Jueces Parecen Estar Divididos en el Caso de Inmigración

April 21, 2016 by · Leave a Comment 

El ambiente era de celebración, como si ya hubieran ganado.

En realidad, la victoria, la derrota o un empate en un caso que podría determinar el futuro de millones de inmigrantes en el país de forma ilegal esta todavía a meses de saberse.

El lunes por la mañana—frente a la Corte Suprema de EE.UU. en Washington DC y en decenas de ciudades del país—miles de inmigrantes y sus partidarios se manifestaron en apoyo de las acciones ejecutivas del presidente Obama que de aprobarse darían a cuatro millones de inmigrantes indocumentados alivio temporal de la deportación.

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Las manifestaciones se llevaron a cabo mientras ocho jueces del Tribunal Supremo escucharon los argumentos orales en el caso United Staes v. Texas (Estados Unidos v. Texas), una demanda que desafía la constitucionalidad de la autoridad del presidente para realizar las acciones.

Las preguntas planteadas por los ocho jueces parecen indicar que están divididos 4-4, con los cuatro jueces conservadores que se inclinan hacia la defensa de la decisión del tribunal inferior.

En defensa de las acciones del presidente, los peticionarios preguntaron si Texas y otros estados están legitimados para presentar la demanda.

En mayo de 2015, un panel del Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans confirmó una orden judicial emitida por un juez del Distrito de EE.UU. en Texas en una demanda presentada por Texas y otros 25 estados mayoritariamente republicanos que buscan poner fin a las acciones ejecutivas de Obama sobre la inmigración.

Los estados argumentaron que Obama se excedió en su autoridad legal cuando tomó las acciones ejecutivas, insistiendo en que no tiene la capacidad de fijar unilateralmente la política de inmigración.

La batalla legal ha suspendido la implementación de un programa que otorgaría permisos de trabajo y protección contra la deportación a padres de los niños nacidos en EE.UU. y ampliaría el programa existente para los inmigrantes que llegaron ilegalmente cuando eran niños y no calificaron al DACA original debido a límite de edad. Los programas—conocidos por sus acrónimos como DAPA y DACA—afectarían alrededor de medio millón de angelinos.

Miles de personas se reunieron en los escalones de la Corte Suprema para apoyar a DAPA y DACA mientras se llevaban a cabo los argumentos orales. (Oficina del congresista Xavier Becerra)

Miles de personas se reunieron en los escalones de la Corte Suprema para apoyar a DAPA y DACA mientras se llevaban a cabo los argumentos orales. (Oficina del congresista Xavier Becerra)

El panel de tres jueces dictaminó que los estados tenían suficiente base legal para iniciar la demanda y que la administración falló en demostrar que se verían perjudicados por nuevos retrasos.

El congresista Xavier Becerra (D-34), cuyo distrito incluye partes del Este y Noreste de Los Ángeles, estaba en la Corte para los argumentos orales y le dijo a EGP después de la audiencia que los jueces estaban atentos a ambas partes de los argumentos.

Hicieron preguntas muy importantes como “¿Cómo se define la presencia legal?” y ¿Cómo tratarían el problema de deportación [de inmigrantes indocumentados]?” si fuese a suceder, dijo.

Para Becerra, el umbral es si Texas, tiene el derecho de llevar el caso a los tribunales, “porque [ellos] tienen que demostrar que el estado se verá perjudicado” por las medidas.

En 2015, Texas argumentó que el estado sufriría un daño financiero debido a una política de Texas que permite al estado a emitir licencias de conducir a los no ciudadanos que viven legalmente en el estado.

Los jóvenes indocumentados que calificaron para DACA en 2012 no se les permitió inicialmente solicitar una licencia de conducir de Texas, pero eso cambió un año después cuando la Administración Obama confirmó que los receptores de DACA están autorizados para estar en EE.UUy por lo tanto se consideran “legalmente presentes” bajo las leyes federales de inmigración.

Durante los argumentos orales el abogado general de EE.UU., Donald B. Verrilli argumentó que bajo la ley actual de Texas, “les darán una licencia de conducir ahora a cualquier categoría de persona que tenga un documento del gobierno federal, no sólo diciendo que están legítimamente presentes—pero que oficialmente estamos tolerando tu presencia”.

“Hay un gran número de personas bajo la ley existente de Texas elegibles para una licencia a pesar de no estar legítimamente presentes”, dijo Verrelli durante la sesión de 90 minutos. Sostuvo que Texas podría cambiar su legislación para negar licencias de conducir a inmigrantes.

“Se podría demandar inmediatamente”, respondió el juez presidente John G. Roberts, llamandola una “Catch 22” (trampa 22) en referencia a la posibilidad de demandar al gobierno federal de Texas durante su tratamiento desigual de los inmigrantes considerados legalmente en el país.

Hablando en defensa de las acciones de Obama, el presidente y abogado general de MALDEF Thomas A. Sáenz presentó testimonios de tres madres inmigrantes no autorizadas—identificadas como Jane Does—que se beneficiarían de DAPA.

“Los jueces parecían estar muy interesados durante todo el argumento”, dijo Sáenz durante una conferencia de prensa telefónica después de los argumentos orales. Era necesario mostrar los “rostros humanos” de quienes están siendo puestos en riesgo, agregó.

“Sin su participación, las únicas partes serían políticas, por lo que era importante contar con la perspectiva de aquellos que están esperando”, dijo a los reporteros.

La muerte del juez Antonin Scalia a principios de este año dejo la corte dividida 4-4 en las líneas partidistas. Si la división conservadora/liberal se mantiene, una decisión de 4-4 permitiría que la decisión del tribunal inferior prevalezca.

“Habría consideración de lo que podría hacerse en un tribunal o de otra manera, limitar el alcance de la medida cautelar de restricción en todo el país excluyendo la implementación por todos lados” en respuesta, dijo Sáenz.

Los demandantes en el caso también afirman que los pedidos de inmigración del presidente Obama representan un cambio drástico en las políticas del país sin la autorización del congreso.

Es un argumento respaldado por el congresista de California Darrell Issa (R-49) que representa a las zonas costeras de los condados de San Diego y Orange.

“La Constitución no puede ser más clara. Es el trabajo del congreso escribir las leyes y es el trabajo del presidente ver que se ejecuten fielmente”, dijo Darrell en un comunicado el lunes.

El juez Anthony Kennedy parecía estar de acuerdo. “Es como si el presidente está fijando la política y el congreso la esta ejecutado. Esta al revés”, dijo Kennedy, quien usualmente es el voto decisivo de la corte.

“Tenemos básicamente 10 millones, novecientas mil personas que no pueden ser deportadas porque no hay suficientes recursos”, dijo Sonia Sotomayor después de aclarar que el congreso sólo había asignado fondos para deportar a cerca de 400.000 personas en el país ilegalmente cada año. “Están aquí, lo queramos o no”.

Una coalición de 15 estados, incluyendo California, más el Distrito de Columbia y 118 ciudades y condados, sin embargo, han demostrado apoyo a las acciones del presidente.

En los escritos “amigos-de-las-cortes”, los partidarios de la acción ejecutiva del presidente argumentan que sus directivas no perjudican a los 26 estados que buscan sean revocadas, pero en su lugar serían de beneficios sustanciales no sólo a los inmigrantes indocumentados y sus familias, sino para las arcas del gobierno también.

El informe, que fue co-redactado por el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, el abogado de la ciudad Mike Feuer y sus homólogos de la Ciudad de Nueva York, también recalca el posible “perjuicio económico” de no permitir que los inmigrantes que pagan impuestos trabajen y permanezcan en el país.

Se espera que las políticas ejecutivas de Obama le inyecten hasta $800 millones en “beneficios económicos” a los gobiernos estatales y locales, de acuerdo con el informe.

La congresista Lucille Roybal-Allard (D-40) quien representa al Este de L. A. y partes del sureste y el sur de Los Ángeles, dijo en un comunicado que las acciones ejecutivas del presidente Obama para expandir e implementar DACA y DAPA no sólo son legales, sino también humanas.

“Si estas acciones toman efecto, más inmigrantes calificados podrán salir de las sombras y contribuir a nuestra nación. Más familias podrán vivir en paz, libres de temores de ser separados”, dijo. “Estoy segura de que la Corte Suprema afirmará que el presidente Obama tiene todo el derecho para implementar las acciones ejecutivas”.

Sáenz dijo que esta muy optimista. “Vi a un tribunal que estaba del lado de la justicia”.

Se espera una decisión final en junio.

Información City News Service utilizó en este informe.

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Tribunal Supremo Examina las Medidas Migratorias del Presidente Obama

April 18, 2016 by · Leave a Comment 

El Tribunal Supremo examinó el lunes si el presidente Barack Obama proclamó de forma legal sus medidas migratorias para frenar la deportación de cinco millones de indocumentados o si, por el contrario, se excedió en su poder, como sostiene la oposición republicana.

La cita judicial llega en un momento de alta tensión de cara a las elecciones presidenciales de noviembre con candidatos como el magnate Donald Trump, aspirante a la nominación presidencial republicana y que aboga por construir un muro en la frontera con México y deportar a todos los indocumentados del país.

“Las familias no tienen fronteras” y “paren las deportaciones” son algunos de los mensajes que lucieron las pancartas que desde primera hora del día se agolpan a las puertas de la corte, donde el Movimiento para una Reforma Migratoria Justa reunió alrededor de 3.500 personas en una gran manifestación.

Un grupo de activistas se reunieron en Los Ángeles para presentar apoyo a la audiencia de DAPA en Washington. (Catherine Lyons)

Un grupo de activistas se reunieron en Los Ángeles para presentar apoyo a la audiencia de DAPA en Washington. (Catherine Lyons)

Dentro del alto tribunal, durante una audiencia de 90 minutos, los jueces analizaron las acciones ejecutivas que Obama proclamó en noviembre de 2014 y que fueron bloqueadas a comienzos de 2015, un día antes de entrar en vigor, a petición de una coalición de 26 estados, liderados por Texas y en su mayoría con gobernadores republicanos.

Los 26 estados consideran que Obama se ha excedido en su poder al proclamar por decreto su plan migratorio, que consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA) y cuyo objetivo es evitar la deportación de jóvenes indocumentados que llegaron de niños a EEUU.

La otra parte del plan es el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que busca evitar la deportación de los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.

Estas medidas son temporales y permitirían a los beneficiarios conseguir un permiso de trabajo, un seguro social y una licencia de conducir.

Consciente de que se juega uno de sus mayores legados en política interior, el Gobierno de Obama defiende su poder para fijar diferentes prioridades en la expulsión de indocumentados y pone de ejemplo a dos expresidentes republicanos, Ronald Reagan y George H.W. Bush, quienes proclamaron acciones similares en el pasado.

Además de los estados y el Gobierno federal, testificó un abogado del Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación (Maldef), que representa a tres mujeres indocumentadas de Texas y que podrían acogerse a uno de los programas proclamados por Obama.

En apoyo de la tesis que defienden los estados, dio su testimonio un letrado que representa a la mayoría republicana de la Cámara Baja, que sostiene que Obama se extralimitó en su poder, proclamó medidas demasiado amplias y solo el Congreso tiene capacidad para cambiar las leyes migratorias.

Frente a las partes, dentro de la corte hay solo ocho de los nueve jueces con cargos vitalicios que deben componer el Supremo, dividido en cuatro conservadores y cuatro progresistas debido a la inesperada muerte en febrero del magistrado conservador Antonin Scalia.

El dictamen llegará en junio y, si empatan, los magistrados tienen la opción de dejar en vigor el veredicto de la corte inmediatamente inferior, lo que perjudicaría a Obama, o decidir que el caso vuelva a argumentarse ante el Supremo una vez que un nuevo juez se incorpore a la corte.

Senador Lanza Proyecto que Prohíbe a Empresas Privadas Acceso a Centros de Detención

April 7, 2016 by · Leave a Comment 

El senador de California Ricardo Lara presentó la semana pasada un proyecto de ley que prohíbe a empresas privadas operar centros de detención de inmigrantes en el estado y requiere que las otras instalaciones para tal fin establezcan altos estándares de trato para los detenidos.

Bajo el nombre “Dignidad No Detención”, el demócrata Ricardo Lara de Bell Gardens presentó el viernes su proyecto de ley SB1289 con el que, aseguró, toma posición “contra la encarcelación masiva de los inmigrantes y la detención en condiciones inhumanas”.

“Nuestro estado y nuestros gobiernos locales no deben ser cómplices en esta práctica atroz de enriquecerse con el sufrimiento humano”, agregó el senador durante la presentación de esta iniciativa en la sede del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), en Los Ángeles.

La directora ejecutiva de esta organización, Martha Arévalo, criticó en declaraciones a Efe que en las últimas tres décadas haya surgido una “industria de cárceles privadas” y, en ese sentido, saludó que la propuesta busque impedir que las empresas privadas “sigan beneficiándose financieramente a espaldas de la comunidad”.

Arévalo destacó que el proyecto persiga “que las recomendaciones que hizo la oficina del ICE en 2011 sobre un mejor trato para personas indocumentadas en los centros de detención se conviertan en ley y sean el estándar”.

La propuesta de ley, además de prohibir que los gobiernos locales y las autoridades federales contraten a empresas privadas para la gestión de centros de detención de indocumentados, permite que los retenidos en estas instalaciones puedan entablar demandas civiles contra sus administradores.

Según datos de ICE, esta institución federal mantiene contratos con empresas privadas para la gestión de cuatro centros de detención en California que albergan unos 3.700 detenidos, entre los cuales figuran indocumentados, extranjeros que han solicitado asilo y otros a la espera de una audiencia en una corte de Inmigración.

ICE declinó hacer comentarios sobre la propuesta de Lara, debido a que la entidad no opina sobre proyectos de ley, pero la portavoz de ICE para la región oeste, Virginia Kice, afirmó en declaraciones a Efe que la institución “está comprometida a tratar aquellos bajo nuestra custodia de una forma segura y humana”.

“La agencia tiene una política de cero tolerancia para cualquier tipo de comportamiento abusivo o inapropiado en sus instalaciones y toma muy en serio cualquier queja sobre este tipo de maltrato”, señaló.

Bamby Salcedo, presidente y directora ejecutiva de la Coalición TransLatina, que representa al colectivo de transexuales de origen latino, en los centros de detención de inmigrantes administrados por las empresas privadas las personas “son abusadas sexualmente, son acusadas constantemente y también son discriminadas”.

Salcedo aseguró que, tanto por su propia experiencia cuando estuvo detenida en el hoy clausurado centro detención de San Pedro, como por referencias de otros casos, “la violencia y la agresión física en contra de la comunidad trans es algo prevalente”.

La empresa Geo Group, una de las más importantes operadoras privadas de centros de detención, gestiona en California dos de las más grandes instalaciones de este tipo, el centro de Adelanto, en esta misma localidad, y el de Mesa Verde, en McFarland.

Aunque no quiso comentar en concreto sobre la propuesta de Lara, Pablo Páez, portavoz de esta corporación, aseguró en un comunicado que “las instalaciones de Geo ofrecen servicios de alta calidad en ambientes residenciales seguros y humanos”, y, por ello, “rechaza enérgicamente las acusaciones en sentido contrario”.

No obstante, para activistas como Arévalo en los centros de detención manejados por compañías privadas no hay “respeto” por las personas, ni forma de saber cuántas irregularidades se cometen contra “las comunidades más vulnerables y las que necesitan más protección”.

La Cámara Baja Presentará Su Oposición contra DAPA

March 24, 2016 by · Leave a Comment 

La Cámara de Representantes aprobó la semana pasada una resolución que permitirá a la mayoría republicana llevar al Tribunal Supremo su oposición al plan migratorio del presidente Barack Obama, destinado a frenar la deportación de cinco millones de indocumentados.

Con 234 votos a favor y 186 en contra, la Cámara baja dio el visto bueno a la resolución impulsada por su presidente, el republicano Paul Ryan, para entregar al Tribunal Supremo un documento “amicus curiae” (amigo de la corte), una figura legal por la que un tercero expresa su apoyo a una de las partes.

“Reconozco que este es un paso extraordinario, pero creo que es muy necesario, vital. No se trata de si estamos a favor o en contra de unas políticas migratorias. De lo que se trata es de la integridad de nuestra Constitución”, aseguró Ryan, al pedir el voto de los legisladores para su resolución.

Colocar al Legislativo enfrente del Ejecutivo en la máxima instancia judicial del país servirá para demostrar que, según la Constitución, “el presidente no puede escribir las leyes” y solo el Congreso tiene capacidad para legislar, según destacó Ryan.

Los republicanos consideran que Obama se ha excedido en su poder al proclamar por decreto su plan migratorio, que consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA) y cuyo objetivo es evitar la deportación de jóvenes indocumentados que llegaron de niños a EEUU.

La otra parte del plan, anunciado en noviembre de 2014, es el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que busca evitar la deportación de los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o hijos con residencia permanente.

“Si quieren ver a la gente deportada, ¿por qué no se levantan y lo dicen?”, espetó a los republicanos el legislador demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez, visiblemente indignado.

Para Gutiérrez, lo que quieren los republicanos de la Cámara Baja es una “deportación masiva” como la que propone el magnate Donald Trump, aspirante a la nominación presidencial republicana que quiere construir un muro en la frontera con México y expulsar a todos los indocumentados del país.

“Los republicanos de la Cámara Baja están propagando el mismo miedo, la misma retórica anti-inmigrante y las mismas fantasías de deportación masiva que sus candidatos. No, no están llamando a la calma, no están liderando. ¡Me avergüenzo de ellos!”, clamó Gutiérrez.

En sus intervenciones previas al voto, los demócratas acusaron a los republicanos de usar al Legislativo con fines políticos y les dijeron que, si querían opinar ante el Tribunal Supremo, deberían haber presentado un “amicus curiae” de forma independiente, como 225 legisladores demócratas hicieron este mes.
“El Congreso no tiene que presentar un escrito legal para presionar al Tribunal Supremo para cambiar nuestras leyes”, destacó el presidente del Caucus Demócrata, Xavier Becerra, quien dijo a los republicanos que es hora de “legislar, no litigar” y les instó a aprobar una reforma migratoria.
El “amicus curiae” aprobado por la Cámara Baja se suma a la lista de más de 20 documentos que opinan sobre el caso y entre los que destaca el escrito en apoyo de Obama de un grupo de 60 empresarios, liderado por el presidente de la red social Facebook, Mark Zuckerberg.

El mandatario se comprometió por primera vez en 2008, durante su primera campaña electoral, a cambiar el “roto” sistema migratorio y decidió actuar unilateralmente en 2014 ante la imposibilidad de sacar adelante en el Congreso una reforma al respecto.

El Tribunal Supremo celebrará una audiencia el próximo 18 de abril para estudiar las medidas de Obama, bloqueadas por el litigio y sobre las que la corte se pronunciará en junio.

Si el alto tribunal falla a favor del Gobierno, Obama tendrá apenas medio año para tratar de poner en marcha sus medidas migratorias, ya que su mandato concluirá en enero de 2017.

Trump Arremete Contra el Papa Francisco por Cuestionar su Fe Cristiana

February 18, 2016 by · Leave a Comment 

El precandidato republicano a la Presidencia Donald Trump consideró el jueves “vergonzoso” que el papa Francisco cuestione su fe cristiana por querer construir un muro en la frontera con México para impedir la inmigración ilegal.

“Que un líder religioso cuestione la fe de una persona es vergonzoso”, afirmó Trump en un comunicado leído en un mitin en Carolina del Sur, estado que este sábado celebrará elecciones primarias republicanas.

El aspirante conservador, que lidera las encuestas para la nominación presidencial de su partido, emitió la nota después de que el papa lamentara que el magnate inmobiliario sea una persona que “piensa en construir muros” y afirmara que “esto no es cristiano”.

El pontífice contestó así a los periodistas que le acompañaban en el avión de vuelta a Roma desde México a la pregunta de si un católico puede votar a alguien como Trump, que defiende la expulsión de inmigrantes y ampliar la valla que separa los territorios estadounidense y mexicano.

En respuesta a ese comentario, el multimillonario neoyorquino, que es presbiteriano, subrayó que “ningún líder, especialmente un líder religioso, debería tener el derecho de cuestionar la fe o la religión de otro hombre”.

“Estoy orgulloso de ser un cristiano -agregó- y, como presidente, no permitiré que la Cristiandad sea regularmente atacada y debilitada, a diferencia de lo que ocurre ahora con nuestro presidente actual”, el demócrata Barack Obama.

Trump aseguró que el Gobierno de México ha desinformado al papa, que sólo ha escuchado “una parte de la historia” y no ha visto “el crimen, el tráfico de drogas y el impacto económico negativo que las políticas actuales tienen en Estados Unidos”.

“El Gobierno mexicano y su liderazgo -insistió- ha hecho mucho comentarios desdeñosos sobre mí al papa, porque quieren seguir estafando a Estados Unidos”.

Trump también planteó que el Vaticano podría ser atacado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y que, en ese supuesto, el santo padre agradecería tenerle como inquilino de la Casa Blanca porque, con él como presidente, ese acto no se produciría.

El magnate no ha dejado de generar polémica con sus comentarios sobre inmigración desde que, el pasado 16 de junio, anunció su candidatura a la nominación del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

“Cuando México envía (a EEUU) a su gente, no envía a los mejores. Envía a la gente que tiene muchos problemas, que trae drogas, crimen, son violadores”, dijo entonces Trump.

A partir de esa premisa, el magnate inmobiliario defiende la construcción de un muro en la frontera sur con México para taponar los flujos de inmigración clandestina.

LAUSD Cierra Sus Puertas a Agentes de Inmigración

February 11, 2016 by · Leave a Comment 

En reacción a las redadas del Gobierno federal anunciadas a principios del año contra familias centroamericanas, las escuelas públicas de Los Ángeles, donde cerca del 50% del alumnado es hispano, no permitirán la entrada de autoridades de Inmigración a sus instalaciones.
La decisión tomada este martes en la junta de gobierno del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) declaró todas las escuelas, desde kínder hasta último año de secundaria, como “zonas seguras y centro de recursos para estudiantes y familias amenazadas por el cumplimiento de las leyes de inmigración”.

De acuerdo con la proposición presentada por el presidente de la junta, Steve Zimmer, cualquier solicitud del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para ingresar a un escuela del LAUSD deberá ser remitida para decisión al Superintendente y al abogado general del distrito escolar.

La resolución aprobada por los supervisores destaca la necesidad de que el Congreso actúe para reformar la ley de inmigración y declara que “cualquier sede de una escuela del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles es un lugar seguro para todos sus estudiantes y sus familias”.

Igualmente ordena que el personal del distrito trate “a todos los estudiantes de una forma equitativa en la recepción de todos los servicios escolares incluyendo, pero no limitándose a, el programa de almuerzo gratis o el precio reducido, el transporte y la instrucción educativa”.
La portavoz del ICE para la Región Oeste Virginia Kice recordó en un comunicado que consideran las escuelas y las iglesias como “lugares sensibles”, por lo que no realizan detenciones en esos sitios.

La resolución del LAUSD igualmente anima al superintendente a que aumente y extienda alianzas con organizaciones comunitarias y de servicios legales que “ofrezcan recursos para las familias que enfrenta la deportación”.

De esta forma, buscan que se establezca una “red de respuesta” para ayudar a los niños que tengan algún familiar que haya sido detenido por Inmigración.

Número de Indocumentados Cae por Debajo de 11 Millones, Afirma un Estudio

January 21, 2016 by · Leave a Comment 

El número de indocumentados en Estados Unidos ha caído por debajo de once millones por primera vez desde 2004, en gran parte por el “fuerte descenso” en la llegada de inmigrantes de México, según un informe publicado el miércoles en Nueva York.

El número total de inmigrantes sin papeles que se estima que viven en el país bajó hasta unos 10,9 millones en el año 2014, frente a los 12 millones que se calcula que había en 2008, según el informe elaborado por el Centro de Estudios sobre Migración.

El responsable del estudio, el demógrafo Robert Warren, asegura que en ese retroceso ha tenido un papel significativo el “fuerte descenso” en las llegadas de inmigrantes procedentes de México en los últimos diez años.

Aun así, algo más de la mitad de los 10,9 millones de personas sin papeles que viven en Estados Unidos proceden de ese país, casi 6 millones, frente a los 6,6 millones que había en 2010, lo que supone un retroceso del 9 %.
Por detrás de México están los inmigrantes sin papeles de países de América Central (1,58 millones), de Asia (1,57 millones), de Sudamérica (637.000), del Caribe (455.000), de África (308.000), de Europa (303.000) y de Oceanía (21.000).
El estudio revela que la mayor caída en los últimos cuatro años se registró entre los indocumentados de Sudamérica (un 22% menos), por delante de Europa (-18%) y el Caribe (-9%), mientras que subieron los de América Central (5%), África (3%) y Asia (1%).
Warren afirma en el mismo estudio que uno de los motivos por los que despierta tanto interés el tema de los inmigrantes sin papeles es que hay una “creencia extendida” de que los indocumentados en el país están en aumento.

Sin hablar de partidos políticos ni mencionar nombres concretos, el demógrafo asegura que este informe demuestra que esa creencia “está equivocada” porque el número de indocumentados “lleva bajando año tras año desde hace más de media década”.
El estado del país con mayor población indocumentada sigue siendo California, con casi 2,6 millones en 2014, por delante de Texas (1,73 millones), Nueva York (817.000), Florida (711.000), Illinois (455.000), Nueva Jersey (452.000) y Georgia (345.000).

El informe destaca el fuerte descenso de inmigrantes en Illinois (-23%), Massachusetts (-14%), Georgia (-13%), California (-11%) o Nueva York (-11%), mientras que aumentaron en Michigan (12%), Virginia (7%), Pensilvania (4%) o Texas (1%).

Tribunal Supremo Toma el Caso de Inmigración

January 21, 2016 by · Leave a Comment 

La residente del Este de Los Ángeles y activista por los derechos de inmigrantes Isabel Medina despertó el martes con un mensaje de texto diciendo que la Corte Suprema revisaría la acción ejecutiva de inmigración del presidente Obama.

“Estaba feliz, desperté a mis hijos y les dije acerca de la buena noticia”, Medina le dijo a EGP en español. “Llamé a mi marido al trabajo y celebramos un paso más hacia la legalización”.

Read this article in English: Supreme Court to Take Up Immigration Case

Sus dos hijos estadounidenses—de edades siete y nueve—no comprendían muy bien la importancia de la decisión, comentó Medina. “Pero estaban contentos y dijeron: ‘Mamá, ahora si puedes ir a visitar a la abuela [en México]’”, recordó con lágrimas en sus ojos.

La decisión del Tribunal Supremo de revisar el fallo de la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones con sede en Nueva Orleans, de la demanda Texas v. Estados Unidos le ha devuelto la esperanza a Medina y a cinco millones de inmigrantes indocumentados en el país que podrían conseguir un alivio temporal de la deportación bajo los programas del presidente Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA) y la ampliación de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DAPA).

Anunciados por Obama en noviembre de 2014, DACA y DAPA benefician a padres de hijos estadounidenses y residentes permanentes legales e inmigrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños y tenían más de 31años de edad en 2012, permitiéndoles obtener protección contra la deportación, un permiso de trabajo y un número de seguro social.

El 16 de febrero de 2015 y dos días antes de que DACA expandido tomara efecto—26 estados predominantemente republicanos encabezados por Texas presentaron una demanda para bloquear los programas, alegando que las órdenes ejecutivas de Obama excedieron su autoridad bajo la Constitución de EEUU.

Isabel Medina (centro) junto a activistas celebran la decisión de la Corte Suprema que aceptó escuchar los casos de DACA y DAPA. (EGP foto por Jacqueline García)

Isabel Medina (centro) junto a activistas celebran la decisión de la Corte Suprema que aceptó escuchar los casos de DACA y DAPA. (EGP foto por Jacqueline García)

Un juez de Texas y el panel de la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones acordaron en detener los programas que estaban a punto de entrar en vigor.

La Administración Obama y 15 estados—incluyendo California—apelaron la decisión del Quinto Circuito con la Corte Suprema.

“Sabemos que es legal, sabemos que tiene sentido común. Sabemos que es sólo un ejercicio ejecutivo legítimo con discrecionalidad que se ha utilizado legalmente por los presidentes de ambos partidos; [Dwight D.] Eisenhower, [Ronald] Reagan, [George W.] Bush, [Bill] Clinton y Obama, por supuesto”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA) durante una conferencia de prensa en respuesta al anuncio del martes por la mañana.

“[Los inmigrantes] no se esconden, trabajan duro todos los días para mantener a sus familias y apoyar la economía de este país … Tenemos que dejar de deportar a los hombres, mujeres y niños que trabajan duro”, añadió María Elena Durazo, vicepresidenta general para la inmigración, los derechos civiles y la diversidad con UNITE HERE.

Los jueces probablemente escucharán los argumentos en abril; se espera una decisión final en junio.

En California, aproximadamente 1,5 millones de personas podrían beneficiarse de DACA y DAPA con cerca de medio millón en el condado de Los Ángeles, según Salas.

Si el Tribunal Supremo falla a favor de la Administración, los inmigrantes no autorizados elegibles bajo DACA o DAPA podrían enfrentarse con un corto plazo de tiempo para la aplicación de los programas antes de que Obama deje el cargo como presidente en enero de 2017, con probabilidades de que algún republicano lo reemplace.

Activistas de los derechos de inmigración han estado exhortando a las personas que podrían calificar para el aplazamiento de tres años de la deportación y el derecho a trabajar legalmente para reunir los documentos que necesitarán para solicitar si la Corte Suprema falla a su favor.

La congresista Judy Chu (CA-27), una de los cinco representantes que instó al presidente a emitir las órdenes ejecutivas, dijo a través de una teleconferencia el martes que la lucha continúa porque “es lo correcto” para hacer.

“Sabemos que estamos en el derecho legal, moral y estamos detrás de las acciones del presidente”, aseveró.

El presidente del Caucus Demócrata, Xavier Becerra (CA-34), dijo en un comunicado que el presidente actuó “bien dentro de su autoridad” al proponer medidas migratorias de sentido común.

“Para los estadounidenses perjudicados—o simplemente frustrados—por nuestro sistema roto de inmigración, esto podría ser una señal de buenas noticias por venir”, dijo. “Estoy seguro de que el Tribunal Supremo se basará en la Constitución y los precedentes para afirmar sus acciones”.

La supervisora del Condado de Los Ángeles, Hilda Solís, apoyó los esfuerzos del presidente al abogar por la formación de un grupo de trabajo DACA/DAPA del condado de para poner en práctica las órdenes del presidente y fortalecer los recursos locales para ayudar a los jóvenes que califican para DACA.

“En noviembre pasado, la Junta de Supervisores del Condado firmó en un escrito de ‘insistencia amigable’ pidiendo a la Corte Suprema de Estados Unidos que revisara la decisión del Quinto Circuito”, dijo. “Ahora es el momento de aceptar a nuestros inmigrantes porque son contribuyentes vitales para nuestra sociedad”.

Medina, visiblemente alegre durante la conferencia de prensa de CHIRLA, le dijo a EGP que ella luchará sin descanso para ser escuchada y para poner fin a sus 19 años de vivir bajo las sombras.

“Mis hijos se preocupan por mi situación”, dijo Medina. “A su corta edad saben lo que es la inmigración y temen que un día no me encuentren en casa”.

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Tribunal Supremo Revisará Plan Migratorio de Obama

January 19, 2016 by · Leave a Comment 

El Tribunal Supremo decidió hoy martes que revisará la legalidad del plan ejecutivo del presidente Barack Obama para suspender temporalmente la deportación de unos cinco millones de inmigrantes indocumentados, con lo que el fallo se espera para junio, en la recta final de la campaña electoral.

Tras cerrar la semana pasada sus deliberaciones al respecto sin una decisión, el máximo tribunal del país anunció hoy su intención de estudiar la apelación presentada por el Gobierno de Obama para poder aplicar sus medidas migratorias, que debían haber entrado en vigor el año pasado.

Esas medidas, anunciadas por Obama en noviembre de 2014, fueron bloqueadas en febrero pasado a raíz de una demanda presentada por un total de 26 estados, en su mayoría gobernados por republicanos, liderados por Texas y que argumentan que el plan migratorio excede la autoridad que la Constitución otorga al presidente.

Se espera que los jueces del Supremo escuchen los argumentos del caso en abril para adoptar un fallo hacia finales de junio, apenas un mes antes de las convenciones demócrata y republicana para seleccionar a los candidatos presidenciales de cara a las elecciones de noviembre.

El asunto de la inmigración, y en particular las medidas ejecutivas de Obama, está siendo muy debatido en esta campaña electoral.

La mayoría de los precandidatos republicanos a la Casa Blanca se opone a esas medidas de Obama para beneficiar a los indocumentados, mientras que los aspirantes demócratas prometen ir incluso más lejos que el presidente para reformar el sistema migratorio.

El plan migratorio presentado por Obama en noviembre de 2014 consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA) y cuyo objetivo es evitar la deportación de los jóvenes “dreamers” (soñadores) que llegaron al país siendo niños acompañando a sus padres indocumentados.

La otra parte del plan es el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que busca amparar a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.

En febrero pasado, un juez federal de Texas bloqueó las medidas de Obama a raíz de la demanda presentada por 26 estados y en noviembre la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, decidió mantener la suspensión.

El Gobierno de Obama, apoyado por una coalición de 15 estados favorables a las medidas migratorias, presentó entonces una apelación ante el Supremo.

Si el Supremo falla a favor del Gobierno, Obama tendrá apenas medio año para tratar de poner en marcha sus medidas migratorias, ya que su mandato concluirá en enero de 2017.

En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, no quiso especular hoy sobre cuánto tiempo puede tomar la puesta en marcha de las medidas si el Supremo las avala, pero sí recalcó que el Gobierno tiene “mucha confianza” en los argumentos legales que presentará ante el alto tribunal.

Earnest reiteró, además, que el plan migratorio de Obama tendría un “impacto práctico y positivo” no solo para cientos de miles de familias, sino también para la economía nacional.

El portavoz comentó, asimismo, que las medidas del presidente “no absuelven” al Congreso de la responsabilidad de actuar para reformar el sistema migratorio.

Obama se comprometió por primera vez en 2008, durante su primera campaña electoral, a cambiar el “roto” sistema migratorio y decidió actuar unilateralmente en 2014 ante la imposibilidad de sacar adelante en el Congreso una reforma al respecto.

Activistas y organizaciones de indocumentados acogieron hoy con optimismo la decisión del Supremo.

Por su parte, el Centro Estadounidense para la Ley y la Justicia (ACLJ) anunció que presentará un escrito de “amicus curiae” ante el Supremo instando a que se mantenga el bloqueo de las medidas migratorias.

En estas últimas semanas el Gobierno de Obama ha recibido duras críticas de activistas y políticos demócratas por el inicio de una campaña de redadas y la deportación de al menos 121 inmigrantes indocumentados, en su mayoría centroamericanos.

En respuesta, el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, adelantó la semana pasada los planes de “expandir el programa de admisión de refugiados” para incluir a ciertos inmigrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras que huyen de la violencia en sus países de origen, con la colaboración de la ONU.

 

Tribunal Supremo Pospone Decisión Ante Medidas Migratorias

January 15, 2016 by · Leave a Comment 

El Tribunal Supremo federal pospuso hoy su decisión de tomar en consideración o no el caso de las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama en materia migratoria, una decisión que, tras su fallo, afectará a más de cinco millones de indocumentados en el país.

En caso de aceptar, y tras meses de litigios, la máxima corte pondría fin al debate sobre la legitimidad del mandatario para otorgar alivio migratorio a los jóvenes inmigrantes que llegaron al país siendo niños, así como a los padres de ciudadanos estadounidenses o residentes que estén en situación irregular.

Obama decidió actuar de manera unilateral después de que el Congreso, de mayoría republicana, no accediera a legislar sobre una reforma integral del sistema migratorio, una de sus prioridades desde que se presentara a la Presidencia del país en 2008, pero sus medidas fueron bloqueadas en los tribunales por sus oponentes.

Los jueces retomarán de nuevo su deliberación el martes de la semana entrante, día en el que podrían tomar una decisión, o bien posponerlo de nuevo al viernes siguiente, cuando también tienen prevista una nueva serie de consideraciones.

Ya durante su campaña presidencial de 2008, Obama se comprometió a solucionar los problemas derivados de un sistema migratorio que todo el espectro político coincide en que está “roto”, sin embargo, los republicanos en el Congreso no han permitido que en sus siete años de mandato se aprobara una reforma integral del mismo.

Así pues, el mandatario demócrata decidió hacer uso de su poder ejecutivo para al menos evitar la deportación de varios millones de indocumentados, una postura que, según los conservadores, ha cruzado los límites constitucionales.

Primero, favoreció a los jóvenes inmigrantes llegados al país cuando eran niños en 2012 con la llamada acción diferida o DACA, para ampliar dichas exenciones en 2014 a los padres inmigrantes de ciudadanos o residentes (DAPA), unas medidas que pretenden, en palabras de la Casa Blanca, “dar prioridad a la deportación de criminales, y no a las familias”.

Liderados por Texas, un total de 26 estados, la mayoría gobernados por republicanos, presentaron una demanda contra las acciones ejecutivas del presidente que provocó el bloqueo de su puesta en marcha en febrero del año pasado.

Si los nueve jueces que integran el Supremo deciden no tomar el caso a consideración, las medidas del mandatario quedarían invalidadas.

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