Cierre de DACA Agravaría el Déficit de Profesionales de la Salud de EE.UU.

November 2, 2017 by · Leave a Comment 

A pesar de la escasez de personal sanitario en el país, los estudiantes y profesionales latinos de estas áreas no podrán ayudar a solventar este problema si el Congreso no aprueba una ley que les dé un estatus migratorio permanente tras el cierre de la Acción Diferida (DACA).

Según United We Dream (UWD), una asociación en defensa de los jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo menores de edad, un buen número de estudiantes de Medicina y doctores amparados por DACA verá esfumarse sus deseos de ayudar a solventar esta situación de falta de personal médico.

Incluso la mexicana Yasmín Irazoqui-Ruiz, estudiante de Medicina en la Universidad de Nuevo México, decidió suspender un semestre de su carrera para sumarse a UWD. “¿Qué nación quiere sacar a personas calificadas, bilingües y que lo están dado todo?”, se pregunta.

“Eso no tiene sentido. Están arriesgando la vida de los pacientes”, alertó.

La Asociación de Colegios Médicos Estadounidenses (AAMC) prevé que en la próxima década habrá un déficit de profesionales de la salud de entre 40.800 y 104.900.

La preocupación es real. Lo dice el doctor Darrell G. Kirch, presidente de AAMC, que ya alertó de que, “a medida que la población de pacientes continúa creciendo y envejeciendo, se debe comenzar a capacitar a más médicos si se desea satisfacer las necesidades de atención médica de todos los estadounidenses”.

Irazoqui-Ruiz, de 25 años, lamentó la ironía de que en un momento en el que se buscan más estudiantes el Gobierno del presidente Donald Trump decidió dejar sin la oportunidad a estos jóvenes que se consideran estadounidenses” al anunciar en septiembre pasado el fin de DACA.

La fecha límite es el 5 de marzo de 2018, fecha que sirve de ultimátum para que el Congreso apruebe una legislación que regularice la situación de estos jóvenes indocumentados, muchos de los cuales se quedaron sin el amparo ante una hipotética deportación que supone DACA.

“El entrenamiento de un estudiante de Medicina cuesta cerca de un millón de dólares. La inversión de las universidades, de los hospitales y de nosotros mismos se va a perder”, puntualiza Irazoqui-Ruiz y agrega de paso que “quien más está perdiendo es el país”.

La mexicana llegó con tres años junto a su hermana gemela y su madre, en un recorrido que también vivió su compatriota Denisse Rojas.

Esta joven recaló en California cuando tenía un año y medio de vida. Su falta de estatus legal le ha cerrado muchas puertas, pero, al igual que miles de “soñadores”, decidió sacar a la luz su lucha y creó Pre-Health Dreamers, organización que agrupa 800 miembros en 42 estados.

Esta organización allanó el camino a varias medidas estatales que protegen a profesionales indocumentados de la salud.

También Rojas se convirtió en la primera estudiante indocumentada en asistir a la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, en Nueva York.

“No podemos darnos por vencidos”, es su lema.

Pero no solo los estudiantes están en riesgo de perderlo todo.

Profesionales amparados por DACA y que ya trabajan en este sector de la salud tendrán que abandonar sus puestos paulatinamente en los próximos dos años, cuando se vaya expirando su permiso temporal de trabajo y residencia.

Tal es el caso de Luis Aguilar, un enfermero de terapia intensiva cardiovascular que trabaja en Kansas City.

Aunque este mexicano de 29 años pudo realizar sus estudios siendo indocumentado, sabe que para ejercer su profesión necesita un estatus legal.

“Formo parte de un equipo de enfermeros que viaja por todo el país cubriendo necesidades urgentes en los hospitales que no tienen suficiente personal”, sostuvo Aguilar.

El inmigrante ha podido comprobar la falta de enfermeros y médicos en el país durante estos viajes: “Hay momentos en que no puedes ir a descansar porque no existe reemplazo”.

Aguilar fue uno de los 150.000 favorecidos en renovar el permiso de trabajo, sobre un total de 690.000 amparados por el programa, pero sabe que su carrera está contrarreloj.

“Solo le pido al gobierno que actúe y lo haga rápido. He acumulado mucha experiencia y creo que es injusto que se pierda”, lamentó.

Por su parte, Irazoqui-Ruiz, que comenzará su tercer año de universidad en enero, seguirá presionando al Congreso a que apruebe la ansiada legislación.

“Mi permiso se termina en septiembre del 2019, y me graduaré en mayo del 2020. Espero que para esa época la lucha haya valido la pena”, prefiere augurar.

Senadores Piden Que No Usen Datos de “Soñadores” para Deportarlos

October 26, 2017 by · Leave a Comment 

WASHINGTON – Un grupo de 39 senadores demócratas pidió el miércoles a la secretaria interina de Seguridad Nacional (DHS), Elaine Duke, que no use los datos personales de los jóvenes indocumentados conocidos como “dreamers” (“soñadores”) para deportarlos.

“El Gobierno de EEUU se comprometió con estos jóvenes a que la información que proporcionasen no se utilizaría en su contra o contra sus familias (…), y la gente que solicitó el programa DACA confió en este seguro para postularse”, apuntan los senadores en una carta dirigida a Duke.

Los legisladores muestran “preocupación” por unas declaraciones de Duke ante el comité de Seguridad Nacional de la Cámara baja, donde dijo que no podía prometer que la información de la base de datos del programa Acción Diferida (DACA) no terminase en manos de las autoridades migratorias (ICE).

En la misiva, los senadores piden a la secretaria interina del DHS, que reemplazó al general John Kelly cuando este fue nombrado jefe de gabinete de la Casa Blanca, que detalle el número y los casos de beneficiarios del DACA cuya información ha terminado ya en manos del ICE.

“Como consecuencia de la decisión de la Administración de dar por terminado el DACA, cientos de miles de personas que confiaron al Gobierno de EEUU una gran cantidad de información personal detallada sobre ellas y sus familias viven con miedo”, aseguran.

La carta está suscrita por una mayoría de senadores demócratas, entre ellos Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Robert Menendez o Catherine Cortez Masto, así como por tres de los líderes demócratas en la Cámara de Representantes.

Se trata de Michelle Lujan Grisham, líder del Caucus Hispano; Cedric Richmond, líder del Caucus Negro, y Judy Chu, líder del Caucus Asiático.

Los datos de los “soñadores” fue uno de los asuntos peliagudos de los últimos días del Gobierno del anterior presidente, Barack Obama, ya que cerca de un centenar de congresistas demócratas y algunas organizaciones pidieron medidas concretas para que el entonces presidente electo, Donald Trump, no pudiera utilizarlos con fines de deportación.

Sin embargo, el secretario de Seguridad Nacional saliente, Jeh Johnson, se limitó a pedir por carta a Trump que “cumpliese” el compromiso del Gobierno con estos jóvenes y que mantuviese esa discreción, que había sido una “constante” durante “décadas”.

Fueron cerca de 800.000 los jóvenes indocumentados que desde 2012 se acogieron al programa DACA, recientemente eliminado por Trump, y que dieron todo tipo de información personal en el proceso.

El programa, promovido por Obama, protegió de la deportación y otorgó permisos a estos jóvenes indocumentados, que llegaron de niños al país y a los que se conoce como “soñadores” o “dreamers”.

Trump suspendió el programa a principios de septiembre, pero dio seis meses al Congreso para encontrar una alternativa.

La Casa Blanca negocia ahora con líderes demócratas para aprobar una ley que dé una nueva cobertura legal a los “soñadores” a cambio, posiblemente, de incluir financiación para la contratación de más agentes migratorios.

Calif. Delegation Meets With Dreamers

October 19, 2017 by · Leave a Comment 

California members of Congress were in Los Angeles Wednesday where they held a roundtable discussion with young immigrants currently protected from deportation under the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) program and by Temporary Protected Status (TPS).

House Democratic Leader Nancy Pelosi (CA-12) — joined by Congress members Lucille Roybal-Allard (CA-40), Judy Chu (CA-27), Jimmy Gomez (CA-34) and other local leaders — said during a post-discussion press conference at the headquarters of the Coalition for Humane Immigrant Rights CHIRLA, that federal lawmakers are working to pass  “clean” legislation that would give the young immigrants, often referred to as “dreamers,” permanent legal status, but not tied to construction of a wall on the U.S.-Mexico border.

Pelosi and the Democrats said by the end of the year they hope to have the votes needed to pass the Dream Act 2017, a bipartisan bill introduced by Roybal-Allard, a Democrat, and Congresswoman Ileana Ros-Lehtinen, a Republican.

“All we need is to vote,” said Pelosi, adding that “dreamers” have led a dignified crusade to get support for the bill. “The president must support this legislation because the American people are supporting it,” Pelosi said.

Twenty Republican votes are needed to move the Dream Act forward, according to Pelosi, who pointed out that some of the votes belong to Republicans from California. She said it’s a “marathon race” to the goal, suggesting that a vote could come before Thanksgiving Day.

Roybal-Allard said failure to pass the Dream Act would cause dreamers, who “have lived in this country” … and “built their lives here,” to “continue to live in fear of deportation, and … to “live in a world where they will not be able to grow and to contribute to their communities.”

“They gave their information, they signed up for DACA, believing in this country. And to do anything else but to protect them by passing the Dream Act is a betrayal, and would be a disgrace and a very ugly mark on this country,” Roybal-Allard said.

For Congressman Jimmy Gomez, who represents a large number of dreamers, Pelosi’s remarks are not only about a political strategy but also about public opinion in the country, including among conservatives.

“We know that 82 percent of Americans support ‘dreamers’, the debate will not end until this bill has been approved,” Gomez said.

“Definitely, the only weapon is to put pressure on these (Republican) congressmen who have already expressed their support and are repenting,” said DACA recipient and roundtable participant Mariana Villafaña.

Although Villafaña is not completely convinced public opinion can change the minds of Republicans, she believes the key is to target districts whose legislators are at risk of losing their seat to a Democrat.

CHIRLA Executive Director Angélica Salas asked that the immigrant community to not miss this “crucial” moment and to continue the struggle for “dreamers.”

Pelosi said she understands the frustration of dreamers who say they reject any strategy to legalize their status that does not also include legalization for all 11 million immigrants in the country without authorization, but stressed that as of now there is not enough “political capital” to achieve that goal.

“I would have liked to hear a little more force in the demands of the conservatives, but I understand that this is a strategy and we have no choice but to continue this struggle. December is the goal,” said Villafaña.

Democrats have threatened to block in the coming months any legislation Congress needs to keep the government going, such as the new federal budget for which Trump needs the support of Liberals if he wants to avoid a government shutdown.

Pelosi was optimistic Wednesday, going so far as to say she is “confident that President Trump will accept the negotiations and sign the law.”

Pelosi Busca Con ‘Soñadores’ Estrategia Para Una Legalización ‘Limpia’

October 18, 2017 by · Leave a Comment 

La líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, discutió el miércoles con jóvenes protegidos por la Acción Diferida (DACA) una estrategia que permita una legislación “limpia” que otorgue un estatus migratorio permanente a los “soñadores”.

Los beneficiados con este programa, a los que se les llama “soñadores”, han visto con preocupación las exigencias del presidente Trump de ligar cualquier tipo de beneficio migratorio de carácter permanente a su favor, que se discute en el Parlamento, con la construcción de un muro en la frontera con México.

No obstante, Pelosi y los demócratas aseguran que las posibilidades no están languideciendo y que los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley bipartidista Dream Act 2017, presentado por las congresistas Lucille Roybal-Allard (demócrata) y Ileana Ros-Lehtinen (republicana) se pueden conseguir para fin de año.

“Todo lo que necesitamos es votar, porque los ‘soñadores’ ya condujeron esta cruzada y lo hicieron de una forma digna, y el presidente debe apoyar esta legislación porque los estadounidenses la están apoyando”, señaló Pelosi.

Para el congresista Jimmy Gomez, que acudió a la reunión y representa un distrito electoral con un gran número de soñadores, las observaciones de Pelosi no sólo tienen que ver con una estrategia política sino con el sentir de la opinión pública del país, incluidos los conservadores.

“Sabemos que el 82 por ciento de los estadounidenses apoyan a los ‘soñadores’, el debate no se terminará hasta que este proyecto de ley no se haya aprobado”, sentenció Gómez.

“Definitivamente la única arma es presionar a estos congresistas (republicanos) que ya habían expresado su apoyo y se están arrepintiendo”, dijo a EFE la joven Mariana Villafaña, amparada con DACA y una de las asistentes al encuentro celebrado en la sede de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), en Los Ángeles.

Fotografiado de izquierda a derecha: el congresista Jimmy Gomez, la directora ejecutiva de CHIRLA, Angelica Salas, la líder demócrata de la Cámara Nancy Pelosi, la congresista Lucille Roybal-Allard y la congresista Judy Chu participan en una conferencia de prensa luego de una discusión con "soñadores". (Oficina de la Congresista Lucille Roybal-Allard)

Fotografiado de izquierda a derecha: el congresista Jimmy Gomez, la directora ejecutiva de CHIRLA, Angelica Salas, la líder demócrata de la Cámara Nancy Pelosi, la congresista Lucille Roybal-Allard y la congresista Judy Chu participan en una conferencia de prensa luego de una discusión con “soñadores”. (Oficina de la Congresista Lucille Roybal-Allard)

Aunque Villafaña no está muy convencida que la opinión pública influya en la decisión final de los republicanos, cree la clave está en los distritos cuyos legisladores están en riesgo de perder el escaño frente a su correspondiente rival demócrata.

Pelosi señaló que para sacar adelante la iniciativa restan 20 votos, todos de la bancada republicana, algunos de los cuales representantes por California, y por ello propuso una “carrera maratónica” para asegurar el objetivo e incluso habló de poder tener una votación antes del Día de Acción de Gracias (fines de noviembre).

Por su parte, la congresista Roybal-Allard, autora del proyecto, alentó a los asistentes tras asegurar que de no aprobarse la iniciativa legislativa “el país quedaría con una marca muy fea”.

La directora de CHIRLA, Angélica Salas, pidió que la comunidad inmigrante no desaproveche este momento “crucial”, esta “ventana que se abre” y que continúe la lucha por los “soñadores”.

Ante el descontento de muchos jóvenes soñadores, que rechazan su legalización a menos que incluya al total de once millones de indocumentados, Pelosi aseguró que entiende la frustración e incluso los abucheos y los gritos de “mentirosa” que sufrió hace unas semanas en San Francisco, pero recalcó que por ahora no existe el “capital político” para lograr esa meta.

“Me hubiera gustado escuchar un poco más de fuerza en la exigencia a los conservadores, pero entiendo que esto es una estrategia y no nos queda otra que seguir esta lucha. Diciembre es la meta”, dijo Villafaña.

Los demócratas han amenazado con bloquear en los próximos meses cualquier ley que el Congreso necesite aprobar para que el Gobierno siga funcionado, como es el caso del nuevo presupuesto fiscal para el que Trump necesita el apoyo de los liberales si quiere evitar un fatídico cierre.

Pelosi se mostró el miércoles optimista y llegó a decir que “tiene confianza que el presidente Trump acepte las negociaciones y firme la ley”.

Languidece la esperanza de los “soñadores” tras el plan migratorio de Trump

October 12, 2017 by · Leave a Comment 

Los Ángeles –Tras conocerse las prioridades migratorias del presidente Donald Trump y que condicionan de manera notable el dar estatus permanente a los beneficiarios del programa Acción Diferida (DACA), las esperanzas de lograrlo sin convertirse en un botín político languidecen para miles de “soñadores”.

“No sé que es lo que estamos haciendo mal en los ojos del presidente para que nos quiera tratar así a los ‘soñadores’, no entiendo”, indicó a Efe Marisol Hernandez, amparada por DACA.

El plan Trump enviado este domingo al Congreso establece que para legalizar a los “soñadores” se deben lograr tres objetivos: garantizar admisiones a EEUU “seguras y legales”, defender “la seguridad” del país y “proteger a los trabajadores y contribuyentes estadounidenses”.

Bajo estos alineamientos, que incluye la construcción del polémico muro con México, la posibilidad de lograr un acuerdo para legalizar a los “soñadores” sin lastimar a otros miles de inmigrantes parece desvanecerse, opinan jóvenes indocumentados.

“Ese señor no nos quiere, lo dijo desde el principio, no es que sea pesimista, soy realista”, insiste Hernandez, de 31 años, y oriunda de Ciudad de México.

La mujer, madre de dos pequeños nacidos en Estados Unidos, cree que como ya pasó con anterioridad finalmente nadie escuchará las voces de los indocumentados.

El plan Trump incluye además la contratación de más agentes migratorios y jueces, un sistema de méritos para conceder visas y un proceso más rápido en el retorno de los menores centroamericanos no acompañados que llegaron al país en los últimos años, entre otras medidas.

“El fiscal Jeff Sessions y el consejero Stephen Miller están detrás de este plan que emitió la Casa Blanca, ellos saben que con estas píldoras venenosas pueden acabar con el Dream Act, pero todavía no esta todo perdido”, advirtió Sheridan Aguirre, miembro del grupo de “soñadores” United We Dream.

Aguirre, que está protegido por DACA, entiende la frustración de muchos de sus compañeros de lucha, especialmente de aquellos que ya perdieron el beneficio.

Horacio R, un joven mexicano que se quedó sin el amparo de DACA, coincide con Aguirre en que no deben rendirse, aunque deban esperar de nuevo en las “sombras”.

“Trump no va a ser para siempre, dice mi papá, y yo creo lo mismo”, indicó.

Para Ivan Ceja, fundador y director de Undocumedia, el plan revelado por Trump reafirma la necesidad imperante de defender a todos los migrantes. El joven, amparado por DACA, cree que es hora de cerrar filas y no dejarse vencer por el temor.

United We Dream mantiene la necesidad de promover una legislación “limpia” que los proteja sin perjudicar a otros inmigrantes, incluidos sus propios padres.

Este miércoles, integrantes de UWD en Arizona visitarán la oficinas del senador John McCain para pedirle que apoye una legislación “limpia” que le permita a los soñadores un camino a la ciudadanía.

“La idea es poner un proyecto de ley bipartidista y limpio frente a Trump, a ver que hace”, dijo Aguirre.

California Dream Network hará cabildeo con los congresistas y senadores de la región de en Los Ángeles.

Melody Klingenfuss, vocera de la organización, aseguró que el objetivo es conseguir 218 votos de respaldo del proyecto Dream Act 2017 presentado por la congresista demócrata Lucille Roybal-Allard y la republicana Ileana Ros-Lehtinen.

El objetivo es conseguir una legislación que dé estatus permanente a los miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños y lograrlo antes de que expire el programa creado por el ex presidente Barack Obama el próximo 5 de marzo de 2018, después de que Trump anunciase su cancelación para esa fecha.

Hasta entonces, el presidente espera que el Congreso apruebe una legislación en este sentido, aunque con su duro plan del domingo ha dificultado esta posibilidad.

“Puede que no sea en diciembre, o que pasemos del plazo de marzo para pasar un legislación, pero si nos mantenemos unidos y demostrando nuestro valor lo vamos a lograr”, consideró Aguirre.

Senadores buscan unidad para dar una solución a los “soñadores”

October 5, 2017 by · Leave a Comment 

Washington–Representantes de los partidos Republicano y Demócrata quisieron hoy dar una imagen de unidad ante el problema al que se enfrentan los beneficiarios del plan de Acción Diferida (DACA) después de que el presidente Donald Trump anunciara en septiembre el fin del programa.

“Encontraremos un punto de encuentro porque, aunque tenemos nuestras diferencias, el concepto es que puedan obtener la ciudadanía”, señaló el senador republicano Lindsey Graham, que compareció ante los medios acompañado por el legislador demócrata Dick Durbin en Washington.

Ambos legisladores forman parte del Comité Judicial del Senado, que trabaja en redactar una propuesta de ley que pueda ser aprobada por el Congreso antes de que el programa sea suspendido, el próximo 5 de marzo de 2018.

Sen. Dick Durbin

Sen. Dick Durbin (Twitter)

En la comparecencia, que tuvo lugar ante el Capitolio, los dos legisladores estuvieron acompañados por varias decenas de “dreamers” (“soñadores”), que es como se conoce popularmente a los inmigrantes ilegales que entraron en el país siendo niños, que acudieron hoy a Washington para presentar sus testimonios ante la comisión.

“Cuando empezamos a hablar no de estadísticas, sino de personas reales, es cuando empezamos a ver la importancia del asunto”, señaló Durbin, quien añadió que los cerca de 800.000 “soñadores” que en la actualidad viven en el país representan un “valor real” para el país.

El pasado 5 de septiembre, Trump anunció el fin de este programa, que fue implantado en 2012 mediante una orden ejecutiva firmada por el entonces presidente, Barack Obama, y que tenía como objetivo regularizar la situación de estos jóvenes para que pudieran estudiar, trabajar y viajar.

Tras cancelar el programa, el mandatario dio un plazo de seis meses al Congreso para sacar una legislación que ofreciera una solución permanente y que, según apuntan miembros de la Administración, podría ir en el sentido de dar a los “soñadores” acceso al permiso de residencia permanente, lo que a la larga abriría la vía de la ciudadanía.

“Les voy a decir el porqué soy optimista: creo que el presidente tiene la actitud correcta para solventar este problema”, valoró el legislador republicano.

Sin embargo, la mexicana Bebe Martínez, una de las beneficiarias del DACA presentes en el acto, confesó a Efe que es difícil confiar en un presidente que “te señala” al afirmar cosas tales como que sus compatriotas “son violadores”.

“Ahora las cosas son muy complicadas porque el apoyo que recibimos del presidente no es el esperado. Eso complica las cosas y hace difícil el ser optimista”, lamentó Martínez, quien llegó al país cuando apenas tenía siete años y que en la actualidad cursa Estudios Asiáticos en la Universidad de Furman, en Carolina del Sur.

El Congreso se planteó, por primera vez, la situación de los soñadores en 2001 con el “Dream Act” y, en 2013, estuvo cerca de regularizar su situación mediante una reforma migratoria, que finalmente no fue aprobada.

“Una cosa que aprendí cuando no salió el ‘Dream Act’ es que no debo poner mis esperanzas en un pedazo de legislación, así que ahorita pongo mi esperanza en la comunidad”, comentó a Efe Guadalupe Pimentel, una joven mexicana de Veracruz que llegó al país en 1999 y que hoy estaba en Washington para contar su historia en el Senado.

Pese a la imagen de unidad ofrecida hoy por Graham y Durbin, el Congreso se encuentra actualmente dividido entre los demócratas, que apoyan el regularizar la situación de los “soñadores”; y la mayoría de los republicanos, que condicionan su ayuda a la obtención de fondos para reforzar la seguridad fronteriza.

DACA: ¡Renueve! ¡Renueve! ¡Renueve!

September 28, 2017 by · Leave a Comment 

Con solo una semana antes de que se cierre la ventana en cual los recipientes de DACA podrán solicitar la renovación de permisos vencidos o que están por vencer, un ejercito de grupos a favor de los derechos de inmigrantes, oficiales escolares y gubernamentales y abogados especializados en las leyes de inmigración están unidos por el mismo refrán: ¡Renueve, renueve, renueve!

Su mensaje se dirige a los quienes tienen permisos que se expiran el 5 de marzo, 2018, pero que ahora tienen solo hasta el 5 de octubre para entregar sus aplicaciones para la renovación a la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos. Incumplimiento de dicha entrega— entrega física actual y no por fé de matasellos del servicio del correo — resultará en la pérdida de protecciones provisionales ante la deportación, tanto como el número de seguridad social y permiso de trabajo que acompañan la DACA.

El plazo límite fue estipulado en el memorándum emitido por Pres. Donald Trump el 5 de septiembre acabando la iniciativa DACA. El presidente ha ordenado una eliminación gradual del programa heredado de la administración de Obama, diciendo que ahora le toca al Congreso crear legislación que proveerá un tipo de estatus legal para jóvenes trasladados a los EE.UU. de niños.

El aviso de plazo corto es la razón por cual muchos solicitantes se ven en la rebatiña, buscando asesoría legal y económica. Varios grupos ofrecen asesoría legal gratuita y proveen becas o micro-préstamos para ayudar a los de menos recursos pagar la cuota de $495 requerida con la aplicación por una renovación.

Durante un encuentro de Facebook en Vivo Live presentado el lunes por la Oficina de Asuntos de Inmigración del Condado de Los Angeles, panelistas dijeron que el dinero no debe ser un factor en la decisión acerca de la aplicación para renovar el permiso.

“Si el dinero es la razón por cual no hayas sometido tu aplicación, dinero no debe ser una barrera”,  dijo Julie Mitchell de CARECEN, una organización sin fines de lucro dedicado a la defensa de los derechos de inmigrantes centroamericanos fundada en el1983.

“Hay bastante asesoría aquí en el Condado de Los Angeles si no puedes juntar los $495”, dijo Mitchell, explicando que “ciertas escuelas, algunos contratistas con el Departamento de Servicios Sociales de California y aún varios distritos concejales al nivel municipal” ofrecen apoyo económica. En cuanto involucrarse sólo en el proceso para tramitar la aplicación, Mitchell cuestiona porque alguien tomaría esa decisión dado la disponibilidad de asesoría legal y asesoramiento experto gratuitos.

“Tenemos una abundancia de recursos, personas que se han apuntado”, continuó Mitchell.  “Si asesoramiento  legal es disponible, porque no aprovecharse”?

Es especialmente verdadero para quien tal vez haya sido objeto de una orden de arresto por un deleito, Mitchell dijo. Aunque el caso no hay resultado en una convicción, todavía le podría perjudicar y debes obtener consejo de un abogado.

Para estudiantes como Alex Lomeli, alumno en el East Los Angeles College, el apoyo económico y los recursos son bienvenidos y una sorpresa grata.

“No tuve la menor idea de que se ofrecían becas”, Lomeli dijo a EGP este lunes, agregando que en el pasado, ha tenido que asumir más trabajo para pagar su cuota de renovación. El trabajo adicional le quita tiempo de sus estudios de diseño gráfico.

Lomeli no es único.

 Hay muchos recursos legales y económicos en el Condado de Los Angeles para ayudar a los recipientes de DACA renovar sus permisos antes del 5 de octubre, dijo la panelista Julie Mitchell de CARECEN, (segunda de la izquierda) durante un Facebook en Vivo presentado lunes por la Oficina de Asuntos de Inmigración del Condado de Los Angeles. (Facebook.com)

Hay muchos recursos legales y económicos en el Condado de Los Angeles para ayudar a los recipientes de DACA renovar sus permisos antes del 5 de octubre, dijo la panelista Julie Mitchell de CARECEN, (segunda de la izquierda) durante un Facebook en Vivo presentado lunes por la Oficina de Asuntos de Inmigración del Condado de Los Angeles. (Facebook.com)

Hay muchos estudiantes por ahí que no saben de los recursos disponibles, dijo Jennifer Marín E Esquivel, una coordinadora voluntaria con CARECEN.

Dijo que la organización está ocupadísima desde que Trump emitió la orden para desmantelar a DACA, diciéndole a EGP que han organizado varios eventos en donde los solicitantes pudieron pedir asesoramiento de abogados de inmigración y obtener becas para ayudarles pagar la cuota para el trámite de la renovación.

Según Esquivel,  dinero ha sido asignado por la mayoría de los distritos en el Condado de Los Angeles para ayudar a los que tienen permisos. Este sábado, el Consejal Curren Price en colaboración con CARECEN y la Coalición por Derechos Humanos para Inmigrantes presentarán un taller en donde cientos de becas serán repartidas a recipientes de permisos DACA quienes califican.

Esquivel dijo que es desalentador pensar que, durante estos tiempos de incertidumbre, hay todavía recipientes que no saben que hay docenas de grupos ofreciendo ayuda.

Mientras la falta de información la tiene preocupada, Esquivel dijo que está más alarmada por un sinnúmero de relatos sobre la traición compartidos por familias estafadas por dinero por personas que han prometido, a base de pago, ayudarles navegar los trámites de la renovación.

Dijo que se ha reunido con familias quienes le han dicho que habían pagado a un supuesto abogado $1,000 o más para procesar sus solicitudes para la renovación, solo para quedarse sin nada.

“Es un crimen que muchas familias enfrentan”, dijo Esquivel con disgusto. “Confían en un individuo quien termina aprovechándose de su generosidad”.

Para Maribel Arroyo, sin embargo, el futuro es aún más incierto, no basado en su cumplimiento con la necesidad de entregar su aplicación para la renovación antes del 5 de octubre.

Su permiso se expira en diciembre del 2018 y hasta la fecha, no hay un plan para cual dejará a los cientos miles de recipientes de DACA cuyos permisos se vencen después del 5 de marzo, 2018 solicitar una renovación.

Perderán sus permisos de trabajo y números de seguridad social, y protecciones provisionales ante la deportación en el momento que se vence su permiso actual.

Arroyo, cuyos padres la trajeron de Durango, Mexico a los Estados Unidos, trabaja tiempo completo para pagar las clases que está tomando por internet en la Universidad de Phoenix. Teme que la pérdida de su permiso significa también la pérdida de su empleo y la posibilidad de obtener una licenciatura en educación y su sueño de ser una maestra en una escuela primaria.

“Si no puedo trabajar legalmente, no se como voy a poder pagar para la escuel”, dijo.

Por ahora, Arroyo espera platicar con un abogado de inmigración para averiguar sus opciones.

“Llamé al Departamente de Inmigración de los EE. UU. y no tenían ninguna respuesta para mi”, dice Arroyo, frustrada.

“Estoy tratando de crear un futuro mejor para mi hijo y yo, pero puede ser que me botan de un país que he llamado mío desde que tenía diez años”.

La situación que Arroyo y cientos de miles otros recipientes de DACA enfrentan es “desafortunado,” reconoce Esquivel. “Eso será la siguiente lucha que vamos a tener que asumir”, dijo, aludiendo a los esfuerzos ante el Congreso, para que se animen pasar legislación que arreglará al estatus de los Dreamers, el nombre frecuentemente usado para referir a los inmigrantes trasladados al país de niños.

Para muchos, sin embargo, esta semana el enfoque a lo largo del país es convencer a los recipientes de DACA elegibles de la importancia de entregar sus solicitudes para la renovación antes de que se acaba el tiempo. Asegurese que se mande por correo no más tarde que el 1 de octubre, aconseja Ready California, que también ofrece información sobre recursos legales gratuitos y ofrece becas para cubrir el costo de la cuota de la solicitud para la renovación. Puede encontrar más información en www.READY-CALIFORNIA.org.

El departamento de asuntos de inmigración del Condado tiene programado otro evento de Facebook en Vivo el 2 de octubre a las 6pm en el www.Facebook.com/LAC4Immigrants. Para más información sobre charlas virtuales “Mantega a su DACA” o las últimas noticias que puedan afectar a los inmigrantes, visite a la sitio de la Oficina de Asuntos de Inmigración en oia.lacounty.gov o llame al (800) 593-8222.

Directora Editorial de EGP Gloria Álvarez contribuyó a este artículo.

DACA: Renew! Renew! Renew!

September 28, 2017 by · Leave a Comment 

With just one week until the window closes for DACA recipients to renew expiring permits, immigrant rights groups, government and school officials and immigration attorneys are out in force with a united message: Renew, renew, renew!

Their message is directed at those whose permits will expire by March 5, 2018, but who now only have until Oct. 5 to get their renewal applications into U.S. Citizenship and Immigration Services. Failure to meet the deadline — delivered not postmarked — will cause the recipient to lose his or her temporary protections from deportation, as well as the social security number and work permit that come with DACA status.

The deadline is included in Pres. Donald Trump’s memorandum of Sept. 5 ending the DACA initiative. The president has ordered a “phased out” end to the Obama-era program, saying it’s now up to Congress to come up with legislation to provide some sort of legal status for young immigrants brought to the U.S. as children.

The short notice has many recipients scrambling for legal and financial assistance. Several groups are offering free legal assistance and providing grants or micro-loans to help cash-strapped applicants pay the $495 renewal application fee.

During a Facebook Live event Monday hosted by the Los Angeles County Office of Immigrant Affairs, panelists said money should not be the deciding factor when it comes to deciding whether to reapply.

“If money is the reason you are avoiding submitting your application, money should not be a barrier,” said Julie Mitchell of CARECEN, a nonprofit Central American immigrant rights organization founded in 1983.

“There is a lot of assistance here in LA. County if you can’t come up with the $495,” said Mitchell, explaining that “some schools, contractors with the California Department of Social Services, even some council districts” are offering financial aid. As for going it alone in the application process, Mitchell questioned why someone would make that choice given the availability of free legal and expert advice.

“We have an abundance of resources, people who have stepped up,” she said. “If legal advise is available, why not take advantage?”

Alex Lomeli (pictured) was pleasantly surprised to learn there are grants available to help students like him pay the $496 fee to renew his DACA permit. Without the grant, he would have to work extra hours, which cuts into his school time. (Photo by Carlos Alvarez)

Alex Lomeli (pictured) was pleasantly surprised to learn there are grants available to help students like him pay the $496 fee to renew his DACA permit. Without the grant, he would have to work extra hours, which cuts into his school time. (Photo by Carlos Alvarez)

That’s especially true for anyone who may have a criminal arrest, Mitchell said. Even if there was no conviction, it could hurt you and you should get advise from an attorney.

For students like Alex Lomeli, a student at East Los Angeles College, the financial assistance and resources are a welcome and timely surprise.

“I had no idea grants are being offered,” Lomeli told EGP Monday, adding that in the past he’s had to take on extra work to pay his renewal fee. The extra work takes time from his graphic design studies.

Lomeli is not alone.

There are many students out there who don’t know what resources are available, said Jennifer Marin Esquivel, a volunteer coordinator at CARECEN.

She said her organization has been very busy ever since Trump issued the order to dismantle DACA, telling EGP they have hosted numerous events where applicants were able to ask immigration attorneys for advice and get grants to help pay the renewal application fee.

According to Esquivel, money has been allocated by most districts in Los Angeles County to assist permit holders. This coming Saturday, the Councilman Curren Price in collaboration with CARECEN and the Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles will host a workshop where hundreds of grants will be given to DACA recipients that meet the qualifications.

Esquivel said it’s discouraging to think, that during this time of great uncertainty, there are still permit holders who don’t know there are dozens of groups out there offering help.

While the lack of awareness has her concerned, Esquivel said she’s more alarmed by the countless stories of betrayal from families duped out of money by persons hired to shepherd them through the renewal process.

She said she’s met with families who told her they paid an attorney $1,000 or more to process their renewal applications, only to be left empty-handed.

“It’s a crime that many families deal with,” Esquivel said in disgust. “They trust an individual who ends up taking advantage of their generosity.”

For Maribel Arroyo, however, the future is even more uncertain, not tied to whether she gets her renewal application in by the Oct. 5 deadline.

Arroyo’s permit expires in December 2018 and as of now, there is no plan to allow the hundreds of thousands of DACA recipients whose permits expire after March 5, 2018 to reapply.

They will lose their work permits and social security numbers and protections from deportation as soon as their current permit expires.

Arroyo, whose parents brought her from Durango, Mexico to the U.S., works full-time to pay for the University of Phoenix online courses she’s taking. She’s worried losing her status also means losing her job and her chance at a college degree in education and her dream of being an elementary school teacher.

If I can’t work legally, I don’t know how I will be able to afford paying for school, she said.

In the meantime, Arroyo plans to talk with an immigration attorney to explore her options.

“I called the U.S. Immigration Department and they have no answers for me,” says Arroyo in frustration.

“I’m trying to provide a better future for my son and I, but I [could be] getting kicked out of a country I’ve called home since I was ten.

The situation Arroyo and hundreds of thousand of other DACA recipients like her are facing is “unfortunate,” acknowledges Esquivel. “That’s the next fight we have to take on,” she said, referring to efforts to get Congress to pass legislation to fix the status of Dreamers, the name often used to refer to immigrants brought to the country as children.

For many, however, this week the focus across the country is on pushing DACA recipients eligible for a permit renewal to get their applications in before time runs out. Make sure it’s in the mail no later than Oct. 1, advises Ready California, which also offers information on free legal resources and offers grants to cover the cost of the renewal application fee. You can find more information at www.READY-CALIFORNIA.org.

The county’s immigration affairs department has planned another Facebook Live event for Oct. 2, 6pm at www.Facebook.com/LAC4Immigrants. For more information about the “Keep Your DACA” live chats or any of the latest news affecting immigrants, visit the Office of Immigrant Affairs website at oia.lacounty.gov or call (800) 593-8222.

EGP Managing Editor Gloria Alvarez contributed to this story

Ending DACA Could Have Dire Public Health Consequences

September 21, 2017 by · Leave a Comment 

President Obama signed an executive order in 2012 protecting undocumented immigrants who were brought to the United States as children, and studies suggest that this order, known as Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), markedly improved measures of mental health among its beneficiaries and their families. The pending termination of DACA may reverse these mental health benefits for the 800,000 DACA beneficiaries, and trigger a public health crisis, according to an essay in the New England Journal of Medicine, co-authored by Atheendar. S. Venkataramani, MD, PhD, an assistant professor of medical ethics and health policy at Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania.

“DACA was not a public health program by design,” Venkataramani said, “but numerous studies have shown that implementing it had positive effects on mental health that truly rival those from large-scale health policies.”

DACA is meant to cover undocumented immigrants who were born after June 15, 1981, were brought to the U.S. before turning 16, and have lived in the U.S. continuously since 2007. It provides legal access to work permits, which can be renewed every two years, and confers freedom from deportation. Eligible applicants must provide evidence of current school attendance, completion of high school or GED certification, or U.S. military service, and must not have serious criminal records.

Several recent studies, including one by Venkataramani and essay co-author Alexander Tsai, MD, PhD, an assistant professor of Psychiatry at Massachusetts General Hospital, have indicated that measures of psychological stress and mental illness among DACA-eligible immigrants fell dramatically after the policy began. Another study, which used data from the Emergency Medicaid program in Oregon, suggested that DACA’s mental health benefits may have extended even to the children of DACA-eligible mothers—among whom rates of adjustment and anxiety disorders fell by more than half after DACA started.

Given that DACA improved mental health for beneficiaries and their families, its termination is expected to have the opposite effect. That termination will occur in March 2018 if no DACA-preserving legislation is passed by Congress and signed into law by the President.

“Health care and public health professionals now have a limited window of opportunity to engage policymakers about protecting Dreamers through legislative action, with an emphasis on the potentially dire mental health consequences of failing to enact a definitive legal remedy,” Venkataramani said.

If such efforts fail and DACA does expire next year, the health care profession will face a serious challenge, he added. Many former DACA beneficiaries, in the absence of the law’s protections, will not only experience adverse effects on mental health and psychological well being, but will also be less likely—because of their status as deportable illegals—to seek help from health care professionals.

Venkataramani and Tsai argue that if DACA expires, health care and public health organizations will need to proactively reach out to undocumented immigrants, to reassure them of continued access to quality health care and to provide them with information about public mental health care resources.

“On a broader systems level, tracking health care utilization and health outcomes will help organizations monitor health at the population level and provide hard data to policymakers seeking to implement other supportive remedies,” they note.

City, County, State Take Up Fight to Defend DACA

September 14, 2017 by · 1 Comment 

The Trump administration’s decision to end DACA, the Deferred Action for Childhood Arrivals
initiative, has sparked a whirlwind of activity at the city, county and state level, all aimed at thwarting the president’s action and to push Congress to adopt a permanent solution for the hundreds of thousands of immigrants brought to the country illegally as children.

The protests and promises of legal battles is not surprising given that one in four DACA recipients – or about 200,000 of the young beneficiaries – live in California.

Speaking in Los Angeles Tuesday, California Attorney General Xavier Becerra vowed to fight the decision “on every front.”

Becerra, joined by the attorneys general for Minnesota, Maryland and Maine, filed a lawsuit Monday in San Francisco against the administration, arguing that the federal government violated the Constitution and federal laws when it moved to rescind DACA.

“The DACA initiative has allowed more than 800,000 Dreamers — children brought to this country without documentation — to come out of the shadows and become successful and productive Americans,” Becerra said following a roundtable meeting with immigration advocates in downtown Los Angeles. “I’ve never seen a time in our country when we punish kids for coming out of the
shadows.”

Last week, the University of California filed suit against the administration on grounds that the decision would violate the due process rights of thousands of immigrant UC students. That same day, Los Angeles Councilman Jose Huizar introduced a motion directing the city attorney to either file his own lawsuit or to join the state’s lawsuit being promised by Becerra.

On Tuesday, Los Angeles County supervisors added their voices, adopting a measure to support the lawsuits brought by other government bodies and to pursue a financial boycott of sorts of states “unfriendly” to DACA by banning county employees from traveling to those states on county business.

California’s Attorney General Tells Dreamers to Reapply

According to Becerra, with the help of the state’s 200,000 DACA recipients, California has become “the sixth largest economy in the world.”

Federal immigration officials are no longer accepting new requests for DACA, but the agency is hearing two-year DACA renewal requests received by Oct. 5 from current beneficiaries whose benefits will expire before March 5.

Flanked by representatives from immigrant rights groups, Becerra said Tuesday that financial help is available to cash-strapped Dreamers who don’t have the $495 renewal fee. “If you have the opportunity, submit your paperwork,” the attorney general said. “We don’t want anyone to be deprived of the chance to reapply.”

Cynthia Buiza, executive director of the California Immigrant Policy Center, urged recipients not to “make money an issue.”

Added Martha Arevalo, executive director of the Central American Resource Center: “Don’t let financial concerns be a reason not to reapply. We can find solutions.”

Becerra said the DACA phase-out indirectly affects millions of residents, as well as businesses, nonprofits, and the state’s towns and cities.

“We’ll do whatever we can to win,” he said.

Fifteen other states have also filed a lawsuit challenging the end of the DACA program.

UC Is First University System to Enter Legal Battle

The UC’s lawsuit filed Sept. 8 in San Francisco against the U.S. Department of Homeland Security (DHS) and its acting secretary, Elaine Duke, is the first of its kind to be filed by a university. The lawsuit alleges the Trump administration failed to provide proper notice to the impacted population as required by law.

”As a result of the defendants’ actions, the Dreamers face expulsion from the only country that they call home, based on nothing more than unreasoned executive whim,” the complaint reads. UC President Janet Napolitano, who was secretary of DHS from 2009 to 2013, spearheaded the Obama administration’s creation of the DACA program in 2012, setting in place a rigorous application and security review process, according to the lawsuit.

Applicants for DACA were only approved if they were in or had graduated from high school or college, or were in the military, or an honorably discharged veteran. They cannot have been convicted of a felony or major misdemeanor or otherwise pose a threat to national security or public safety.

“Neither I, nor the University of California, take the step of suing the federal government lightly, Napolitano said. “It is imperative, however, that we stand up for these vital members of the UC community.”

The lawsuit asks the court to set aside Trump’s  action because it is “unconstitutional, unjust, and unlawful.”

L.A. Councilman Calls for City Attorney to Join Lawsuits

Roughly 100,000 DACA recipients are believed to live in the Los Angeles area. A motion introduced last week by L.A. Councilman Jose Huizar states, “These Dreamers were brought here as children and have proven themselves to be lawful residents contributing to the social fabric and diversity of the United States.” It also instructs City Attorney Mike Feuer to pursue legal action on behalf of the city to defend their presence.

When asked to comment on the motion, Feuer spokesman Rob Wilcox said, “Our office is already in discussions with other government entities on how best to maximize our impact on fighting the removal of DACA.”

County to Support Lawsuits, Boycott DACA-unfriendly States

County supervisors voted Tuesday to institute a travel ban on DACA-unfriendly states and to support legal challenges to Trump’s order ending the policy.

Supervisor Hilda Solis championed a one-year restriction on county government travel to nine states that threatened legal action to end the program, saying it could “cost the United States approximately $460 billion in GDP.”

Texas, Alabama, Arkansas, Idaho, Kansas, Louisiana, Nebraska, South Carolina and West Virginia will be subject to the travel restriction, which will not apply in the case of emergency assistance for disaster relief or critical law enforcement work.

The vote was 3-1, with Supervisor Kathryn Barger dissenting and Supervisor Mark Ridley-Thomas abstaining, though they both support DACA and voted in favor of related measures.

The young adults nationwide affected by the administration’s action are contributing to America’s economy, not taking from it, said Sonja Diaz, founding director of UCLA’s Latino Policy & Politics Initiative.

“Ninety-one percent of DACA recipients are employed. DACA is a net positive for the U.S. economy” and ending it would cost California alone $11.3 billion,” Diaz told the board.

David Rattray, executive vice president of the Los Angeles Area Chamber of Commerce, promised the support of business leaders in any fight to restore the program.

Employers have invested in hiring and training so-called Dreamers and are “dumbfounded about how stupid this is, frankly,” Rattray told the board.

Barger, the only Republican on the non-partisan board, said the county should take an aggressive, hands-on role in pressing Congressional representatives to craft new legislation.

“We need to be at the table and we need to push as hard as we can,” Barger said. “This is bipartisan, this is about doing what is right,” quoting then-President Barack Obama’s 2012 remarks saying DACA was “a temporary stopgap measure” to give Congress time to act.

“Congress needs to get to work, they’ve had over five years to do it,” Barger said. “If Congress does not act in six months, shame on them.”

Ridley-Thomas proposed having county lawyers file “friend of the court” briefs in support of several states suing the Trump administration.

DACA recipients are entitled, Ridley-Thomas said, to “the right to privacy, the right to work, the right to move within the halls of government and elsewhere without wondering if someone is going to report you or snatch you.”

The vote on amicus briefs was 4-1, with Barger dissenting.

Based on Solis’ motion, the board will also send a letter to the president and Congress demanding legislative action, a move that garnered unanimous support. The board also directed the county’s Office of Immigrant Affairs to help existing DACA recipients renew their status by Oct. 5.

Supervisor Sheila Kuehl introduced a motion to add immigration to a county list of policy priorities, which currently include homelessness, child protection, reform of the Sheriff’s Department, integration of county health services, and environmental oversight and monitoring.

The board’s vote in favor of the new priority was unanimous.

Next Page »

Copyright © 2017 Eastern Group Publications/EGPNews, Inc. ·