Tribunal Supremo Examina las Medidas Migratorias del Presidente Obama

April 18, 2016 by · Leave a Comment 

El Tribunal Supremo examinó el lunes si el presidente Barack Obama proclamó de forma legal sus medidas migratorias para frenar la deportación de cinco millones de indocumentados o si, por el contrario, se excedió en su poder, como sostiene la oposición republicana.

La cita judicial llega en un momento de alta tensión de cara a las elecciones presidenciales de noviembre con candidatos como el magnate Donald Trump, aspirante a la nominación presidencial republicana y que aboga por construir un muro en la frontera con México y deportar a todos los indocumentados del país.

“Las familias no tienen fronteras” y “paren las deportaciones” son algunos de los mensajes que lucieron las pancartas que desde primera hora del día se agolpan a las puertas de la corte, donde el Movimiento para una Reforma Migratoria Justa reunió alrededor de 3.500 personas en una gran manifestación.

Un grupo de activistas se reunieron en Los Ángeles para presentar apoyo a la audiencia de DAPA en Washington. (Catherine Lyons)

Un grupo de activistas se reunieron en Los Ángeles para presentar apoyo a la audiencia de DAPA en Washington. (Catherine Lyons)

Dentro del alto tribunal, durante una audiencia de 90 minutos, los jueces analizaron las acciones ejecutivas que Obama proclamó en noviembre de 2014 y que fueron bloqueadas a comienzos de 2015, un día antes de entrar en vigor, a petición de una coalición de 26 estados, liderados por Texas y en su mayoría con gobernadores republicanos.

Los 26 estados consideran que Obama se ha excedido en su poder al proclamar por decreto su plan migratorio, que consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA) y cuyo objetivo es evitar la deportación de jóvenes indocumentados que llegaron de niños a EEUU.

La otra parte del plan es el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que busca evitar la deportación de los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.

Estas medidas son temporales y permitirían a los beneficiarios conseguir un permiso de trabajo, un seguro social y una licencia de conducir.

Consciente de que se juega uno de sus mayores legados en política interior, el Gobierno de Obama defiende su poder para fijar diferentes prioridades en la expulsión de indocumentados y pone de ejemplo a dos expresidentes republicanos, Ronald Reagan y George H.W. Bush, quienes proclamaron acciones similares en el pasado.

Además de los estados y el Gobierno federal, testificó un abogado del Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación (Maldef), que representa a tres mujeres indocumentadas de Texas y que podrían acogerse a uno de los programas proclamados por Obama.

En apoyo de la tesis que defienden los estados, dio su testimonio un letrado que representa a la mayoría republicana de la Cámara Baja, que sostiene que Obama se extralimitó en su poder, proclamó medidas demasiado amplias y solo el Congreso tiene capacidad para cambiar las leyes migratorias.

Frente a las partes, dentro de la corte hay solo ocho de los nueve jueces con cargos vitalicios que deben componer el Supremo, dividido en cuatro conservadores y cuatro progresistas debido a la inesperada muerte en febrero del magistrado conservador Antonin Scalia.

El dictamen llegará en junio y, si empatan, los magistrados tienen la opción de dejar en vigor el veredicto de la corte inmediatamente inferior, lo que perjudicaría a Obama, o decidir que el caso vuelva a argumentarse ante el Supremo una vez que un nuevo juez se incorpore a la corte.

AB 1389 Gives Basic Freedoms and Rights to California Farmworkers

May 4, 2015 by · Leave a Comment 

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One of the biggest injustices to California farmworkers can be found in California’s Agricultural Labor Relations Act (ALRA), which violates some of the most basic of civil rights when it comes to labor laws. It prevents farmworkers from having a voice on contracts that govern their wages, benefits and other workplace conditions.

In the year 2015 it is hard to imagine, that under today’s ALRA, farmworkers are not guaranteed the right to observe mandatory mediation talks about their contracts. More importantly, once those contracts are agreed upon and executed, these same workers are not able to vote on whether to approve or reject them.

Assembly Bill 1389 (Patterson) seeks to correct these fundamental flaws in the ALRA, which currently removes farmworkers from the process of mandatory mediated contracts.

The bill would make several commonsense upgrades to the ALRA that will protect worker’s rights:

It protects workers from unions that abandon them. If a union abandons its workers for more than a three-year period, the workers have the right to choose a new union to represent them.

It gives workers the right to attend mediated negotiations on contracts directly affecting their pay, benefits, workplace conditions, etc.

It gives workers the right to approve or reject a mediated contract that governs their workplace.

The flaws in the ALRA were exposed during an ongoing labor dispute involving employees of Gerawan Farming in the Central Valley. AB 1389 will not have an impact on that issue, which is currently tied up in the courts.

But AB 1389 should not be confused with the Gerawan situation. Rather, it simply seeks to establish basic rights so that future controversies can be avoided.

Latino civil rights for workers should not be a political issue – this is a basic American issue. AB 1389 is about workers – not unions or employers. It simply empowers farmworkers to have a say in their contracts.

Supporting AB 1389 – set for hearing in the Assembly Committee on Labor & Employment for May 6 – should be an easy vote for anyone concerned about civil rights for California farmworkers and their families.

Luis Alvarado is president of Familias Unidad de California. 

 

 

 

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