¿Vale la Pena la SB10? ¿Qué es una Exención?

June 16, 2016 by · Leave a Comment 

Nidia Torres dice que pagar una multa por no tener seguro de salud es injusto al no ser elegible para un plan asequible y no es fácil encontrar cobertura de salud cuando no se sabe  por donde comenzar.

Torres, 34, tiene el estatus de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), haciéndola elegible para un aplazamiento de la deportación y un permiso de trabajo, pero no para el seguro de salud a través de la Ley de Asistencia Médica Asequible (ACA)—también conocida como Obamacare—debido a su estatus cuasi-legal.

Read this article in English: Dreamers In Search of Affordable Health Care

Sin embargo, la medida estatal SB10—conocida como la Exención #Health4All—firmada por el gobernador Jerry Brown el viernes le podría abrir las puertas a la cobertura médica a ella y a otros beneficiarios de DACA y personas indocumentadas que actualmente están excluidos del Obamacare, puesto que no son considerados con presencia legal en el país.

Mientras que muchos celebran la legislación como un paso positivo hacia la inclusión de los inmigrantes, su impacto puede ser más simbólico que práctico, ya que no les da acceso a los subsidios que a menudo permiten que una cobertura sea asequible.

 

Exención #Health4All 

La SB10, escrita por el senador Ricardo Lara (D-Bell Gardens), permite a California pedir una exención federal para permitir que los inmigrantes indocumentados y los beneficiarios de DACA utilicen su propio dinero para comprar un seguro de salud a través de Covered California, el mercado de seguros en línea del estado. Bajo ACA, los estados pueden solicitar una exención para modificar provisiones de la ley basada en las directrices establecidas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

“Este proyecto de ley presenta una oportunidad histórica para que California se convierta en el primer estado en la nación para solicitar una exención federal”, dijo el senador Lara el viernes en un comunicado.

De ser aprobada, la exención de California no tendrá ningún impacto financiero en el gobierno federal porque la SB10 no permite que indocumentados ni beneficiarios de DACA reciban subsidios del gobierno que reducen el costo de las primas mensuales.

Sin embargo, los defensores lo ven como un paso importante hacia adelante, y Covered California estima que unas 50.000 personas adicionales—que ganan demasiado dinero para calificar para Medi-Cal—podrán comprar cobertura a través del mercado si la exención es aprobada.

Nidia Torres junto a su hija Jimena es beneficiaria de DACA. (Cortesía de Nidia Torres)

Nidia Torres junto a su hija Jimena es beneficiaria de DACA. (Cortesía de Nidia Torres)

Torres, quien es madre soltera de una niña y gana $23.000 al año, le dijo a EGP que su ingreso es considerado demasiado alto para calificar para Medi-Cal, pero no lo suficientemente alto como para adquirir un seguro médico por su cuenta.

“He estado queriendo ir al médico para un examen físico y me dijeron que cuesta alrededor de $100” porque no tengo seguro, le dijo a EGP, explicando que optó ir a una clínica comunitaria y hacer un solo pago en vez de tratar de pagar mensualmente por un seguro que tal vez no ocupe constantemente.

“No es que no quiera comprar la cobertura, pero es que no me alcanza”, le dijo a EGP.

La SB10 no le dará acceso a un plan asequible para su bolsillo.

El portavoz de Lara, Jesse Melgar le dijo a EGP que a pesar de que no habrá subsidios bajo la SB10, esta propuesta si lucha por atención de salud médica para todos.

Hay alrededor de 390.000 inmigrantes indocumentados que ganan demasiado para calificar para Medi-Cal, dijo Melgar. “De ellos, se estima que el 10% ganan más del 400% del FPL (límite de pobreza federal) que significa que no serían elegibles para ningún subsidio independientemente de su estatus migratorio”.

Reconocemos que la SB10 haría un cambio modesto pero “creemos que aun así el cambio es importante, más allá del simbolismo de la inclusión y de una política explícita de exclusión en el ACA”, Anthony Wright, director ejecutivo de Acceso a la Salud de California le dijo a EGP.

Con más del 70% de los californianos indocumentados en familias de estatus mixto, esto significa que muchos obtendrán subsidios, dijo Wright, citando dos ejemplos donde personas se beneficiarían al obtener acceso a Covered California.

El primero es una familia de tres; el niño recibe cobertura gratis de Medi-Cal, uno de los padres tiene cobertura con subsidio por alrededor de $50 al mes, y el otro paga alrededor de $250 al mes para una cobertura sin subsidio.

“Como familia, en sus ingresos, $300 podrían ser un esfuerzo, pero podría realizarse dependiendo como priorizan”, explicó.

El acceso a Covered California también beneficiaría a las personas que tienen los medios para pagar por la cobertura, como a los trabajadores contratados en el Silicon Valley que no tienen cobertura de salud patrocinado por el empleador, dijo Wright.

Residentes de Los Ángeles sin seguro médico tienen la opción de visitar clínicas comunitarias para recibir sus servicios de salud. (EGP foto por Jacqueline García)

Residentes de Los Ángeles sin seguro médico tienen la opción de visitar clínicas comunitarias para recibir sus servicios de salud. (EGP foto por Jacqueline García)

El portavoz de Covered California, Dana Howard le dijo a EGP que en la actualidad los inmigrantes indocumentados pueden comprar seguro médico privado, pero la aprobación de la SB10 beneficiaría a las familias de estatus mixtos haciendo “más fácil el comprar sus servicios [médicos] en un solo lugar”.

Sin embargo, en una entrevista con California Healthline, el agente de seguros Alex Hernández dijo que la gente no se apresura a comprar planes de salud, debido al alto costo.

Hernández calcula que una mujer en sus 20 años, que gana alrededor de $45.000 al año, tendría que pagar $304 por mes para un plan estándar de Anthem Blue Cross a través del intercambio del mercado de salud. Si compra ese mismo plan directamente de Anthem, le costaría $303.30, le dijo a California Healthline.

Dar acceso a todos los californianos a Covered California hace que el sistema de salud sea más inclusivo y eficiente, sostiene Maricela Rodríguez, gerente de programa con The California Endowment.

“No todos los individuos indocumentados podrán pagar el cuidado de salud a través de Covered California y seguirán siendo excluidos de Medi-Cal”, le dijo a EGP en un correo electrónico, reconociendo que la medida no es una solución total.

“Sin la ayuda de subsidios, la asequibilidad seguirá siendo una barrera para muchos. Es por eso que este es sólo un primer paso y junto a defensores y líderes políticos, vamos a seguir luchando por la justicia de salud para todos”, enfatizó.

El gobierno federal tiene 225 días para conceder o denegar el permiso.

 

¿Excluido de Obamacare? No hay multa por no tener seguro médico

Mientras tanto, los inmigrantes indocumentados y beneficiarios de DACA, al igual que Torres, que fueron excluidos de Obamacare pero multados por no tener seguro de salud pueden solicitar un reembolso y una exención ante futuras sanciones.

Cuando Torres presentó sus impuestos en el 2015 con H&R Block fue penalizada alrededor de $200 por no tener seguro de salud en el 2014. “Yo no sabía que estaba exenta”, dijo.

La página web de Covered California establece que los beneficiarios de DACA y los inmigrantes indocumentados son elegibles para una exención de impuestos por no tener seguro médico.

Sin embargo, no todos los preparadores de impuestos saben de la exención y muchos harán que sus clientes paguen la multa. Es importante que los beneficiarios de DACA expliquen su estado legal a su preparador antes de presentar sus impuestos, dice Elba Schildcrout, directora del departamento de Riqueza Comunitaria y preparadora de impuestos en East LA Community Corporation (ELACC).

ELACC esta asociado con el programa de Asistencia Voluntaria para Presentación de Impuestos (VITA)—del Servicio de Impuestos Internos—para ayudar sin costo alguno a contribuyentes de bajos y medianos ingresos a presentar sus impuestos.

Una vez que los beneficiarios de DACA han revelado su estado, los preparadores de impuestos deben presentar la Forma 8965 Health Coverage Exemptions (Exenciones de Cobertura de Salud) junto con su declaración de impuestos 1040.

Quienes han pagado la multa por error pueden presentar una enmienda para recuperar su dinero, dijo Schildcrout.

El proceso es factible, aseveró, pero agregó que los preparadores de impuestos generalmente cobran para presentar una enmienda.

Es triste ver que los clientes pagan por una enmienda a una declaración de impuestos que estuvo mal hecha, Schildcrout le dijo a EGP.

El programa VITA puede ayudar a beneficiarios de DACA a presentar una enmienda, libre de costo, si pagaron una multa en el pasado por no tener un seguro de salud, confirmó Schildcrout.

 

La serie de tres partes fue producida como un proyecto para California Health Journalism Fellowship, un programa del Centro de Periodismo de la Salud de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de USC Annenberg.

Para leer Parte 1:  DACA y Obamacare: ¿Quién Califica?

Para leer Parte 2: El desafío de la salud en hogares con estatus mixtos.

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SB10 is it worth it? What is an exemption?

June 16, 2016 by · Leave a Comment 

Nidia Torres says paying a penalty for not having health insurance is unfair if you can’t qualify for an affordable plan. It’s not easy to find health care coverage when you don’t even know where to start looking, she says.

Torres, 34, has Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) status, making her eligible for a reprieve from deportation and a work permit, but not for health insurance through the Affordable Care Act (ACA) —also known as Obamacare—due to her quasi-legal status.

Lea este artículo en Español: Soñadores en Busca de Cuidado de Salud Asequible

Senate Bill 10 – the #Health4All Waiver – signed by Gov. Jerry Brown Friday, however, could open the door to coverage for her and other DACA recipients and people who are undocumented now excluded from ACA coverage because they are not considered lawfully present in the country.

While many cheer the legislation as a positive step toward inclusion for immigrants, its impact may be more symbolic than practical since it does not give them access to the subsidies that are often what makes coverage affordable.

 

#Health4All Waiver

SB 10, authored by Sen. Ricardo Lara (D-Bell Gardens), allows California to seek a federal waiver to allow undocumented immigrants and DACA recipients to use their own money to buy health insurance through Covered California, the state’s online marketplace. Under ACA, states can apply for a waiver to modify provisions of the law based on guidelines set by the U.S. Department of Health and Human Services.

“This bill presents an historic opportunity for California to become the first state in the nation to request a federal waiver,” said Sen. Lara Friday in a statement.

If approved, California’s waiver will have no financial impact on the federal government because SB10 does not allow DACA recipients or the undocumented to receive the government subsidies that lower the cost of monthly premiums.

Nevertheless, proponents see it as an important step forward, and Covered California estimates as many as 50,000 more people — who make too much money to qualify for Medi-Cal — may buy coverage through the marketplace if the waiver is approved.

Nidia Torres, mother of one, is a DACA recipient with no health coverage. (Courtesy of Nidia Torres)

Nidia Torres, mother of one, is a DACA recipient with no health coverage. (Courtesy of Nidia Torres)

Torres, a single mother of one, makes about $23,000 a year, which she told EGP is too high to qualify for Medi-Cal but not high enough to purchase insurance on her own.

“I have been wanting to go to the doctor for a physical exam but I was told it is about $100” since I don’t have insurance, she told EGP, explaining she opted to pay for a one-time visit at a community clinic rather than struggle to pay monthly for insurance. “It’s not that I don’t want to buy the coverage, but I can’t afford it,” she told EGP. SB10 will not give her access to a plan she can afford.

Lara’s spokesperson Jesse Melgar told EGP that even though subsidies are not provided under SB 10, it does fight for health care for all.

There are about 390,000 undocumented immigrants who earn too much to qualify for Medi-Cal, said Melgar. “Of those, an estimated 10% earn over 400% of FPL meaning they would not be eligible for any subsidies regardless of immigration status.”

We recognize that SB10 would make a modest change but “we think the change is still important, beyond the symbolism of inclusion and of an explicitly exclusionary policy in the ACA,” Anthony Wright, executive director of Health Access California told EGP.

With over 70% of undocumented Californians in mixed-status families, it means many will get subsidies, said Wright, citing examples of two situations where people will benefit from access to Covered California. The first involves a family of three, with the child receiving free Medi-Cal, one spouse getting subsidized coverage for about a $50 a month, and the other spouse paying about $250 a month for unsubsidized coverage.

“As a family, on their income, $300 might be a stretch, but it might be doable depending on how they prioritize it,” he explained.

Access to California’s health exchange would also benefit people who have the means to pay for coverage, like contract workers in the Silicon Valley who do not have employer sponsored health coverage, Wright said.

#Health4All campaign informs the immigrant community about their options for health care services. (EGP photo by Jacqueline Garcia)

#Health4All campaign informs the immigrant community about their options for health care services. (EGP photo by Jacqueline Garcia)

Covered California spokesperson Dana Howard told EGP undocumented immigrants can currently buy private health insurance, but approval of the SB 10 waiver would benefit families in mixed status making it “easier for them to purchase their service in one place.”

In an interview with California Healthline, however, insurance agent Alex Hernandez said people are not rushing to buy health care plans because of the high-cost. Hernandez calculated that a woman in her mid-20s, making about $45,000 a year, would pay $304 per month for a standard Anthem-Blue Cross plan through the exchange. If she buys that same plan directly from Anthem, it would cost $303.30, he told California Healthline.

Giving all Californians access to Covered California makes the health care system more inclusive and efficient, contends Maricela Rodriguez, a program manager with The California Endowment.
“Not all undocumented individuals will be able to afford health care through Covered California and will remain ineligible for Medi-Cal,” she told EGP in an email, acknowledging that the measure is not a total solution.

“Without the assistance of subsidies, affordability will continue to be a barrier for many. Which is why this is only a first step and why we, along with advocates and policy leaders, will continue to fight for health justice for everyone,” she said.

The federal government has 225 days to grant or deny permission.

 

Excluded from Obamacare? No Penalty for Not Having Insurance

In the meantime, DACA recipients and undocumented immigrants, like Torres, who were excluded from Obamacare but penalized for not having health insurance can seek a refund and exemption from future penalties.

When Torres filed her 2015 taxes through H&R Block she was penalized about $200 for not having health insurance in 2014. “I didn’t know I was exempted,” she said.

The Covered California website states that DACA recipients and undocumented immigrants are eligible for an exemption to the tax penalty for being uninsured.

Not every tax preparer is aware of the exemption, however, and many will just have their clients pay the penalty. It’s important for DACA recipients to explain their status to their tax preparer before they file, says Elba Schildcrout, Community Wealth Dept. director and tax preparer at East LA Community Corporation (ELACC).

ELACC partners with Volunteer Income Tax Assistance (VITA)—an Internal Revenue Service program to help low- and moderate-income taxpayers file returns at no cost.

Once DACA recipients have disclosed their status, tax preparers must file Form 8965 Health Coverage Exemptions along with their 1040 tax return.

DACA recipients who previously paid the penalty can file an amendment to get their money back, said Schildcrout.

The process is doable, she said, but added that tax preparers usually charge to file the amendment.

It’s sad to see clients pay for an amendment to a tax return that was done wrong, she told EGP.

According to Schildcrout, the VITA program can help DACA recipients who were charged a penalty for not having health insurance to file the amendment at no cost.

The three-part series was produced as a project for the California Health Journalism Fellowship, a program of the Center for Health Journalism at the USC Annenberg School for Communication and Journalism.

To read Part 1: DACA and Obamacare: Who Qualifies?

To read Part 2: The Health Challenge In Mixed-Status Homes

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Mariachi Ópera Honra a los Braceros

May 5, 2016 by · Leave a Comment 

La historia del bracero, los trabajadores migrantes mexicanos que viajaron a EE.UU. en la década de 1950 para llenar la escasez de mano de obra del país, será contada a través de los sonidos de la música de mariachi fusionada con piezas de ballet folklórico y el estilo de ópera esta noche en el Colegio del Este de Los Ángeles.

“El Bracero” cuenta la historia por un ex bracero, resaltando los desafíos e injusticias que enfrentaban los trabajadores en los campos de braceros en EE.UU.

Read this article in English: Mariachi Opera Honors Braceros

“Algunos jóvenes ni siquiera saben que significa esa palabra [bracero]”, reconoció Miguel Orozco, director y productor de la serie.

Él espera que esto cambie con la presentación.

“Quien no sabe nada acerca de los braceros se irá apreciando lo que hicieron”, le dijo a EGP.

La obra se presenta hoy 5 Mayo en el Auditorio Ingalls del campus de ELAC. Se llevará a cabo en conjunción con el Sabor del Este de Los Ángeles (Taste of East L.A.), que incluirá comida, vino y degustaciones de tequila. El evento comienza a las 5:30pm, las puertas del teatro se abren a las 7pm.

“Estamos orgullosos de traer ‘El Bracero’ al Este de Los Ángeles como parte de nuestras festividades del Cinco de Mayo”, dijo Marvin Martínez, presidente de ELAC.

La presentación incluye a 10 miembros del Mariachi Águilas de Oxnard, 12 actores, cuatro bailarines de ballet folklórico y tres estudiantes de ELAC.

'Bracero' se presenta hoy Jueves en ELACC. (Cortesía de David Orozco)

‘El Bracero’ se presenta hoy Jueves en ELACC. (Cortesía de Miguel Orozco)

La presentación de una hora de duración se llevará a cabo en español con subtítulos en inglés proyectados en una pantalla para permitir a quienes no hablan español ser parte del evento.

Mariachi Ópera utilizará la música para entretener y educar al público sobre la historia y la cultura del bracero, trayendo a la vida el contexto de fotos históricas mostrando su difícil situación proyectada en la pantalla.

Cuando la mayoría de la gente piensa en mariachis piensa en términos de música que se toca en una boda, restaurante, quinceañera o un funeral, observó Orozco, quien dice que su objetivo es elevar el género a un nuevo nivel.

“Esta es una obra muy singular”, explica Orozco. “Reúne a la música de mariachi de una manera que nunca has visto la música del mariachi ser presentada”.

“El Bracero” fue escrito por Rosalinda Verde y se basa en historias que recopila de su familia. La obra se estrenó en Oxnard a principios de este año y está siendo traída a ELAC por la Fundación del Colegio del Este de Los Ángeles.

Hacer la presentación el Cinco de Mayo es muy apropiado, señaló Orozco.

El Cinco de Mayo conmemora la Batalla de Puebla, cuando un pequeño grupo de mexicanos, pobremente armados resultó victorioso contra las poderosas tropas francesas. Ahora sirve como un día para celebrar la herencia mexicana, explica Orozco, siendo el mismo orgullosamente mexicano-americano.

“Para algunos, este [programa de braceros] es algo que pasó hace tanto tiempo”, dijo Orozco. Pero al final del espectáculo la gente “se alejará orgullosa y agradecida por los sacrificios realizados por estos hombres”.

Los precios de la presentación varían de $15 a $25 y se pueden adquirir en la taquilla, en www.elac-foundation.org o llamando al (323) 265-8901.

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Inquilinos Desplazados Ganan el ‘Derecho a Regresar’

December 3, 2015 by · Leave a Comment 

Llamándola una victoria en la lucha contra el desplazamiento y gentrificación, Carolina Vivara y su familia celebraron la noche del martes con sus vecinos un acuerdo que les garantiza el derecho a vivir en un nuevo complejo habitacional en construcción que reemplazará sus antiguos hogares en Boyle Heights.

Read this article in English: Displaced Tenants Win ‘Right to Return’

En agosto, las familias que residen en 5 edificios de la cuadra del 2400 de la Calle Primera fueron notificados que tendrían que abandonar sus hogares para el 30 de noviembre para hacer espacio para un complejo de vivienda asequible de 50 unidades conocido como Cielito Lindo Fase 1,  siendo construida por el desarrollador de vivienda sin fines de lucro Corp. de la Comunidad del Este de Los Ángeles (ELACC).

Meses de negociaciones entre los inquilinos y ELACC culminaron en el acuerdo que dará a diecisiete familias que representan aproximadamente 50 residentes, el “derecho de preferencia de retorno” en contratos de arrendamiento para la primera fase del nuevo complejo de viviendas que se inaugurará en el verano del 2017.

Bajo la ley, todos los residentes desplazados tienen derecho a un mínimo de $19.000 para reubicación, que los inquilinos no tendrán que devolver incluso si deciden alquilar una unidad en la nueva instalación.

Elizabeth Blaney (centro) co-directora de la Unión de Vecinos habla en representación de los inquilinos que celebran su derecho de preferencia de retorno en el nuevo complejo habitacional de Boyle Heights. (EGP foto por Jacqueline García)

Elizabeth Blaney (centro) co-directora de la Unión de Vecinos habla en representación de los inquilinos que celebran su derecho de preferencia de retorno en el nuevo complejo habitacional de Boyle Heights. (EGP foto por Jacqueline García)

Es un gran alivio, dijo Vivara, quien ha vivido en el mismo apartamento durante 17 años. Ella le dijo a EGP que tenía miedo de perder su hogar y no poder pagar un nuevo lugar. “La renta es extremadamente cara”, señaló.

Los inquilinos recibieron el apoyo de la Unión de Vecinos, una red sin fines de lucro de Boyle Heights que lucha contra la gentrificación y el desplazamiento desde 1996.

La Unión de Vecinos ayudó a los arrendatarios a negociar los términos del acuerdo que les permite regresar cuando sea completada la construcción.

Inicialmente, ELACC dijo a los inquilinos que sólo podrían volver si cumplían con los estrictos requisitos de elegibilidad que incluye verificación de ingresos y pasar historiales de crédito y de antecedentes.

Para Vivara, esto le preocupó puesto que su marido, el único proveedor de la familia, no cumple con el requisito mínimo de $24.000 de ingresos para una familia de cuatro, y que no podría pagar alquiler en otra ubicación.

“Actualmente pago $900 dólares con recibos incluidos de utilidades en un apartamento de dos recamaras”, le dijo a EGP. “En otros edificios el mismo apartamento cuesta $1.400 sin incluir los recibos de utilidades”, dijo la madre de dos hijos.

Terry Navarro ha vivido en Boyle Heights desde los setentas y por los últimos ocho años en uno de los edificios que será demolido. Ella le dijo a EGP que asistió a la reunión en la que ELACC les informó acerca de la situación y les dio una oferta verbal para regresar al nuevo complejo habitacional.

“El problema es que no estamos seguros si regresaremos y es por eso que solicitamos que [la oferta] sea por escrito”, le dijo a EGP. A veces las ofertas verbales no cuentan, dijo.

Como parte del acuerdo, los inquilinos no tendrán que cumplir con los requisitos mínimos de ingresos, Isela Gracián, presidente ELACC dijo a EGP.

Además, los solicitantes tendrán su crédito revisado, sin embargo, el puntaje de crédito o deuda no serán utilizados para determinar la elegibilidad, siempre y cuando las cuentas de alquiler de los solicitantes estén en buen estado y no hayan sido desalojados por culpa propia anteriormente.

Hasta el momento, 16 de las 17 familias han recibido beneficios de reubicación, según Gracián. “Una de ellas pudo comprar su primera casa con los beneficios de reubicación”, dijo.

La mayoría de los inquilinos han encontrado un nuevo lugar para vivir para los próximos 18 meses. Personal de ELACC está ayudando a los demás a localizar un lugar para mudarse.

Elizabeth Blaney, co-director de la Unión de Vecinos dijo a los inquilinos que esperan que el derecho de preferencia de retorno sea adoptado por otros desarrolladores en proyectos de construcción que podrían desplazar a residentes de largo plazo de Boyle Heights y áreas cercanas.

“Estamos contentos de que East LA Community Corporation trabajó con nosotros y los inquilinos para ayudar a reducir el desplazamiento que ocurre en Boyle Heights”, dijo Blaney.

El nuevo complejo de viviendas tendrá 49 unidades de una, dos y tres recamaras y una unidad para el supervisor del edificio, estacionamiento para 62 autos, 61 bicicletas, un jardín en la azotea, espacio de comunidad entre otros servicios, de acuerdo con ELACC.

La construcción está programada para comenzar a finales de enero 2016.

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Developers Told to Adjust ‘Affordable’ Rent Criteria

May 18, 2015 by · 2 Comments 

New “affordable” housing planned for Boyle Heights will be too expensive for the eastside neighborhood’s low-income residents, affordable housing developers were told last week during the first of several community meetings planned to discuss projects being built on Metro-owned land.

Approximately 120 people attended the meeting at Casa del Mexicano, a long time community center now under the management of nonprofit neighborhood asset builder and housing developer East Los Angeles Community Corporation, (ELACC), which together with Abode Communities, another nonprofit developer, coordinated the “Affordable Housing 101” workshop on May 7.

Lea este artículo en Español: Residentes de Boyle Heights Cuestionan Nuevos Proyectos de Vivienda Asequible

The plan was to explain in easy to understand terms why more affordable housing is needed and what it takes —from political will to sufficient revenue — to get it built. The developers hoped their Power Point presentation — loaded with data on the current affordable and market-rate housing pool, wages, and rents — and the hands-on activities they’d planned would adequately explain their costs and the formula they used to set income eligibility requirements, but that turned out not to be the case.

One affordable housing project in Boyle Heights is located on the corner of First and Soto Street. (EGP photo by Jacqueline Garcia)

One affordable housing project in Boyle Heights is located on the corner of First and Soto Street. (EGP photo by Jacqueline Garcia)

Instead, for nearly two hours, ELACC and Abode fielded questions and comments challenging their interpretation of “affordable,” and the data they used to get there.

“Your numbers are going way up and we are way below” the low-income numbers you are using, shouted one resident in response to the eligibility income levels included in the developers’ presentation.

Located just east of downtown Los Angeles, Boyle Heights is over 94% Latino, very dense with little vacant space, which makes developments on Metro’s four vacant lots targets for closer scrutiny.

The lots are located at 1st Street and Soto; Cesar Chavez and Soto; 1st Street and Boyle and 1st Street and Lorena.

The “Boyle Heights Median Family Income is $35, 343,” compared to the $81,000 Area Median Income for all of Los Angeles County, according to the neighborhood advocacy group Union de Vecinos, which states “two-thirds of the proposed housing to be built on vacant MTA lots will be unaffordable to Boyle Heights residents.”

The group says ELACC and Abode are using the Area Median Income for the County when they should be using Boyle Height’s lower median income to calculate eligibility.

According to ELACC, a family of four with an Area Median Income (AMI) of $24,900 or less would pay $560 for a two-bedroom apartment, while families making up to $33,200 would pay $747 for the same apartment.

Most financial planners recommend against spending more than 25% of your income on housing, a difficult task in today’s extremely tight housing market. According to the developers’ presentation, 61% of renters in Boyle Heights spend more than 30% of their income on rent, while 34% pay more than 50% of income on rent.

“I earn $1,150 per month with three members in my family and I pay $740 for rent,” said Salvador, a resident of Boyle Heights. “I have to go to churches to ask for food,” he said, telling the developers they should base rental rates on what a person living below the poverty level actually earns.

In the 6.2 square-mile area of Boyle Heights, about 18% of people live in “severely” overcrowded households, according to the American Community Survey 2009-2013.

Of the rental units available in Boyle Heights, 8% (1,311) are affordable, the rest, 92% (15,054) are market rate units, according to ELACC.

ELACC President Isela Gracian tried to reassure the audience that they are not working against the low-income community, but are on their side trying to build more affordable housing. She emphasized, however, that one project is not going to solve the affordable housing crisis, citing as an example of the great need ELACC’s experience with the 53-unit Sol y Luna complex that recently opened in Boyle Heights. She said they received over 2,000 applications for the 53 available units.

Not all the applicants were from Boyle Heights, she said, explaining that federal law prohibits discriminatory advertising in housing, so people from everywhere were eligible to apply. About 50% of the current residents at Sol y Luna are from Boyle Heights, she said.

Ana Hernandez said Boyle Heights residents like her worry that “developers will not build enough” housing to meet the huge need.

Union de Vecinos member Elizabeth Blaney told EGP they are concerned that the stated eligibility income levels “don’t really match” the real median income in Boyle Heights, which is below $25,000.

She said gentrification is adding to the problem. “Families are being displaced due to the high rent and locals have to go somewhere else because they cannot afford the market rate rent,” Blaney said, adding that the proportion of affordable units to market rate units is much too low. The group wants Metro to tell its developers to build more units for families making less than $25,000 a year. Otherwise, the proposed projects will continue to displace low-income tenants and not meet the needs of the community, she said.

According to Gracian, they use the AMI guidelines set by the Federal Housing and Urban Development Department (HUD), which are updated each year. “The minimums [income levels] are not set because those are linked to the actual rents for the apartments. An individual could qualify for a unit that is at the 30% AMI with income as low as $15,000 a year, the $17,130 is a maximum,” she explained.

Although there were many heated comments made at the meeting, Gracian said they did not feel they were being attacked because they understand the serious housing problems low-income families face. “They underscore the urgency and need for affordable housing, we need more residents to advocate for this,” she said.

 

More meetings are scheduled, for the complete list, www.elacc.org.

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Residentes de Boyle Heights Cuestionan Nuevos Proyectos de Viviendas Económicas

May 18, 2015 by · 1 Comment 

Las nuevas viviendas “asequibles” planeadas en Boyle Heights serán muy costosas para los residentes de bajos ingresos, dijeron asistentes a desarrolladores de viviendas asequibles la semana pasada durante la primera de varias reuniones comunitarias planeadas para discutir proyectos que se construirán en terrenos de propiedad de Metro.

Aproximadamente 120 personas asistieron a la reunión en Casa del Mexicano, un centro comunitario de hace mucho tiempo que ahora esta bajo la dirección de la constructora sin fines de lucro y desarrolladora de vivienda East Los Ángeles Community Corporation, (ELACC), que junto con Abode Communities, otro desarrollador de bienes raices, coordinaron el taller “Vivienda Asequible 101” el 7 de mayo.

Read this article in English: Developers Told to Adjust ‘Affordable’ Rent Criteria

El plan era explicar en términos fáciles por qué es necesaria más vivienda asequible y lo que se necesita –desde voluntad política hasta ingresos suficientes— para lograr la construcción.

Los agentes inmobiliarios esperaban que su presentación en Power Point –cargada con datos sobre el mercado de la vivienda actual y asequible, ganancias y rentas—y con actividades que habían planeado, explicarían adecuadamente sus costos y la formula que utilizaron para establecer los requisitos de elegibilidad de ingresos, pero ese no fue el caso.

En su lugar, por casi dos horas, ELACC y Abode fueron cuestionados una y otra vez retándolos a que interpretaran el significado de “asequible” y los datos que usaron para llegar ahí.

“Sus números van muy arriba y nosotros estamos muy abajo” de los bajos ingresos que utilizan, dijo en voz alta un residente en respuesta a los niveles de ingresos de elegibilidad incluidos en la presentación de los desarrolladores.

Situado justo al este del centro de Los Ángeles, Boyle Heights es más del 94% latino, extremadamente denso con muy poco espacio disponible, lo cual hace que los complejos habitacionales en cuatro de los lotes baldíos de Metro sean examinados detenidamente.

Los lotes se encuentran en la calle Primera y Soto; César Chávez y Soto; Primera y Boyle y Primera y Lorena.

Residentes de bajos ingresos mostraron preocupación ante los nuevos proyectos de vivienda asequible, puesto que los consideran 'muy caros'. (EGP foto por Jacqueline García)

Residentes de bajos ingresos mostraron preocupación ante los nuevos proyectos de vivienda asequible, puesto que los consideran ‘muy caros’. (EGP foto por Jacqueline García)

El “Ingreso Medio Familiar en Boyle Heights es de $35,343”, en comparación con el Área de Ingreso Medio de $81,000 para el condado de Los Ángeles, según el grupo de defensa de barrio Unión de Vecinos, que establece que “dos terceras partes de la vivienda propuesta que se construirán en los lotes baldíos del MTA serán inasequibles para los residentes de Boyle Heights”.

El grupo dice que ELACC y Abode están utilizando el Área de Ingreso Medio (AMI) para el Condado cuando deberían estar usando la renta mediana más baja de Boyle Heights para calcular la elegibilidad.

Según ELACC, una familia de cuatro con un AMI de $24,900 o menos pagaría $560 por un apartamento de dos recamaras, mientras que las familias que ganan hasta $33,200 pagarían $747 por el mismo apartamento.

La mayoría de planificadores financieros recomiendan no gastar más del 25% del ingreso en vivienda, un objetivo difícil de lograr hoy en día con el mercado tan apretado de vivienda. De acuerdo con la presentación de los desarrolladores, el 61% de los inquilinos en Boyle Heights gastan más del 30% de sus ingresos en el alquiler, mientras que el 34% paga más del 50% de sus ingresos en el alquiler.

“Yo gano $1,150 por mes, con tres miembros en mi familia y tengo que pagar $740 de renta”, dijo Salvador, residente de Boyle Heights. “No me alcanza. Tengo que ir a las iglesias para pedir comida”, dijo, pidiendo a los desarrolladores que basen las tarifas de alquiler en lo que una persona que vive por debajo del nivel de pobreza en realidad gana.

En las 6.2 millas cuadradas de Boyle Heights, cerca del 18% de las personas viven en hogares “severamente” llenos, según la Encuesta de la Comunidad Americana 2009-2013.

De las unidades de alquiler disponibles en Boyle Heights, el 8% (1.311) son asequibles, el resto, el 92% (15.054) son unidades a precio de mercado, de acuerdo con ELACC.

La presidenta de ELACC Isela Gracian trató de asegurar a la audiencia que no están trabajando en contra de la comunidad de bajos ingresos, pero están de su lado tratando de construir más viviendas asequibles. Destacó, sin embargo, que un proyecto no va a resolver la crisis de la vivienda asequible, citando como ejemplo la experiencia que ELACC tuvo con el complejo habitacional Sol y Luna que recientemente abrió sus puertas en Boyle Heights. Ella dijo que recibieron más de 2,000 solicitudes para las 53 unidades disponibles.

No todos los solicitantes eran de Boyle Heights, dijo, explicando que la ley federal prohíbe la publicidad discriminatoria en materia de vivienda, por lo que la gente de todas partes son elegibles para solicitar. Alrededor del 50% de los residentes actuales en Sol y Luna son de Boyle Heights, agregó.

Ana Hernández dijo que los residentes de Boyle Heights como ella se preocupan de que “los desarrolladores no van a construir suficientes” viviendas para satisfacer la enorme necesidad.

La miembro de la Unión de Vecinos Elizabeth Blaney le dijo a EGP que ellos están preocupados que los niveles de ingreso de elegibilidad “en realidad no concuerdan” con el AMI en Boyle Heights, el cual es menos de $25,000.

Ella dijo que la ‘gentrificación’ se está añadiendo al problema. “Las familias están siendo desplazadas debido a la alta renta y los residentes locales se tienen que ir a otro lugar porque no pueden pagar el alquiler  de la tasa de mercado”, dijo Blaney, quien agregó que la proporción de unidades asequibles a las unidades a precio de mercado es demasiado baja.

El grupo quiere que Metro diga a sus desarrolladores que construyan más unidades para las familias que ganan menos de $25,000 al año. De lo contrario, los proyectos propuestos continuarán desplazando inquilinos de bajos ingresos y no cumplirán con las necesidades de la comunidad, dijo.

Según Gracian, ellos utilizan las directrices de AMI establecidas por El Departamento Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), que se actualizan cada año. “Los [niveles de ingresos] mínimos no se establecen porque esos están vinculados a las rentas actuales de los apartamentos. Un individuo podría calificar para una unidad que está en el 30% de AMI con ingresos tan bajos como $15,000 al año, el $17.130 es el máximo”, explicó.

Aunque hubo muchos comentarios acalorados formulados en la reunión, Gracian dijo que no se sintieron atacados porque entienden los graves problemas de vivienda que las familias de bajos ingresos enfrentan. “Ellos subrayan la urgencia y la necesidad de vivienda asequible, necesitamos más residentes que aboguen por esto”, dijo.

 

Más reuniones están programadas en los próximos seis meses. Para la lista completa, visite www.elacc.org.

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