Unos 300,000 “Soñadores” Perderían Su Trabajo en Primeros 9 Meses Sin DACA

November 16, 2017 by · Leave a Comment 

CHICAGO – Cerca de 300.000 jóvenes indocumentados amparados bajo la Acción Diferida (DACA) perderán sus empleos en los nueve meses siguientes a que este programa expire en marzo de 2018, según un estudio presentado el martes por FWD.us, grupo creado por líderes tecnológicos partidarios de una reforma migratoria.

Según su presidente, Todd Schulte, EEUU sufrirá consecuencias “dramáticas y devastadoras” si el Congreso no actúa y salvar de la ilegalidad a miles de jóvenes que quedarán desprotegidos a partir del 6 de marzo, cuando expira DACA, aunque unos 22,000 “soñadores” ya perdieron este amparo y están en riesgo de deportación.

“No podemos asistir impasibles mientras nuestros vecinos y compañeros de trabajo son arrancados de nuestras comunidades”, declaró Schulte a EFE, al hacer un llamado a los legisladores para que aprueben una solución antes de fin de año.

FWD.us ya había analizado a fines de agosto las consecuencias de la decisión del presidente Donald Trump de cancelar DACA y sacar de la fuerza laboral a cientos de miles de personas.

Se estimó entonces que el impacto se sentirá en el Producto Interior Bruto (460,1 millones de pérdidas) y en las contribuciones al Seguro Social y el Medicare (24,000 millones) en una década.

“La Administración no debería cambiar el programa existente sin que se apruebe primero una ley que aborde los urgentes desafíos de la protección de estos jóvenes”, señaló FWD.us en un estudio que ahora es actualizado con datos más precisos sobre las pérdidas laborales y empresariales.

Sin una ley que proteja a los “soñadores”, como podría ser la DREAM Act 2017 presentada en el Senado, en los nueve meses siguientes al vencimiento del plazo final del 5 de marzo dado por Trump al Congreso, los desamparados serían unos 300,000.

Cada día, unos 1.700 jóvenes perderían la posibilidad de trabajar y contribuir a la economía del país, hasta llegar al despido de la totalidad de los 690.000 beneficiados con DACA que integran la fuerza laboral, en un plazo de dos años, según vayan expirando sus permisos de residencia y empleo.

Según el estudio, las consecuencias son todavía “más dramáticas” por el hecho de que los receptores de DACA viven en los 50 estados y en el Distrito de Columbia, lo que hará sentir las consecuencias económicas y políticas en todo el país.

También se destaca el “costo innecesario” que tendrán que asumir los empleadores para reemplazar a los trabajadores despedidos, estimado en 2,000 millones de dólares en dos años.

Las empresas tendrán problemas además en el momento de los despidos porque, en muchos casos, no saben quiénes son los receptores de DACA empleados, porque sus permisos de trabajo no son diferentes de los demás.

“Son personas que viven abiertamente en nuestras comunidades, son nuestros compañeros de trabajo, maestros o enfermeros, empleados productivos que quedarían en la calle por la única razón de un cambio arbitrario en la política federal”, señala el estudio.

El presidente de FWD.us dijo que el Congreso, al que Trump pidió en septiembre que resuelva esta situación con una ley qué otorgue estatus legal permanente a los “soñadores”, no puede esperar hasta el “último momento” y debe considerar las consecuencias morales y políticas del problema para aprobar una solución legislativa.

Los empresarios se movilizan para tratar de evitar una crisis “cruel e innecesaria”, y para mañana se espera la presencia en el Capitolio en Washington de ejecutivos de 40 empresas que realizarán cabildeos con los legisladores, en algunos casos acompañados por “soñadores” que han sido empleados por sus empresas, informó Schulte.

Asimismo, el grupo New American Economy, fundado por el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, anunció para el 6 de diciembre una serie de eventos en todo el país, con la participación de grupos religiosos, conservadores e hispanos, así como de cámaras de comercio y empresariales.

Senadores Piden Que No Usen Datos de “Soñadores” para Deportarlos

October 26, 2017 by · Leave a Comment 

WASHINGTON – Un grupo de 39 senadores demócratas pidió el miércoles a la secretaria interina de Seguridad Nacional (DHS), Elaine Duke, que no use los datos personales de los jóvenes indocumentados conocidos como “dreamers” (“soñadores”) para deportarlos.

“El Gobierno de EEUU se comprometió con estos jóvenes a que la información que proporcionasen no se utilizaría en su contra o contra sus familias (…), y la gente que solicitó el programa DACA confió en este seguro para postularse”, apuntan los senadores en una carta dirigida a Duke.

Los legisladores muestran “preocupación” por unas declaraciones de Duke ante el comité de Seguridad Nacional de la Cámara baja, donde dijo que no podía prometer que la información de la base de datos del programa Acción Diferida (DACA) no terminase en manos de las autoridades migratorias (ICE).

En la misiva, los senadores piden a la secretaria interina del DHS, que reemplazó al general John Kelly cuando este fue nombrado jefe de gabinete de la Casa Blanca, que detalle el número y los casos de beneficiarios del DACA cuya información ha terminado ya en manos del ICE.

“Como consecuencia de la decisión de la Administración de dar por terminado el DACA, cientos de miles de personas que confiaron al Gobierno de EEUU una gran cantidad de información personal detallada sobre ellas y sus familias viven con miedo”, aseguran.

La carta está suscrita por una mayoría de senadores demócratas, entre ellos Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Robert Menendez o Catherine Cortez Masto, así como por tres de los líderes demócratas en la Cámara de Representantes.

Se trata de Michelle Lujan Grisham, líder del Caucus Hispano; Cedric Richmond, líder del Caucus Negro, y Judy Chu, líder del Caucus Asiático.

Los datos de los “soñadores” fue uno de los asuntos peliagudos de los últimos días del Gobierno del anterior presidente, Barack Obama, ya que cerca de un centenar de congresistas demócratas y algunas organizaciones pidieron medidas concretas para que el entonces presidente electo, Donald Trump, no pudiera utilizarlos con fines de deportación.

Sin embargo, el secretario de Seguridad Nacional saliente, Jeh Johnson, se limitó a pedir por carta a Trump que “cumpliese” el compromiso del Gobierno con estos jóvenes y que mantuviese esa discreción, que había sido una “constante” durante “décadas”.

Fueron cerca de 800.000 los jóvenes indocumentados que desde 2012 se acogieron al programa DACA, recientemente eliminado por Trump, y que dieron todo tipo de información personal en el proceso.

El programa, promovido por Obama, protegió de la deportación y otorgó permisos a estos jóvenes indocumentados, que llegaron de niños al país y a los que se conoce como “soñadores” o “dreamers”.

Trump suspendió el programa a principios de septiembre, pero dio seis meses al Congreso para encontrar una alternativa.

La Casa Blanca negocia ahora con líderes demócratas para aprobar una ley que dé una nueva cobertura legal a los “soñadores” a cambio, posiblemente, de incluir financiación para la contratación de más agentes migratorios.

DACA: ¡Renueve! ¡Renueve! ¡Renueve!

September 28, 2017 by · Leave a Comment 

Con solo una semana antes de que se cierre la ventana en cual los recipientes de DACA podrán solicitar la renovación de permisos vencidos o que están por vencer, un ejercito de grupos a favor de los derechos de inmigrantes, oficiales escolares y gubernamentales y abogados especializados en las leyes de inmigración están unidos por el mismo refrán: ¡Renueve, renueve, renueve!

Su mensaje se dirige a los quienes tienen permisos que se expiran el 5 de marzo, 2018, pero que ahora tienen solo hasta el 5 de octubre para entregar sus aplicaciones para la renovación a la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos. Incumplimiento de dicha entrega— entrega física actual y no por fé de matasellos del servicio del correo — resultará en la pérdida de protecciones provisionales ante la deportación, tanto como el número de seguridad social y permiso de trabajo que acompañan la DACA.

El plazo límite fue estipulado en el memorándum emitido por Pres. Donald Trump el 5 de septiembre acabando la iniciativa DACA. El presidente ha ordenado una eliminación gradual del programa heredado de la administración de Obama, diciendo que ahora le toca al Congreso crear legislación que proveerá un tipo de estatus legal para jóvenes trasladados a los EE.UU. de niños.

El aviso de plazo corto es la razón por cual muchos solicitantes se ven en la rebatiña, buscando asesoría legal y económica. Varios grupos ofrecen asesoría legal gratuita y proveen becas o micro-préstamos para ayudar a los de menos recursos pagar la cuota de $495 requerida con la aplicación por una renovación.

Durante un encuentro de Facebook en Vivo Live presentado el lunes por la Oficina de Asuntos de Inmigración del Condado de Los Angeles, panelistas dijeron que el dinero no debe ser un factor en la decisión acerca de la aplicación para renovar el permiso.

“Si el dinero es la razón por cual no hayas sometido tu aplicación, dinero no debe ser una barrera”,  dijo Julie Mitchell de CARECEN, una organización sin fines de lucro dedicado a la defensa de los derechos de inmigrantes centroamericanos fundada en el1983.

“Hay bastante asesoría aquí en el Condado de Los Angeles si no puedes juntar los $495”, dijo Mitchell, explicando que “ciertas escuelas, algunos contratistas con el Departamento de Servicios Sociales de California y aún varios distritos concejales al nivel municipal” ofrecen apoyo económica. En cuanto involucrarse sólo en el proceso para tramitar la aplicación, Mitchell cuestiona porque alguien tomaría esa decisión dado la disponibilidad de asesoría legal y asesoramiento experto gratuitos.

“Tenemos una abundancia de recursos, personas que se han apuntado”, continuó Mitchell.  “Si asesoramiento  legal es disponible, porque no aprovecharse”?

Es especialmente verdadero para quien tal vez haya sido objeto de una orden de arresto por un deleito, Mitchell dijo. Aunque el caso no hay resultado en una convicción, todavía le podría perjudicar y debes obtener consejo de un abogado.

Para estudiantes como Alex Lomeli, alumno en el East Los Angeles College, el apoyo económico y los recursos son bienvenidos y una sorpresa grata.

“No tuve la menor idea de que se ofrecían becas”, Lomeli dijo a EGP este lunes, agregando que en el pasado, ha tenido que asumir más trabajo para pagar su cuota de renovación. El trabajo adicional le quita tiempo de sus estudios de diseño gráfico.

Lomeli no es único.

 Hay muchos recursos legales y económicos en el Condado de Los Angeles para ayudar a los recipientes de DACA renovar sus permisos antes del 5 de octubre, dijo la panelista Julie Mitchell de CARECEN, (segunda de la izquierda) durante un Facebook en Vivo presentado lunes por la Oficina de Asuntos de Inmigración del Condado de Los Angeles. (Facebook.com)

Hay muchos recursos legales y económicos en el Condado de Los Angeles para ayudar a los recipientes de DACA renovar sus permisos antes del 5 de octubre, dijo la panelista Julie Mitchell de CARECEN, (segunda de la izquierda) durante un Facebook en Vivo presentado lunes por la Oficina de Asuntos de Inmigración del Condado de Los Angeles. (Facebook.com)

Hay muchos estudiantes por ahí que no saben de los recursos disponibles, dijo Jennifer Marín E Esquivel, una coordinadora voluntaria con CARECEN.

Dijo que la organización está ocupadísima desde que Trump emitió la orden para desmantelar a DACA, diciéndole a EGP que han organizado varios eventos en donde los solicitantes pudieron pedir asesoramiento de abogados de inmigración y obtener becas para ayudarles pagar la cuota para el trámite de la renovación.

Según Esquivel,  dinero ha sido asignado por la mayoría de los distritos en el Condado de Los Angeles para ayudar a los que tienen permisos. Este sábado, el Consejal Curren Price en colaboración con CARECEN y la Coalición por Derechos Humanos para Inmigrantes presentarán un taller en donde cientos de becas serán repartidas a recipientes de permisos DACA quienes califican.

Esquivel dijo que es desalentador pensar que, durante estos tiempos de incertidumbre, hay todavía recipientes que no saben que hay docenas de grupos ofreciendo ayuda.

Mientras la falta de información la tiene preocupada, Esquivel dijo que está más alarmada por un sinnúmero de relatos sobre la traición compartidos por familias estafadas por dinero por personas que han prometido, a base de pago, ayudarles navegar los trámites de la renovación.

Dijo que se ha reunido con familias quienes le han dicho que habían pagado a un supuesto abogado $1,000 o más para procesar sus solicitudes para la renovación, solo para quedarse sin nada.

“Es un crimen que muchas familias enfrentan”, dijo Esquivel con disgusto. “Confían en un individuo quien termina aprovechándose de su generosidad”.

Para Maribel Arroyo, sin embargo, el futuro es aún más incierto, no basado en su cumplimiento con la necesidad de entregar su aplicación para la renovación antes del 5 de octubre.

Su permiso se expira en diciembre del 2018 y hasta la fecha, no hay un plan para cual dejará a los cientos miles de recipientes de DACA cuyos permisos se vencen después del 5 de marzo, 2018 solicitar una renovación.

Perderán sus permisos de trabajo y números de seguridad social, y protecciones provisionales ante la deportación en el momento que se vence su permiso actual.

Arroyo, cuyos padres la trajeron de Durango, Mexico a los Estados Unidos, trabaja tiempo completo para pagar las clases que está tomando por internet en la Universidad de Phoenix. Teme que la pérdida de su permiso significa también la pérdida de su empleo y la posibilidad de obtener una licenciatura en educación y su sueño de ser una maestra en una escuela primaria.

“Si no puedo trabajar legalmente, no se como voy a poder pagar para la escuel”, dijo.

Por ahora, Arroyo espera platicar con un abogado de inmigración para averiguar sus opciones.

“Llamé al Departamente de Inmigración de los EE. UU. y no tenían ninguna respuesta para mi”, dice Arroyo, frustrada.

“Estoy tratando de crear un futuro mejor para mi hijo y yo, pero puede ser que me botan de un país que he llamado mío desde que tenía diez años”.

La situación que Arroyo y cientos de miles otros recipientes de DACA enfrentan es “desafortunado,” reconoce Esquivel. “Eso será la siguiente lucha que vamos a tener que asumir”, dijo, aludiendo a los esfuerzos ante el Congreso, para que se animen pasar legislación que arreglará al estatus de los Dreamers, el nombre frecuentemente usado para referir a los inmigrantes trasladados al país de niños.

Para muchos, sin embargo, esta semana el enfoque a lo largo del país es convencer a los recipientes de DACA elegibles de la importancia de entregar sus solicitudes para la renovación antes de que se acaba el tiempo. Asegurese que se mande por correo no más tarde que el 1 de octubre, aconseja Ready California, que también ofrece información sobre recursos legales gratuitos y ofrece becas para cubrir el costo de la cuota de la solicitud para la renovación. Puede encontrar más información en www.READY-CALIFORNIA.org.

El departamento de asuntos de inmigración del Condado tiene programado otro evento de Facebook en Vivo el 2 de octubre a las 6pm en el www.Facebook.com/LAC4Immigrants. Para más información sobre charlas virtuales “Mantega a su DACA” o las últimas noticias que puedan afectar a los inmigrantes, visite a la sitio de la Oficina de Asuntos de Inmigración en oia.lacounty.gov o llame al (800) 593-8222.

Directora Editorial de EGP Gloria Álvarez contribuyó a este artículo.

City, County, State Take Up Fight to Defend DACA

September 14, 2017 by · 1 Comment 

The Trump administration’s decision to end DACA, the Deferred Action for Childhood Arrivals
initiative, has sparked a whirlwind of activity at the city, county and state level, all aimed at thwarting the president’s action and to push Congress to adopt a permanent solution for the hundreds of thousands of immigrants brought to the country illegally as children.

The protests and promises of legal battles is not surprising given that one in four DACA recipients – or about 200,000 of the young beneficiaries – live in California.

Speaking in Los Angeles Tuesday, California Attorney General Xavier Becerra vowed to fight the decision “on every front.”

Becerra, joined by the attorneys general for Minnesota, Maryland and Maine, filed a lawsuit Monday in San Francisco against the administration, arguing that the federal government violated the Constitution and federal laws when it moved to rescind DACA.

“The DACA initiative has allowed more than 800,000 Dreamers — children brought to this country without documentation — to come out of the shadows and become successful and productive Americans,” Becerra said following a roundtable meeting with immigration advocates in downtown Los Angeles. “I’ve never seen a time in our country when we punish kids for coming out of the
shadows.”

Last week, the University of California filed suit against the administration on grounds that the decision would violate the due process rights of thousands of immigrant UC students. That same day, Los Angeles Councilman Jose Huizar introduced a motion directing the city attorney to either file his own lawsuit or to join the state’s lawsuit being promised by Becerra.

On Tuesday, Los Angeles County supervisors added their voices, adopting a measure to support the lawsuits brought by other government bodies and to pursue a financial boycott of sorts of states “unfriendly” to DACA by banning county employees from traveling to those states on county business.

California’s Attorney General Tells Dreamers to Reapply

According to Becerra, with the help of the state’s 200,000 DACA recipients, California has become “the sixth largest economy in the world.”

Federal immigration officials are no longer accepting new requests for DACA, but the agency is hearing two-year DACA renewal requests received by Oct. 5 from current beneficiaries whose benefits will expire before March 5.

Flanked by representatives from immigrant rights groups, Becerra said Tuesday that financial help is available to cash-strapped Dreamers who don’t have the $495 renewal fee. “If you have the opportunity, submit your paperwork,” the attorney general said. “We don’t want anyone to be deprived of the chance to reapply.”

Cynthia Buiza, executive director of the California Immigrant Policy Center, urged recipients not to “make money an issue.”

Added Martha Arevalo, executive director of the Central American Resource Center: “Don’t let financial concerns be a reason not to reapply. We can find solutions.”

Becerra said the DACA phase-out indirectly affects millions of residents, as well as businesses, nonprofits, and the state’s towns and cities.

“We’ll do whatever we can to win,” he said.

Fifteen other states have also filed a lawsuit challenging the end of the DACA program.

UC Is First University System to Enter Legal Battle

The UC’s lawsuit filed Sept. 8 in San Francisco against the U.S. Department of Homeland Security (DHS) and its acting secretary, Elaine Duke, is the first of its kind to be filed by a university. The lawsuit alleges the Trump administration failed to provide proper notice to the impacted population as required by law.

”As a result of the defendants’ actions, the Dreamers face expulsion from the only country that they call home, based on nothing more than unreasoned executive whim,” the complaint reads. UC President Janet Napolitano, who was secretary of DHS from 2009 to 2013, spearheaded the Obama administration’s creation of the DACA program in 2012, setting in place a rigorous application and security review process, according to the lawsuit.

Applicants for DACA were only approved if they were in or had graduated from high school or college, or were in the military, or an honorably discharged veteran. They cannot have been convicted of a felony or major misdemeanor or otherwise pose a threat to national security or public safety.

“Neither I, nor the University of California, take the step of suing the federal government lightly, Napolitano said. “It is imperative, however, that we stand up for these vital members of the UC community.”

The lawsuit asks the court to set aside Trump’s  action because it is “unconstitutional, unjust, and unlawful.”

L.A. Councilman Calls for City Attorney to Join Lawsuits

Roughly 100,000 DACA recipients are believed to live in the Los Angeles area. A motion introduced last week by L.A. Councilman Jose Huizar states, “These Dreamers were brought here as children and have proven themselves to be lawful residents contributing to the social fabric and diversity of the United States.” It also instructs City Attorney Mike Feuer to pursue legal action on behalf of the city to defend their presence.

When asked to comment on the motion, Feuer spokesman Rob Wilcox said, “Our office is already in discussions with other government entities on how best to maximize our impact on fighting the removal of DACA.”

County to Support Lawsuits, Boycott DACA-unfriendly States

County supervisors voted Tuesday to institute a travel ban on DACA-unfriendly states and to support legal challenges to Trump’s order ending the policy.

Supervisor Hilda Solis championed a one-year restriction on county government travel to nine states that threatened legal action to end the program, saying it could “cost the United States approximately $460 billion in GDP.”

Texas, Alabama, Arkansas, Idaho, Kansas, Louisiana, Nebraska, South Carolina and West Virginia will be subject to the travel restriction, which will not apply in the case of emergency assistance for disaster relief or critical law enforcement work.

The vote was 3-1, with Supervisor Kathryn Barger dissenting and Supervisor Mark Ridley-Thomas abstaining, though they both support DACA and voted in favor of related measures.

The young adults nationwide affected by the administration’s action are contributing to America’s economy, not taking from it, said Sonja Diaz, founding director of UCLA’s Latino Policy & Politics Initiative.

“Ninety-one percent of DACA recipients are employed. DACA is a net positive for the U.S. economy” and ending it would cost California alone $11.3 billion,” Diaz told the board.

David Rattray, executive vice president of the Los Angeles Area Chamber of Commerce, promised the support of business leaders in any fight to restore the program.

Employers have invested in hiring and training so-called Dreamers and are “dumbfounded about how stupid this is, frankly,” Rattray told the board.

Barger, the only Republican on the non-partisan board, said the county should take an aggressive, hands-on role in pressing Congressional representatives to craft new legislation.

“We need to be at the table and we need to push as hard as we can,” Barger said. “This is bipartisan, this is about doing what is right,” quoting then-President Barack Obama’s 2012 remarks saying DACA was “a temporary stopgap measure” to give Congress time to act.

“Congress needs to get to work, they’ve had over five years to do it,” Barger said. “If Congress does not act in six months, shame on them.”

Ridley-Thomas proposed having county lawyers file “friend of the court” briefs in support of several states suing the Trump administration.

DACA recipients are entitled, Ridley-Thomas said, to “the right to privacy, the right to work, the right to move within the halls of government and elsewhere without wondering if someone is going to report you or snatch you.”

The vote on amicus briefs was 4-1, with Barger dissenting.

Based on Solis’ motion, the board will also send a letter to the president and Congress demanding legislative action, a move that garnered unanimous support. The board also directed the county’s Office of Immigrant Affairs to help existing DACA recipients renew their status by Oct. 5.

Supervisor Sheila Kuehl introduced a motion to add immigration to a county list of policy priorities, which currently include homelessness, child protection, reform of the Sheriff’s Department, integration of county health services, and environmental oversight and monitoring.

The board’s vote in favor of the new priority was unanimous.

CA Destinará Fondos para Beneficiarios de DACA

September 14, 2017 by · Leave a Comment 

Los líderes legislativos de California anunciaron el martes un acuerdo con el gobernador del estado, Jerry Brown, para destinar 30 millones de dólares para ayudas a los beneficiarios de la Acción Diferida (DACA).

La decisión de los legisladores californianos busca ayudar a los jóvenes “soñadores” que perderán su permiso de trabajo y su protección después de que la Administración del presidente Donald Trump anunciase la cancelación del programa en marzo de 2018.

“No permitiremos que un hombre con tendencias xenófobas socave los años de progreso que hemos hecho en California para integrar a estos jóvenes adultos en nuestra sociedad y nuestra economía”, declaró el martes el presidente del Senado, el demócrata Kevin de León, al hacer el anuncio.

Bajo el programa Una California, se administrarán 20 millones de dólares para subsidiar servicios legales de inmigración para los beneficiarios de DACA y otros 10 millones serán dirigidos a centros de educación universitaria pública.

“Los nuevos fondos para servicio de DACA que estamos adicionando al presupuesto ofrecerán respuestas y ayuda a los jóvenes californianos para permanecer en el único país que conocen”, declaró el martes el presidente de la Asamblea, el demócrata Anthony Rendón.

Siete de los diez millones de dólares de ayuda financiera para estudios universitarios serán asignados a los Colegios Comunitarios de California, dos millones de dólares serán administrados por la Universidad Estatal de California a través del programa Préstamos de Sueño y un millón irá a través del mismo fondo a la Universidad de California.

“A Donald Trump puede gustarle el caos. Estos chicos no merecen eso”, concluyó Rendón.

Según un análisis del Instituto de Política Pública de California (PPIC), en California residen cerca de 223,000 beneficiarios del DACA, más de un cuarto del total nacional, y la entidad calculó que aproximadamente 70,000 soñadores estudian en universidades públicas de California.

Ciudad, Condado, Estado Toman la Lucha Para Defender DACA

September 14, 2017 by · 1 Comment 

La decisión de la administración Trump de poner fin a la iniciativa DACA, Acción Deferida para los Llegados en la Infancia, ha desencadenado un torbellino de actividades a nivel de ciudad, condado y estado, todos dirigidas a frustrar la acción del presidente y empujar al Congreso a adoptar una solución permanente para los cientos de miles de inmigrantes traídos al país ilegalmente como niños.

Las protestas y promesas de batallas legales no son sorprendente dado que uno de cada cuatro receptores de DACA – o cerca de 200.000 de los jóvenes beneficiarios – viven en California.

Hablando en Los Ángeles el martes, el procurador general de California, Xavier Becerra, prometió luchar contra la decisión “en todos los frentes”

Becerra, unido por los fiscales generales de Minnesota, Maryland y Maine, presentó una demanda el lunes en San Francisco contra la administración, argumentando que el gobierno federal violó la Constitución y las leyes federales cuando se movió para rescindir DACA.

“La iniciativa de DACA ha permitido a más de 800.000 Dreamers (Soñadores) – niños traídos a este país sin documentación – salir de las sombras y convertirse en estadounidenses exitosos y productivos”, dijo Becerra luego de una mesa redonda con defensores de inmigración en el centro de Los Ángeles. “Nunca he visto un momento en nuestro país cuando castigamos a los niños por salir de las sombras”.

La semana pasada, la Universidad de California presentó una demanda contra la administración por considerar que la decisión violaría los derechos de debido proceso de miles de estudiantes inmigrantes de escuelas UC. Ese mismo día, el concejal de Los Ángeles, José Huizar, presentó una moción dirigiendo al abogado de la ciudad para presentar su propia demanda o para unirse a la demanda del estado prometida por Becerra.

El martes, los supervisores del condado de Los Ángeles agregaron sus voces, adoptando una medida para apoyar las demandas traídas por otros cuerpos gubernamentales y para perseguir un boicot financiero de la clase de estados “hostiles” a DACA prohibiendo a empleados del condado viajar a esos estados en negocios del condado.

Fiscal General de California Les Dice a los Dreamers Que Vuelvan a Aplicar

Según Becerra, con la ayuda de los 200,000 receptores de DACA del estado, California se ha convertido en “la sexta economía más grande del mundo”.

Los funcionarios federales de inmigración ya no aceptarán nuevas solicitudes de DACA, pero la agencia está recibiendo solicitudes de renovación de DACA, de dos años, hasta el 5 de octubre, de los beneficiarios actuales cuyos beneficios expirarán antes del 5 de marzo.

Flanqueado por representantes de grupos de derechos de los inmigrantes, Becerra dijo el martes que hay ayuda financiera disponible para los Dreamers que no tienen la cuota de renovación de $495. “Si tiene la oportunidad, envíe sus documentos”, dijo el fiscal general. “No queremos que nadie se vea privado de la oportunidad de volver a aplicar”.

Cynthia Buiza, directora ejecutiva del California Immigrant Policy Center, instó a los beneficiarios a no “hacer del dinero un tema”.

Agregó Martha Arevalo, directora ejecutiva del Centro de Recursos Centroamericanos: “No deje que las preocupaciones financieras sean una razón para no volver a aplicar. Podemos encontrar soluciones”.

Becerra dijo que la eliminación de DACA afecta indirectamente a millones de residentes, así como a negocios, organizaciones sin fines de lucro y las ciudades del estado.

“Haremos todo lo que podamos para ganar”, dijo.

Quince otros estados también han presentado una demanda que desafía el final del programa de DACA.

UC Es el Primer Sistema Universitario en Entrar en Batalla Legal

La demanda de la UC presentada el 8 de septiembre en San Francisco contra el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) y su secretaria interina, Elaine Duke, es la primera de su clase en ser presentada por una universidad. La demanda alega que la administración de Trump no proporcionó la notificación apropiada a la población impactada como lo requiere la ley.

“Como resultado de las acciones de los acusados, los Dreamers se enfrentan a la expulsión del único país al que llaman hogar, basado en nada más que un capricho ejecutivo irracional”, dice la queja. La presidenta de la UC, Janet Napolitano, que fue secretaria de DHS del 2009 al 2013, encabezó la creación del programa DACA por parte de la administración Obama en el 2012, estableciendo un riguroso proceso de revisión de aplicaciones y de seguridad, según la demanda.

Los solicitantes de DACA sólo fueron aprobados si estaban o se habían graduado de la preparatoria o la universidad, o estaban en el ejército, o un veterano con licencia honorable. No pueden haber sido declarados culpables de un delito mayor o de lo contrario representar una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública.

“Ni yo, ni la Universidad de California, tomamos el paso de demandar al gobierno federal a la ligera”, dijo Napolitano. “Sin embargo, es imperativo que defendamos a estos miembros vitales de la comunidad UC”.

La demanda solicita al tribunal que anule la acción de Trump porque es “inconstitucional injusta e ilegal”.

Concejal de L.A. Pide Que el Abogado de la Ciudad Se una a las Demandas

Se cree que aproximadamente 100,000 receptores de DACA viven en el área de Los Ángeles. Una moción presentada la semana pasada por el concejal de Los Ángeles, José Huizar, dice: “Estos Dreamers fueron traídos aquí como niños y han demostrado ser residentes legales contribuyendo al tejido social y la diversidad de los Estados Unidos” acción legal en nombre de la ciudad para defender su presencia”.

Cuando se le pidió que comentara en la moción, el portavoz de Feur, Rob Wilcox, dijo: “Nuestra oficina ya está en conversaciones con otras entidades gubernamentales sobre la mejor manera de maximizar nuestro impacto en la lucha contra la eliminación de DACA”.

Condado para Apoyar Demandas, Boicotear Estados Hostiles de DACA

Los supervisores del condado votaron el martes para instituir una prohibición de viajar a los estados no amistosos del DACA y para apoyar los desafíos legales a la orden de Trump de terminar la política.

La supervisora Hilda Solís defendió una restricción de un año en los viajes del gobierno del condado a nueve estados que amenazaron con acciones legales para poner fin al programa, diciendo podría “costarle a los Estados Unidos aproximadamente 460.000 millones de dólares”.

Texas, Alabama, Arkansas, Idaho, Kansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental estarán sujetos a las restricciones de viaje, que no se aplicarán en caso de asistencia de emergencia para catástrofes o trabajos críticos de aplicación de la ley.

La votación fue de 3-1, con la Supervisora Kathryn Barger desdentando y el Supervisor Mark Ridley-Thomas absteniéndose, aunque ambos apoyan a DACA y votaron a favor de medidas relacionadas.

Los jóvenes adultos de todo el país afectados por la acción de la administración están contribuyendo a la economía de los Estados Unidos, no tomando de ella, dijo Sonja Díaz, directora fundadora de la Iniciativa Política y Política Latina de UCLA.

“Noventa y uno por ciento de los destinatarios de DACA están empleados. DACA es un neto positivo para la economía de los Estados Unidos “y terminarlo le costaría a California sólo $11.3 mil millones”, dijo Díaz a la junta directiva.

David Rattray, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Los Ángeles, prometió el apoyo de los líderes empresariales en cualquier lucha para restaurar el programa.

Los empleadores han invertido en la contratación y formación de los llamados Dreamers y están “atónitos por lo estúpido que es esto, francamente”, dijo Rattray a la junta.

Barger, la única republicana de la junta no partidista, dijo que el condado debe tomar un papel agresivo y practico al presionar a los representantes del Congreso para elaborar una nueva legislación”.

“Tenemos que estar en la mesa y tenemos que presionar tan fuerte como podamos”, dijo Barger. “Esto es bipartidista, se trata de hacer lo que es correcto”, citando las declaraciones del entonces presidente Barack Obama del 2012, diciendo que DACA era “una medida temporal de suspensión” para dar tiempo al Congreso para actuar.

“El Congreso tiene que ponerse a trabajar, han tenido más de cinco años para hacerlo”, dijo Barger. “Si el Congreso no actúa en seis meses, es una vergüenza para ellos”.

Ridley-Thomas propuso que los abogados del condado presentaran un escrito de “amigo de la corte” en apoyo de varios estados demandando la administración de Trump.

Los receptores de DACA tienen derecho, según Ridley-Thomas, a “el derecho a la privacidad, el derecho dentro los pasillos del gobierno y en otros lugares sin preguntarse si alguien va a denunciarlo o a arrebatarte”.

La votación sobre los escritos amicus fue de 4-1, con Barger de disidente.

Basado en la moción de Solís, la junta también enviará una carta al presidente y al Congreso exigiendo acción legislativa, una medida que obtuvo un apoyo unánime. La junta directiva también dirigió a la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del condado para ayudar a los beneficiarios existentes de DACA a renovar sus estatus antes del 5 de octubre.

La supervisora Sheila Kuehl presentó una moción para agregar la inmigración a una lista del condado de prioridades políticas, que actualmente incluyen la falta de vivienda, la protección del niño, la reforma del Departamento del Sheriff, la integración de los servicios de salud del condado y la supervisión y monitoreo ambiental.

El voto de junta directiva a favor de la nueva prioridad fue unánime.

State and Local Education Officials Urge DACA Students to Stay In School

September 7, 2017 by · Leave a Comment 

Local and statewide education officials Tuesday denounced plans to phase out the Deferred Action for Childhood Arrivals program, and sought to reassure beneficiaries of the program that they are still welcome on school and university campuses.

“The university’s enrollment and tuition politics are not based on DACA status so enrollment, tuition and financial aid for students is not impacted by the ending of the program,” said Timothy White, chancellor of the Long Beach-based California State University system. “Additionally, state funding under the California Dream Act is not based on DACA status and will not change. Our mission to provide excellent educational opportunities to all Californians shall not waver,” White said.

“We will continue to vigorously pursue the CSU’s commitment to advance and extend knowledge, learning and culture; to provide opportunities for individuals to develop intellectually, personally and professionally; and to prepare educated and responsible alumni who are ready and able to contribute to California’s culture and economy.”

University of California President Janet Napolitano said the decision by President Donald Trump to end the program in six months — barring any action from Congress — was “deeply” troubling.

“This backward-thinking, far-reaching move threatens to separate families and derail the futures of some of this country’s brightest young minds, thousands of whom currently attend or have graduated from the University of California,” Napolitano said.

She said she was directing her advisory committee on “undocumented students” to determine “how to best support and protect University of California students who rely on DACA over the next six months and beyond.” She said the system will continue offering services to DACA recipients, including legal services.

At the Los Angeles Unified School District, officials stressed that school campuses will continue to be “safe zones,” meaning federal immigration agents will not be permitted on campuses “without a review by district officials.”

“These young immigrants have made valuable contributions to the community and the nation they consider their home, and they have earned the right to a permanent place in its history,” LAUSD Superintendent Michelle King said.

LAUSD Board of Education President Ref Rodriguez said DREAMers, be they teachers or students, “have worked hard to contribute to this beautiful country and city.”

“They should be celebrated, not turned away,” he said. “We are committed to strong advocacy efforts at the federal and state levels, so that Congress will find the courage to reverse this decision.”

The Montebello Unified School District, the second largest in Los Angeles County, also repudiated the decision to end DACA, reiterating in a statement Tuesday that the school district is committed to assisting students and their families.

“The Board of Education of the Montebello Unified School District (MUSD) strongly opposes President Trump’s decision today to end the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) program,” they said.

“The time, energy, and money that has been invested into these students would be a huge economic loss in terms of resources lost and in contributions they could be making to our communities,” said MUSD, adding that “the state will suffer a major setback” in meeting demands “for a more educated workforce to compete in a world economy.”

Joining the outcry against the White House’s announcement, California Community Colleges Chancellor Eloy Ortiz Oakley said ending DACA is a “heartless and senseless decision.”

“Those who are affected by this decision were brought to this country as children and are pursuing an education and making contributions to their community,” Oakley said. “Some have served in the Armed Forces defending this country. In California, we don’t put dreams — or DREAMers — on hold.

“The California Community Colleges remain committed to serving all students, regardless of immigration status and to providing safe and welcoming environments in which to learn.”

DACA’s D-Day: ‘We Vow to Fight’

September 7, 2017 by · Leave a Comment 

At press conferences and protests across the country Tuesday, elected officials and immigrant activists lashed out angrily against Pres. Donald Trump’s decision to phase out the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) program, vowing to fight to protect its beneficiaries often referred to as Dreamers.

Attorney General Jeff Sessions made the announcement Tuesday, saying the president has decided to let the program expire in March 2018, giving the Congress 6 months to pass a permanent legislative solution to the plight of undocumented young people whose parents brought them illegally to the U.S. as children and have done nothing wrong.

Sessions said the program started in 2012 by then-President Barack Obama was an unconstitutional “expansion of executive power,” taking authority that belongs to the Congress.

“The legislative branch, not the executive branch, writes these laws — this is the bedrock of our Constitutional system, which I took a solemn oath to preserve, protect, and defend,” said Trump in his official statement.

Under DACA, an estimated 800,000 people who were brought to the country as children – including 220,000 in California – have received a temporary reprieve from deportation, social security number and permission to work legally in the U.S. with a 2-year renewable work permits.

Within minutes of the announcement, supporters of the DACA program began a flurry of news conferences, issuing statements condemning the decision and demanding quick action by the Republican-led Congress to pass legislation to protect Dreamers, fully aware that the legislative body has repeatedly failed to act to reform the country’s immigration laws.

“President Trump has flagrantly sullied our American values and ideals with this decision,” said Angelica Salas, executive director of The Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), one of the organizers of a protest rally at Olvera Street in downtown Los Angeles attended by over a thousand people.

Salas pointed out that “Congress has failed to pass the DREAM Act not once but three times and it has refused to approve comprehensive immigration reform for nearly two decades.

“Will Congress feel compelled this time around to act and approve a clean, stand-alone bill to protect and bring justice to young immigrants and their families? Let’s hope so.”

Congresswoman Lucille Roybal-Allard, D-Los Angeles, called the president’s decision to rescind the program “outrageous.” She joined her Democratic colleagues for a press conference at the Capitol, where they called on the their Republican fellow members of Congress to work with them to pass legislation before DACA ends.

At a press conference also attended by members of the County Board of Supervisors, Los Angeles Mayor Eric Garcetti said, “President Trump’s action on DACA is cruel — it threatens to tear families apart, put our economy at risk, and will do nothing to unify America or make us more secure.”

The mayor also urged congress to act quickly on legislation: “… They belong here. And we’ll fight for them to stay.”

Sup. Hilda Solis said the decision not only puts the future of almost 800,000 DREAMers in danger, but also “the future of almost 65,000 undocumented students who graduate high school every year and could have been supported through DACA.”

“According to the Center for American Progress, DACA beneficiaries will contribute $460.3 billion to the U.S. gross domestic product over the next decade – economic growth that will now be lost,” Solis said in press statement.

In defending the decision, Trump said “Only by the reliable enforcement of immigration law can we produce safe communities, a robust middle class and economic fairness for all Americans.”

He noted that officials from 10 states are suing over the program, and his legal advisers have determined that it is “unlawful and unconstitutional and cannot be successfully defended in court.”

Not everyone disagreed with the president’s position.

In a video posted on YouTube, Judicial Watch President Tom Fitton said “President Trump’s decision helps restore the rule of law and constitutional governance … The Trump administration’s enforcement action on immigration shows the best immigration reform is to finally enforce the law,” he said.

Republican Congressman Darrell Issa of Vista, California, said Obama’s unilateral action was just a “temporary Band-aid.” He went on to say that Trump’s action “puts the onus on Congress to address this challenge in the right way: for the long-haul, with respect for our nation’s laws, a desire to enhance the integrity of our borders, and a sense of compassion for those who were brought here in their childhood years ago and wish to stay as productive members of our communities.”

Saying he is “eager to get to work on a permanent fix,” he called on “Democrats and Republicans alike to immediately put political posturing aside and let this be a catalyst to achieve long-overdue reforms in this important area of concern.”

California Senate Republican Leader Patricia Bates, R-Laguna Niguel, said the president had acted on a promise he made during his campaign. “Now the real work must begin,” she said, but adding “that will only happen with bipartisan leadership from Congress and the President.” She criticized past Republican and Democratic presidential administrations for failing to pass immigration reform. “Delay and inaction are no longer options,” said Bates.

At a noontime rally in front of City Hall, sporting a red baseball cap with Trump’s “Make America Great Again” slogan, Arthur Schaper, a blogger on the website asheisministries.blogspot.com defended the president’s action as the right decision for the country.

At the same rally, Latino Trump supporter Fernando Garcia said Obama should have done things differently because he knew this day would eventually come: “Why did he not make us all citizens back then?” he said.

Immigration rights activists urged DACA supporters to flood legislators with letters and phone calls demanding they act to protect DACA recipients through permanent legislation,

They also reminded DACA recipients, many shaken to the core with fear and uncertainty, that they still have rights and their status, at least for the time being, is unchanged.

According to Ready California, a statewide collaborative working to empower immigrant communities through access to information and legal services, as of Tuesday, the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) has stopped accepting initial applications for DACA and will discontinue renewing DACA applications as of March 5, 2018.

“However, DACA recipients’ work permits will continue to be valid until their expiration date. Employers do not have the right to fire DACA recipients unless their work permits have expired,” the group said in an advisory.

Current DACA beneficiaries whose employment authorizations will expire between now and March 5, 2018, only have until Oct. 5 to file a request with U.S. Citizenship and Immigration Services.

If approved, the renewal is expected to be good for two years, or until 2019. If your permit expires after March 5, 2018, however, USCIS will no longer accept and adjudicate their applications for renewal, effectively ending the authorization to work legally beginning March 6, 2018.

Ready California is advising DACA recipients to consult with an experienced immigration attorney; avoid fraudulent service providers; and to avoid any negative contact with law enforcement.

“Any arrest, charge, or conviction, especially DUI or conduct related to drugs can have negative immigration consequences. Contact with law enforcement can result in exposure to the immigration authorities,” they cautioned.

Trump Rescinde DACA: 800.000 Beneficiaros en Riesgo

September 5, 2017 by · Leave a Comment 

Los líderes demócratas del sur de California y los defensores de los inmigrantes criticaron duramente hoy la decisión de la Administración de Trump de eliminar gradualmente el programa de Acción Deferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que ha protegido a unas 800.000 personas – incluidas más de 242.000 en California – que fueron traídos al país como niños de deportación.

Los activistas de inmediato planearon salir a las calles para protestar la decisión, que fue anunciado por el fiscal general Jeff Sessions en nombre del presidente Donald Trump.

Read this article in English: Trump Rescinds DACA: 800,000 Recipients at Risk

Bajo la acción de la Administración de Trump, el Congreso tendrá seis meses para intentar aprobar una legislación que se dirija a DACA antes de que el programa se elimine gradualmente.

La congresista Grace Napolitano, D-El Monte, también en Twitter, instó a todos sus “colegas republicanos a unirse a nosotros y tomar medidas para #ProtectDreamers! #DefendDACA!”

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo: “La acción del presidente Trump en DACA es cruel – amenaza con separar a familias, pone en riesgo nuestra economía y no hará nada para unificar a Estados Unidos o hacernos más seguros”.

“La decisión de hoy es un revés gigante para los Estados Unidos, porque todos nuestros niños deben sentirse seguros y aceptados en un país que les pertenece”, dijo Garcetti. “DACA ha permitido que cerca de 800.000 jóvenes ambiciosos y patrióticos comiencen sus carreras, permanezcan en la escuela y devuelvan a nuestras comunidades sin temor a ser separados de la gente que aman”.

El alcalde también instó al Congreso a actuar rápidamente sobre la legislación: “…Ellos pertenecen aquí. Y lucharemos para que se queden”.

Al defender la decisión, Trump dijo que el presidente Barack Obama excedió su autoridad en la creación del programa DACA.

“En junio de 2012, el presidente Obama evitó que el Congreso otorgue permisos de trabajo, números de Seguro Social y beneficios federales a aproximadamente 800.000 inmigrantes ilegales actualmente entre las edades de 15 y 36 años”, dijo Trump.

“Los receptores típicos de esta amnistía ejecutiva, conocida como DACA, tienen más de 20 años. La legislación que ofrecía estos mismos beneficios había sido presentada en el Congreso en numerosas ocasiones y fue rechazada cada vez”.

Trump agregó: “Solo por la aplicación confiable de la ley de inmigración podemos producir comunidades seguras, una clase media robusta y equidad económica para todos los estadounidenses”.

Señalo que funcionarios de 10 estados están demandando el programa y sus asesores legales han determinado que es “ilegal e inconstitucional y no puede ser defendido con éxito en los tribunales”.

Esos argumentos hicieron poco para apaciguar a los legisladores demócratas.

La senadora Kamala Harris, de California, dijo que los receptores de DACA “hacen que nuestra nación sea fuerte y representen lo mejor de los Estados Unidos” y rescindir el programa “socava los valores de nuestra nación y es una cruel traición” de DREAMers. El representante Adam Schiff, D-Burbank, criticó el “ataque cruel y arbitrario” contra ellos.

La senadora Dianne Feinstein, D-California, instó al Congreso a avanzar con la legislación conocida como el DREAM Act que proporcionaría un camino a la ciudadanía para DREAMers – el término usado para los receptores de DACA.

“El fracaso en proteger a los jóvenes que han salido de las sombras constituiría un abyecto fracaso moral”, dijo Feinstein.

Funcionarios de la Unión Internacional de Empleados de Servicios denunciaron lo que llamó un “ataque vergonzoso” contra los beneficiaros de DACA.

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) dijo que los miembros estaban listos para reunirse en las oficinas de los legisladores republicanos, incluyendo el representante Steven Knight en Santa Clarita, la representante Mimi Walters en Irvine, así como la oficina del representante Kevin McCarthy en Bakersfield.

Además, decenas de trabajadores y miembros de la comunidad planificaron una marcha de mediodía por el centro de la ciudad de Los Ángeles desde los escalones del Ayuntamiento hasta el edificio federal en el bloque 200 del este de la calle Temple.

Introducido por Obama en 2012, DACA permite a las personas que fueron traídas ilegalmente a los Estados Unidos como niños a trabajar y estudiar en el país sin temor de ser deportados. DACA ha estado disponible para inmigrantes sin antecedentes penales que fueron traídos al país cuando eran menores de 16 años de edad. Los permisos de trabajo expedidos bajo DACA deben renovarse cada dos años.

Trump ha adoptado una postura dura contra la inmigración ilegal, pero hasta poco no había dado una fuerte indicación de si mantendría a DACA en su lugar.

Preguntado durante el fin de semana si los receptores de DACA deben estar preocupados, Trump respondió: “Amamos a los DREAMers. Amamos a todos…Creamos que los DREAMers son fantásticos”.

El representante Ted Lieu, D-Torrance, es uno de los muchos funcionarios electos de ambos partidos que han criticado los planes del presidente.

“La cobarde decisión de Trump de poner fin a DACA va en contra de las mismas fuerzas que han hecho de Estados Unidos un país excepcional”, dijo Lieu. “Deportar a cientos de miles de asiáticos y latinos – casi la mitad de los cuales fueron traídos a los Estados Unidos antes de los 7 años – no sólo es cruel, sino que dañara a nuestra economía”.

With Trump Action Expected Soon, Hundreds Rally In L.A. To Support DACA

September 1, 2017 by · Leave a Comment 

Hundreds of activists and immigrants gathered in downtown Los Angeles today to rally in support of the Deferred Action for Childhood Arrivals program, which could be dismantled or altered by President Trump.

The program, known as DACA and introduced by former President Barack Obama in 2012, allows people who were brought into the United States illegally as children to work and study in the country without fear of being deported.

Trump has taken a hard stance against illegal immigration, but has not given a strong indication of whether he plans to keep DACA in place. Recent unconfirmed media reports have suggested that Trump is prepared to end the program outright.

Questioned Friday morning, Trump said he plans to issue a decision “sometime today or over the weekend.

“We’ll issue it sometime over the weekend, maybe this afternoon,” Trump said.

Asked if DACA recipients— generally known as DREAMers — should be mworried, he responded, “We love the DREAMers. We love everybody. … We think the DREAMers are terrific.”

Rallying in downtown Los Angeles, local immigrants, elected officials and labor leaders called on the Trump to maintain the program that has helped an estimated 800,000 people avoid deportation.

“I’m here to say that the labor movement, the union movement stands side by side with our DACA young men and women,” said labor leaders Maria Elena Durazo. “… My message to Donald Trump is: Have a heart, show compassion. Have a backbone and show some courage. And have a brain and show some intelligence. Because you know what? We have all these reasons as to why the DACA program needs to be preserved and protected. He knows what those are.

“We don’t want 800,000 people who have been vetted, who have applied, who have given all of their information to the government to now have to go underground,” she said. “That’s what Donald Trump wants? I say no to that.”

The Coalition for Humane Immigrant Rights, which organized the rally, has been holding events throughout the week in support of DACA, including a phone bank of people calling the White House in support of the program.

DACA is available to immigrants without criminal records who were brought to the country when they were younger than 16 years old. Work permits issued under DACA must be renewed every two years.

“The DREAMers and the DACA recipients are the embodiment of America’s promise — the idea of no matter where you’re from, no matter the color of your skin, no matter the god you worship, if you come here and you believe in America, you contribute to America, you actually make America a better place, that you deserve a place here in the United States of America.” said Rep. Jimmy Gomez, D-Los Angeles.

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