Nominado de Trump Para Supremo: ‘No hay Jueces Republicanos o Demócratas’

March 23, 2017 by · Leave a Comment 

El juez Neil Gorsuch, nominado por el presidente Donald Trump para el Tribunal Supremo, aseguró el 21 de marzo que “no existe algo como un juez republicano y uno demócrata” y reiteró su compromiso para actuar de manera “imparcial” de acuerdo a la ley.

“Estoy alentado por el respaldo recibido de gente que reconoce que no existe algo como un juez republicano o un juez demócrata, solo hay jueces en este país”, indicó Gorsuch en su segundo día en la audiencia de confirmación ante el Comité Judicial del Senado.

El nominado por Trump remarcó que no tiene “ninguna dificultad fallando una sentencia contra cualquier partido” ya que “su único cliente es la ley”.

Su comparecencia se produce en un momento de especiales tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo tras los ataques que Trump ha lanzado públicamente contra los jueces federales por el bloqueo de su decreto para prohibir temporalmente la entrada a EE.UU. a los refugiados y a los nacionales de seis países musulmanes.

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El año pasado, los republicanos bloquearon al designado para el Tribunal Supremo por el entonces presidente Barack Obama. Foto por Stacey Arévalo

Gorsuch, que desde 2006 ejerce como magistrado de la Corte de Apelaciones del Décimo Distrito, una instancia inmediatamente inferior al Tribunal Supremo y con sede en Denver (Colorado), fue designado por el presidente estadounidense para ocupar la plaza dejada por el fallecimiento el pasado año del magistrado Antonin Scalia.

Los senadores demócratas han mostrado su rechazo a la designación de Gorsuch después de que los republicanos el pasado año bloqueasen al designado por el entonces presidente Barack Obama, Mervin Garland, a la espera del resultado electoral en las presidenciales de noviembre.

La senadora Dianne Feinstein, la demócrata de mayor rango en el comité judicial, criticó el comportamiento de los republicanos en su intervención hoy como algo “sin precedentes”.

“Estoy profundamente molesta de que sea bajo estas circunstancias que comenzamos estas audiencias”, dijo Feinstein.

Para lograr su confirmación, una vez superado el trámite del Comité Judicial del Senado, Gorsuch necesita lograr en el Senado una mayoría de 60 votos para su confirmación rápida, una barrera que podría tener difícil superar debido a que los republicanos tienen una mayoría de 52 escaños en la Cámara Alta y necesitaría el apoyo de varios demócratas.

Los demócratas podrían retrasar el proceso, pero lo más probable es que finalmente se imponga la mayoría republicana de llegar a requerir un voto por mayoría simple.

Tribunal Supremo Mantiene Bloqueados los Programas DAPA y DACA Extendido

June 23, 2016 by · Leave a Comment 

Activistas y líderes defensores de los inmigrantes de Los Ángeles lamentaron el empate registrado hoy Jueves en la Corte Suprema sobre las medidas migratorias del presidente Barack Obama, por lo que se mantiene el bloqueo a este alivio ejecutivo.

“Estamos estancados como comunidad”, declaró a Efe Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).

“Yo me siento muy frustrada porque siempre están deteniendo las decisiones de nuestra comunidad. Un empate no es una decisión, pero al no poder decidir (la Corte Suprema) nuestra comunidad no puede solicitar esa protección contra la deportación”, lamentó.

El Supremo empató (4-4) sobre la legalidad de las medidas presidenciales conocidas como Acción Diferida para Padres (DAPA) y la extensión de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

A pesar de este revés, los líderes anunciaron que seguirán impulsando la lucha en distintos frentes para proteger la unión de las familias y para buscar una solución estable a la situación de los indocumentados.

Activistas pro-inmigrantes se reunieron esta mañana en CHIRLA para hablar sobre la decisión del Supremo. (Cortesía CHIRLA)

Activistas pro-inmigrantes se reunieron esta mañana en CHIRLA para hablar sobre la decisión del Supremo. (Cortesía CHIRLA)

“Es un poco triste dado que las familias que necesitan protección contra la deportación no van a tenerla debido a esta decisión”, declaró a Efe Martha Arévalo, directora ejecutiva Centro de Recursos Centroamericanos, Carecen.

“Son familias que todos los días tienen el miedo de ser separadas, de ser deportados, de separarse sus hijos y todavía tienen que vivir con ese miedo y en las sombras”, reclamó la activista.

Arévalo destacó cómo, aunque se ha luchado para que DAPA y DACA+ se puedan aplicar, en ningún momento se ha detenido la lucha por otras metas como la reforma migratoria o el trabajo independiente de las autoridades locales con respecto a las de inmigración.

“Nosotros no hemos dejado de buscar un alivio permanente, una reforma justa. Somos una comunidad sofisticada que -como dicen en inglés- puede ‘caminar y mascar chicle al mismo tiempo’, y que puede y debe pelear por muchas cosas”, aseguró Arévalo.

Salas responsabilizó al Partido Republicano por la falta de resultados favorables a los inmigrantes indocumentados.

“Inmediatamente le pedimos a la comunidad que nos sigamos organizando para crear más poder, para frenar esas deportaciones que siempre nos están atacando, pero también para mantener responsables a los republicanos que nos han atacado una y otra vez”, reclamó la líder de CHIRLA.

Jueces Parecen Estar Divididos en el Caso de Inmigración

April 21, 2016 by · Leave a Comment 

El ambiente era de celebración, como si ya hubieran ganado.

En realidad, la victoria, la derrota o un empate en un caso que podría determinar el futuro de millones de inmigrantes en el país de forma ilegal esta todavía a meses de saberse.

El lunes por la mañana—frente a la Corte Suprema de EE.UU. en Washington DC y en decenas de ciudades del país—miles de inmigrantes y sus partidarios se manifestaron en apoyo de las acciones ejecutivas del presidente Obama que de aprobarse darían a cuatro millones de inmigrantes indocumentados alivio temporal de la deportación.

Read this article in English: Justices Appear Divided On Immigration Case

Las manifestaciones se llevaron a cabo mientras ocho jueces del Tribunal Supremo escucharon los argumentos orales en el caso United Staes v. Texas (Estados Unidos v. Texas), una demanda que desafía la constitucionalidad de la autoridad del presidente para realizar las acciones.

Las preguntas planteadas por los ocho jueces parecen indicar que están divididos 4-4, con los cuatro jueces conservadores que se inclinan hacia la defensa de la decisión del tribunal inferior.

En defensa de las acciones del presidente, los peticionarios preguntaron si Texas y otros estados están legitimados para presentar la demanda.

En mayo de 2015, un panel del Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans confirmó una orden judicial emitida por un juez del Distrito de EE.UU. en Texas en una demanda presentada por Texas y otros 25 estados mayoritariamente republicanos que buscan poner fin a las acciones ejecutivas de Obama sobre la inmigración.

Los estados argumentaron que Obama se excedió en su autoridad legal cuando tomó las acciones ejecutivas, insistiendo en que no tiene la capacidad de fijar unilateralmente la política de inmigración.

La batalla legal ha suspendido la implementación de un programa que otorgaría permisos de trabajo y protección contra la deportación a padres de los niños nacidos en EE.UU. y ampliaría el programa existente para los inmigrantes que llegaron ilegalmente cuando eran niños y no calificaron al DACA original debido a límite de edad. Los programas—conocidos por sus acrónimos como DAPA y DACA—afectarían alrededor de medio millón de angelinos.

Miles de personas se reunieron en los escalones de la Corte Suprema para apoyar a DAPA y DACA mientras se llevaban a cabo los argumentos orales. (Oficina del congresista Xavier Becerra)

Miles de personas se reunieron en los escalones de la Corte Suprema para apoyar a DAPA y DACA mientras se llevaban a cabo los argumentos orales. (Oficina del congresista Xavier Becerra)

El panel de tres jueces dictaminó que los estados tenían suficiente base legal para iniciar la demanda y que la administración falló en demostrar que se verían perjudicados por nuevos retrasos.

El congresista Xavier Becerra (D-34), cuyo distrito incluye partes del Este y Noreste de Los Ángeles, estaba en la Corte para los argumentos orales y le dijo a EGP después de la audiencia que los jueces estaban atentos a ambas partes de los argumentos.

Hicieron preguntas muy importantes como “¿Cómo se define la presencia legal?” y ¿Cómo tratarían el problema de deportación [de inmigrantes indocumentados]?” si fuese a suceder, dijo.

Para Becerra, el umbral es si Texas, tiene el derecho de llevar el caso a los tribunales, “porque [ellos] tienen que demostrar que el estado se verá perjudicado” por las medidas.

En 2015, Texas argumentó que el estado sufriría un daño financiero debido a una política de Texas que permite al estado a emitir licencias de conducir a los no ciudadanos que viven legalmente en el estado.

Los jóvenes indocumentados que calificaron para DACA en 2012 no se les permitió inicialmente solicitar una licencia de conducir de Texas, pero eso cambió un año después cuando la Administración Obama confirmó que los receptores de DACA están autorizados para estar en EE.UUy por lo tanto se consideran “legalmente presentes” bajo las leyes federales de inmigración.

Durante los argumentos orales el abogado general de EE.UU., Donald B. Verrilli argumentó que bajo la ley actual de Texas, “les darán una licencia de conducir ahora a cualquier categoría de persona que tenga un documento del gobierno federal, no sólo diciendo que están legítimamente presentes—pero que oficialmente estamos tolerando tu presencia”.

“Hay un gran número de personas bajo la ley existente de Texas elegibles para una licencia a pesar de no estar legítimamente presentes”, dijo Verrelli durante la sesión de 90 minutos. Sostuvo que Texas podría cambiar su legislación para negar licencias de conducir a inmigrantes.

“Se podría demandar inmediatamente”, respondió el juez presidente John G. Roberts, llamandola una “Catch 22” (trampa 22) en referencia a la posibilidad de demandar al gobierno federal de Texas durante su tratamiento desigual de los inmigrantes considerados legalmente en el país.

Hablando en defensa de las acciones de Obama, el presidente y abogado general de MALDEF Thomas A. Sáenz presentó testimonios de tres madres inmigrantes no autorizadas—identificadas como Jane Does—que se beneficiarían de DAPA.

“Los jueces parecían estar muy interesados durante todo el argumento”, dijo Sáenz durante una conferencia de prensa telefónica después de los argumentos orales. Era necesario mostrar los “rostros humanos” de quienes están siendo puestos en riesgo, agregó.

“Sin su participación, las únicas partes serían políticas, por lo que era importante contar con la perspectiva de aquellos que están esperando”, dijo a los reporteros.

La muerte del juez Antonin Scalia a principios de este año dejo la corte dividida 4-4 en las líneas partidistas. Si la división conservadora/liberal se mantiene, una decisión de 4-4 permitiría que la decisión del tribunal inferior prevalezca.

“Habría consideración de lo que podría hacerse en un tribunal o de otra manera, limitar el alcance de la medida cautelar de restricción en todo el país excluyendo la implementación por todos lados” en respuesta, dijo Sáenz.

Los demandantes en el caso también afirman que los pedidos de inmigración del presidente Obama representan un cambio drástico en las políticas del país sin la autorización del congreso.

Es un argumento respaldado por el congresista de California Darrell Issa (R-49) que representa a las zonas costeras de los condados de San Diego y Orange.

“La Constitución no puede ser más clara. Es el trabajo del congreso escribir las leyes y es el trabajo del presidente ver que se ejecuten fielmente”, dijo Darrell en un comunicado el lunes.

El juez Anthony Kennedy parecía estar de acuerdo. “Es como si el presidente está fijando la política y el congreso la esta ejecutado. Esta al revés”, dijo Kennedy, quien usualmente es el voto decisivo de la corte.

“Tenemos básicamente 10 millones, novecientas mil personas que no pueden ser deportadas porque no hay suficientes recursos”, dijo Sonia Sotomayor después de aclarar que el congreso sólo había asignado fondos para deportar a cerca de 400.000 personas en el país ilegalmente cada año. “Están aquí, lo queramos o no”.

Una coalición de 15 estados, incluyendo California, más el Distrito de Columbia y 118 ciudades y condados, sin embargo, han demostrado apoyo a las acciones del presidente.

En los escritos “amigos-de-las-cortes”, los partidarios de la acción ejecutiva del presidente argumentan que sus directivas no perjudican a los 26 estados que buscan sean revocadas, pero en su lugar serían de beneficios sustanciales no sólo a los inmigrantes indocumentados y sus familias, sino para las arcas del gobierno también.

El informe, que fue co-redactado por el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, el abogado de la ciudad Mike Feuer y sus homólogos de la Ciudad de Nueva York, también recalca el posible “perjuicio económico” de no permitir que los inmigrantes que pagan impuestos trabajen y permanezcan en el país.

Se espera que las políticas ejecutivas de Obama le inyecten hasta $800 millones en “beneficios económicos” a los gobiernos estatales y locales, de acuerdo con el informe.

La congresista Lucille Roybal-Allard (D-40) quien representa al Este de L. A. y partes del sureste y el sur de Los Ángeles, dijo en un comunicado que las acciones ejecutivas del presidente Obama para expandir e implementar DACA y DAPA no sólo son legales, sino también humanas.

“Si estas acciones toman efecto, más inmigrantes calificados podrán salir de las sombras y contribuir a nuestra nación. Más familias podrán vivir en paz, libres de temores de ser separados”, dijo. “Estoy segura de que la Corte Suprema afirmará que el presidente Obama tiene todo el derecho para implementar las acciones ejecutivas”.

Sáenz dijo que esta muy optimista. “Vi a un tribunal que estaba del lado de la justicia”.

Se espera una decisión final en junio.

Información City News Service utilizó en este informe.

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Tribunal Supremo Examina las Medidas Migratorias del Presidente Obama

April 18, 2016 by · Leave a Comment 

El Tribunal Supremo examinó el lunes si el presidente Barack Obama proclamó de forma legal sus medidas migratorias para frenar la deportación de cinco millones de indocumentados o si, por el contrario, se excedió en su poder, como sostiene la oposición republicana.

La cita judicial llega en un momento de alta tensión de cara a las elecciones presidenciales de noviembre con candidatos como el magnate Donald Trump, aspirante a la nominación presidencial republicana y que aboga por construir un muro en la frontera con México y deportar a todos los indocumentados del país.

“Las familias no tienen fronteras” y “paren las deportaciones” son algunos de los mensajes que lucieron las pancartas que desde primera hora del día se agolpan a las puertas de la corte, donde el Movimiento para una Reforma Migratoria Justa reunió alrededor de 3.500 personas en una gran manifestación.

Un grupo de activistas se reunieron en Los Ángeles para presentar apoyo a la audiencia de DAPA en Washington. (Catherine Lyons)

Un grupo de activistas se reunieron en Los Ángeles para presentar apoyo a la audiencia de DAPA en Washington. (Catherine Lyons)

Dentro del alto tribunal, durante una audiencia de 90 minutos, los jueces analizaron las acciones ejecutivas que Obama proclamó en noviembre de 2014 y que fueron bloqueadas a comienzos de 2015, un día antes de entrar en vigor, a petición de una coalición de 26 estados, liderados por Texas y en su mayoría con gobernadores republicanos.

Los 26 estados consideran que Obama se ha excedido en su poder al proclamar por decreto su plan migratorio, que consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA) y cuyo objetivo es evitar la deportación de jóvenes indocumentados que llegaron de niños a EEUU.

La otra parte del plan es el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que busca evitar la deportación de los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.

Estas medidas son temporales y permitirían a los beneficiarios conseguir un permiso de trabajo, un seguro social y una licencia de conducir.

Consciente de que se juega uno de sus mayores legados en política interior, el Gobierno de Obama defiende su poder para fijar diferentes prioridades en la expulsión de indocumentados y pone de ejemplo a dos expresidentes republicanos, Ronald Reagan y George H.W. Bush, quienes proclamaron acciones similares en el pasado.

Además de los estados y el Gobierno federal, testificó un abogado del Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación (Maldef), que representa a tres mujeres indocumentadas de Texas y que podrían acogerse a uno de los programas proclamados por Obama.

En apoyo de la tesis que defienden los estados, dio su testimonio un letrado que representa a la mayoría republicana de la Cámara Baja, que sostiene que Obama se extralimitó en su poder, proclamó medidas demasiado amplias y solo el Congreso tiene capacidad para cambiar las leyes migratorias.

Frente a las partes, dentro de la corte hay solo ocho de los nueve jueces con cargos vitalicios que deben componer el Supremo, dividido en cuatro conservadores y cuatro progresistas debido a la inesperada muerte en febrero del magistrado conservador Antonin Scalia.

El dictamen llegará en junio y, si empatan, los magistrados tienen la opción de dejar en vigor el veredicto de la corte inmediatamente inferior, lo que perjudicaría a Obama, o decidir que el caso vuelva a argumentarse ante el Supremo una vez que un nuevo juez se incorpore a la corte.

Organizaciones Proinmigrantes Inician Huelga de Hambre a Favor de DAPA

March 15, 2016 by · Leave a Comment 

Activistas de varias organizaciones defensoras de los inmigrantes indocumentados comenzaron el lunes una huelga de hambre para pedir al Tribunal Supremo que apoye las medidas ejecutivas del presidente Barack Obama para el alivio migratorio, a falta de poco más de un mes para que se revise el caso.

Una coalición de organizaciones anunció el lunes ante el Supremo el inicio de la campaña “Cadena de ayuno por DAPA”, por las siglas en inglés del programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres, que busca amparar a padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.

Además del DAPA, los grupos proinmigrantes apoyan las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama, que incluyen el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), destinada a evitar la deportación de jóvenes “dreamers” (soñadores) que llegaron al país de niños, acompañando a sus padres indocumentados.

Ante las escalinatas del Tribunal Supremo, zapatos donados por inmigrantes formaron una fila para dibujar un “rastro de inmigrantes”. (Cortesía @trulldc

Ante las escalinatas del Tribunal Supremo, zapatos donados por inmigrantes formaron una fila para dibujar un “rastro de inmigrantes”. (Cortesía @trulldc)

Obama presentó en noviembre de 2014 una ampliación de un programa ejecutivo de 2012, pero la iniciativa fue bloqueada en los tribunales por la demanda de un grupo de 26 estados, en su mayoría republicanos y liderados por Texas, un tema que tendrá que ver el Supremo el 18 de abril próximo.

Los estados demandantes argumentan que el plan migratorio de Obama, del que se beneficiarían más de 5 millones de inmigrantes indocumentados, excede la autoridad constitucional del presidente.

Con carteles como “Nuestras familias se merecen justicia, ayunamos por DAPA” o “Tribunal Supremo: protege nuestro futuro”, decenas de personas de diferentes organizaciones se manifestaron ante el máximo tribunal de la nación.

La “Cadena de ayuno por DAPA” consistirá en una huelga de hambre escalonada, en la que los activistas de grupos como Asociación de Madres de “dreamers” en Acción, DREAMers o la Coalición de Organizaciones Latinas de Virginia (VACOLAO) ayunarán durante uno o dos días y se irán pasando el relevo, hasta el 18 de abril, día en que comienza la audiencia del caso.

Ante las escalinatas del Tribunal Supremo, zapatos donados por inmigrantes formaron una fila para dibujar un “rastro de inmigrantes”, explicó el presidente de la Coalición de Organizaciones Latinas de Virginia (VACOLAO), Edgar Aranda-Yanoc.

Los zapatos sostenían banderas de EEUU, en representación de “las aspiraciones” de los inmigrantes de “conseguir la ciudadanía” y “participar plenamente en la vida del país”, dijo Aranda-Yanoc, que comenzó su turno con una huelga de hambre de dos días.

Desde la Asociación de Madres de “dreamers” en Acción, Lenca Mendoza, que también comenzó el ayuno el lunes, enfatizó la necesidad de la “reunificación familiar” mediante la regularización de su estatus migratorio.

Mendoza llegó a Estados Unidos en el año 2000 procedente de Perú, junto con su marido, que tenía un contrato de trabajo, y sus dos hijas menores de edad, y en este periodo de tiempo han tenido una tercera niña que nació con la ciudadanía estadounidense.

Las hijas mayores se beneficiaron en 2012 del programa DACA, por haber llegado al país durante la infancia, y ahora Mendoza pide la renovación de DAPA para que, como padres de una ciudadana estadounidense, ella y su marido se puedan acoger al programa.

La activista expresó su “deseo de seguir contribuyendo a este país”, con su trabajo y con los impuestos.

De la asociación””Dreamer”, la estudiante Andrea Delgadillo acudió desde California a la protesta ante el Tribunal Supremo, donde anunció su adhesión a la huelga de hambre.

Delgadillo, en su segundo año de universidad, también se acogió al programa DACA en 2012, lo que le ofreció “muchas oportunidades”, ya que con la obtención de la afiliación a la seguridad social pudo “conseguir ayuda financiera” para pagarse los estudios.

“Es el momento de la justicia, pedimos oportunidad, esta es nuestra casa”, añadió la universitaria.

También se adhirió a la protesta, en representación de la Organización de Trabajadores Unidos de Washington DC, Roberto Villareal, que ayunará durante los próximos días.

“Buscamos una solución que integre a todas las familias” ya que separar padres e hijos es “un acto inhumano”, argumentó.

El Tribunal Supremo anunció el 19 de enero que revisaría la legalidad de las medidas de alivio migratorio de Obama, y el fallo se espera para junio, en la recta final de la campaña electoral.

 

 

Obama Se Propone a Nominar un Candidato para el Tribunal Supremo

February 17, 2016 by · Leave a Comment 

El presidente, Barack Obama, insistió el martes en que propondrá a un candidato con una “mente legal espectacular” para sustituir en el Tribunal Supremo al magistrado Antonin Scalia, fallecido este sábado a los 79 años, a pesar de la amenaza de veto de la mayoría republicana del Senado.

“Tengo la intención de nominar en el tiempo necesario a un candidato muy cualificado”, señaló el mandatario en una rueda de prensa en la localidad de Rancho Mirage, CA, donde mantuvo una cumbre de dos días con los líderes de las naciones del sudeste asiático (ASEAN).

La muerte de Scalia abrió automáticamente una fiera batalla entre Obama, que asegura que propondrá a un sustituto antes de dejar la Casa Blanca en enero de 2017, y la oposición de la mayoría republicana del Senado, que rechaza confirmar a cualquier candidato del presidente.

Durante su rueda de prensa, el mandatario no dio pistas sobre si baraja a un candidato moderado, aunque señaló que “presentará a alguien cualificado de forma indiscutible para el asiento” y que, incluso alguien con opiniones políticas diferentes a las suyas, considerará que el candidato actuará con “honor e integridad”.

“Espero que hagan su trabajo”, dijo Obama sobre los senadores republicanos, que creen que el nuevo presidente elegido en las elecciones de noviembre es el que debe de nombrar al nuevo juez, de forma que el asiento de Scalia quedaría vacío 11 meses hasta que el mandatario deje la Casa Blanca, en enero de 2017.

“Casi nos hemos acostumbrado al obstruccionismo del Senado”, criticó Obama, quien aseguró tener 14 nominaciones esperando a ser aprobadas por la Cámara Alta, a la que la Constitución otorga la potestad de aprobar o rechazar las nominaciones del Presidente.

El Tribunal Supremo debe estar formado por nueve jueces, con cargos vitalicios, y hasta ahora había cinco conservadores y cuatro progresistas, por lo que los republicanos temen que un nuevo nombramiento de Obama—ya designó a dos juezas—podría inclinar la balanza a favor de los progresistas.

“El Tribunal Supremo no es una extensión de la Casa Blanca. El presidente tiene todo el derecho a nominar a alguien para el Tribunal Supremo, pero el Congreso como una rama igual (del Estado) tiene todo el derecho a no confirmar a nadie”, aseveró el martes el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan.

Frente a la mayoría republicana, los demócratas están presionando a los republicanos del Senado—un tercio afronta la reelección en noviembre—a que confirmen al candidato que Obama proponga.

Para nombrar un sustituto, el presidente debe de proponer oficialmente a un candidato que, antes de pasar al Senado, debe de ser estudiado por el Comité Judicial de la Cámara Alta.

El presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano Chuck Grassley, aseguró hoy que no ha tomado una decisión sobre si debe de vetar automáticamente a los candidatos que proponga Obama e invitó a “esperar hasta que el mandatario haga su propuesta” para tomar una decisión.

En sus declaraciones públicas, Obama destacó que varios jueces del alto tribunal lograron la confirmación del Senado en año electoral, como el juez Anthony Kennedy, nominado por el presidente Ronald Reagan en 1987 y confirmado en 1988.

El nombramiento de un nuevo juez, con el poder de moldear las leyes de EEUU, llega en un momento crucial para el país, inmerso en un competitivo proceso de primarias para nombrar al aspirante demócrata y republicano que competirá por la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de noviembre de este año.

Tribunal Supremo Revisará Plan Migratorio de Obama

January 19, 2016 by · Leave a Comment 

El Tribunal Supremo decidió hoy martes que revisará la legalidad del plan ejecutivo del presidente Barack Obama para suspender temporalmente la deportación de unos cinco millones de inmigrantes indocumentados, con lo que el fallo se espera para junio, en la recta final de la campaña electoral.

Tras cerrar la semana pasada sus deliberaciones al respecto sin una decisión, el máximo tribunal del país anunció hoy su intención de estudiar la apelación presentada por el Gobierno de Obama para poder aplicar sus medidas migratorias, que debían haber entrado en vigor el año pasado.

Esas medidas, anunciadas por Obama en noviembre de 2014, fueron bloqueadas en febrero pasado a raíz de una demanda presentada por un total de 26 estados, en su mayoría gobernados por republicanos, liderados por Texas y que argumentan que el plan migratorio excede la autoridad que la Constitución otorga al presidente.

Se espera que los jueces del Supremo escuchen los argumentos del caso en abril para adoptar un fallo hacia finales de junio, apenas un mes antes de las convenciones demócrata y republicana para seleccionar a los candidatos presidenciales de cara a las elecciones de noviembre.

El asunto de la inmigración, y en particular las medidas ejecutivas de Obama, está siendo muy debatido en esta campaña electoral.

La mayoría de los precandidatos republicanos a la Casa Blanca se opone a esas medidas de Obama para beneficiar a los indocumentados, mientras que los aspirantes demócratas prometen ir incluso más lejos que el presidente para reformar el sistema migratorio.

El plan migratorio presentado por Obama en noviembre de 2014 consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA) y cuyo objetivo es evitar la deportación de los jóvenes “dreamers” (soñadores) que llegaron al país siendo niños acompañando a sus padres indocumentados.

La otra parte del plan es el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que busca amparar a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.

En febrero pasado, un juez federal de Texas bloqueó las medidas de Obama a raíz de la demanda presentada por 26 estados y en noviembre la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, decidió mantener la suspensión.

El Gobierno de Obama, apoyado por una coalición de 15 estados favorables a las medidas migratorias, presentó entonces una apelación ante el Supremo.

Si el Supremo falla a favor del Gobierno, Obama tendrá apenas medio año para tratar de poner en marcha sus medidas migratorias, ya que su mandato concluirá en enero de 2017.

En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, no quiso especular hoy sobre cuánto tiempo puede tomar la puesta en marcha de las medidas si el Supremo las avala, pero sí recalcó que el Gobierno tiene “mucha confianza” en los argumentos legales que presentará ante el alto tribunal.

Earnest reiteró, además, que el plan migratorio de Obama tendría un “impacto práctico y positivo” no solo para cientos de miles de familias, sino también para la economía nacional.

El portavoz comentó, asimismo, que las medidas del presidente “no absuelven” al Congreso de la responsabilidad de actuar para reformar el sistema migratorio.

Obama se comprometió por primera vez en 2008, durante su primera campaña electoral, a cambiar el “roto” sistema migratorio y decidió actuar unilateralmente en 2014 ante la imposibilidad de sacar adelante en el Congreso una reforma al respecto.

Activistas y organizaciones de indocumentados acogieron hoy con optimismo la decisión del Supremo.

Por su parte, el Centro Estadounidense para la Ley y la Justicia (ACLJ) anunció que presentará un escrito de “amicus curiae” ante el Supremo instando a que se mantenga el bloqueo de las medidas migratorias.

En estas últimas semanas el Gobierno de Obama ha recibido duras críticas de activistas y políticos demócratas por el inicio de una campaña de redadas y la deportación de al menos 121 inmigrantes indocumentados, en su mayoría centroamericanos.

En respuesta, el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, adelantó la semana pasada los planes de “expandir el programa de admisión de refugiados” para incluir a ciertos inmigrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras que huyen de la violencia en sus países de origen, con la colaboración de la ONU.

 

Tribunal Supremo Pospone Decisión Ante Medidas Migratorias

January 15, 2016 by · Leave a Comment 

El Tribunal Supremo federal pospuso hoy su decisión de tomar en consideración o no el caso de las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama en materia migratoria, una decisión que, tras su fallo, afectará a más de cinco millones de indocumentados en el país.

En caso de aceptar, y tras meses de litigios, la máxima corte pondría fin al debate sobre la legitimidad del mandatario para otorgar alivio migratorio a los jóvenes inmigrantes que llegaron al país siendo niños, así como a los padres de ciudadanos estadounidenses o residentes que estén en situación irregular.

Obama decidió actuar de manera unilateral después de que el Congreso, de mayoría republicana, no accediera a legislar sobre una reforma integral del sistema migratorio, una de sus prioridades desde que se presentara a la Presidencia del país en 2008, pero sus medidas fueron bloqueadas en los tribunales por sus oponentes.

Los jueces retomarán de nuevo su deliberación el martes de la semana entrante, día en el que podrían tomar una decisión, o bien posponerlo de nuevo al viernes siguiente, cuando también tienen prevista una nueva serie de consideraciones.

Ya durante su campaña presidencial de 2008, Obama se comprometió a solucionar los problemas derivados de un sistema migratorio que todo el espectro político coincide en que está “roto”, sin embargo, los republicanos en el Congreso no han permitido que en sus siete años de mandato se aprobara una reforma integral del mismo.

Así pues, el mandatario demócrata decidió hacer uso de su poder ejecutivo para al menos evitar la deportación de varios millones de indocumentados, una postura que, según los conservadores, ha cruzado los límites constitucionales.

Primero, favoreció a los jóvenes inmigrantes llegados al país cuando eran niños en 2012 con la llamada acción diferida o DACA, para ampliar dichas exenciones en 2014 a los padres inmigrantes de ciudadanos o residentes (DAPA), unas medidas que pretenden, en palabras de la Casa Blanca, “dar prioridad a la deportación de criminales, y no a las familias”.

Liderados por Texas, un total de 26 estados, la mayoría gobernados por republicanos, presentaron una demanda contra las acciones ejecutivas del presidente que provocó el bloqueo de su puesta en marcha en febrero del año pasado.

Si los nueve jueces que integran el Supremo deciden no tomar el caso a consideración, las medidas del mandatario quedarían invalidadas.

Miles Esperan Decisión de la Corte Suprema Sobre Alivio Migratorio

January 14, 2016 by · Leave a Comment 

El Tribunal Supremo tiene en sus manos el futuro migratorio del país y el de más de cinco millones de indocumentados que podrían evitar la deportación si la máxima corte acepta este viernes considerar el caso de las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama y falla a su favor.

Ya durante su campaña presidencial de 2008, Obama se comprometió a solucionar los problemas derivados de un sistema migratorio que todo el espectro político coincide en que está “roto”, sin embargo, los republicanos en el Congreso no han permitido que en sus siete años de mandato se aprobara una reforma integral del mismo.

Así pues, el mandatario demócrata decidió hacer uso de su poder ejecutivo para al menos evitar la deportación de varios millones de indocumentados, una postura que, según los conservadores, ha cruzado los límites constitucionales.

Primero, favoreció a los jóvenes inmigrantes llegados al país cuando eran niños en 2012 con la llamada acción diferida o DACA, para ampliar dichas exenciones en 2014 a los padres inmigrantes de ciudadanos o residentes (DAPA), unas medidas que pretenden, en palabras de la Casa Blanca, “dar prioridad a la deportación de criminales, y no a las familias”.

Liderados por Texas, un total de 26 estados -la mayoría gobernados por republicanos- presentaron una demanda contra las acciones ejecutivas del presidente que provocó el bloqueo de su puesta en marcha en febrero del año pasado.

El Departamento de Justicia anunció en noviembre que llevaría el caso al Alto Tribunal por estar en desacuerdo con la decisión de la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, que decidió mantener la suspensión de las medidas tras meses de deliberación.

“El Departamento de Justicia mantiene su compromiso de tomar medidas que resuelvan el litigio sobre inmigración lo antes posible (…), dando prioridad a la deportación de los peores delincuentes, y no a las personas que tienen vínculos de larga duración con EEUU y que están criando niños estadounidenses”, aseguró el portavoz del Departamento, Patrick Rodenbush.

La decisión del Gobierno de plantear el caso ante el Supremo era muy esperada por activistas e inmigrantes, y alienta una batalla potencial sobre las políticas de inmigración del presidente en medio de un año electoral que desembocará en los comicios presidenciales del próximo 8 de noviembre.

Varios grupos de activistas proinmigrantes, como Casa de Maryland, se reunirán frente a la sede del Tribunal Supremo en Washington a la misma hora en la que los jueces deberán hacer público si toman o no a consideración el asunto, con el objetivo de subrayar su impacto social.

La llamada Acción Diferida (DACA) ha protegido de la deportación desde 2012 a más de medio millón de jóvenes que entraron al país siendo niños y el plan DAPA, anunciado por el presidente a finales del año pasado y que aún no se ha puesto en marcha, beneficiaría a padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales.

Cada año, la máxima instancia judicial del país recibe aproximadamente 10.000 peticiones, pero solo admite a trámite entre 75 y 80 casos, según datos oficiales de la corte.

Consciente de ello, en su recurso, el Gobierno pidió al Supremo que “encarecidamente” garantice “la inmediata revisión” del caso por su “enorme importancia” y “el irreparable daño” que el retraso de la implementación de las medidas causará a sus posibles beneficiarios, cinco de los 11 millones de indocumentados que hay en el país.

Si el Alto Tribunal admite la consideración de las acciones ejecutivas, el fallo sobre las mismas tendría lugar antes de que acabe el mes de junio, coincidiendo con el comienzo de la recta final de las elecciones presidenciales.

Quinto Circuito Falla contra Medidas Migratorias

November 10, 2015 by · Leave a Comment 

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito emitió el lunes un fallo que tumba dos medidas clave en materia migratoria de la Administración que preside Barack Obama destinadas a evitar las deportaciones de indocumentados, lo que a su vez abrió las puertas a un posible pronunciamiento del Tribunal Supremo.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, de avalar el bloqueo de dos medidas promulgadas por el presidente estadounidense y que benefician a unos cinco millones de indocumentados podría ser apelada por la Casa Blanca ante el Supremo.

Si ese fuese el caso, la pelota pasaría a estar en manos de la más alta instancia judicial del país, cuyo pronunciamiento pondría fin a años de discusiones entre demócratas y republicanos sobre las medidas de “alivio” migratorio promulgadas por Obama y que los conservadores consideran inconstitucionales.

Por dos votos a favor y uno en contra, los magistrados de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito (con jurisdicción sobre Texas, Luisiana y Arkansas y considerada una de las más conservadoras del país) avalaron el fallo de un juez federal de Texas que en febrero suspendió las medidas migratorias.

Se mantendrá así durante por los menos varios meses (hasta que el Supremo se pronuncie si es que la Casa Blanca interpone recurso) el bloqueo a la Acción Diferida (DACA) para los jóvenes inmigrantes mayores de 31 años y su equivalente para los padres (DAPA).

DACA ha protegido de la deportación desde 2012 a más de medio millón de jóvenes que entraron al país siendo niños y eran menores de 30 años en el momento de su implementación y DAPA, que aún no se ha puesto en marcha, beneficiaría a padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales.

Los demandantes contra estos programas son una coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos, liderados por Texas y que sostienen que las medidas ejecutivas de Obama en inmigración son un cambio demasiado grande en la política del país como para que el presidente pueda actuar sin autorización del Congreso.

Por ello, exigen que estas se sometan primero a debate en la Cámara de Representantes y el Senado, actualmente controladas por los republicanos, lo que previsiblemente evitaría su aprobación.

El Gobierno, por su parte, asegura que está legitimado para actuar sin el visto bueno del Congreso y acusa a su vez a los estados de operar en un ámbito en el que las competencias son “exclusivamente” federales.

“La decisión del Quinto Circuito es una victoria ante el intento del presidente Obama de reescribir las leyes migratorias de nuestra nación en una afrenta a la Constitución”, indicó el representante republicano por Virginia Bob Goodlatte.

Por su parte, el senador demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez admitió que el fallo de este lunes puede ser “decepcionante para los millones que siguen atrapados en las sombras”, pero que en ningún caso es “una sorpresa”.

“El camino está finalmente libre para que la Corte Suprema de Justicia confirme la legalidad del programa de DAPA y la ampliación de DACA”, indicó el senador.

Del mismo modo que Menéndez, fueron varias las asociaciones latinas e inmigrantes que relativizaron el fallo del tribunal y urgieron al Gobierno a presentar recurso ante el Supremo.

“Es importante que la comunidad inmigrante entienda que esperábamos esta pérdida. Pedimos que Obama apele a la Corte Suprema inmediatamente”, dijo en Twitter Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center.

“Esto es solo un contratiempo para nuestras familias. Seguiremos luchando hasta el Tribunal Supremo, donde venceremos. Urgimos a la Administración Obama a que apele sin demora esta decisión ante el Supremo”, indicó la portavoz del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM), Kica Matos.

 

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