Causas se Unirán Durante Protestas de Día de la Inauguración

January 19, 2017 by · Leave a Comment 

Donald Trump será inaugurado el viernes como el presidente número 45 de los Estados Unidos después de una larga y contenciosa lucha hacia la Casa Blanca.

A lo largo del país, activistas que representan una amplia gama de opiniones y causas políticas y sociales se han estado preparando para enviarle un mensaje al nuevo presidente: No nos quedaremos de brazos cruzados mientras se ataquen nuestras libertades civiles y las de nuestros vecinos.

Se espera que miles de manifestantes se congreguen en la capital del país el día de la inauguración y el siguiente en ciudades grandes como Los Ángeles donde se iniciaron protestas el sábado pasado.

Más de 90 grupos diferentes, incluyendo a defensores de derechos de inmigrantes, de la justicia ambiental participarán.

Para Segovia Amigon de Los Ángeles, el discutir la construcción de un muro entre Estados Unidos y México, la deportación de tres millones de inmigrantes indocumentados y la revocación y reemplazamiento de la Ley de Asistencia Asequible es algo personal.

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Activistas a favor de los derechos de las mujeres, grupos laborales y otros, están organizando más marchas para el fin de semana de inauguración. Foto de EGP por Nancy Martínez.

El sábado, Amigon se unió a cientos de personas en una manifestación organizada por la Coalición de Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) en LA Plaza de Cultura y Artes en el centro de Los Ángeles. La manifestación fue una de al menos media docena de manifestaciones locales programadas para esta semana a causa del juramento de Trump el 20 de enero.

Originaria de México, Amigon, de 60 años, junto con sus tres hijos emigraron ilegalmente a Estados Unidos hace más de 30 años. Ella logró obtener su residencia legal bajo una ley de amnistía firmada en 1986 por el ex presidente Ronald Reagan. Seis años después se convirtió en ciudadana.

Amigon ya no vive en las sombras o teme la deportación, pero cree que todavía tiene mucho que perder si Trump cumple las promesas que hizo durante su campaña presidencial.

Durante el sábado, ella recordó como antes tuvo que lidiar con varios empleos para sobrevivir incluyendo el vender tamales y flores durante las vacaciones.

Actualmente, ella trabaja como cuidadora y es parte del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), la cual le debe dar una cierta cantidad de protección laboral. Sin embargo, ella teme que su trabajo podría estar en riesgo si las políticas propuestas por Trump causen recortes en los fondos federales de programas que ayudan a pagarle a los trabajadores como ella.

Esto fue un sentimiento que se escuchó repetidamente el sábado, cuando orador tras orador hizo hincapié en la importancia de la unidad, aun en las luchas por causas individuales. Hay poder en los números, señalaron muchos de los oradores durante la manifestación que coincidió con la observancia anual del legado del líder de los derechos civiles, Martin Luther King Jr.

“King nos enseñó que una amenaza en contra de la justicia hacia cualquier persona es una amenaza para la justicia de todos”, dijo Laphonza Butler, presidenta de SEIU ULTCW, que representa a 180,000 cuidadores domesticos y trabajadores de hogares de ancianos.

Butler argumentó que cuando la nueva administración ataca a los asuntos que les afectan a los sindicatos, ambientalistas, inmigrantes o a activistas de los derechos de las mujeres, de hecho, “nos atacan a todos nosotros”.

“Tenemos que ser claros, no hay espacio entre nuestras peleas”, subrayó Butler.

Melissa Minkin, de Culver City, asistió a la manifestación para mostrar su apoyo y unidad a todos los avances en la política que podrían estar en riesgo bajo la Administración de Trump.

“Estoy asustada por todo lo que Donald Trump ha dicho”, le dijo Minkin a EGP, agregando que ha estado llamando por telefono a sus familiares y amigos para animarlos a asistir a la Marcha de Mujeres el sábado en Pershing Square, en el centro de Los Ángeles.

“Es un provocador y un hostigador y estoy preocupada por su comportamiento vengativo”, agregó la amiga de Minka, Shifra Titelbaum, quien predijo que “vendrán tiempos muy oscuros”.

El billionario y co-fundador del grupo de defensa política NextGen Climate, Tom Steyer, dijo que cree que habrá un intento agresivo en contra de grupos individuales con el fin de dividirlos.

Es por eso que es vital que todas las comunidades se unan, dijo el concejal de Los Ángeles, Curren Price.

“Si no lo hacemos ahora, sabemos que vamos a tener problemas más adelante”, dijo Price.

Muchos en la multitud dijeron que temen que Trump y el Congreso controlado por los republicanos erradiquen rápidamente Obamacare, la ley histórica que ha dado lugar a millones de personas previamente sin seguro de salud.

Foto de EGP Por Nancy Martínez.

Grupos en protestas temen que Trump revertirá la orden ejecutiva de Obama que ha protegido a más de 750,000 jóvenes de la deportación. Foto de EGP Por Nancy Martínez.

Trump ha declarado repetidamente que derogará la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y la reemplazará con su propio plan, pero todavía no ha proporcionado detalles reales. Gran parte de su campaña también giró en torno a su promesa de deportar a ocho millones de inmigrantes indocumentados.

Susana Duarte, residente de Riverside y parte del sindicato local de Homecare Providers Unions Local 3930, viajó a Los Ángeles para la manifestación del 14 de enero. Ella le dijo a EGP que planea asistir a más marchas el próximo fin de semana para mostrar su desaprobación por lo que cree que será la presidencia de Trump.

“Van a haber un montón de cambios con Trump, especialmente para los latinos”, advirtió.

“No puedo decir qué es lo que hará”, admitió el representante Pete Aguilar (D-Redlands) “Pero puedo decir qué es lo que vamos a hacer: Lucharemos por usted, y los protegeremos”.

El condado de Los Ángeles es el hogar con el mayor número de inmigrantes en el país, según la Supervisora Hilda Solís, quien estima que de 3.4 millones aproximadamente 1 millón son indocumentados.

La recién elegida representante Lou Correa (D-Santa Ana) cree que el tono en Washington puede estar cambiando y que más y más personas están empezando a ver el valor que los inmigrantes traen al país. Eso es especialmente cierto en California, dijo la Controladora Estatal, Betty Yee.

“Somos la sexta economía más grande. ¿Por qué? Por las contribuciones de nuestros hermanos y hermanas inmigrantes”, ella dijo.

“No estamos quitándole los trabajos, no somos criminales. Hablemos con la verdad” dijo Yee.

El asambleísta Jimmy Gómez (D-Los Ángeles) reconoció que con los legisladores estatales liderando la resistencia de Trump, los californianos tienen menos por que temer que los de otros estados más conservadores. Él les recordó a la multitud que Martin Luther King Jr. no se quedó en las comodidades del norte, sino que viajó hacia el sur para protestar en contra de la injusticia y luchar por los derechos civiles.

“Nuestras peleas son fáciles comparadas con las del resto del país”, opinó Gómez.

Los alcaldes de California y los distritos escolares han prometido que sus ciudades protegerán a la comunidad indocumentada al no asumir la aplicación de las leyes federales de inmigración. Los líderes estatales hasta han contratado al ex procurador general Eric Holder para servir como asesor externo a la legislatura en defensa de la constitución del estado contra Trump. La directora ejecutiva de CHIRLA, Angelica Salas, dice que el país está listo para luchar.

“El día que Donald Trump fue elegido no fue el día en que nuestros derechos civiles se perdieron”, dijo a los manifestantes.

“Cuando dicen que van a retroceder nuestros logros tenemos que decirles que no!”

Las manifestaciones son la única manera en que podemos ser escuchados, dijo Correa.

“Este es un maratón, no una carrera corta”, le dijo a la multitud, que incluyó a un gran número de miembros del sindicato portando letreros que decían, “Alto al odio” y “Estamos aquí para Quedarnos”.

“Hágase ciudadano, regístrese para votar – y por favor vote”, instó Steyer, quien ha invertido millones de dólares de su propio dinero en causas políticas, sobre todo para proteger al medio ambiente.

“Sabemos que el votar importa pero es lo que sucede entre las elecciones lo que más importa”, agregó.

Lista de Marchas y Demostraciones

Jueves, 19 de enero

7-7:45a.m. – Presidentes del Sindicato Más Grande de America Para Estudiantes en Grand View Elementary. Más de 150 educadores, padres y miembros de la comunidad se reunirán para marchar a favor de la educación pública junto con los presidentes de la Asociación Nacional de Educación, los Maestros Unidos de Los Ángeles, la Asociación de Maestros de California y la Junta de Educación del LAUSD. La escuela está ubicada en 3951 Grand View Blvd. L.A. 90066.

Viernes, 20 de enero

11a.m. -6p.m. – Unidos En Contra del Odio, Marcha de Inauguración Anti-Trump en el Centro de L.A.

California for Progress organizará una marcha en L.A. Live en contra a las deportaciones masivas, oleoductos, guerras, racismo, misoginia, islamofobia, homofobia y fascismo. L.A. Live está ubicado en el 800 W. Olympic Blvd. Para más información puede visitar la página de Facebook del grupo.

11a.m. –Boyle Heights Contra Trump en la Plaza MariachiLos participantes planean vestirse de rojo en una marcha contra Trump que continuará hasta la Calle Olvera antes de unirse a otros comicios y marchas en el ayuntamiento. El grupo espera expresar su desaprobación de las propuestas deportaciones, la derogación de DACA, el muro mexicano, cualquier guerra, ocupación estadounidense y el plan de mostrar solidaridad con todos los que han sido atacados por Trump. La Plaza Mariachi se encuentra ubicada en el 730 Pleasant Ave. Para más información, envíe un correo electrónico a centrocso@gmail.com

1p.m. – Manifestación del Día de la Inauguración Organizada por el Congreso Latino California en el Centro de Los Ángeles.

La marcha pro-inmigrante concluirá en el ayuntamiento. Los participantes planean marchar en contra de las deportaciones y pedir la legalización. Ubicación: Esquina de los Bulevares Broadway y Olympic. 

Sábado, 21 de enero

9a.m. – 4p.m. – Marcha de Mujeres Los Ángeles en el Centro de Los Ángeles.

El movimiento nacional, no partidario comenzará en el Pershing Square seguido por una marcha a la alcaldía. El evento está abierto a todos los que defienden los derechos de las mujeres, los derechos humanos, las libertades civiles y la justicia social para todos. Para más información, haga click aquí. 

Causes to Unite at Inauguration Day Protests

January 19, 2017 by · Leave a Comment 

Donald Trump will be inaugurated Friday as the 45th president of the United States following a long and contentious fight for the White House.

Across the country, activists representing a wide array of political and social views and causes have been gearing up to send the new president a message: We will not stand idly by as attacks are made on our or our neighbors’ civil liberties.

Rallies and marches on inauguration day and the day following are expected to draw thousands of protesters to the nation’s capital and in major cities like Los Angeles where the protests got underway last Saturday. Over 90 different groups, ranging from immigrant rights and environmental justice advocates, to women’s rights activists, labor groups and others, are scheduled to take part.

For Segovia Amigon of Los Angeles, talk of building a wall between the United States and Mexico, deporting 3 million undocumented immigrants and Trump’s promise to repeal and replace the Affordable Care Act feel all too personal.

(EGP photo by Nancy Martinez)

(EGP photo by Nancy Martinez)

On Saturday, Amigon joined hundreds of people at a rally organized by the Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles (CHIRLA) at LA Plaza de Cultura y Artes in downtown Los Angeles.

The rally was one of at least a half dozen local demonstrations scheduled to take place this week to protest Trump’s swearing-in Jan. 20.

Originally from Mexico, Amigon, 60, and her three children emigrated illegally to the U.S. over 30 years ago, but gained legal residency under an amnesty law signed into law in 1986 by former president Ronald Reagan. Six years later she became a citizen.

Amigon no longer lives in the shadows or fears deportation but believes she still has a lot to lose if Trump makes good on promises he made during the presidential campaign and since.

On Saturday, she recalled juggling multiple jobs — including joining the ranks of street vendors selling tamales and flowers during the holidays — to make ends meet. Today she works as a caregiver and is a member of the Service Employees International Union (SEIU), which should afford her a certain amount of job protection, yet she fears her job could be at risk if Trump’s proposed policies lead to cuts in federally funded programs that help pay workers like her.

It was a sentiment echoed repeatedly Saturday as speaker after speaker emphasized the importance of standing together even as they fight for their individual causes.

There is power in numbers, many of the speakers pointed out during the rally that happened to coincide with the annual observance of the legacy of civil rights leader Martin Luther King Jr.

“A lesson [King] taught us is that a threat to justice to anyone is a threat to justice to everyone,” said Laphonza Butler, president of SEIU ULTCW, which represents 180,000 in-home caregivers and nursing home workers.

Butler argued that when the new administration goes after issues that matter to labor unions, environmentalists or immigrant and women’s rights activists, they are in fact, “coming after all us.”

“We have to be clear, there’s no space between our fights,” Butler stressed.

(EGP photo by Nancy Martinez)

(EGP photo by Nancy Martinez)

Melissa Minkin of Culver City attended the rally to show support and unity for all the advances in policy that could be at risk under a Trump Administration.

“I’m freaked out by everything that Donald Trump has said,” Minkin told EGP, adding she’s been making phone calls to family and friends to encourage them to attend the Women’s March Saturday at Pershing Square in downtown Los Angeles.

“He’s a provocateur and bully and I’m troubled by his vindictive behavior,” added Minka’s friend Shifra Titelbaum, who predicted, “There are some dark times ahead.”

Billionaire and co-founder of the political advocacy group NextGen Climate, Tom Steyer, said he believes there will be an aggressive attempt to come after individual groups in order to divide them.

That’s why it’s vital for all communities to come together, said L.A. Councilman Curren Price.

“If we don’t do it now, we know we’re going to be in trouble later,” Price said.

Many in the crowd said they fear that Trump and the Republican-controlled congress will quickly eradicate Obamacare, the landmark legislation that has resulted in millions of previously uninsured people getting health insurance. They also fear Trump will reverse Pres. Obama’s executive order that has protected over 750,000 young adults from deportation. Trump has repeatedly stated he will repeal the Affordable Care Act and replace it with his own plan, but has yet to provide and real details. Much of his campaign also revolved around his promise to deport 8 million undocumented immigrants.

Susana Duarte, a Riverside resident and member of Homecare Providers Unions Local 3930, traveled to Los Angeles for the Jan. 14 rally. She told EGP she plans to attend more marches this coming weekend to show her disapproval for what she believes a Trump presidency will look like.

“There’s going to be a lot of changes with Trump, especially for Latinos,” she warned.

“I can’t tell you what he will do,” admitted Rep. Pete Aguilar (D-Redlands) “But I can tell you what we will do: We will fight for you, we will protect you.”

At 3.6 million, Los Angeles County is home to the largest number of immigrants in the country, according to Supervisor Hilda Solis, who estimates that approximately 1 million of them are undocumented.

Newly-elected Rep. Lou Correa (D-Santa Ana) believes the tone in Washington may be changing and that more and more people are beginning to see the value immigrants bring to the country.

That’s especially true in California, said State Controller Betty Yee. “We’re the 6th largest economy. Why? Because of the contributions of our immigrant brothers and sisters,” she said.

“We’re not taking away jobs, we’re not criminals. Lets speak truths,” Yee said.

Assemblyman Jimmy Gomez (D-Los Angeles) acknowledged that with state lawmakers leading the resistance to Trump, Californians have less to fear than those in other more conservative states. He reminded the crowd that Martin Luther King Jr. did not stay in the comforts of the north, but instead traveled to the south to protest injustice and fight for civil rights.

“Our fights are easy compared to the rest of the country,” Gomez opined.

Mayors across California and school districts have vowed their cities will protect the undocumented community by not taking on the enforcement of federal immigration laws. State leaders have gone so far as to hire former Attorney General Eric Holder to serve as outside counsel to the legislature and defend the state’s constitution against Trump.

CHIRLA Executive Director Angelica Salas says the country is ready to fight back.

“The day Donald Trump won wasn’t the day our civil rights were lost,” she told the protesters.

“When they say they’re going to roll back on our progress we have to say no!”

Rallies are not the only way to be heard, said Correa. y.”

“This is a marathon, not a sprint,” he told the crowd, which included a large number of union members carrying signs reading, “stop the hate” and “we are here to stay.”

“Become citizens, register to vote – and please vote,” urged Steyer, who has poured millions of dollars of his own money into political causes, most notably to protect the environment.

“We know voting matters, but it’s what happens between elections that matters more.”

 

California Promete Luchar Contra Trump en Defensa de Indocumentados

November 17, 2016 by · Leave a Comment 

El estado de California se prepara para presentar una batalla e intentar frenar el efecto de las posibles medidas sobre inmigración que establezca el futuro presidente, Donald Trump.

“Quiero asegurar a las millones de personas que están aquí, buscando y contribuyendo al ‘Sueño Californiano’, pero que no tienen documentación, que el Estado de California los apoya completamente”, manifestó el presidente interino de la Asamblea estatal, Kevin de León.

“Los líderes estatales defenderán sus derechos de proceso debido y agresivamente nos apoyaremos de cualquier y toda herramienta para prevenir una extralimitación irresponsable por una administración Trump en California”, advirtió el político hispano.

En Los Ángeles, una Coalición fue formada incluyendo al miembro del consejo de Los Ángeles, Gil Cedillo, la Oficina del Alcalde Eric Garcetii, la Supervisora del Condado de Los Ángeles, Hilda Solís, la Oficina de la Supervisora Sheila Kuehl, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles.

“Todos tenemos un cierto nivel de miedo y preocupación pero no debemos que eso gobierne nuestras vidas. Necesitamos seguir con nuestras rutinas diarias y encontrar consolación en que somos Los Ángeles y estamos unidos”, dijo Cedillo.

“América es más grande que cualquier hombre o partido. Seguiremos protegiendo a nuestros residentes, escuchando a nuestras comunidades y trabajando juntos por un futuro mejor,” dijo Solís en una declaración.

Concejal Gil Cedillo junto con los oficiales de la ciudad en una conferencia de prensa en el que se habló de la unidad y los intereses para proteger a la comunidad de inmigrantes, el jueves, 10 de noviembre. (Foto: Oficina de Gil Cedillo)

Concejal Gil Cedillo junto con los oficiales de la ciudad en una conferencia de prensa en el que se habló de la unidad y los intereses para proteger a la comunidad de inmigrantes, el jueves, 10 de noviembre. (Foto: Oficina de Gil Cedillo)

Al igual que grupos de defensa de derechos de inmigrantes como CHIRLA, CARECEN y MALDEF, y lideres religiosos de CLUE-LA se unieron.

Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), dijo a EFE que el primer trabajo que están realizando estas organizaciones es “analizar el impacto fiscal que las propuestas de Donald Trump” puedan tener en el estado, para garantizar que se cuenta con el “presupuesto para seguir haciendo las cosas buenas” que se merece el estado, indicó.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, adelantó que “levantarán la voz” si ven medidas “hostiles” en contra de la comunidad y rechazó colaborar con Inmigración, el jefe de Policía de la ciudad Charlie Beck también dijo que no trabajarán con las autoridades federales en sus “esfuerzos de deportación”, pues no es su función.

Salas informó de que se está trabajando “en una protesta masiva colectiva de todas las organizaciones inmigrantes y todos los grupos que se sienten atacados en este momento para pedirle al gobierno que nos trate con igualdad”.

Dicha acción se realizaría en Los Ángeles, al igual que en otras ciudades, la víspera del día de la posesión de Trump como nuevo presidente del país el próximo 20 de enero.

Estas marchas serían el colofón a las que se iniciaron en varias ciudades del país la pasada semana y a la que llevaron a cabo cientos de estudiantes de preparatoria en Los Ángeles.

Los activistas prometen también batalla legal contra las acciones que pueda tomar el Gobierno federal una vez llegue Trump al poder.

“Si el presidente electo Trump trata de convertir sus promesas de campaña ilegales e inconstitucionales en políticas, lo veremos en la corte”, declaró en una declaración enviada a EFE Anthony Romero, del Fondo de Acción de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU).

Romero aseguró que están “vigilantes” y lucharán por los “derechos de cada persona, cada día que Trump esté en la Presidencia”.

Las universidades públicas californianas anunciaron que continuarán aplicando medidas que favorecen a los estudiantes indocumentados como el que paguen las mismas tarifas que los residentes legales del estado o puedan beneficiarse de préstamos con bajos intereses con fondos estatales.

Al asegurar que “sabemos que hay comprensible consternación e incertidumbre entre los miembros de la comunidad de la Universidad de California”, la junta de Regentes aseguró que UC “está orgullosa de ser un lugar diverso y acogedor para los estudiantes, los profesores y los empleados con un amplio rango de antecedentes, experiencias y perspectivas”.

No obstante, algunas ayudas a los indocumentados, como en el caso del servicio de salud pública gratuito Medical para los menores de 19 años, puede verse afectado por recortes federales.

“Usamos los fondos del presupuesto estatal de salud para pagar estos servicios a los menores indocumentados, pero si los fondos federales otorgados a California se recortan igualmente estos recursos se verán disminuidos”, explicó Salas.

Al respecto, Rusty Hicks, secretario-tesorero de la Federación Laboral de Los Ángeles, AFL-CIO, anunció que movilizarán a “todos los californianos” para defender los subsidios federales.

“La Administración Trump posiblemente cortará fondos federales para seguridad pública a las ciudades que defienden a los inmigrantes”, anunció Hicks al referirse a las denominadas “ciudades santuario”, en las que las autoridades locales rechazan colaborar con Inmigración en programas voluntarios.

*Este reporte tiene aportaciones añadidas de comunicados de prensa

Nuevas Leyes en California Apoyan Derechos Civiles de Indocumentados

October 6, 2016 by · Leave a Comment 

Las nuevas leyes firmadas por el gobernador californiano, el demócrata Jerry Brown, “son un importante avance” y garantizan el respeto a los derechos de los inmigrantes, destacaron el 29 de septiembre activistas defensores de los indocumentados.

El gobernador firmó varias leyes de entre la cuales está la AB2792, denominada Ley de la Verdad, o la AB2298 que regula el uso de la base de datos de pandilleros de California, dos medidas que fueron calificadas como recursos importantes para proteger los derechos civiles del de las personas.

La Ley de la Verdad garantiza el debido proceso a los inmigrantes indocumentados, que deberán ser informados sobre su derecho a asesoría legal antes de ser entrevistados por autoridades federales.

Igualmente ordena que los departamentos de policía entreguen a los abogados o defensores de los inmigrantes la misma información que comparten con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según destacó hoy en entrevista con EFE el director de Políticas de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), Joseph Villela, estas nuevas leyes aseguran “cobertura, transparencia y rendición de cuentas”.

“Es un paquete que se puede considerar que va a respetar los derechos civiles de la comunidad sin importar su estatus migratorio”, aseguró.

A su vez, Cynthia Buiza, directora del Centro de Políticas de Inmigración de California, una de las organizaciones que apoyó la medida resaltó la importancia de la iniciativa.

“El movimiento de los derechos de los inmigrantes continuará haciendo retroceder las fuerzas de encarcelamiento masivo, deportación masiva y que elimine la criminalización masiva que destruyen nuestras comunidades y nuestros valores”, aseguró Buiza en comunicado obtenido hoy por Efe.

Villela explicó que la legislación tuvo que ser enmendada para que el gobernador la aprobara.

Por su parte, la AB2298 requiere que cuando un adulto sea registrado en la base de datos como sospechoso de pertenecer o colaborar con una pandilla, sea informado oficialmente.

“Este programa es tan inefectivo que en agosto el estado hizo una auditoría y encontró que está lleno de errores, que 45 niños en esta base de datos y cerca de 15 de ellos habían admitido ser pandilleros”, crítico Villela.

El activista señaló que además de informarle a una persona que ha sido registrada como pandillero, la norma crea un proceso para que el interesado pueda probar que no forma parte o no colabora con pandillas.

La medida tiene especial interés para los inmigrantes pues la condición de pandillero es una de las prioridades establecidas para ser deportado según el Programa de Cumplimiento de Prioridad (PEP) de la administración del presidente Obama.

High Expectations for Latino Vote

June 30, 2016 by · Leave a Comment 

Following the “disappointing” U.S. Supreme Court’s announcement that it was divided 4-4 and therefore a lower case decision blocking President Obama’s plan to expand the relief from deportation to the undocumented parents of U.S. born citizens and permanent residents will stand, activists say the future of immigration reform could now depend on the Latino vote.

If judges had overturned the Fifth Circuit’s decision in U.S, v. Texas, as many as 4 million undocumented immigrants would have been shielded from deportation and allowed to obtain work permits under Obama’s Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents (DAPA) and expanded Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) programs announced in November 2014.

Lea este artículo en Español: Hay Altas Expetativas en el Voto Latino

Presumptive Democratic presidential nominee Hillary Clinton has said she supports Obama’s immigration programs, while Donald Trump, the GOP’s presumptive nominee, says he will deport all undocumented immigrants if elected president.

Latinos are the second fastest growing group in the U.S. and according to political analysts, Trump needs to get 47% of the Latino vote if he hopes to win the White House in November.

In California, nearly one in every four registered voters (24%) is Latino. There are also 1.5 million legal permanent residents who are Latino and eligible to become citizens, but have not yet started the process, which among other benefits would give them the right to vote, something immigration rights activists are counting on.

Araceli Quijada, 54, has been a legal permanent resident for 36 years. The Boyle Heights resident says health issues and lack of time have kept her from applying for citizenship, but “I hope to do it this year,” she told EGP in Spanish.

Maria Montoya said she hasn't become a U.S. citizen out of fear. (Claudia Carrasco)

Maria Montoya said she hasn’t become a U.S. citizen out of fear. (Claudia Carrasco)

83-year old Maria Montoya has been a legal permanent resident for 15 years and says she fears the citizenship process. “At my age, it is difficult to learn the questionnaire in English,” she told EGP in Spanish.

Told twice —by nonprofit Hermandad Mexicana and a lawyer—that she had to take the written and oral tests in English, she decided not to apply, noting that it’s hard to find the right kind of help for someone of her age.

A recent analysis by the Willian C. Velasquez Institute (WCVI) showed “anemic growth” of Spanish Surname voters in California.

The analysis, using information from Political Data, Inc, showed a 3.1% increase – from 4.11 million to 4.24 million – in Spanish Surname voters between April 2015 and June 2016.

The numbers show the trends in Latino participation, WCVI President Antonio Gonzalez told EGP, explaining the increase in “net new voters.”

“Many more new Spanish Surname voters are registered to vote but they are not in that ‘net total’ either because they moved and didn’t re-register, left the state or passed away, shrinking the number of California Spanish Surname registered voters prior to the June 7 Primary Election, he said.

However, NALEO Educational Fund Spokesperson, Paula Valle told EGP the number of new Latino voters may be higher, adding they expect more than 3,839,000 Latinos in California to vote in the November Presidential Election.

“This would mark a 22 percent increase in Latino turnout in the state from Election 2012, and a 12 percent increase in the Latino share of the vote in the state from Election 2012,” she said.
Both agree a bigger effort to mobilize the Latino vote in California is needed.

“… Scant resources have found their way to Latino registration groups early in the election cycle despite promises from national funding sources as well as parties and candidates,” opined Gonzalez. He said increases in overall voter registration “was likely among non-Latinos and/or reflected lots of re-registrations of those who had moved.”

Of the total projected number of eligible Latino voters in the U.S. in 2016, about 44% or 27.3 million are millennials, between the ages of 18 and 34, according to the Pew Research Center.
“Eligible voting age unregistered Latinos will usually register to vote if they are directly contacted,” but they won’t register if they do not feel a connection to the political/electoral process, explained Gonzalez about the unmet voting potential.

Pro-immigrant activists hope that Latino Vote can change the future of immigration reform. (CHIRLA)

Pro-immigrant activists hope that Latino Vote can change the future of immigration reform. (CHIRLA)

Organizations are not focusing exclusively on Latinos and are spending more time on voter education than actual voter registration, Gonzalez told EGP, adding that they are exaggerating their success to please donors.

Research conducted by the National Immigration Forum found that 91% of legal permanent residents want to become U.S. citizens, but 61% have never received information about the process.

The New Americans Campaign—a coalition of several nonprofits that assist in the naturalization process—helps to bridge that information gap and show legal permanent residents that becoming a citizen isn’t as expensive or as difficult as they think, Communications Associate Meredith Brandt told EGP.

Becoming a U.S. citizen brings it’s own benefits, including the right to vote, she pointed out.

“This right gives immigrant communities the power to voice their priorities on all issues that affect their families and their communities,” she said.

32-year old Claudia Carrasco, a permanent resident for 14 years, told EGP she’s lately become more interested in becoming a citizen.

“I’m still shocked that even with [Trump’s] racist remarks and bigoted comments towards all minorities, he was chosen as the republican nominee” for president, she told EGP.

Carrasco won’t be able to vote in November but says she plans to campaign for the Democratic ticket. She agrees that Latinos who don’t speak English need more information about the importance of citizenship and voting.

Gonzalez says he hopes WCVI’s study will help give community leaders the information they need to address California’s problem of slow growth in Latino voter registration.

The number crunchers say Latinos are cynical about voting because they don’t see anything being done to counter attacks against them, said Gonzalez. “Maybe we are…but is the response to that really going to be nothing? We hope not, because between our size and the number of growing eligible voters, the power to change this is already ours.”

 

For more information about how to become a citizen visit:

The New Americans Campaign

NALEO or call its toll-free bilingual hotline (888) 839-8682

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Twitter @jackiereporter

jgarcia@egpnews.com

Supreme Court Deadlocks on DAPA and Extended DACA

June 23, 2016 by · Leave a Comment 

Local immigration-rights activists expressed disappointment today in the U.S. Supreme Court’s inability to reach a decision on President Barack Obama’s effort to expand deportation protection to millions of parents of U.S.-born children, but they vowed to continue fighting for change in immigration policy.

“Today’s Supreme Court decision blocking President Obama’s executive action on immigration means that the estimated 1 million undocumented immigrants in Los Angeles County, one in every 10 Los Angeles residents, will be denied the ability to work with the safety of legal authorization and protection from deportation”, said Rusty Hicks, executive secretary-treasurer of the Los Angeles County Federation of Labor.

“We in the Los Angeles labor movement will not let this legal setback deter our work on the ground”, Hicks said. “We stand in support of all workers exercising their rights on the job and in the community. We will continue to support immigrants, including undocumented immigrants, in seeking a better wage, better workplace conditions and protection from wage theft that is running rampant throughout our country”.

Immigrants and activists said to be disappointed for SCOTUS decision on DACA and DAPA. (CHIRLA)

Immigrants and activists said to be disappointed for SCOTUS decision on DACA and DAPA. (CHIRLA)

Obama’s executive action, announced two years ago, would have allowed immigrants who are the parents of U.S. citizens or legal permanent residents to request relief from deportation and authorization to work for three years. To qualify, they must have been in the country for more than five years, pass a criminal background check, pay fees and show that their child was born prior to the issuance of the executive order.

Once qualified, they would have also had to pay taxes.

The order also would have expanded the existing Deferred Action for Childhood Arrivals program, which protects immigrants who were brought into the country illegally as children, by removing the upper age limit of 30. The DACA program would have been amended to offer three years of protection from deportation, up from the previous two years.

The actions were challenged in court by officials in several states, and a lower court judge issued an order blocking the actions, leading to the appeal to the U.S. Supreme Court. The nation’s highest court — still short one member—split today 4-4, meaning the lower court ruling remains in effect.

“Justice turned its back to millions today and the politics of obstruction and xenophobia have triumphed instead,” said Angelica Salas, executive director of the Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles.

“A dark sunset approaches our land when justice, compassion and respect for history are ignored by a divided court.”

Los Angeles Mayor Eric Garcetti said he was disappointed in the court’s inability to reach a decision, saying it will create uncertainty for immigrant families that could be split up by deportation.

“That’s not what America stands for,” he said. “No matter what happens in Washington, the city of Los Angeles remains committed to supporting all families.”

El Gobierno Favorece Deportaciones de Indocumentados

May 19, 2016 by · Leave a Comment 

El Gobierno se mantiene firme en sus políticas de deportaciones de indocumentados y está centrando sus esfuerzos en expulsar a los inmigrantes que hayan cruzado la frontera en el último año y medio, indicó recientemente a Efe la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Marsha Catron.

La vocera del DHS explicó que los individuos que se encuentran bajo el ojo de las autoridades migratorias son aquellos que cruzaron la frontera después del 1 de enero de 2014, han recibido una orden final de deportación de una corte de inmigración y no tienen pendiente ninguna petición de asilo humanitario.

Entre esos indocumentados que llegaron a EEUU en el último año y medio, se encuentran los miles de niños que cruzaron sin acompañante la frontera durante el verano de 2014 intentado huir de la violencia y la falta de oportunidades económicas de sus países de origen, en su mayoría El Salvador, Guatemala y Honduras.

La gran llegada de niños a EEUU en el verano de 2014 desató una crisis migratoria sin precedentes en la frontera suroeste.

“Como hemos dicho en repetidas ocasiones, el Departamento de Seguridad Nacional debe hacer cumplir la ley en consonancia con nuestras prioridades. Nuestra máxima prioridad es la seguridad pública y la seguridad fronteriza”, resaltó Catron.
De esta forma, el Gobierno reaccionó a unas informaciones periodísticas que apuntan a un nuevo plan de las autoridades migratorias para deportar en mayo y junio a una gran cantidad de madres y niños indocumentados, que han entrado en EEUU de forma ilegal y proceden en su mayoría de Centroamérica.

Esas informaciones provocaron el rechazo de tres congresistas demócratas del Congreso de EEUU, Bernie Sanders, aspirante presidencial demócrata, y varias organizaciones pro inmigrantes como la Coalición pro Derechos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA) y el Movimiento para una Reforma Migratoria Justa (FIRM, en inglés).

“Me opongo a la acción dolorosa e inhumana de encerrar a las familias que han huido de la violencia terrible de Centroamérica y de otros países. Enviar a esa gente de vuelta al dolor está mal”, resaltó Sanders en un comunicado.
El senador por Vermont urgió a Obama a que extienda a todos los inmigrantes de Centroamérica el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), unos permisos que el Gobierno concede de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.

Por su parte, tres legisladores demócratas, Lucille Roybal-Allard, Zoe Lofgren y Luis Gutiérrez, informaron en un comunicado de que han pedido más información a la Casa Blanca y al Departamento de Seguridad Nacional para saber si las deportaciones tienen como objetivo a mujeres y niños.

“Llevar a cabo este tipo de acciones contra mujeres y niños que han huido de la violencia y que se enfrentarán a la violencia si vuelven, no solo es hipócrita, sino que es claramente cruel”, consideraron los congresistas en un comunicado.

Por su parte, la portavoz de FIRM, Kica Matos, una de las organizaciones más combativas contra las deportaciones, calificó el plan de Obama de “indignante, horrible e inaceptable”.
Las autoridades migratorias ya apresaron en enero de este año a 121 inmigrantes indocumentados en diferentes operaciones en los estados de Georgia, Texas y Carolina del Norte, según informó entonces un portavoz de la Oficina de Inmigración y Aduanas.

Advocates Gather to Support Obama’s Immigration Orders

April 18, 2016 by · Leave a Comment 

On the day the U.S. Supreme Court heard arguments on the issue, Southland immigration advocates rallied Monday in support of President Barack Obama’s executive orders extending deportation protection to an estimated 4 million people.

Dozens of activists gathered in front of the federal building in downtown Los Angeles, waving signs and chanting slogans such as “We are America.”

“We are waiting on this decision,” Polo Morales of the Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles told the crowd.”

Morales said the immigration issue should be on the minds of politicians, and their position on the Deferred Action for Childhood Arrivals program, which is already in place to protect children who were brought to the country by their parents from deportation, will factor heavily among immigrant voters.

A pro-immigrant group gathered Monday morning to support DACA and DAPA (Courtesy of Catherine Lyons)

A pro-immigrant group gathered Monday morning to support DACA and DAPA (Courtesy of Catherine Lyons)

“This is what we’re talking about—the folks that are here that are benefiting from this program have citizen children that are eligible to vote,” he said. “So if you’re talking about getting rid of this program you’re also talking about the future of the next election. So how you talk about this program and how you support immigrants is going to (determine) whether you take that seat in the White House or not.”

In May 2015, a Fifth Circuit Court of Appeals panel in New Orleans upheld an injunction issued in February by U.S. District Judge Andrew Hanen of Texas. That injunction was issued in response to lawsuits filed by 26 states seeking to halt Obama’s executive actions on immigration.

Those states argued that Obama overstepped his legal authority when he took the executive actions, insisting he does not have the ability to unilaterally set immigration policy.

The legal wrangling has suspended implementation of a program that would extend work permits and protection against deportation to parents of U.S.-born children and expand the existing program for immigrants who arrived illegally as children. The programs—often referred to by their acronyms, DAPA and DACA—would affect an estimated half-million Angelenos.

The three-justice panel ruled that the states had sufficient legal ground to bring suit and that the administration failed to show it would be harmed by further delays.

Los Angeles and nearly 120 other cities and counties across the country signed on to legal pleadings in support of Obama’s programs.

“Without the guidance, millions of families in our cities and counties face the threat of deportation, destabilizing our communities and jeopardizing the welfare of families and children,” according to the brief, which was co-drafted by Los Angeles City Attorney Mike Feuer and New York City counterparts.

The brief also points to the potential “economic harm” of not allowing taxpaying immigrants to work and stay in the country. Obama’s executive policies are expected to inject as much as $800 million in “economic benefits” to state and local governments, according to the brief.

Local elected officials raised their voices in support of Obama’s actions.

“The Supreme Court decision that will stem from today’s oral arguments will affect millions of aspiring Americans who have already put down roots in our communities and are contributing to our economy,” said Rep. Judy Chu, D-Pasadena. “Tearing those families apart would be costly and contrary to our nation’s values. That is why members of Congress, governors, mayors and legal scholars from across the country have spoken out in support of these actions.”

Rep. Lucille Roybal-Allard, D-Los Angeles, called Obama’s actions local and humane.

“If these actions take effect, more qualified immigrants will be able to come out of the shadows and contribute to our nation,” she said. “More families will be able to live in peace, free from fears of being torn apart.”

The executive actions have been met with opposition from Republicans, who insist that Congress is responsible for crafting immigration laws.

Los Angeles County Supervisor Michael Antonovich said earlier this year the Supreme Court should find the president “clearly lacks statutory authority to change the law without Congressional action.”

While Antonovich said he supports legal immigration as “vital to our nation’s economy and culture,” he added that “illegal immigration costs county taxpayers nearly $2 billion dollars a year and siphons resources away from services for legal immigrants and county residents.”

Alertan a Personas Acerca de Sofisticadas Estafas de Inmigración e Impuestos

February 4, 2016 by · Leave a Comment 

Las estafas en casos de inmigración e impuestos son cada vez más sofisticadas con el fin de engañar a la comunidad inmigrante, se informó la semana pasada en una reunión para advertir sobre las más recientes tendencias de engaños.

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) celebró la sesión de advertencia con la participación del jefe de investigación del Departamento de Asuntos del Consumidor del condado de Los Ángeles, Rigoberto Reyes, y el testimonio de dos inmigrantes.

“Hay que poner mucho ojo a cualquier oferta que pareciera muy jugosa como para ser verdad”, declaró a Efe Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de CHIRLA.

Reyes recordó que todas las personas tienen derechos y ofreció los recursos que tiene su departamento para presentar quejas o denunciar este tipo de fraudes.

Igualmente insistió en que solamente los abogados titulados con licencia pueden realizar trámites de legalización de inmigrantes en contraposición con los notarios que, en Estados Unidos, no tienen esa función.

“Los errores migratorios no solamente cuestan dinero sino que pueden dar fin al Sueño Americano”, comentó Reyes.

María, una inmigrante indocumentada de Albuquerque, Nuevo México, presentó su testimonio telefónicamente explicando que luego de haber dado su información para recibir un curso gratuito de inglés fue víctima de un intento de estafa.

La inmigrante recibió una llamada donde le decían que debía dinero al estado y que si no pagaba la iban a deportar, pero que si mandaba el dinero en una orden de pago la iba a defender la conocida abogada Jessica Domínguez.

“Se trata de un fraude complicado porque tienen el teléfono de alguien que pidió un servicio para mejorar y están usando el nombre de una abogada reconocida”, comentó Cabrera.

María contactó a las autoridades y a la abogada de Los Ángeles y comprobó que la amenaza no era cierta.

Por su parte, Reina, una mujer salvadoreña recibió una carta con el logotipo del departamento de inmigración informándole que tenía 30 días para salir del país.

No obstante, la comunicación llegó en un sobre no oficial y con una estampilla de correo, que las agencias federales no tienen necesidad de utilizar.

Cabrera anotó que con el “aumento de las redadas enfocadas en los centroamericanos y el hecho de que la Corte Suprema pronto va a fallar el caso de la DAPA y la extensión de DACA”, tanto la comunidad centroamericana como los posibles beneficiarios de las medidas administrativas pueden ser más vulnerables a las ofertas fraudulentas.

El activista recomendó que “antes de procesar cualquier documento se acerquen a una organización comunitaria de confianza o a un abogado, que aunque haya que pagar una consulta es mejor pagar una cantidad pequeña y no entregar miles de dólares a alguien que los va a defraudar”.

“Ya que hemos venido a este país para mejorar nuestras vidas y para tener un mejor futuro, no caigamos presa de estos traficantes de dinero y de esperanzas”, concluyó el representante de CHIRLA.

 

Miles Esperan Decisión de la Corte Suprema Sobre Alivio Migratorio

January 14, 2016 by · Leave a Comment 

El Tribunal Supremo tiene en sus manos el futuro migratorio del país y el de más de cinco millones de indocumentados que podrían evitar la deportación si la máxima corte acepta este viernes considerar el caso de las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama y falla a su favor.

Ya durante su campaña presidencial de 2008, Obama se comprometió a solucionar los problemas derivados de un sistema migratorio que todo el espectro político coincide en que está “roto”, sin embargo, los republicanos en el Congreso no han permitido que en sus siete años de mandato se aprobara una reforma integral del mismo.

Así pues, el mandatario demócrata decidió hacer uso de su poder ejecutivo para al menos evitar la deportación de varios millones de indocumentados, una postura que, según los conservadores, ha cruzado los límites constitucionales.

Primero, favoreció a los jóvenes inmigrantes llegados al país cuando eran niños en 2012 con la llamada acción diferida o DACA, para ampliar dichas exenciones en 2014 a los padres inmigrantes de ciudadanos o residentes (DAPA), unas medidas que pretenden, en palabras de la Casa Blanca, “dar prioridad a la deportación de criminales, y no a las familias”.

Liderados por Texas, un total de 26 estados -la mayoría gobernados por republicanos- presentaron una demanda contra las acciones ejecutivas del presidente que provocó el bloqueo de su puesta en marcha en febrero del año pasado.

El Departamento de Justicia anunció en noviembre que llevaría el caso al Alto Tribunal por estar en desacuerdo con la decisión de la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, que decidió mantener la suspensión de las medidas tras meses de deliberación.

“El Departamento de Justicia mantiene su compromiso de tomar medidas que resuelvan el litigio sobre inmigración lo antes posible (…), dando prioridad a la deportación de los peores delincuentes, y no a las personas que tienen vínculos de larga duración con EEUU y que están criando niños estadounidenses”, aseguró el portavoz del Departamento, Patrick Rodenbush.

La decisión del Gobierno de plantear el caso ante el Supremo era muy esperada por activistas e inmigrantes, y alienta una batalla potencial sobre las políticas de inmigración del presidente en medio de un año electoral que desembocará en los comicios presidenciales del próximo 8 de noviembre.

Varios grupos de activistas proinmigrantes, como Casa de Maryland, se reunirán frente a la sede del Tribunal Supremo en Washington a la misma hora en la que los jueces deberán hacer público si toman o no a consideración el asunto, con el objetivo de subrayar su impacto social.

La llamada Acción Diferida (DACA) ha protegido de la deportación desde 2012 a más de medio millón de jóvenes que entraron al país siendo niños y el plan DAPA, anunciado por el presidente a finales del año pasado y que aún no se ha puesto en marcha, beneficiaría a padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales.

Cada año, la máxima instancia judicial del país recibe aproximadamente 10.000 peticiones, pero solo admite a trámite entre 75 y 80 casos, según datos oficiales de la corte.

Consciente de ello, en su recurso, el Gobierno pidió al Supremo que “encarecidamente” garantice “la inmediata revisión” del caso por su “enorme importancia” y “el irreparable daño” que el retraso de la implementación de las medidas causará a sus posibles beneficiarios, cinco de los 11 millones de indocumentados que hay en el país.

Si el Alto Tribunal admite la consideración de las acciones ejecutivas, el fallo sobre las mismas tendría lugar antes de que acabe el mes de junio, coincidiendo con el comienzo de la recta final de las elecciones presidenciales.

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