a valid work permit, a social security number, identification and proof they are low-income, Ochoa told EGP.

But Stephanie’s case was more complicated. Her family’s combined household income of $46,000 exceeded the maximum Federal Poverty Level (FPL) of 138%, or $33,534 a year for a family of four to qualify for Medi-Cal. Their mixed-immigration status, her parents are still undocumented, also made group coverage through the health exchange unlikely. Private insurance is too expensive, Stephanie said.

A study by the UCLA Labor Center’s Dream Resource Center found that one in seventeen children in the U.S. live in mixed-immigration status homes.

“Mixed-status families are a growing demographic in the United States” and their health outcome provides insight into the health of the future of the U.S. population, according to “Undocumented and Uninsured; A five part Report on Immigrant Youth and the Struggle to Access Health Care in California.”

Stephanie attends Santa Monica College and works part-time. She says she’s still dependent on her family for necessities like food and the roof over her head.

According to Ochoa, Stephanie’s best option is to apply as an individual. She said students who earn about $10,000 could qualify for Medi-Cal even if their parents claim them as deductions.

“If they are part-time students and part-time workers, most likely they are eligible,” she added.

Earlier this year, Stephanie applied as an individual and was approved for Medi-Cal coverage effective June 1 through the L.A. Care Health Plan.

While exploring her family’s options, Stephanie also discovered that Mr. Martinez qualifies for coverage under Los Angeles County’s Ability to Pay (ATP) program, which offers affordable health services to L.A. county residents who do not qualify for Medi-Cal, Medicare or Covered California plans, regardless of their immigration status.

The program is free to “individuals with incomes at or below $1,367 per month” and has a “low-cost [option] for individuals with incomes above $1,367 per month,” which works for Mr. Martinez.

ATP applicants only pay for the month they visit the hospital or its partner clinics. Services include doctor and ER visits, hospital care, tests and medicines, explains the Health Services of L.A. County website.

The “Undocumented and Uninsured” study states that the health of undocumented Californians is crucial to the wellbeing of the state.

They recommend expanding ACA to all Californians regardless of their immigration status or income level.

“There’s no such thing as individual health; all health is public and communal,” states the study.

A bill by state Sen. Ricardo Lara, SB 10, the Health For All Waiver, recently approved by state lawmakers, could allow undocumented immigrants to buy health coverage through the Covered California online marketplace, but would first require federal approval.

Martinez told EGP she is happy she now has health insurance, but still worries about her father’s ongoing health issues. “He has more need than me,” she said.

Immigrants with one of the following statuses qualify to use the Marketplace:
•Lawful Permanent Resident (LPR/Green Card holder)

•Asylee •Refugee •Battered Spouse, Child and Parent

•Victim of Trafficking and his/her Spouse, Child, Sibling or Parent

•Individual with Non-immigrant Status, includes worker visas and student visas

•Deffered Action Status (Exeption: Deferred Action For Childhood Arrivals -DACA)

[For a full list of eligible statuses visit https://www.healthcare.gov/immigrants/immigration-status/]

 

The three-part series was produced as a project for the California Health Journalism Fellowship, a program of the Center for Health Journalism at the USC Annenberg School for Communication and Journalism.

 

To read Part 1: DACA and Obamacare: Who Qualifies?

To read Part 3: SB10 is it worth it? What is an exemption?

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Soñadores en Busca de Cuidado de Salud Asequible

June 2, 2016 by · Leave a Comment 

El 15 de junio de 2012 fue un día histórico para miles de jóvenes inmigrantes quienes presenciaron el anuncio del presidente Obama de una orden ejecutiva que los haría elegibles para un alivio temporal contra la deportación.

“Son jóvenes que estudian en nuestras escuelas…prometen lealtad a nuestra bandera. Son estadounidenses en su corazón, en su mente, en todos los sentidos, menos uno: en papel”, dijo Obama cuando introdujo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), un programa que beneficia a cerca de 1,5 millones de jóvenes traídos al país ilegalmente cuando eran niños con un amparo contra la deportación y un permiso de trabajo, ambos renovables cada dos años.

Read this article in English: Dreamers In Search of Affordable Health Care

Más de 853.000 inmigrantes entre las edades de 16 a 31 años, usualmente conocidos como “soñadores”, se han beneficiado de DACA desde el anuncio del presidente. Para muchos, vino  la posibilidad de trabajar legalmente y la esperanza de mayores salarios y beneficios.

Sin embargo, el obtener seguro de salud no ha sido fácil para algunos. Para otros, no es una prioridad.

La Ley de Atención Médica Asequible (ACA por sus siglas en inglés), promulgada en 2014—comúnmente conocida como Obamacare—excluyó a beneficiarios de DACA de la cobertura, puesto que no son residentes permanentes legales ni ciudadanos de EE.UU.

En esta serie de tres partes, EGP analiza algunos de los desafíos que este grupo de soñadores se enfrentan en la búsqueda de atención médica asequible y las opciones que tienen para acceder a servicios médicos.

DACA y Obamacare: ¿Quién Califica?

La residente de Los Ángeles Nidia Torres llegó a EE.UU. cuando tenía seis años de edad. Como indocumentada vivió bajo las sombras durante más de dos décadas esperando no ser descubierta o deportada a México, un país al que no considera su hogar.

En 2013, todo cambió. Torres recibió su estatus de DACA y esperanzada comenzó a planear para el futuro. Ella le dijo a EGP que en ese momento supo que las oportunidades que un permiso de trabajo, una licencia de conducir y número de seguro social traerían a su vida serían interminables, incluyendo el poder proveer un mejor futuro para su hija que nació en EE.UU.

“No más vergüenza por no tener papeles”, Torres dice que pensó en cuanto recibió su permiso de trabajo por correo.

Nidia Torres, 34, junto a su hija de cuatro años dijo que DACA le ha proveído grandes oportunidades, a excepción del seguro médico, en el país que considera su hogar. (Foto cortesía de Nidia Torres)

Nidia Torres, 34, junto a su hija de cuatro años dijo que DACA le ha proveído grandes oportunidades, a excepción del seguro médico, en el país que considera su hogar. (Foto cortesía de Nidia Torres)

Inmediatamente Torres consiguió un trabajo de mesera en un restaurante de una cadena nacional donde le pagaban el salario mínimo más propinas, pero no le ofrecieron seguro de salud.

“Ya puedo trabajar legalmente, mi hija tiene Medi-Cal. Creo que estoy bien”, ella le dijo a EGP, explicando que después de años de trabajos mal pagados con largas horas que le dejaban poco tiempo para ver a su hija, el nuevo trabajo fue un gran avance.

“Yo quería un trabajo”, le dijo a EGP. “Además casi no me enfermo” por lo que el seguro de salud no fue un gran problema, añadió aseverando que tampoco tenía idea de dónde obtener cobertura por su cuenta.

Torres, quien habla inglés y español, y tiene algo de educación universitaria pronto fue ascendida a supervisora y está ganando más dinero, pero todavía no tiene cobertura de salud.

El objetivo de Obamacare era aumentar “la calidad, la disponibilidad y la asequibilidad” del seguro médico privado y público a los entonces más de 44 millones de estadounidenses sin seguro, siempre y cuando sean residentes legales permanentes de Estados Unidos o ciudadanos. Para mantener los costos bajos, un gran número de jóvenes, sanos—el mismo grupo elegible para DACA—tendría que estar inscrito, sin embargo, los inmigrantes indocumentados y beneficiarios de DACA no son elegibles para comprar cobertura de salud a través de los planes patrocinados por el gobierno ni a recibir créditos tributarios de primas u otros ahorros en el mercado, pese a que ellos pagan al sistema fiscal.

Gabrielle Lessard, abogada de políticas de la salud con el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, dice que la política es injusta. Los beneficiarios de DACA están trabajando y pagando impuestos por un servicio que no pueden solicitar, le dijo a EGP.

“La exclusión de los beneficiarios de DACA probablemente aumenta el precio del seguro para todas las demás personas”, dijo Lessard.

Sin embargo, en California, algunos inmigrantes indocumentados de bajos ingresos y beneficiarios de DACA podrían calificar para Medi-Cal, un programa de seguro de salud financiado por el estado para familias de bajos ingresos, personas con discapacidades, mujeres embarazadas, niños en hogares de crianza y adultos de bajos ingresos.

Torres no es uno de ellos. De acuerdo con el Departamento de Servicios para el Cuidado de la Salud de California y de los requisitos de elegibilidad federales, el ingreso anual de $23.000 de Torres la pone por un corto margen por encima del nivel federal máximo de pobreza (FLP) de $ 22.108 para una familia de dos, haciéndola inelegible para Medi-Cal.

(DHHS)

Esta gráfica le ayuda a ver si reúne los requisitos para Medi-Cal—sin importar su estatus migratorio—basado en sus ingresos anuales. (DHHS)

Al igual que muchos otros receptores de DACA con ingresos “demasiado altos” para los subsidios del seguro de salud, las opciones de Torres para una cobertura de salud son limitadas, y el proceso para encontrar cobertura asequible pueden ser complejas, de acuerdo con el estudio de la UC Berkley, “Realizando el sueño para los californianos elegibles para la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia: Necesidades de salud y acceso a servicios de salud”.

El estudio encontró que muchos receptores de DACA ni siquiera saben que tienen opciones,. La falta de información refleja “la complejidad” de la red de programas disponibles y el proceso para su acceso, señalaron los investigadores.

El obtener atención médica no tiene por qué ser un problema, dice Irene Holguin, directora de relaciones comunitarias con Arroyo Vista Family Center, una red de cinco clínicas que sirven al lado este y noreste de Los Ángeles.

Durante una feria de la salud gratuita para la familia que se llevó a cabo el viernes en la clínica de Arroyo Vista en Lincoln Heights, Holguín le dijo a EGP que hay opciones para todos, independientemente de su estatus migratorio o ingresos económicos.

Cuando las personas llegan a una de nuestras clínicas por primera vez pasan por una evaluación financiera para determinar a qué tipos de programas son elegibles, dijo. “Nosotros no rechazamos a nadie”, añadió.

Holguín explicó que la clínica ofrece programas de descuentos y opciones de pago para los que no califican para el programa estatal o federal financiado.

Por ejemplo, si un paciente sólo puede pagar $10, Arroyo Vista le ayudará a establecer un plan de pago asequible para pagar el balance, dijo Holguín.

Las clínicas Arroyo Vista proporcionan atención de salud en las comunidades donde aproximadamente el 98% de las familias son latinos y muchos de ellos de bajos ingresos, explicó Holguín.

“Hay mucho [más] que hay que hacer en lo que respecta a informar a la comunidad y animar a la gente a ser proactivos y buscar los servicios de salud preventivos”, aseveró “porque hay muchas personas que tienen enfermedades que ni siquiera saben que padecen”.

En cuanto a Torres, ella le dijo a EGP que estaría dispuesta a visitar una clínica como Arroyo Vista para saber cuales son sus opciones. “Más vale prevenir que lamentar”, dijo.

 

La serie de tres partes fue producida como un proyecto para la California Health Journalism Fellowship, un programa del Centro de Periodismo de la Salud de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de USC Annenberg.

 

Para leer Parte 2: El desafío de la salud en hogares con estatus mixtos.

Para leer Parte 3: ¿Vale la pena la SB10? ¿Qué es una exención?

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Dreamers In Search of Affordable Health Care

June 2, 2016 by · Leave a Comment 

June 15, 2012 was a historic day for thousands of young immigrants who under President Obama’s executive action became eligible for temporary relief from deportation.

“These are young people who study in our schools … they pledge allegiance to our flag. They are Americans in their heart, in their minds, in every single way but one: on paper,” said Obama when he introduced Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), a program making nearly 1.5 million youth brought to the country illegally as children eligible for a reprieve from deportation and a work permit, both renewable every two years.

Lea este artículo en Español: Soñadores en Busca de Cuidado de Salud Asequible

Over 853,000 immigrants between the ages of 16 and 31, often referred to as “dreamers,” have applied for DACA status since the president’s announcement. For many, with the ability to work legally came the hope of higher wages and perhaps benefits.

Getting health insurance, however, has not been easy for some. For others, it’s not a priority.

The Affordable Care Act (ACA) enacted in 2014—commonly known as Obamacare— excluded DACA recipients from coverage because they are not permanent legal U.S. residents or citizens.

In this three-part series, EGP looks at some of the challenges this group of dreamers face in their search for affordable health care and the options they have to access services.

 

DACA and Obamacare: Who Qualifies?
Los Angeles resident Nidia Torres was brought illegally to the U.S. when she was six years old. She lived in the shadows for over two decades, hoping not to be discovered or deported back to Mexico, a country she does not call home.

In 2013, everything changed. Torres was granted DACA status and excitedly started planning for the future. The opportunities a work permit, driver’s license and social security number would bring to her life were endless, including providing a better future for her U.S. born daughter, Torres told EGP.

“No more shame for being undocumented,” she recalls thinking when her work permit arrived in the mail.

Nidia Torres, 34 with her four-year old daughter said DACA has provided her great opportunities, in this country, which she consider home. She just needs to find an option for medical insurance. (Courtesy of Nidia Torres)

Nidia Torres, 34 with her four-year old daughter said DACA has provided her great opportunities, in this country, which she considers home. She just needs to find an option for medical insurance. (Courtesy of Nidia Torres)

Torres soon landed a job waitressing at a national restaurant chain where she was paid minimum wage plus tips, but did not offer health insurance.

“I can work legally, my daughter has Medi-Cal, so I think I’m OK,” she told EGP, explaining that after years of low-paying jobs and long hours that left her little time for her daughter, the new job was a big step forward.

“I just wanted a job,” she told EGP. “Plus I don’t really get sick,” so health insurance was not a big deal, she said, adding she had no idea where to get coverage on her own.

Torres, who speaks both English and Spanish and has some college education has since been promoted to manager and is earning more money, but still has no health benefits.

The goal of the Affordable Care Act was to increase “the quality, availability, and affordability” of private and public health insurance to the then over 44 million uninsured Americans, providing they are legal permanent residents or U.S. citizens. To keep costs down, large numbers of young, healthy individuals — the same group targeted by DACA — would have to be enrolled, yet undocumented immigrants and DACA recipients are ineligible to buy health coverage through government sponsored health exchanges or receive premium tax credits or other savings on marketplace plans, even though they pay into the tax system.

Gabrielle Lessard, a health policy attorney with the National Immigration Law Center, calls the policy unjust. DACA recipients are working and paying taxes for a service that they can’t apply for, she told EGP.

“The exclusion of DACA recipients probably increases the price of insurance for all other people,” Lessard said.

In California, however, some low-income undocumented immigrants and DACA recipients may qualify for Medi-Cal, a state funded health insurance program for low-income families, people with disabilities, pregnant women, children in foster care and low-income adults who meet certain requirements.

(DHHS)

(CDHCS)

Torres is not one of them. According to the California Department of Health Care Services and federal eligibility requirements, Torres’ $23,000 a year income puts her just slightly above the $22,108 maximum Federal Poverty Level (FLP) for a family of two, making her ineligible for Medi-Cal.

Like many other DACA recipients with incomes “too high” for health insurance subsidies, Torres’ options for health coverage are limited, and the process for finding affordable coverage can be complex, according to the UC Berkley study, “Realizing the Dream for Californians Eligible for Deferred Action for Childhood Arrivals: Health Needs and Access to Health Care.”

Many DACA recipients don’t even know they have options, the study found. The lack of information reflects “the complexity” of the network of programs available and the process to access them, researchers stated.

Getting health care doesn’t have to be a problem, says Irene Holguin, director of community relations with Arroyo Vista Family Center, a network of five clinics serving the east and northeast side of Los Angeles.

During a free family health fair Friday at Arroyo Vista’s clinic in Lincoln Heights, Holguin told EGP there are options for everyone, regardless of immigration status or income.

When people arrive at one of our clinics for the first time they undergo a financial screening to determine what types of programs they are eligible for, she said. “We don’t turn anyone away,” she added. She explained that the clinic offers discount programs and fees to those who not qualify for state or federal funded program.

For example, if a patient can only pay $10, Arroyo Vista will help them set up an affordable payment plan for the balance, Holguin said.
The Arroyo Vista clinics provide primary health care in communities where approximately 98% of families are Latino and many of them low-income, explained Holguin.

“There’s a lot [more] that needs to be done in regard to informing the community and encouraging people to be proactive and seek preventive health services,” she said, “because a lot of people have illnesses that they don’t even know they have.”

As for Torres, she told EGP she would be open to going to a clinic like Arroyo Vista to look into her what her options are. “Better safe than sorry,” she said.

 

The three-part series was produced as a project for the California Health Journalism Fellowship, a program of the Center for Health Journalism at the USC Annenberg School for Communication and Journalism.

 

To read Part 2: The Health Challenge In Mixed-Status Homes

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