L.A. Demanda al Gobierno por Amenazar a las “Ciudades Santuario”

August 24, 2017 by · Leave a Comment 

Los Ángeles demandó al Gobierno de Estados Unidos el martes por amenazar con retener fondos federales a las “ciudades santuario”, aquellas que han decidido de manera municipal no colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la persecución de migrantes en situación irregular.

“Vamos a denunciar para impedir que la Administración (del presidente Donald) Trump imponga su voluntad en nuestra ciudad inconstitucionalmente”, señaló el martes por medio de un comunicado de prensa el fiscal de Los Ángeles, Mike Feuer.

La demanda cuestiona que se supedite la adjudicación de fondos federales a que las fuerzas de seguridad locales y estatales ayuden en sus labores al ICE.

“La Administración pondría a Los Ángeles ante la insostenible decisión de arriesgar un subsidio clave para la seguridad pública o convertir a la Policía de Los Ángeles en un brazo de la política de inmigración federal”, añadió Feuer.

La fiscalía angelina se refiere concretamente al fondo federal Edward Byrnes Memorial Justice Assistance Grant, destinado a programas de seguridad y prevención del crimen y que, según sus datos, ha proporcionado más de un millón de dólares a Los Ángeles cada año desde 1997.

En 2006, esta ciudad californiana obtuvo 1,8 millones provenientes de este fondo.

El Departamento de Justicia confiaba en doblegar a las “ciudades santuario” con unos nuevos criterios para su obtención que incluyen garantizar el acceso sin límite a los agentes federales en las ciudades para que busquen a indocumentados, o la obligatoriedad de que la policía municipal avise 48 horas antes acerca de su intención de liberar a un inmigrante en situación irregular.

La acción legal de Los Ángeles se une a las de California y San Francisco, que interpusieron sus propias demandas el pasado 14 de agosto, y a otras en todo el país como la de Chicago.

Como respuesta a la denuncia de Chicago, el fiscal general, Jeff Sessions, afirmó que esa demanda no servirá para que reciban los fondos federales, si no dejan de ser una “ciudad santuario”, y aseguró que “el dinero de los contribuyentes federales no ayudará a una ciudad que se niega a ayudar a sus propios ciudadanos”.

Mujer Obtiene un Veredicto de $417 Millones de Demanda Johnson & Johnson

August 23, 2017 by · Leave a Comment 

Un jurado de Los Ángeles el lunes otorgó $417 millones a una paciente de cáncer de ovario que alegó que su enfermedad fue causada por el uso de talco de Johnson & Johnson.

Eva Echeverría, de 63 años, del este de Los Ángeles fue una de las siete mujeres que presentó una demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles en julio de 2016, alegando que durante años utilizaron talco en polvo vendido por Imerys Talc America Inc. y Johnson & Johnson, de acuerdo con sus instrucciones.

“Estamos agradecidos por el veredicto del jurado sobre este asunto y que Eva Echeverría fue capaz de tener su día en la corte”, dijo su abogado, Mark Robinson. “Estos casos se tratan de luchar por la justicia para las mujeres de todas partes de California que estén sufriendo de cáncer de ovario debido a que Johnson & Johnson encubrieron la verdad durante tantos años”.

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Johnson & Johnson, con sede en Nueva Brunswick y Nueva Jersey, sostuvo que las acusaciones de Echeverría no estaban respaldadas por pruebas científicas. La compañía ha perdido cuatro de cinco juicios similares en los últimos dos años.

“Apelaremos el veredicto de hoy porque nos guiamos por la ciencia, que apoya la seguridad de Johnson’s Baby Powder”, dijo Johnson & Johnson en un comunicado.

Echeverría dijo que comenzó a usar el polvo de talco cuando tenía 11 años y no se detuvo hasta enero de 2016, cuando vio una noticia sobre otra mujer que también tenía cáncer de ovario y había utilizado el producto. Ella fue diagnosticada con cáncer de ovario en 2007, cuando los doctores eliminaron un tumor de tamaño de un softbol.

Ella dijo que habría dejado de usar el polvo si Johnson & Johnson le había advertido sobre sus peligros en la etiqueta.

El veredicto después de un juicio de cuatro semanas en el juzgado de la Central Civil West – que consistió en $70 millones en daños punitivos – fue el mayor aún en los juicios alegando Johnson & Johnson no advertir adecuadamente a los consumidores sobre los riesgos de cáncer de sus productos basados en talco y el primero en California para ir a juicio.

La denuncia de Echevarría afirmó que los estudios realizados en 1971 y 1982 revelaron un vínculo entre el talco y el cáncer de ovario. Sobre la base de los estudios y otras alegaciones de estudios posteriores de salud pública y otra información, alego que la compañía sabia, o debería haber sabido, que estaba comercializando un producto perjudicial para las mujeres.

Demandan a Supuestos Prostíbulos en el Noreste de Los Angeles

February 11, 2016 by · Leave a Comment 

El abogado de la Ciudad, Mike Feuer anunció el miércoles la presentación de una demanda contra los operadores de una supuesta red de prostíbulos disfrazados de salones de masaje en Eagle Rock, Wilmington y North Hollywood.

La demanda de reducción de incomodidad se dirige a Helen Hai Hong Huang y Mark Richard Vitatern, que operan MHWI Int’l Inc., y otros que aparentemente estaban asociados a una red formada por al menos cuatro negocios.

Dos salones están en Eagle Rock, uno en 6630 N. Figueroa St. y otro en 5740 York Blvd., cerca de la escuela de arte We Tell Stories y la iglesia Foursquare en Highland Park, de acuerdo con el abogado de la ciudad.

Los otros negocios en Wilmington, en 1037 Avalon Blvd., y el Norte Hollywood, en 3214 De Witt Drive, también están cerca de iglesias, dijo.

La demanda busca órdenes que prohíban que los operadores manejen negocios similares y a los dueños de la propiedad que no permitan dicha actividad.

La demanda alega que los salones de masaje eran fachadas para negocios de prostitución que anuncian sus servicios en Internet y usaban mensajes de texto para concertar citas.

Las búsquedas por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles el 7 de enero se encontraron un contenedor de preservativos en un negocio y cerca de $80.000 en efectivo en la casa de uno de los operadores, de acuerdo con la Oficina del Abogado de la Ciudad.

Los supuestos cabecillas operaban otros cuatro negocios en Los Ángeles que ya han cerrado, después de varios arrestos por prostitución, según Feuer.

Breves de la Comunidad

November 25, 2015 by · Leave a Comment 

Highland Park

Autoridades identificaron el lunes a un hombre que recibió un disparo y fue asesinado mientras estaba sentado en su camioneta estacionada.

Pete Cordero, 35, fue encontrado muerto en el asiento del conductor de su Toyota Tundra blanca alrededor de las 2am del domingo en la 5000 Raphael Street, dijo la oficial Rosario Herrera, portavoz de LAPD.

Aparentemente le dispararon varias veces en un ataque relacionado con pandillas, dijo la policía.

Se instó a cualquier persona con información sobre el crimen de llamar a los detectives al (323) 344-5731 o (877) LAPD-247.

 

Highland Park

Miembros de la familia de una abuela que fue asesinada el año pasado por un vehículo que se dio a la fuga están demandando a la ciudad y al condado de Los Ángeles, alegando que el cruce era una trampa “para los peatones”.

La demanda presentada el viernes en la corte de Los Ángeles es por la muerte de Gloria Esperanza Ortiz, 57, quien fue golpeada por un auto el 14 de septiembre de 2014 al cruzar la Avenida Norte 50 en San Marco Place.

Las demandantes son Génesis Jazlene Rodríguez Cortés, quien fue testigo de la muerte de su abuela, y tres de las hijas de la difunta, Yesenia Ortiz, Lissette Arreola y Karini Stephani Valenzuela.

Las acusaciones incluyen homicidio culposo, negligencia, imposición negligente de angustia emocional y condición peligrosa en propiedad pública. Las demandantes buscan daños no especificados.

Rob Wilcox, portavoz de la Oficina del Fiscal de la Ciudad, se negó a comentarios sobre el caso.

Familiares de Hombre Asesinado Por Oficiales del LAPD Entablan Demanda

October 15, 2015 by · Leave a Comment 

Los familiares de un hombre asesinado a tiros por agentes de la policía de Los Ángeles en Lincoln Heights en abril están demandando a la ciudad y a los tres oficiales.

La demanda presentada la semana pasada en la corte superior de Los Ángeles alega que Luis Molina Martínez, de 35 años, recibió cinco disparos, incluyendo tres en la espalda mientras estaba acostado boca abajo en la entrada de su apartamento.

La demanda también alega que los agentes falsificaron pruebas tras el tiroteo para encubrir su presunta mala conducta.

La demanda alega homicidio culposo, negligencia, violación de sus derechos civiles, asalto y agresión. Los demandantes son la viuda de Ramírez, Mónica Ramírez; sus tres hijos biológicos y su hijastra.

Junto con la ciudad, la demanda tiene como demandados a los agentes del LAPD Ricardo Huerta, Rudolph Rivera y Aldo Quintero. La demanda busca daños compensatorios y punitivos no especificados.

Un portavoz de la policía de Los Ángeles declinó hacer comentarios sobre el caso el jueves pasado.

La policía dijo anteriormente que Martínez recibió un disparo después de que presuntamente los amenazara con un cuchillo de cazar en su apartamento el 21 de abril alrededor de las 4:30pm en el bloque del 3400 de la Avenida Manitou.

El incidente se desarrolló después de que Ramírez marcó al 911 y le dijo a los operadores que su marido se estaba apuñalando a sí mismo, dijo la policía.

Martínez aún sostenía el cuchillo cuando los agentes llegaron, dijo la policía.

Los oficiales le dijeron que soltara el cuchillo, pero dispararon cuando él avanzó hacia ellos, dijo la policía.

Pero de acuerdo a la demanda, Ramírez llamó al 911 para obtener atención médica para su marido. Martínez entregó el cuchillo a su esposa y ella lo puso fuera de su alcance, dice la demanda.

Después que llegaron los oficiales, le dijeron a Ramírez que saliera y uno de ellos le preguntó a su colega si tenía una pistola eléctrica, según la denuncia. Uno de los oficiales fue a buscar la pistola de aturdimiento, pero segundos más tarde Martínez recibió un disparo con pistolas de balas, alega la demanda.

“Luego un oficial pateó al Sr. Martínez dos veces y ninguno de los oficiales hicieron ningún intento para proporcionar atención médica”, dice la demanda.

Después llegaron los paramédicos, el cuerpo de Martínez fue levantado sobre una camilla y removido del lugar “para permitir a los oficiales mover y destruir la evidencia del homicidio a disparos que los oficiales habían cometido”, alega la demanda.

Los oficiales conspiraron para alterar la escena “para crear un relato de ficción de lo ocurrido” poniendo un cuchillo cerca de Martínez, pretendiendo proporcionarle asistencia médica adecuada y por “alterar los restos del señor Martínez con heridas adicionales para apoyar el falso relato de los oficiales”, alega la demanda.

No se le permitió a Ramírez regresar a su apartamento hasta el día siguiente, dice la demanda.

Commerce Cuestiona la Elegibilidad de Argumedo para Permanecer en Su Cargo

May 7, 2015 by · Leave a Comment 

El concejal de la Ciudad de Commerce Iván Altamirano dice que la reciente acción tomada por cuatro miembros del consejo de la ciudad que, en teoría, podría deshacer los resultados de las recientes elecciones, tiene la intención de “dar claridad a la comunidad”.

Altamirano se refería a una decisión a puerta cerrada el mes pasado que dirige el Fiscal de la Ciudad Eduardo Olivo, para iniciar la comunicación con el Fiscal General del Estado en relación con la “legitimidad” de la reciente elección en marzo del concejal Hugo Argumedo al consejo.

Read this article in English: Council Explores Challenge to Commerce Election

La acción viene a raíz de un correo electrónico enviado por el residente de Commerce John Soria al administrador de la ciudad Jorge Rifa y el ayuntamiento, el cual posteriormente Soria leyó en voz alta en la reunión del consejo del 7 de abril durante los comentarios públicos para asegurar que sus palabras “no serían mal interpretadas”.

“Uno podría concluir fácilmente que nuestro electorado ha hablado, pero saber si esto es una representación auténtica de nuestros electores y si el señor Argumedo esta legalmente en el cargo de miembro del consejo aún está por verse”, Soria escribe en su correo electrónico.

Durante una entrevista telefónica el martes, Altamirano dijo que él y sus compañeros miembros del consejo—la alcaldesa Lilia León, la alcaldesa interina Tina Baca Del Río y la concejal Oralia Rebollo—ahora se están haciendo la misma pregunta en respuesta a las quejas que han recibido de los residentes y dueños de negocios que están “enojados” por el regreso de Argumedo al consejo –a pesar de declararse culpable de un cargo menor de obstrucción a la justicia por las declaraciones que hizo durante un caso civil que involucra al ex abogado de la ciudad de Commerce.

Concejal Hugo Argumedo durante la reunión del 7 de abril cuando se leyó publicamente una carta para considerar su destitución. (Foto de pantalla de la Ciudad de Commerce)

Concejal Hugo Argumedo durante la reunión del 7 de abril cuando se leyó publicamente una carta para considerar su destitución. (Foto de pantalla de la Ciudad de Commerce)

En su correo electrónico para el consejo, Soria, quien perdió su candidatura para un asiento del consejo durante la misma elección, detalla su creencia de que el consejo tiene la “autoridad para implementar las políticas de fraude y robo que prohíben que un elegido, nombrado o empleado representante de la ciudad regrese después de haber sido captado cometiendo o intentando cometer robo o fraude en contra de la ciudad de Commerce”.

En un correo electrónico a EGP a principios de esta semana, Soria dijo que el propósito de su correo electrónico al consejo “era simple, iluminar a la ciudad de Commerce.” Agregó que “una eliminación legal de la oficina es lo que mi carta indica, lo cual yo apoyo”.

Cabe señalar que Argumedo ha completado los términos de la sentencia en su contra, que incluía una orden para renunciar a su cargo, estar en resumen de libertad condicional y no ocupar cargos públicos durante tres años.

Altamirano reconoció ese hecho pero dijo que el consejo está pidiendo una opinión si la “ciudad esta segura … o no debería [Argumedo] servir”.

Dijo que él también les dijo a residentes anteriormente que Argumedo había servido su tiempo y nada se podía hacer, pero cambió su opinión. “Si soy arrestado por asesinato pero la corte me deja libre [porque no hay suficiente evidencia], debería ser perdonado?”, dijo como un ejemplo hipotético de su razonamiento.

“Las ciudades en el sureste son vistos como corruptos. Todo el mundo nos acusa de ser corruptos todo el tiempo; Yo siempre estoy siendo acusado de ser corrupto”, dijo Altamirano, “Yo no quiero escuchar esto”.

Al preguntar si el pasado de Argumedo era un problema tan grande, por qué no hubo mayor indignación durante la campaña, Altamirano le dijo a EGP que él hizo la misma pregunta, pero la mayoría de la gente pensó que no había manera que Argumedo ganaría.

Argumedo le dijo a EGP el martes que está “en una situación extraña”, después de haber sido asesorado por Olivo para excusarse a sí mismo de las discusiones para evitar un posible conflicto de intereses.

“Yo no tuve el privilegio de sentarme en la discusión … hay una pregunta si incluso tengo que excusarme”, pero lo hice porque eso es lo que aconsejó el abogado de la ciudad.

Argumedo, quien junto con la ex concejal Denise Robles fueron aprobados por el consejo editorial de este diario en las elecciones de marzo, recibió la mayoría de votos de los seis candidatos quienes buscaban uno de los dos puestos en la boleta electoral. Oralia Rebollo quedó en segundo lugar, ganando el otro asiento del consejo. En la aprobación y en otros artículos sobre la elección, EGP hizo referencia a la condena de Argumedo y la forzada resignación de su cargo.

“Desafortunadamente, pasar por este proceso, ahora parece que están tratando de anular la voluntad del pueblo”, dijo Argumedo sobre las acciones del consejo.

Incluso después de todas las cosas negativas que se dicen por ahí de oponentes sobre los últimos problemas, “yo todavía tuve más votos”, dijo.

“Fui honesto con la gente, les dije que cometí un error y les pedí que no me juzguen por un error, pero por todo lo bueno que hice como concejal”, dijo emocionalmente.

“Me dijeron que no podía ocupar un cargo durante tres años y he seguido la ley al pie de la letra”, dijo. “Seguí trabajando, continué mi vida familiar”, dijo agregando que quiere que la ciudad continúe avanzando.

“Recibí abrumadora afirmación de ello, vean cuántas personas llegaron a mi ceremonia de juramentación”, dijo.

Argumedo dijo que no está seguro cual será su próximo paso, pero él está considerando buscar consejo legal si se llega a ese punto. “Creo que necesito para explorar no sólo mi derecho a servir, pero el derecho del pueblo a elegir quien los representa”, dijo.

Durante los comentarios del público en la reunión del consejo del martes, el residente de Commerce Leonard Mendoza expresó su decepción sobre la dirección tomada por el propio consejo.

“Acabamos de tener una elección, que era bastante mala, fue una elección sucia, fue una lucha difícil de elección … Si ustedes [consejo] están haciendo cualquier cosa en contra de los procesos políticos, entonces les están diciendo a casi 700 electores, ‘tu voto no es bueno, votaste por la persona equivocada’”.

Altamirano no estuvo en la reunión del consejo del martes debido a un fallecimiento de un familiar, pero dijo que espera que el consejo informe en su próxima reunión sobre las medidas que van a tomar.

“Si resulta que todo esto es una bola de tonterías, entonces todo el mundo necesita enterrarlo”, dijo, agregando que no apoyaría una elección de destitución dirigida a Argumedo.

“Pelearía contra ella”.

 

La reportera de EGP Jacqueline García contribuyó a este artículo.

Demandan al Alguacil del Este de Los Ángeles por Negligencia

April 16, 2015 by · Leave a Comment 

Los padres de uno de los dos hombres muertos a tiros por agentes del alguacil en el Este de Los Ángeles el año pasado están demandando al condado por la muerte y negligencia ilícita de su hijo. Ellos alegan que su hijo no representaba una amenaza para los representantes de la ley después de que él mostró supuestamente lo que parecía ser un arma de fuego durante su detención.

Rubén y María Bermúdez, padre y madre de Eduardo Bermúdez de 26 años de edad, presentaron la demanda el viernes en la Corte Superior de Los Ángeles buscando daños no especificados.

La portavoz del alguacil Nicole Nishida dijo el martes que “el Departamento del Alguacil todavía no ha recibido ni revisado la demanda”.

El departamento del alguacil (LASD) ha indicado anteriormente que el arma que se encontró en la escena era una réplica de una pistola calibre .45.

La demanda señala que Eduardo Bermúdez fue asesinado frente a la casa de su hermana en la calle Verona.

“En el momento de los disparos, el difunto no representaba una amenaza inminente de muerte de un daño grave …”  dice la demanda.

El LASD previamente dijo que oficiales respondieron al llamado de un hombre de 32 años que informó que un pasajero en una camioneta SUV le apuntó con un arma de fuego en el 1100 Atlantic Boulevard aproximadamente las 2:20am el 16 de noviembre. Los oficiales encontraron el vehículo y trataron de detenerlo, dijo el LASD.

Sin embargo, los dos hombres salieron de la camioneta y Eduardo Bermúdez, el pasajero, señaló lo que parecía un arma de fuego en la dirección de los oficiales, lo que provocó que les disparan y mataran a los hombres, dijo el LASD.

El conductor quien acompañaba a Eduardo Bermúdez fue identificado sólo como un hombre de 57 años de edad.

Miles de Mexicanos Deportados de California Podrían Regresar a EE.UU.

March 5, 2015 by · Leave a Comment 

Miles de mexicanos en el sur de California que fueron deportados tras verse obligados a firmar su “salida voluntaria” tendrán oportunidad de regresar a EE.UU. para regularizar su estatus migratorio tras un acuerdo aprobado el viernes por un juez en una corte federal.

El acuerdo vino tras la resolución de una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en junio de 2013, al considerar que agentes federales hostigaban y proveían información errónea a inmigrantes para forzarlos a firmar su salida del país sin darles oportunidad de tener una audiencia frente a un juez.

“Es algo histórico, es una enorme victoria para muchos inmigrantes que llaman a Estados Unidos su hogar”, señaló a Efe la abogada de ACLU en San Diego, Gabriela Rivera, al referirse al acuerdo alcanzado.

También, como parte de la demanda, López-Venegas vs Johnson, autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) están obligadas a cambiar sus prácticas y proporcionar información detallada a inmigrantes sobre las consecuencias de firmar una salida voluntaria, así como permitir a la persona consultar con un abogado.

Tras el acuerdo firmado por el juez John A. Kronstadt de California, organizaciones como ACLU y la Coalición por los Derechos Humanos de Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), entre otras, se encargarán de buscar a personas que reúnan los requisitos para formar parte de la demanda colectiva.

“Ahora podemos empezar el proceso para reunir algunas de las familias que pudieron haber permanecido juntas legalmente en Estados Unidos pero fueron separadas por prácticas del gobierno que dependen de mala información, engaño y coerción”, refirió Rivera.

La abogada de ACLU, aclaró que aquellos que logren regresar lo harán con el mismo estatus migratorio que tenían cuando fueron llevados a México.

“No ganamos estatus para quienes fueron deportados, simplemente ganamos el derecho a regresar a los Estados Unidos y tener de nuevo, la oportunidad de pelear su caso frente a un juez”, aseveró.

Entre los requisitos para ser elegibles como parte de este acuerdo, se encuentra el haber firmado su salida voluntaria en el sur de California (procesados por la Patrulla Fronteriza o el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en el sector San Diego o Los Ángeles) entre el 1 de junio de 2009 y el 28 de agosto de 2014 y haber sido deportados a México.

También, se requiere que la persona tuviera ciertas opciones legales para permanecer en EE.UU. cuando firmó su salida del país, además debe de estar físicamente en México al momento de someter su aplicación para ser miembro de la demanda colectiva.

Autoridades de ICE estiman que durante el periodo establecido en la demanda alrededor de 30 mil indocumentados firmaron su salida voluntaria.

La dependencia federal dijo desconocer cuántos de esos casos califican para esta demanda colectiva, aunque creen “será una pequeña fracción del número total”.

Además, precisaron que se realizaron modificaciones al formulario conocido como “Notificación de Derechos y Solicitud de Resolución”, en el cual se enumeran las opciones con las que cuentan las personas indocumentadas como solicitar una audiencia ante un tribunal, declarar que existe peligro de regresar a su país u optar por la salida voluntaria.

“ICE anticipa que el formulario modificado será implementado a nivel nacional”, agregó la vocera de la dependencia.

Anna Castro, portavoz de ACLU en San Diego consideró que este acuerdo da esperanza en medio del debate en relación a los derechos de los inmigrantes en el país.

“Tenemos que reconocer que todas las personas que están en Estados Unidos tienen derechos bajo la Constitución y que nadie debería ser forzado a tomar decisiones que les puede cambiar la vida tanto a ellos como a su familia”, declaró a Efe.

Por otra parte, aclaró que si una persona logra regresar tras reunir los requisitos, existiría la posibilidad de beneficiarse por algunas de las acciones migratorias anunciadas por el presidente Barack Obama, aunque enfatizó que “no existe relación entre DACA, DAPA y esta demanda”.

“Es posible que al regresar a Estados Unidos y al calificar para la demanda colectiva (no para DACA y DAPA), que al estar aquí esa quizá sea una opción legal para alguien”, explicó.

Los inmigrantes primero deben demostrar haber tenido una opción legal para residir en EE.UU. en el momento que firmaron su salida (hasta agosto de 2014, tiempo en el que todavía no se había anunciado el alivio migratorio del presidente).
De ser así, una vez en EE.UU., podrían considerar esa opción para permanecer en el país.

Aquellos que consideran que califican para esta demanda colectiva deben escribir al correo electrónico avd@aclusandiego.org o llamar al número gratuito 1-800-681-6917 para solicitar una consulta.

Tanto las solicitudes como las consultas informativas para este alivio legal serán gratuitas, además que podrán ser emitidas únicamente por ACLU y otras organizaciones aprobadas por este organismo.

Los activistas alertaron a la comunidad de posibles fraudes y aclararon que solo la ACLU y las organizaciones aprobadas por este organismo van a poder someter solicitudes para aprobación al gobierno en base a este acuerdo.

Asimismo, recalcaron que las aplicaciones para este alivio legal serán gratuitas al igual que las consultas informativas.
La implementación de este acuerdo consistirá en dos etapas.

Primeramente, la ACLU y otras organizaciones iniciarán una campaña informativa en diferentes estados de México y el sur de California que se extenderá por 120 días.
Posteriormente, habrá un lapso de 180 días para recibir las solicitudes.

Coalición de 12 Estados Defenderá la Acción Ejecutiva de Obama en Corte

January 15, 2015 by · Leave a Comment 

Una coalición integrada por doce estados y el Distrito de Columbia defenderá las medidas ejecutivas sobre inmigración del presidente Barack Obama demandadas por otros 25 estados en el juicio que empezará hoy jueves en una corte federal de Brownsville, TX.

Los doce estados (California, Connecticut, Hawai, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont y Washington) y el Distrito de Columbia se presentaron como “amicus curiae” (amigo de la corte) en el proceso contra las medidas que buscan regularizar a más de cinco millones de indocumentados.

Estos estados argumentan que, lejos de suponer una carga, las medidas de Obama son beneficiosas al “aumentar sus ingresos” y “reducir la demanda de servicios sociales”.

“Al usar adecuadamente su autoridad, el presidente beneficia a los estados mediante la mejora de la seguridad, mantiene unidas a las familias y ayuda a la economía”, expresó el procurador general del estado de Washington, Bob Ferguson, impulsor de la coalición.

”Los inmigrantes trabajadores, que pagan sus impuestos, ya pueden salir de la sombra”, agregó.

Esta coalición defenderá a la Administración de Barack Obama frente a la demanda interpuesta por otros 25 estados (la mitad de los 50 que integran la nación) liderados por Texas, que consideran que el presidente se extralimitó en sus poderes.

Se trata de Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, Michigan, Misisipi, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia del Este y Wisconsin, además de Texas.

La gran mayoría de estos estados están en manos de los republicanos, que se oponen a la acción ejecutiva y pretenden bloquearla a través del Congreso al dejar sin presupuesto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia encargada de su implementación.

Según los demandantes, con sus medidas ejecutivas Obama “viola la Constitución de los Estados Unidos y la ley federal, elude la voluntad del pueblo estadounidense y afrenta a las familias y personas que siguen la leyes para migrar legalmente”.

El exprocurador general de Texas y gobernador electo, Greg Abbott, quien interpuso esta demanda, considera además que las medidas ejecutivas, lejos de beneficiar a la nación, conllevarán más “inmigración ilegal” y más inseguridad en la frontera.

El juez que instruye la causa, Andrew Scott Hanen, programó para hoy jueves la primera audiencia del proceso, que se celebrará en la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas, en la ciudad de Brownsville.

Si lo encuentra oportuno, Hanen, quien fue propuesto para el puesto en 2002 por el expresidente George W. Bush, podría suspender las medidas mientras analiza la causa.

Obama anunció el pasado 20 de noviembre un conjunto de medidas unilaterales para regularizar a más de cinco millones de indocumentados, la mayoría padres con hijos que son ciudadanos o tienen residencia permanente en el país.

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