Miembro de la Junta de LAUSD, Prima Se Declaran Inocente en un Caso Criminal

October 26, 2017 by · Leave a Comment 

El miembro de la junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), Ref Rodríguez, se declaró inocente el martes de los cargos criminales por supuestamente reembolsando casi $25,000 a los donantes que él listó en un formulario de financiamiento de campaña.

Refugio ‘Ref’ Rodríguez, de 46 años, era presidente de la junta de educación, pero renuncio a ese puesto después de haber sido acusado en septiembre de un cargo de felonía por conspiración para cometer un supuesto nombre de contribución, perjurio u proxenetismo y ofrecer un instrumento falso o falsificado, junto con 25 recuentos de delitos menores de contribución de nombre supuesto.

Su prima, Elizabeth Tinajero Melendrez, de 45 años, fue acusada de un delito grave de conspiración para cometer una contribución de nombre falso y 25 delitos menores de contribución de nombre falso. Ella también se declaró no culpable.

Ambos deben regresar a la sala del tribunal del centro de Los Ángeles el 13 de diciembre, cuando está programada una fecha para una audiencia para determinar si hay pruebas suficientes que los obliguen a someterse a juicio.

Rodríguez fue elegido en 2015 para el puesto del Distrito 5 en la junta del LAUSD representando áreas que incluyen Atwater Village, Eagle Rock, Highland Park, Los Feliz, Mount Washington y Silver Lake. Es cofundador de Partnerships to Uplift Communities (Alianzas para Elevar las Comunidades), una seria de escuelas autónomas en el noreste de Los Ángeles y el noreste del Valle de San Fernando. Melendrez fue voluntario en su campaña.

Rodríguez dijo el mes pasado que él y sus abogados han estado tratando de “resolver los problemas con la Comisión de Ética de Los Ángeles (Los Angeles Ethics Comissision) por más de dos años”.

“Como producto de una familia de inmigrantes, nadie tiene más respeto por la integridad del sistema de justicia estadounidense que yo”, dijo Rodríguez entonces.

“He cooperado con las autoridades y espero que estos problemas se resuelvan de manera expedita y justa”.

Luego de una comparecencia en la corte el 13 de septiembre, el abogado de Melendrez calificó los cargos de “mucho ruido y pocas nueces”.

“Nos sorprende que haya llegado al nivel de una acusación criminal”, dijo el abogado Mark Werksman.

Los fiscales alegan que Rodríguez recaudo más de $50,000 durante el primer periodo de presentación de informes de campaña que finalizó en diciembre del 2014 y que 25 donantes, la mayoría de los cuales eran familiares y amigos, fueron supuestamente pagados con $34,250 por Rodríguez y Melendrez.

Los nombres de los donantes figuraban en un informe de financiación de campaña presuntamente firmado por Rodríguez bajo pena de perjurio y presentado a la Comisión de Ética de Los Ángeles, que recibió una denuncia de marzo del 2015 sobre las actividades de recaudación de fondos de Rodríguez, según la fiscalía del distrito.

De acuerdo con los documentos de la Comisión de Ética, poco después de que Rodríguez comenzó su campaña para el asiento de la junta escolar en noviembre de 2014, “proporcionó $26,000 de su propio dinero a Melendrez, su prima y voluntaria clave de la campaña, con instrucciones de canalizar ese dinero en su cuenta de campaña pidiendo a los miembros de la familia que hagan contribuciones”.

“Melendrez atrajo a 25 familiares y amigos a realizar contribuciones de campaña diciéndoles que sus contribuciones serían reembolsadas”, según la acusación de la Comisión de Ética. “Las 25 contribuciones se hicieron desde el 23 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2014, varió de $775 a $1,100 cada uno, y totalizó a $24,250. Melendrez reembolsó completamente las 25 contribuciones utilizando los fondos de Rodríguez.

De acuerdo con la Comisión de Ética, Rodríguez presentó una declaración de divulgación de la campaña el 12 de enero de 2015, y esa declaración incluyó las 25 donaciones que habían sido reembolsadas.

“En esa declaración, Rodríguez certificó bajo pena de perjurio que había recaudado un total de $51,001 en contribuciones de otras personas. Sin embargo, así la mitad de los fondos reportados fueron en realidad el dinero de Rodríguez”, de acuerdo con la Comisión de Ética.

El personal de la Comisión de Ética acusó a Rodríguez y Melendrez de 25 actos de lavado de fondos en la campaña de Rodríguez. La comisión revisará las acusaciones y tomará una determinación final sobre las sanciones. La comisión puede imponer una multa máxima de $5,000 por violación.

Delincuentes Pueden ‘Limpiar’ Su Record Criminal Bajo la Prop. 47

June 18, 2015 by · 1 Comment 

Para Joseph Barela, residente del Este de Los Ángeles, el crecer en una familia de adictos le facilitó el camino para terminar en su misma situación. Entrando y saliendo de la cárcel desde que era un adolescente, la última vez que Barela fue encarcelado en 1999 cumplió una condena de ocho años.

Ahora, a los 50 años, Barela dice que ha “crecido y madurado mucho”, pero lamenta que sus condenas pasadas de múltiples delitos graves y menores le continúen haciendo la vida difícil.

Él tiene esperanza en la poco conocida Proposición 47 que le podría ayudar a cambiar su futuro.

Read this article in English: Felons Can ‘Clean’ Old Criminal Record Under Prop. 47

“La última vez que estuve en la cárcel fue por un delito no violento”, Barela le dijo a EGP, explicando que fue declarado culpable de recibir propiedad robada y resistir arresto.

Bajo la Prop. 47, aprobada por los votantes en noviembre pasado, algunos delitos de bajo nivel no violentos, como la posesión de drogas y los delitos de robo menores de $950, se pueden reducir de delitos graves a delitos menores.

La Prop. 47 permite a los californianos como Barela peticionar para remover los delitos de sus antecedentes penales, pero sólo hasta el 5 de noviembre de 2017. De tener éxito, las personas beneficiadas pueden abrir nuevas puertas para tratar de cambiar sus vidas, mejorando sus oportunidades en la búsqueda de empleo, ayuda económica, vivienda y el derecho a votar.

Sin embargo, activistas de derechos civiles, están preocupados de que la información no está llegando a las personas que pueden beneficiarse de la modificación de la ley. Durante una mesa redonda en el Museo Americano Japonés en Little Tokyo el pasado viernes—organizada por New America Media—expertos legales, ex reclusos y periodistas hicieron hincapié en la importancia de que delincuentes no violentos inicien el proceso para limpiar sus antecedentes penales pronto, como lo establece la ley.

Joseph Barela, explica que su record criminal le ha causado problemas para adaptarse en la sociedad. (EGP foto por Jacqueline García)

Joseph Barela, explica que su record criminal le ha causado problemas para adaptarse en la sociedad. (EGP foto por Jacqueline García)

“Porque no tenemos ninguna garantía de que habrá una extensión, lo más importante es saber que no hace daño entregar su aplicación” si usted cree que califica, Hillary Blout, directora de implementación de la Prop. 47 con Californianos por la Seguridad y Justicia, le dijo a EGP. El proceso varía de un condado a otro, “algunos condados tienen un atraso de tres meses, y algunos pueden ser un mes”, agregó.

La reducción de delitos graves a delitos menores es una experiencia que cambia la vida, dijo Rochelle Solombrino, quien pasó 18 meses en prisión tras ser declarada culpable de una persecución vehicular a alta velocidad con la policía y resistir arresto.

“No creo que era una mala persona, sólo estaba haciendo cosas malas”, le dijo a la audiencia.

Solombrino dijo que se sentía derrotada cuando salió de la cárcel, dándose cuenta de que sería difícil tener una vida normal con su registro de antecedentes penales.

Solicitó vivienda de la Sección 8 pero dijo que se le negó debido a su antecedentes penales.

Solombrino se enteró durante una clínica legal gratuita que bajo la Prop. 47, cuatro de sus delitos graves podrían ser reclasificados como delitos menores.

Completó un programa de rehabilitación de drogas en la organización no lucrativa Fred Brown Recovery Services con sede en San Pedro, donde más tarde consiguió un trabajo. Ahora es coordinadora de operaciones del programa.

“Se me dio la oportunidad de ser mejor y empecé a ayudar a la comunidad”, dijo con orgullo.

Bajo la Prop. 47, ciertos cargos pueden ser borrados (eliminados) del registro de una persona, ya sea a través una nueva sentencia o reclasificación.

Bajo la “nueva sentencia” un individuo que cumple condena en la cárcel, prisión o esta en libertad condicional o supervisión obligatoria o comunitaria después de la liberación, puede solicitar ser sentenciado de nuevo bajo un delito menor.

El proceso puede variar según el condado, pero por lo general implica una audiencia y el solicitante muy probablemente necesite ser representado por un abogado.

Bajo “reclasificación” o cambio de record, los individuos que ya no estan en custodia o en libertad condicional o bajo palabra, pueden solicitar que su condena original cambie de un delito grave a un delito menor—si la condena fue en California.

Los solicitantes deben trabajar con un abogado o una clínica legal durante el proceso, según los expertos.

“Tener un delito menor sigue siendo público, pero podemos intentar borrarlo”, puesto que ya no esta abierto al escrutinio público, dijo Paul Jung, abogado con Asian Americans Advancing Justice.

“Una vez que expulsas el delito menor, el empleador no está obligado a solicitar los registros”, añadió.

Aproximadamente un millón de californianos tienen delitos no violentos en sus antecedentes penales, de acuerdo a la organización Californianos por la Seguridad y Justicia. Como resultado, se enfrentan a restricciones de trabajo, vivienda o educación a pesar de que han cumplido su condena, dijo el grupo. Para el 73% de estas personas, puede equivaler a una suspensión de por vida.

En el caso de los inmigrantes, el 60% de todas las deportaciones son debido a una condena por delito grave, dijo Blout. La gente necesita saber que la presentación de la solicitud es segura, “no hay represalias por presentarla” y la información no se comparte con oficiales de inmigración, dijo.

La presentación de la solicitud de la Prop. 47 es gratis, añadió.

Con la reducción del costo de encarcelamiento—$60,000 por recluso por año versus $8,500 por la educación de un estudiante—el Estado va a tener más dinero para proveer programas de tratamiento de drogas y servicios de salud para las personas en el sistema criminal de justicia. También aportaría dinero para pagar por programas para estudiantes en riesgo del kinder al 12 grado, y servicios a las víctimas, de acuerdo con Californianos por la Seguridad y Justicia.

Esta es una buena noticia para Barela, quien dice que alrededor de cinco de sus delitos graves se pueden reducir a delitos menores. En sus palabras, a pesar de que no ha cometido ningún crimen en años, empleadores potenciales todavía lo ven como un criminal y “nadie quiere contratar a un ladrón”.

“Si la Proposición 47 hubiera existido en ese entonces, las prisiones no estarían tan llenas”.

Para obtener más información sobre el proceso, llame a (213) 974-2811 o visite www.MyProp47.com/LA.

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