Exide, Porter Ranch: Un Doble Estándar

January 14, 2016 by · 1 Comment 

Las quejas de dolores de cabeza, sangrado por la nariz y asma por parte de residentes de Porter Ranch suenan muy familiares para activistas del Este de Los Ángeles quienes han estado luchando por años contra su propio peligro a gran escala de salud ambiental local.

Igualmente lo son las demandas de los funcionarios del gobierno para cerrar de inmediato las instalaciones de almacenamiento de gas natural de Southern California Gas Co. cerca de Porter Ranch que los residentes culpan por su crisis de salud.

Read this article in English: Exide, Porter Ranch; A Double Standard

Sin embargo, la respuesta por parte de los reguladores estatales y funcionarios electos –incluyendo al gobernador Jerry Brown–ha sido sorprendentemente diferente, puesto que por años fallaron en tomar el mismo tipo de medidas audaces para detener Exide Technologies con sede en Vernon por poner en riesgo las vidas de miles de personas de bajos ingresos del este y sureste de Los Ángeles, en su mayoría latinos.

El dinero, la etnia y el poder político son la raíz de la desigualdad, afirman activistas.

Armados con abogados de alto poder, los residentes en Porter Ranch están exigiendo el cierre de las instalaciones de SoCal Gas en Aliso Canyon, donde una fuga fue descubierta el 23 de octubre, lo que llevó a cientos de quejas de los residentes acerca de los efectos negativos para la salud y demandas para que la empresa de servicios públicos pague la reubicación de los residentes en la zona afectada. En menos de tres meses más de 2.000 residentes han sido reubicados, las escuelas han sido cerradas, los estudiantes fueron trasladados y se espera que la empresa pague por el alojamiento de animales domésticos y de policía adicional.

Nadie niega la gravedad del problema en Porter Ranch, pero los residentes y activistas del este y sureste no pueden evitar la sensación de que hay un doble estándar en juego, especialmente cuando se trata del gobernador Brown, quien la semana pasada declaró Estado de Emergencia en Porter Ranch después de recorrer las instalaciones de Aliso Canyon y reunirse con los residentes afectados.

Su declaración permite al Estado movilizar personal del estado, equipo y servicios necesarios, así como desistir de cualquier ley o regulación en marcha para lidiar con la cuestión ambiental. También le da poder al gobernador para asignar fondos de emergencia para reparar la fuga, que se espera tome de tres a cuatro meses para ser reparada.

La residente de Boyle Heights Doelorez Mejía se alegró de ver la rápida llamada a la acción por el gobernador y los funcionarios estatales en Porter Ranch, pero no podía dejar de sentir la injusticia de la situación.

“Estoy decepcionada que nuestra comunidad no fue considerada como digna de tal protección rápida”, le dijo a EGP. “Pero, lamentablemente, no me sorprende”.

Residentes afectados por Exide protestaron durante una ceremonia en noviembre donde asistió el gobernador Jerry Brown, quien no se ha pronunciado al respecto. (EGP foto por Fred Zermeno)

Residentes afectados por Exide protestaron durante una ceremonia en noviembre donde asistió el gobernador Jerry Brown, quien no se ha pronunciado al respecto. (EYCEJ)

Se refería a los años que fueron ignoradas las súplicas de los residentes que viven cerca de la planta de reciclaje de baterías de ácido y plomo Exide.

En 2013, los funcionarios de la calidad del aire informaron que Exide había violado las emisiones de químicos tóxicos que ponen a más de 110.000 residentes en la zona del este y sureste en un mayor riesgo de cáncer. El plomo y el arsénico se habían encontrado en el suelo en las casas cercanas y en al menos un parque.

No era la primera vez que Exide había violado las normas estatales sobre emisiones tóxicas, ni sería la última.

Pero a diferencia de Porter Ranch, las demandas contra Exide no fueron escuchadas. Los residentes no fueron reubicados, las clases no fueron canceladas y las instalaciones no fueron cerradas pese a que Exide operó durante décadas en un permiso temporal emitido por el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California (DTSC).

La protesta pública durante decenas de reuniones de la comunidad, audiencias y marchas de protesta sobre su exposición a niveles tóxicos de arsénico y plomo–conocidos por causar daño neurológico permanente a los niños y mujeres embarazadas–no lograron forzar el cierre de la instalación. De hecho, tomó que la Oficina del Fiscal de Estados Unidos interviniera y amenazara a Exide de cargos penales federales, para acordar un cierre permanente negociado en abril de 2015.

Exámenes y pruebas de las emisiones de aire en la zona ahora muestran que al menos dos millones de personas podrían estar en un riesgo elevado de cáncer y otros problemas de salud debido a los años de exposición al plomo de la planta de Exide. Reguladores estatales de tóxicos ahora creen que hasta 10.000 propiedades necesitan ser examinadas y descontaminadas. Hasta ahora, sólo se han limpiado 184 propiedades contaminadas.

A Exide se le permitió operar al lado de casas que habían estado en la zona durante generaciones. En Porter Ranch, urbanistas habían permitido a los desarrolladores construir en un terreno baldío al lado del centro de Aliso Canyon, que había estado allí durante décadas.

La residente de Boyle Heights Teresa Marquez reconoce que los riesgos ambientales tanto en Porter Ranch y Exide representan una amenaza para la salud pública, pero dice que ella sabía que  la respuesta sería drásticamente diferente en Porter Ranch.

“La diferencia clave es el dinero y lo blanco”, dijo con franqueza. “Y nosotros sólo somos latinos pobres”.

Porter Ranch es un vecindario más afluente de Los Ángeles situado en el borde del noroeste del Valle de San Fernando. Sus habitantes son en su mayoría blancos, con un ingreso familiar medio de más de $120.000. En contraste, los impactos de contaminación de Exide a las comunidades altamente densas de Bell, Boyle Heights, Commerce, el área no incorporada del Este de Los Ángeles, Huntington Park y Vernon; todos hogares de clase trabajadora en su mayoría latinos.

“No puedo evitar preguntarme por qué el horrible desastre en Porter Ranch ha captado tanto la atención, mientras que el igualmente terrible desastre en Exide ha capturado tan poco”, la supervisora Presidente de la Junta del Condado de Los Ángeles Hilda L. Solís le dijo a EGP vía email.

Mark López, director ejecutivo de East Yard Communities para la Justicia Ambiental, le dijo a EGP que su ira no es contra Porter Ranch o sus residentes, pero con el estado y el gobernador “quienes pueden dar respuestas, pero optan por no hacerlo”.

“La fuga de gas debería haber sido cerrada el mes pasado, dicho esto, Exide debería haber sido cerrado hace décadas”.

A finales del año pasado  Brown asistió a una apertura de un hotel en Bell Gardens, cerca de Exide. López y otros residentes del este también estaban allí, afuera airadamente protestando el silencio del gobernador ante el problema de Exide. Llevaron pancartas y una efigie de Brown de papel maché de 10 pies. A diferencia de Porter Ranch, el gobernador aún tiene que visitar a las comunidades afectadas por Exide o públicamente comentar sobre la larga crisis ambiental que juega Exide, a pesar de que ahora se llama uno de los mayores desastres de salud pública en la historia del estado.

Gladys Limón, abogada de Communities for a Better Environment (Comunidades para un Mejor Ambiente) le dijo a EGP que la respuestas de las agencias estatales y de gobernador a la catástrofe de Porter Ranch revelan una disparidad racial marcada en los esfuerzos para proteger a las comunidades de los riesgos de salud y seguridad causadas por las operaciones industriales.

“El Estado descuidó a miles de familias del sureste y este de Los Ángeles durante décadas, y hasta hoy el gobernador no ha reconocido personalmente la emergencia sanitaria de Exide ni se ha reunirdo con los residentes”, dijo.

La ex supervisora del Condado Gloria Molina le dijo a EGP que ella continuamente llamó a la oficina del gobernador para conseguir que se tomen medidas, pero nunca recibió una contestación.

“El gobernador esta totalmente desinteresado”, dijo, y agregó que puede tener algo que ver con el bajo número de votantes registrados en la zona.

“Él se enorgullece de ser el gobernador del medio ambiente, pero parece más interesado en la protección de los árboles que en la gente”, dijo Molina.

Algunos activistas ambientales dicen que creen que la respuesta del gobernador a la fuga de gas en Aliso Canyon puede estar más en línea con su compromiso de ser el líder mundial en la reducción de emisiones de efecto invernadero, que sobre unos problemas de salud.

Márquez dijo que se sorprendió al escuchar que Brown se había reunido con residentes de Porter Ranch.

“Él no ha hablado con nosotros”, dijo. “No sé por qué no ha tomado medidas similares … simplemente no se preocupa por nuestra comunidad”.

EGP contactó al gobernador para obtener su respuesta a las preocupaciones de los residentes del este a las cuales él ha sido indiferente, y concordando con la crítica de la comunidad y funcionarios electos, Brown volvió a fallar para comentar personalmente sobre la situación. En su lugar, transfirió nuestra solicitud al Departamento de Control de Sustancias Tóxicas, la agencia reguladora estatal a cargo de la limpieza, que durante años ha sido fuertemente criticada por su manejo de Exide.

“La protección de la comunidad en torno a la instalación de Exide Technologies en Vernon es una alta prioridad para la Administración”, se lee en la respuesta del portavoz del DTSC Sandy Nax, que acredita al gobernador de proporcionar fondos adicionales para las pruebas residenciales y limpiezas actualmente en curso.

El concejal de Bell Nestor Valencia le dijo a EGP que él y otros residentes de la zona han criticado a DTSC por moverse demasiado lento con las pruebas de muestra de suelo y la limpieza de propiedades.

“Se va a mostrar la disparidad del sureste y las comunidades del Este de Los Ángeles [en comparación] a otras comunidades”, dijo.

Los residentes solo quieren la misma respuesta que vieron en el Valle, la alcaldesa de Huntington Park Karina Macias le dijo a EGP. Quieren los mismos protocolos para todas las comunidades, dijo.

“Nadie debería tener que vivir en circunstancias como esas–donde se ve afectada su salud”, agregó Macías. “Sin ofender a Porter Ranch, pero lo lamentable es que nosotros no vemos tal respuesta cuando estamos hablando de una sustancia tóxica”.

En lugar de esperanza, Mejía dice que la respuesta de los funcionarios electos ante el desastre de Porter Ranch reafirma lo que ya sabían.

“Ellos no se preocupan mucho por nuestro pueblo dentro de la ciudad. Ellos no se preocupan por los barrios industriales o los trabajadores de la manera que lo hacen con las comunidades más ricas”.

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Twitter @nancyreporting

nmartinez@egpnews.com

Vernon to Review Community Grant Process

September 24, 2015 by · Leave a Comment 

Over the last year, the city of Vernon handed out big checks to nonprofits groups through the city’s community fund. Now, before any more checks are printed, the committee overseeing grant funding wants to take a closer look at how the city’s money can best be invested in the southeast area.

The Vernon CommuUNITY Fund, approved by the city council in February, is an outgrowth of efforts to improve the primarily industrial city’s image as an uncaring polluter and corrupt municipality. It’s part of a set of good governance reforms that include a new focus on being a “good neighbor’ to surrounding communities. The goal is to award grants to organizations or government entities for projects and programs that benefit those residing or working in Vernon.

During the fund’s first year, $749,500 in grants was awarded to 17 different nonprofits. Last month, an additional five grants totaling $180,000 was awarded.

Senator Kevin de Leon, pictured center, joins Vernon Mayor W. Michael McCormick, third left, and Councilwoman Luz Martinez, second left, at a check presentation at the California Children’s Academy earlier this year. (City of Vernon)

Senator Kevin de Leon, pictured center, joins Vernon Mayor W. Michael McCormick, third left, and Councilwoman Luz Martinez, second left, at a check presentation at the California Children’s Academy earlier this year. (City of Vernon)

Moving ahead, the grant committee wants to look at ways the grant process can be improved.

“We want to take a look at the sphere of influence of Vernon,” City Administrator Mark Whitworth said. To see “If there are areas we are not addressing.”

Ironically, while the industrial city has in recent months tried to look and feel greener, none of the grants went to environmental groups or projects. Instead, most of the money was given to nonprofits offering social services, such as the East Los Angels Women’s Center, Family Heathcare Centers of Greater Los Angeles, Jovenes Inc. and the South Central Los Angeles Regional Center.

Mark Lopez with the environmental justice advocacy group East Yard Communities for a Better Environment, told EGP there are two letters that sum up why his group has not applied for a grant; “P.R.”

“It’s awkward,” Lopez said. “This seems like hush money to improve the city’s image and calm the opposition.”

In 2009, East Yard was one of the organizations involved in the fight to stop Vernon from building a massive power plant, a plan the city eventually abandoned. The group was also very involved in efforts to shut down a controversial polluter in the city, Exide Technologies.

“There are plenty of other investments [Vernon] can make to improve the quality of life,” believes Lopez. He suggested the city use funds to purchase the now closed Exide plant after it is decontaminated and use the site for a project that would benefit the region. He also said the city could use the funds to help pay for the cleanup of properties contaminated by Exide.

Whitworth told EGP the city is open to expanding funding areas that will benefit Vernon’s 200 plus residents and the approximately 50,000 people who work daily in the city, as long as the city is not overrun by applications. “We want to make sure we have enough revenue to meet the needs of applicants,” Whitworth explained. “We don’t want to grow too big, too fast.”

Currently, grants are awarded on a first-come, first serve basis. Applicants not receiving grants during quarterly funding cycles are automatically rolled over to the next cycle.

Deputy City Administrator Kristen Enomoto told EGP the city is considering a more competitive process.

The grant committee must also decide if a separate fund meant for capital projects in the community should be left to accumulate and used on project of larger scale. The current balance of that fund stands at $500,000. Every year, 25 percent of the amount allocated to the CommUNITY fund must be set aside for the separate capital projects funds.

The good government reforms brokered as part of a 2012 deal to keep the city from being disincorporated, call for Vernon set aside funds from the city’s annual budget to the Vernon CommUNITY Fund, which in each of the last two fiscal years amounted to $1 million a year.

The grant committee is set to discuss how to best improve the grant process during a special meeting Sept. 30.

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