Beneficiarios de DACA Viajan a México Como Parte de Programa Universitario

July 6, 2016 by · Leave a Comment 

Un grupo de estudiantes indocumentados amparados bajo la Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA) viajarán fuera de los EE.UU. por primera vez. Gracias a un programa entre México y California, estos jóvenes podrán tener un contacto directo con la cultura y la realidad de sus raíces.

Con ansiedad y emoción, los jóvenes estudiantes de un curso académico de la Universidad Estatal de California Long Beach (CSULB), viajarán el próximo mes de julio a México. un lugar que muchos de ellos no conocen o ya no recuerdan.

Entre el grupo también hay estudiantes centroamericanos.

“Creo que van a tener un conflicto, pero será un conflicto bello al poder reconectarse con sus seres queridos”, señaló a Efe Alfredo Carlos Jerez, profesor de Ciencias Políticas y Estudios Chicanos de la universidad californiana, quien viaja con el grupo como profesor adjunto.

El curso es organizado por el catedrático de CSULB Armando Vázquez Ramos, junto con el Centro de Estudios California-México, y contempla un viaje a México como parte de la “experiencia académica”, según el catedrático, en donde los estudiantes mantendrán un “intercambio cultural” y participarán en diversas charlas con profesionales de ese país.

Los alumnos, además de asumir el coste del viaje, que asciende a cerca de $5.000 dólares, se comprometen a promover el programa a su regreso, en el mes de agosto.

“Estamos sembrando semillas, porque tienen un compromiso de regresar y abrir esta oportunidad para muchos”, resaltó Vázquez Ramos, tras poner de relieve la diversidad de los estudiantes que integran el grupo de 35 alumnos.

Para poder formar parte del programa en el país vecino, además de matricularse en el curso, los jóvenes deben ser beneficiarios del programa DACA y contar con aprobación del Gobierno para un permiso temporal de viaje fuera del país.

Vázquez aseguró que el grupo regresará al país legalmente y ello además marcará un punto de partida para cualquier proceso de legalización que emprenden de cara al futuro.

Un temor extendido en el grupo es cómo afrontar la diferencia cultural entre los que han crecido en EE.UU. y sus familiares en México, los cuales en muchos casos se han desarrollado en un entorno con menos oportunidades educativas.

Pero por encima de todo se respira expectación, como la que vive Fidel Gómez, que salió del Distrito Federal mexicano a los 14 años de edad, sólo y con muchos sueños, con el fin de ayudar a su familia desde EE.UU.

“Voy a regresar donde mi familia para verlos, darles un abrazo y decirles cuánto los he extrañado y contarles lo que he hecho”, declaró a Efe Gómez, que acaba de cumplir 31 años y estudia una maestría en Negocios Internacionales.

“Al final del día creo que fui el que sufrió más, pero creo que el sufrimiento valió la pena”, reconoció este joven beneficiario de DACA.

Para Carla Daniela Martínez, quien llegó con sus padres a los nueve meses de nacida, además de la emoción de volver a ver a su familia, el viaje tiene un interés académico y social.

“Voy a conocer cómo son los servicios en México para los sordomudos y los voy a implementar a mi regreso aquí, para los sordomudos que son indocumentados”, contó a Efe la joven fonoaudióloga.

Otra estudiante, que solo se identificó como “Gaby” y es estudiante de Antropología Cultural y Estudios Internacionales en CSULB, se suma al grupo con la meta de “implementar un programa similar” en su comunidad, además de querer profundizar en las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, según señaló a Efe.

El grupo de 35 “soñadores” partirán hacia México el 26 de julio y tienen programado regresar a Estados Unidos el 16 de agosto.

El Desafío de la Salud en Hogares Con Estatus Mixtos

June 9, 2016 by · Leave a Comment 

La residente de Huntington Park Stephanie Martínez tenía sólo cinco años de edad cuando sus padres la trajeron a vivir a EE.UU. como indocumentada. Ahora a sus 23 años, ella es una de las aproximadamente 853.000 personas en el país que tienen un estatus temporal cuasi-legal a través de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) promulgada por el presidente Obama en 2012.

También hoy en día ella tiene un seguro de salud, pero al igual que muchos en su situación el camino hacia la cobertura estuvo lleno de obstáculos complicado por el estatus mixto de inmigración de su familia y un ingreso familiar combinado considerado demasiado alto para calificar para los subsidios de salud, pero demasiado bajo para pagar un seguro privado.

Read this article in English: Dreamers in Search of Affordable Health Care

Bajo DACA, los jóvenes entre 16 y 31 años de edad que fueron traídos al país ilegalmente cuando eran niños pueden evitar temporalmente la deportación y trabajar legalmente en EE.UU. siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, como asistir o terminar la preparatoria y pasar una prueba de antecedentes criminales.

Para muchos que han calificado hay un sentido de normalidad, de no vivir más bajo la sombra de la sociedad, a menos que al igual que Stephanie vivan en un hogar de “estatus mixto”, donde algunos miembros de la familia son ciudadanos, residentes legales, o beneficiarios de DACA, pero otros son indocumentados.

Cuando fue promulgada en 2014, la Ley de Asistencia Asequible (ACA)—también conocida como Obamacare—los beneficiarios de DACA, comúnmente conocidos como “soñadores”, y los inmigrantes indocumentados quedaron explícitamente excluidos para comprar cobertura de salud a través de los planes patrocinados por el gobierno ni a recibir créditos tributarios de primas u otros ahorros en el mercado.

“Es política,” dijo a EGP Gabrielle Lessard, abogada de política de salud con el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, explicando que la Administración Obama sabía que se enfrentaría a una reacción violenta si se permitiera a los indocumentados y beneficiarios de DACA participar en el programa, pese a que pagan impuestos, los mismos que ayudan con subsidios a la cobertura.

A su corta edad, Stephanie no estaba preocupada por no tener seguro de salud; después de todo, es joven y saludable. Sin embargo, no se podía decir lo mismo de su padre Álvaro Martínez, quien sufre de diabetes y necesita atención médica constante. Él enfrenta una lucha para obtener atención médica asequible debido a su estatus de indocumentado.

La familia Martínez es considerada una familia de estatus mixto donde los padres son indocumentados y los hijos son beneficiarios de DACA. (Cortesía de Stephanie Martínez)

La familia Martínez es considerada una familia de estatus mixto donde los padres son indocumentados y los hijos son beneficiarios de DACA. (Cortesía de Stephanie Martínez)

Así que el año pasado, cuando el padre de Stephanie le pidió que solicitara cobertura de salud para la familia a través del seguro de salud del estado, Covered California, ella aceptó  y llenó la solicitud en una feria de salud patrocinada por AltaMed.

Laura Ochoa coordinadora de mercadeo, trabaja en el programa de AltaMed “Soñadores y Medi-Cal” que revisa si beneficiarios de DACA son elegibles para el programa de Medi-Cal del estado para familias de bajos ingresos, incluyendo a beneficiarios de DACA que pudieran calificar para la cobertura bajo el reconocimiento del estado de individuos que se encuentran residiendo permanentemente en EE.UU. protegidos por la ley de color (PRUCOL por sus siglas en inglés), una categoría de elegibilidad para beneficios públicos creado por los tribunales.

Según los funcionarios de inmigración de EE.UU., “un individuo puede ser elegible para Medicaid (Medi-Cal), si es un extranjero que reside en EE.UU. con el conocimiento y permiso del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) y el INS no contempla exigir la salida del extranjero”, como es el caso de los beneficiarios de DACA.

Los destinatarios de DACA de California y Nueva York cumplen con la norma PRUCOL, dijo Lessard.

Algunos requisitos para calificar para el Medi-Cal de California para los beneficiarios de DACA incluye que tengan un permiso de trabajo válido, un número de seguro social, identificación y prueba de sus ingresos, dijo Ochoa.

Pero el caso de Stephanie era más complicado. Los ingresos combinados de la familia de $46,000 superó el máximo nivel de pobreza federal (FPL) del 138%, o $33.534 al año para una familia de cuatro. Su estado migratorio mixto—sus padres son indocumentados—también hizo que la cobertura de grupo a través del mercado de salud fuera poco probable. El seguro privado es demasiado caro, dijo Stephanie.

Un estudio realizado por el Dream Resource Center del UCLA Labor Center encontró que uno de cada diecisiete niños en EEUU viven en hogares de estatus mixto migratorio.

“Las familias de estatus mixto son un grupo demográfico que crece en Estados Unidos” y su resultado de salud proporciona información sobre el futuro de la salud de la población de EEUU, de acuerdo al estudio “Sin Papeles y Sin Seguro; Un informe de cinco partes sobre jóvenes inmigrantes y la lucha por cuidados de salud en California”.

Stephanie estudia en el Colegio de Santa Mónica y trabaja a tiempo parcial. Dice que es todavía depende de su familia en necesidades básicas como comida y techo.

Según Ochoa, la mejor opción para Stephanie era aplicar como un individuo. Ella dijo que los estudiantes que ganan alrededor de $10.000 podrían calificar para Medi-Cal incluso si sus padres los reclaman como dependientes.

“Si son estudiantes de medio tiempo y trabajadores de medio tiempo, lo más probable es que son elegibles”, agregó.

A principios de este año Stephanie aplicó de nuevo pero esta vez sola y fue aprobada para la cobertura de Medi-Cal mediante L.A. Care Health Plan comenzando el primero de junio.

Stephanie Martinez revisa los documentos que recibió de Medi-Cal (EGP foto por Jacqueline García)

Stephanie Martinez revisa los documentos que recibió de Medi-Cal (EGP foto por Jacqueline García)

Mientras exploraban opciones para la familia, Stephanie también descubrió que el Sr. Martínez califica para la cobertura mediante el programa Capacidad de Pago (ATP) del condado de Los Ángeles, que ofrece servicios de salud asequibles para los residentes del condado de LA que no califican para planes de Medi-Cal, Medicare o Covered California independientemente de su situación migratoria.

El programa es gratis para “individuos con ingresos iguales o menores de $1.367 por mes” y tiene una “[opción] de bajo costo para las personas con ingresos por encima de $1.367 por mes”, como es el caso del Sr. Martínez.

Los solicitantes de ATP sólo pagan por el mes que visitan el hospital o sus clínicas asociadas. Los servicios incluyen visitas al médico y de emergencia, pruebas y medicamentos, explica la página de Internet de Servicios de Salud del Condado de Los Ángeles.

El estudio “Sin Papeles y Sin Seguro”, afirma que la salud de los californianos indocumentados es crucial para el bienestar del estado.

Los investigadores recomiendan expandir ACA a todos los californianos sin importar su estatus migratorio o nivel de ingresos.

“No hay tal cosa como la salud individual; toda la salud es pública y común”, afirma el estudio.

El proyecto de ley SB 10, la exención de la salud para todos, del senador estatal Ricardo Lara, fue recientemente aprobada por los legisladores del estado y podría permitir que los inmigrantes indocumentados compren cobertura de salud a través del mercado de Covered California, pero requeriría primero la aprobación federal.

Martínez le dijo a EGP que ella esta contenta ahora tiene un seguro de salud, pero todavía se preocupa por los problemas de salud de su padre. “Él tiene más necesidad que yo”, dijo.

 

La serie de tres partes fue producida como un proyecto para California Health Journalism Fellowship, un programa del Centro de Periodismo de la Salud de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de USC Annenberg.

 

Para leer Parte 1:  DACA y Obamacare: ¿Quién Califica?

Para leer Parte 3: ¿Vale la pena la SB10? ¿Qué es una exención?

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The Health Challenge In Mixed-Status Homes

June 9, 2016 by · Leave a Comment 

Huntington Park resident Stephanie Martinez was just five years old when her parents brought her illegally to live in the United States. Now 23, she’s one of an estimated 853,000 people in the country who have temporary, quasi-legal status through President Obama’s Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) program enacted in 2012.

Today she has health insurance, but like so many in her situation the road to coverage was filled with obstacles, complicated by her family’s mixed-immigration status and a combined household income slightly too high to qualify for health subsidies but too low to pay for private insurance.

Under DACA, young people between the ages of 16 and 31 who were brought to the country illegally as children can temporarily avoid deportation and work legally in the U.S., provided they meet certain eligibility requirements, such as attending or completing high school and passing a criminal background check.

Lea este artículo en Español: Soñadores en Busca de Cuidado Asequible

For many who have qualified there’s a sense of normalcy, of no longer living in society’s shadow, that is unless like Stephanie you live in a “mixed-status” home, where some members of your family are citizens, legal residents, or DACA recipients, but others are undocumented.

When enacted in 2014, the Affordable Care Act (ACA)—also known as Obamacare—explicitly excluded DACA recipients – often referred to as “dreamers” – and undocumented immigrants from buying health insurance from state or federally sponsored health insurance marketplaces and the premium tax credits, subsidies and other savings on marketplace plans.

“It’s political,” Gabrielle Lessard, a health policy attorney with the National Immigration Law Center told EGP, explaining that the Obama Administration knew it would face a backlash if the undocumented and DACA recipients were allowed to take part in the program, even though they pay into the tax pool that subsides the coverage.

In her early twenties, Stephanie wasn’t worried about not having health insurance; after all, she’s young and healthy. The same couldn’t be said for her father Alvaro Martinez who suffers from diabetes and needs ongoing medical attention, but struggles to get care because he is undocumented.

So last year, when Stephanie’s father asked her to apply for health coverage for the family through the state’s health exchange, Covered California, she gladly filled out the application at a local health fair sponsored by AltaMed.

Marketing Coordinator Laura Ochoa works on AltaMed’s “Dreamers and Medi-Cal” program, which screens DACA recipients for eligibility for the state’s Medi-Cal program for low-income families. DACA recipients can qualify for coverage under the state’s recognition of the Permanently Residing in the United States Under Color of Law (PRUCOL), a public benefits eligibility category created by the courts.

According to US immigration officials, “an individual may be eligible for Medicaid (Medi-Cal), if the individual is an alien residing in the United States with the knowledge and permission of the Immigration and Naturalization Services (INS) and the INS does not contemplate enforcing the alien’s departure,” as in the case of DACA recipients.

California and New York see DACA recipients as having met the PRUCOL standard, Lessard said.

Stephanie Martinez reviews the Medi-Cal documents she received by mail. (EGP photo by Jacqueline Garcia)

Stephanie Martinez reviews the Medi-Cal documents she received by mail. (EGP photo by Jacqueline Garcia)

Requirements to qualify for California Medi-Cal for DACA recipients include having a valid work permit, a social security number, identification and proof they are low-income, Ochoa told EGP.

But Stephanie’s case was more complicated. Her family’s combined household income of $46,000 exceeded the maximum Federal Poverty Level (FPL) of 138%, or $33,534 a year for a family of four to qualify for Medi-Cal. Their mixed-immigration status, her parents are still undocumented, also made group coverage through the health exchange unlikely. Private insurance is too expensive, Stephanie said.

A study by the UCLA Labor Center’s Dream Resource Center found that one in seventeen children in the U.S. live in mixed-immigration status homes.

“Mixed-status families are a growing demographic in the United States” and their health outcome provides insight into the health of the future of the U.S. population, according to “Undocumented and Uninsured; A five part Report on Immigrant Youth and the Struggle to Access Health Care in California.”

Stephanie attends Santa Monica College and works part-time. She says she’s still dependent on her family for necessities like food and the roof over her head.

According to Ochoa, Stephanie’s best option is to apply as an individual. She said students who earn about $10,000 could qualify for Medi-Cal even if their parents claim them as deductions.

“If they are part-time students and part-time workers, most likely they are eligible,” she added.

Earlier this year, Stephanie applied as an individual and was approved for Medi-Cal coverage effective June 1 through the L.A. Care Health Plan.

While exploring her family’s options, Stephanie also discovered that Mr. Martinez qualifies for coverage under Los Angeles County’s Ability to Pay (ATP) program, which offers affordable health services to L.A. county residents who do not qualify for Medi-Cal, Medicare or Covered California plans, regardless of their immigration status.

The program is free to “individuals with incomes at or below $1,367 per month” and has a “low-cost [option] for individuals with incomes above $1,367 per month,” which works for Mr. Martinez.

ATP applicants only pay for the month they visit the hospital or its partner clinics. Services include doctor and ER visits, hospital care, tests and medicines, explains the Health Services of L.A. County website.

The “Undocumented and Uninsured” study states that the health of undocumented Californians is crucial to the wellbeing of the state.

They recommend expanding ACA to all Californians regardless of their immigration status or income level.

“There’s no such thing as individual health; all health is public and communal,” states the study.

A bill by state Sen. Ricardo Lara, SB 10, the Health For All Waiver, recently approved by state lawmakers, could allow undocumented immigrants to buy health coverage through the Covered California online marketplace, but would first require federal approval.

Martinez told EGP she is happy she now has health insurance, but still worries about her father’s ongoing health issues. “He has more need than me,” she said.

Immigrants with one of the following statuses qualify to use the Marketplace:
•Lawful Permanent Resident (LPR/Green Card holder)

•Asylee •Refugee •Battered Spouse, Child and Parent

•Victim of Trafficking and his/her Spouse, Child, Sibling or Parent

•Individual with Non-immigrant Status, includes worker visas and student visas

•Deffered Action Status (Exeption: Deferred Action For Childhood Arrivals -DACA)

[For a full list of eligible statuses visit https://www.healthcare.gov/immigrants/immigration-status/]

 

The three-part series was produced as a project for the California Health Journalism Fellowship, a program of the Center for Health Journalism at the USC Annenberg School for Communication and Journalism.

 

To read Part 1: DACA and Obamacare: Who Qualifies?

To read Part 3: SB10 is it worth it? What is an exemption?

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Dreamers In Search of Affordable Health Care

June 2, 2016 by · Leave a Comment 

June 15, 2012 was a historic day for thousands of young immigrants who under President Obama’s executive action became eligible for temporary relief from deportation.

“These are young people who study in our schools … they pledge allegiance to our flag. They are Americans in their heart, in their minds, in every single way but one: on paper,” said Obama when he introduced Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), a program making nearly 1.5 million youth brought to the country illegally as children eligible for a reprieve from deportation and a work permit, both renewable every two years.

Lea este artículo en Español: Soñadores en Busca de Cuidado de Salud Asequible

Over 853,000 immigrants between the ages of 16 and 31, often referred to as “dreamers,” have applied for DACA status since the president’s announcement. For many, with the ability to work legally came the hope of higher wages and perhaps benefits.

Getting health insurance, however, has not been easy for some. For others, it’s not a priority.

The Affordable Care Act (ACA) enacted in 2014—commonly known as Obamacare— excluded DACA recipients from coverage because they are not permanent legal U.S. residents or citizens.

In this three-part series, EGP looks at some of the challenges this group of dreamers face in their search for affordable health care and the options they have to access services.

 

DACA and Obamacare: Who Qualifies?
Los Angeles resident Nidia Torres was brought illegally to the U.S. when she was six years old. She lived in the shadows for over two decades, hoping not to be discovered or deported back to Mexico, a country she does not call home.

In 2013, everything changed. Torres was granted DACA status and excitedly started planning for the future. The opportunities a work permit, driver’s license and social security number would bring to her life were endless, including providing a better future for her U.S. born daughter, Torres told EGP.

“No more shame for being undocumented,” she recalls thinking when her work permit arrived in the mail.

Nidia Torres, 34 with her four-year old daughter said DACA has provided her great opportunities, in this country, which she consider home. She just needs to find an option for medical insurance. (Courtesy of Nidia Torres)

Nidia Torres, 34 with her four-year old daughter said DACA has provided her great opportunities, in this country, which she considers home. She just needs to find an option for medical insurance. (Courtesy of Nidia Torres)

Torres soon landed a job waitressing at a national restaurant chain where she was paid minimum wage plus tips, but did not offer health insurance.

“I can work legally, my daughter has Medi-Cal, so I think I’m OK,” she told EGP, explaining that after years of low-paying jobs and long hours that left her little time for her daughter, the new job was a big step forward.

“I just wanted a job,” she told EGP. “Plus I don’t really get sick,” so health insurance was not a big deal, she said, adding she had no idea where to get coverage on her own.

Torres, who speaks both English and Spanish and has some college education has since been promoted to manager and is earning more money, but still has no health benefits.

The goal of the Affordable Care Act was to increase “the quality, availability, and affordability” of private and public health insurance to the then over 44 million uninsured Americans, providing they are legal permanent residents or U.S. citizens. To keep costs down, large numbers of young, healthy individuals — the same group targeted by DACA — would have to be enrolled, yet undocumented immigrants and DACA recipients are ineligible to buy health coverage through government sponsored health exchanges or receive premium tax credits or other savings on marketplace plans, even though they pay into the tax system.

Gabrielle Lessard, a health policy attorney with the National Immigration Law Center, calls the policy unjust. DACA recipients are working and paying taxes for a service that they can’t apply for, she told EGP.

“The exclusion of DACA recipients probably increases the price of insurance for all other people,” Lessard said.

In California, however, some low-income undocumented immigrants and DACA recipients may qualify for Medi-Cal, a state funded health insurance program for low-income families, people with disabilities, pregnant women, children in foster care and low-income adults who meet certain requirements.

(DHHS)

(CDHCS)

Torres is not one of them. According to the California Department of Health Care Services and federal eligibility requirements, Torres’ $23,000 a year income puts her just slightly above the $22,108 maximum Federal Poverty Level (FLP) for a family of two, making her ineligible for Medi-Cal.

Like many other DACA recipients with incomes “too high” for health insurance subsidies, Torres’ options for health coverage are limited, and the process for finding affordable coverage can be complex, according to the UC Berkley study, “Realizing the Dream for Californians Eligible for Deferred Action for Childhood Arrivals: Health Needs and Access to Health Care.”

Many DACA recipients don’t even know they have options, the study found. The lack of information reflects “the complexity” of the network of programs available and the process to access them, researchers stated.

Getting health care doesn’t have to be a problem, says Irene Holguin, director of community relations with Arroyo Vista Family Center, a network of five clinics serving the east and northeast side of Los Angeles.

During a free family health fair Friday at Arroyo Vista’s clinic in Lincoln Heights, Holguin told EGP there are options for everyone, regardless of immigration status or income.

When people arrive at one of our clinics for the first time they undergo a financial screening to determine what types of programs they are eligible for, she said. “We don’t turn anyone away,” she added. She explained that the clinic offers discount programs and fees to those who not qualify for state or federal funded program.

For example, if a patient can only pay $10, Arroyo Vista will help them set up an affordable payment plan for the balance, Holguin said.
The Arroyo Vista clinics provide primary health care in communities where approximately 98% of families are Latino and many of them low-income, explained Holguin.

“There’s a lot [more] that needs to be done in regard to informing the community and encouraging people to be proactive and seek preventive health services,” she said, “because a lot of people have illnesses that they don’t even know they have.”

As for Torres, she told EGP she would be open to going to a clinic like Arroyo Vista to look into her what her options are. “Better safe than sorry,” she said.

 

The three-part series was produced as a project for the California Health Journalism Fellowship, a program of the Center for Health Journalism at the USC Annenberg School for Communication and Journalism.

 

To read Part 2: The Health Challenge In Mixed-Status Homes

To read Part 3: SB10 is it worth it? What is an exemption?

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Hillary Clinton Brings Campaign to Los Angeles

May 6, 2016 by · Leave a Comment 

Former Secretary of State Hillary Clinton brought her campaign for the Democratic presidential nomination to Los Angeles Thursday, attending fundraisers and courting black and Latino voters by vowing to raise the national minimum wage and create jobs.

Clinton met with local black leaders during a stop at the California African American Museum in Exposition Park, where she touted her lead over her competitor, Vermont Sen. Bernie Sanders.

“I am 3 million-plus votes ahead of Senator Sanders, right?” Clinton told the crowd. “I am nearly 300 pledged delegates ahead of Senator Sanders.”

Among those in the crowd at the event were Reps. Maxine Waters and Karen Bass, both D-Los Angeles, and Los Angeles City Council President Herb Wesson.

Later in the day, she attended a boisterous rally at East Los Angeles College, where she again derided presumptive Republican presidential nominee Donald Trump as a “loose cannon” and a “risk we cannot afford.”

“Now as president, creating good jobs and raising income will be my number-one priority,” she said. “And we will follow the lead of California and raise the minimum wage.”

Clinton also vowed to guarantee equal pay for women.

“And we’re also going to follow California’s lead and make sure we have paid family leave for working families,” she said. “I will do everything I can to make the economy work for everybody, to help more people lift themselves out of poverty, lift themselves into the middle class and go as far as their hard work and talents will take them.”

Hillary Clinton supporters waited in line for hours to see her at East LA Community College. (EGP photo by Jacqueline Garcia)

Hillary Clinton supporters waited in line for hours to see her at East LA Community College. (EGP photo by Jacqueline Garcia)

At least two other presidential candidates have spoken at East Los Angeles College and gone on to be elected—John F. Kennedy in 1960 and Clinton’s husband, Bill, in 1992, according to Maria Iacobo of the Los Angeles Community College District.

Members of Union del Barrio, MEXA of East Los Angeles College, LA Brown Berets and several other student and community-based organizations held a march through Monterey Park to East Los Angeles College to protest what organizers called Clinton’s attacks on working-class communities of color and her 2002 vote as a senator in favor of the resolution authorizing military action against Iraq.

“This event is to let Hillary know that she is not welcomed in Los Angeles and to raise community awareness of what she really represents. We will let the community know that either Donald Trump or Hillary Clinton would make terrible presidents,” said organizer Ron Gochez.

People gathered outside of the ELAC auditorium to protest against Hillary Clinton. (EGP photo by Jacqueline Garcia)

People gathered outside of the ELAC auditorium to protest against Hillary Clinton. (EGP photo by Jacqueline Garcia)

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(EGP photo by jacqueline García)

“This action is strictly to protest against Hillary Clinton and not in support of any party and/or candidates.”

There was no response to an email sent Wednesday night to the Clinton campaign seeking comment.

Ninio Fetalvo, spokesman for the Republican National Committee, said Clinton is faltering in her effort to win over Latino voters.

“Hillary Clinton is scrambling to win a nomination she should have locked down months ago,” he said. “Worse, the more Bernie Sanders campaigns in California, the more it looks like he will once again turn Clinton’s false Latino firewall claim on its head.”

Clinton also attended a series of fundraisers, including one at the home of City Councilman Jose Huizar, who called himself a long-time Clinton supporter.

“Hillary Clinton is by far the most qualified candidate for U.S. president who brings with her a wealth of experience, toughness, tenacity and compassion,” he said.

Tickets for the event were $2,700, the maximum individual contribution under federal law to a candidate seeking a party’s presidential nomination, according to Political Party Time, a website that tracks political fundraisers.

Both Sanders and Trump held rallies in Charleston, West Virginia, Thursday, five days before its primary.

Clinton’s Southland swing came amid news that several of her aides—including Abedin—have been interviewed by the FBI as part of an investigation into whether classified information was mishandled by Clinton’s use of a private email server as secretary of state. Clinton has denied any wrongdoing and said she would cooperate with federal investigators.

Reince Priebus, chairman of the Republican National Committee, called the FBI interviews evidence of “gross negligence” by Clinton, saying her use of a private email server was a “reckless attempt to skirt government transparency laws” that “put our national security at risk.”

Grupo Anti-Inmigrante Se Opone a Ayudar a Estudiantes “Soñadores”

April 14, 2016 by · Leave a Comment 

Un grupo que promueve el control de la inmigración en California manifestó su oposición a un proyecto de ley que busca “financiar, aún más, becas y programas de perdón de préstamos para aquellos que están aquí ilegalmente”.
La organización Californianos por la Estabilización de la Población (CAPS, en inglés) manifestó la semana pasada su oposición a la propuesta SB 1139, del senador demócrata Ricardo Lara, que busca facilitar el ingreso y ayuda financiera para programas de formación médica “a cualquier estudiante, incluida una persona sin un estatus legal de inmigración”.
Jo Wideman, directora ejecutiva de CAPS, criticó en un comunicado la propuesta del legislador hispano por “empujar al Senado estatal de California a financiar, aún más, becas y programas de perdón de préstamos para aquellos que están aquí ilegalmente”.

“La idea de que California tiene dinero para becas a repartir entre los inmigrantes ilegales es insultante. Nuestros propios estudiantes estadounidenses salen abrumados, en promedio, con decenas de miles de dólares de deuda para cuando se gradúan”, agregó Wideman.
La propuesta de Lara, presentada al Senado en febrero y que él denomina “Ley de Oportunidad Médica para Soñadores”, busca “asegurar que todas las personas sin importar su estatus de inmigración tengan acceso a las becas estatales y los programas de condonación de préstamo para los profesionales de salud”.

Mientras el legislador argumenta que su propuesta “alivia los retos financieros que muchos estudiantes indocumentados enfrentan para su educación, particularmente cuando se trata de perseguir una carrera en el campo médico”, Wideman considera que la medida envía un mensaje erróneo.

“La SB 11 39 envía un mensaje completamente equivocado acerca de la inmigración ilegal, el estado de derecho y, en última instancia, la justicia”, aseguró la activista, quien pidió a los ciudadanos que contacten a los autores de la iniciativa para expresar su rechazo.

Wideman criticó que la propuesta de Lara busca salir adelante “injustamente a expensas de las oportunidades para los estudiantes estadounidenses y daría más privilegios a los que faltan al respeto a nuestras leyes”.
En su presentación de motivos, Lara igualmente argumentó que la propuesta ayuda a subsanar el déficit de personal médico en California.

La ley anima a la Universidad de California para que conceda ayuda económica a estos estudiantes “que puede incluir, pero no limitarse a, subvenciones, becas y estipendios”.

Vigilia en Honor al Asambleísta que Ayudó a Estudiantes Indocumentados

March 24, 2016 by · Leave a Comment 

El lunes decenas de estudiantes latinos conmemoraron en la Universidad Estatal de California Long Beach (CSULB) el legado del asambleísta Marco Antonio Firebaugh, autor de la ley AB 540 que permitió a los estudiantes indocumentados pagar la matrícula igual que residentes legales y ciudadanos en las universidades públicas del estado.

El proyecto de ley, firmado por el gobernador Gray Davis en el 2001, habría sido uno de los pasos más significativos en la lucha del movimiento de los estudiantes soñadores (Dreamers) y que años después fue acogida por otros estados.

“Nunca olvidó sus raíces humildes y migrantes, y luchó por darle acceso a la educación a todos los jóvenes. Él sabía que ellos son el futuro de nuestra nación y hay que darles oportunidades”, explicó el profesor Armando Vázquez Ramos, coordinador del Proyecto California-México de la CSULB.

Estudiantes y partidarios se reunieron en CSULB para honrar el legado del asambleísta Marco Antonio Firebaugh. (EGP foto por Jacqueline García)

Estudiantes y partidarios se reunieron en CSULB para honrar el legado del asambleísta Marco Antonio Firebaugh. (EGP foto por Jacqueline García)

El alcalde de South Gate Jorge Morales contó anécdotas de cuando trabajó con el asambleísta y dijo tener grabadas las palabras de Firebaugh, “Se humilde, se fiel y trabaja con ganas.”

Firebaugh, nació en 1966 en Tijuana, México, y falleció el 21 de marzo del 2016 a la edad de 39 años, debido a complicaciones de una dolencia hepática que le diagnosticaron en 2003.
El demócrata se convirtió en miembro de la Asamblea de California en 1998 y sirvió en ella hasta 2004.

También sirvió seis años en la Junta Estatal de Asignaciones (SAB) dónde logró que se invirtieran más de 16 mil millones de dólares, la mayor inversión en la historia del estado, para la construcción y modernización de las escuelas públicas.

“Debemos tener presente que personas como Firebaugh decidieron dar la cara por nosotros y apoyarnos desde el comienzo, esperemos que muchos sigan su ejemplo y sigan respaldándonos”, dijo a Efe Mayra Castro, vocera del Centro de Estudios California-México.

Varias becas en nombre de Firebaugh han sido establecidas en California para recordar su legado, y así el Fondo Mexicano Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF) y la Universidad de California Los Ángeles han apoyado a los estudiantes a nombre del legislador.

Por su parte el Centro de Estudios México-California estableció un fondo para ayudar a un centenar de estudiantes soñadores para que puedan tomar un programa que les permite conocer sus países de origen y continuar la batalla de la legalización.

“Queremos que la comunidad se una para apoyar este fondo que ayuda a muchos estudiantes indocumentados, porque la necesidad sigue siendo mucha”, instó Castro.

Para saber más acerca del legado de Firebaugh y cómo ayudar en las becas para estudiantes visite http://california-mexicocenter.org.

Estudiantes Indocumentados Obtienen Acceso a Préstamos del Sistema UC

February 4, 2016 by · Leave a Comment 

Más de 3.000 estudiantes indocumentados tendrán acceso a un sistema de préstamos estudiantiles que la Universidad de California (UC) implementará en todos sus campos de pregrado, anunció su presidenta Janet Napolitano.

El programa de Préstamos DREAM estará disponible en los nueve centros de UC que ofrecen programas de pregrado y será implementado este año a través de las oficinas de ayuda financiera de cada sede.

“Al reducir las barreras y expandir el acceso a una educación superior para los estudiantes indocumentados, la Universidad de California está invirtiendo no solamente en el futuro de estos estudiantes sino también en el futuro de nuestro estado y nuestra nación”, afirmó Napolitano la semana pasada.

La financiación de los préstamos, propuesta por Napolitano en 2014, fue autorizada en ese mismo año cuando los legisladores californianos aprobaron la medida SB 1210 cuyo autor fue el senador Ricardo Lara del Distrito 33.

“El programa de Préstamos DREAM ayudará a crecer nuestra fuerza laboral educada en la universidad y cumple con la promesa de que un título universitario es posible para todos los estudiantes calificados de California que trabajen duro, sin importar su estatus de inmigración”, afirmó Lara.

DREAM contará inicialmente con una financiación de 5 millones de dólares compartida en partes iguales por UC y por los fondos estatales destinados para la universidad, que serán repartidos en todos los centros UC de acuerdo con las necesidades.

Según la legislación de California, los estudiantes indocumentados que se gradúan de una preparatoria en el Estado Dorado y cumplen con los requisitos de la Ley del Sueño de California, son elegibles para recibir ayuda financiera estatal y de las universidades públicas.

De la misma forma, de acuerdo con la ley AB 540 los estudiantes indocumentados pagan matrículas como si fueran residentes legales de California y exentos del costo adicional para residentes de fuera del estado.

No obstante, según señaló Napolitano estos estudiantes indocumentados no califican para recibir ayuda federal lo que los limita en su acceso a algunos programas de préstamos educativos.

“Este nuevo programa reducirá esa brecha. Ayudará incluso a nivelar las condiciones para los estudiantes indocumentados que luchan para llegar a fin de mes (en sus gastos)”, anotó Napolitano.
Aunque cada centro UC determinará el valor a prestar por alumno, el programa establece un límite de 4.000 dólares al año por persona.

Los estudiantes que cumplen con los requisitos de AB 540 y están matriculados al menos por medio tiempo en la universidad, podrán tomar préstamos cada año hasta acumular un máximo de 20.000 dólares.

El interés de los préstamos para el período 2015-2016 es de 4,29%, que iguala la tasa de los préstamos federales.

UCIS Cancela DACA y Permisos de Trabajo a Ciertos Soñadores que No los Cambiaron

August 6, 2015 by · Leave a Comment 

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) suspendió el viernes los beneficios de la Acción Diferida (DACA) y el permiso de trabajo a los jóvenes indocumentados que no devolvieron la licencia de empleo (EAD) por tres años que recibieron por error.

USCIS dio por terminado DACA y todas las autorizaciones de empleo a partir del 31 de julio para aquellos afectados que no devolvieron su EAD inválido de tres años, afirmó la entidad en un comunicado oficial enviado a Efe por la portavoz Joanne Ferreira.

Según la información ofrecida por USCIS, fueron “aproximadamente 2.100” Soñadores afectados por el cambio de permiso de trabajo de tres años.

No obstante, la entidad federal recalcó que aquellos beneficiados por el DACA que recibieron permiso de trabajo por tres años emitidos antes del 16 de febrero de 2015 (más de 100,000 personas) no tienen ningún problema y sus permisos continúan vigentes.

“Esta acción no aplica a los aproximadamente 108,000 EAD con validez de tres años que fueron aprobados y enviados por USCIS en o antes del interdicto preliminar del 16 de febrero de 2015 y que nunca fueron devueltos o reexpedidos por USCIS”, aclara el comunicado.

Según explicó a Efe el abogado especialista en inmigración, Nelson Castillo, los beneficiarios del DACA requeridos por las autoridades para cambiar sus permisos de trabajo que no acataron la solicitud, perdieron su estatus a partir del 31 de julio.

“La consecuencia es que las personas ahora han quedado en el mismo estatus que tenían antes: si ellos estaban indocumentados han vuelto a estar indocumentados”, aseguró el jurista.

Castillo destacó que la situación es especialmente grave para los jóvenes mayores de 18 años que al acumular tiempo como indocumentados pueden quedar fuera del amparo del DACA.

“Van a tener que volver a comenzar nuevamente su proceso y si no han regresado los documentos probablemente inmigración va a poner como condición que regresen toda la documentación que recibieron”, opinó el abogado.

El “interdicto preliminar” al que se refiere USCIS, corresponde a la orden emitida el 16 de febrero por un juez de Texas que suspendió la aplicación de las medidas de alivio administrativo emitidas por el presidente Obama en noviembre de 2014.

Estas medidas incluían la denominada Acción Diferida para Padres (DAPA), al igual que una ampliación de las edades para calificar para el DACA y los permisos de trabajo de tres años.

A pesar de la orden del juez, USCIS alcanzó expedir más de 2,000 permisos de trabajo con duración de tres años después del 15 de febrero, que fueron los causantes de la recogida obligatoria.

A mediados de julio, al insistir en que los beneficiarios de esos permisos no tendrían ningún problema legal tras hacer su cambio oportunamente por uno de dos años, las autoridades de inmigración anunciaron otros esfuerzos adicionales para contactar a las personas afectadas.??Además de recibir cartas solicitando la devolución de su permiso, estos beneficiarios debieron ser “contactados ya sea por teléfono o personalmente”, anunció la entidad.

“Con el propósito de recuperar estos EAD con vigencia de tres años, USCIS podría visitar los hogares de las personas que aún no los han devuelto o que no se han comunicado con USCIS”, anunció la entidad el pasado 15 de julio.

No obstante, algunas organizaciones defensoras de los jóvenes indocumentados, han criticado las acciones de las autoridades de inmigración señalando que los beneficiarios no deben pagar por un error administrativo de USCIS.

“Castigar a los Soñadores por un error burocrático causado por el gobierno es por lo menos una farsa y en el peor de los casos, una crueldad”, criticó en un comunicado Héctor Sánchez, presidente de la Agenda Nacional de Liderazgo Hispano.

Aunque UCIS todavía no ha presentado cifras definitivas, a mediados de julio se calculó que de los 2,100 implicados en el cambio de permisos, cerca de 1,100 habían efectuado satisfactoriamente el reemplazo.

Castillo destacó que para aquellos que no devolvieron su autorización de tres años, a partir de hoy “sus permisos quedaron cancelados por lo que tampoco pueden seguir trabajando en los Estados Unidos”.

 

USCIS Reemplaza Permisos de Trabajo Para Algunos Beneficiarios de DACA

July 16, 2015 by · Leave a Comment 

Después que se cancelarán las acciones ejecutivas que anunció el presidente Obama el año pasado, se expidieron varios permisos de trabajo que pronto serán inválidos.

El 20 de noviembre de 2014, el presidente Obama anunció las acciones ejecutivas Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y Acción Diferida para Padres (DAPA) e indicó que los permisos de trabajo bajo el Programa DACA de 2012 también serían emitidos por 3 años en lugar de dos como se venía haciendo. A partir del siguiente día, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) comenzó a emitir los permisos de trabajo (Employment Authorization Document-EAD) por tres años.

(United We Dream)

(United We Dream)

Sin embargo, el 16 de febrero de 2015, un Juez Federal del Distrito Sur de Texas emitió una orden para suspender provisionalmente la implementación de DACA Ampliado y DAPA, incluyendo la emisión de permisos de trabajo por 3 años.

Por tal motivo, el Consulado General informa que USCIS está reemplazando ciertos permisos de trabajo emitidos después del 16 de febrero de 2015 con vigencia de tres años, por otros validos por dos años.

USCIS ha enviado cartas personalizadas y llamado a los jóvenes que se encuentran en esta situación para que efectúen dicho reemplazo lo antes posible, indicando que los documentos con validez por tres años han perdido su vigencia, más no su acción diferida.

Cabe destacar que USCIS ha señalado que si para el 30 de julio de 2015 no ha recibido tales documentos, se anulará la validez de la acción diferida del solicitante y su permiso de trabajo en su totalidad.

“La manera en que podemos ayudar tanto el Consulado y los medios es prevenir y  persuadir a los jóvenes a que envíen a tiempo esos papeles”, Marisela Carreón, portavoz del Consulado Mexicano le dijo a EGP.

“Se necesita que estos jóvenes a quienes USCIS les dio permisos por 3 años puedan cambiar a tiempo sus permisos por los de 2 años, de lo contrario lo van a perder todo”, enfatizo Carreón.

Es importante señalar que el programa DACA anunciado en 2012 se mantiene vigente. Las personas elegibles pueden solicitarlo, y las que ya cuentan con él pueden renovarlo, conforme a los lineamientos originales.

Para obtener una entrevista “uno a uno” o telefónica con el cónsul y sus representantes, los interesados pueden llamar al (213) 351-6840 o mandar un email a mcarreon@sre.gob.mx.

También pueden obtener más información en www.unitedwedream.org.

Se recomienda a los solicitantes mantenerse informados por medios oficiales para evitar fraudes y abusos.

Pueden obtener información en el Departamento de Protección del Consulado General en el (213) 351 6825, o bien, llamando gratuitamente al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) que opera todos los días (1 855 463 6395).

 

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