Gobierno Reitera Que la Deportación de “Soñadores” No Es Su Prioridad

January 18, 2018 by · Leave a Comment 

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, aseguró el martes que su Gobierno no priorizará la deportación de jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños, conocidos como “soñadores”, si fracasan las actuales negociaciones sobre inmigración.

Nielsen hizo estas declaraciones en una entrevista en la cadena CBS, mientras republicanos y demócratas tratan de sacar adelante una ley que permita residir legalmente en el país a los “soñadores”, beneficiarios del plan de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), cuya vigencia concluye en marzo por orden de Trump.

“No va a ser una prioridad para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) su deportación. Ya lo he dicho antes, no es la política del Departamento de Seguridad Nacional”, explicó.

“Si eres un receptor de DACA que está inscrito en el programa, lo que significa que no has cometido ningún delito, entonces, usted, de hecho, no es una prioridad de deportación para ICE si el programa finaliza”, añadió Nielsen, que insistió en que cualquier inmigrante que comete un crimen debe ser expulsado de acuerdo con la ley.

Un grupo de republicanos y demócratas lleva meses tratando de encontrar una solución para los más 800,000 jóvenes indocumentados que pudieron obtener un permiso de trabajo temporal y frenar su deportación gracias a DACA, proclamado en septiembre por el expresidente Barack Obama.

En septiembre pasado, Trump anunció el fin de DACA, pero pidió al Congreso que buscara una solución legislativa antes del 5 de marzo de 2018 de este año.

Una vez que venza esa fecha, los “soñadores” podrían ser deportados, aunque según reiteró el martes Nielsen no serán una prioridad.

Recientemente, el Gobierno de Trump se ha visto obligado a reanudar la renovación de las solicitudes de DACA por orden judicial, y precisamente este fin de semana, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés), anunciaron la aceptación de solicitudes para aquellos que hubieran gozado ya de sus beneficios con anterioridad.

Concejales Reafirman Apoyo a Indocumentados con Nuevas Medidas

January 17, 2018 by · Leave a Comment 

Concejales de Los Ángeles aprobaron el miércoles cuatro medidas de apoyo a beneficiarios de los programas DACA y TPS, mediante cartas de representación para residentes indocumentados y una prohibición de negocios con empresas que construyan el muro fronterizo propuesto por el presidente, Donald Trump.

El objetivo de las medidas, aprobadas por unanimidad, es proteger a los angelinos en situación “irregular”, porque “sus vidas afectan a la ciudad y a todo California”, declaró a EFE Gil Cedillo, concejal del Distrito 1 de Los Ángeles.

“Estamos enviando un mensaje a Trump (expresando) que continuaremos en resistencia a sus medidas draconianas de inmigración”, manifestó Cedillo.

“Como ciudad, respaldamos a todos nuestros residentes, independientemente de su estatus migratorio”, aseveró el concejal de la llamada “Pequeña Centroamérica”.

Las cuatro nuevas normas fueron presentadas por él junto a José Huizar, concejal del Distrito 14, del este de Los Ángeles, través del Committee on Immigrant Affairs, Civil Rights and Equity (Comité de Asuntos de Inmigrantes, Derechos Civiles y Equidad).

La primera medida busca unirse a la demanda contra el Gobierno federal, interpuesta por el Procurador General de California, Xavier Becerra, en oposición al cierre del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Además, supone una segunda querella a favor de los “soñadores” por parte de la ciudad.

Otra medida viene a apoyar “cualquier acción legislativa o administrativa” que extienda el programa Estatus de Protección Temporal (TPS), que afecta a salvadoreños, nicaragüenses y haitianos residentes de Los Ángeles, a quienes la administración Trump canceló la protección legal.

También, el acuerdo abriga a los hondureños, que viven con la incertidumbre de qué pasará cuando termine la extensión de su amparo migratorio, válido hasta el 5 de julio.

“Sobre los asuntos de DACA y TPS tenemos el derecho de rechazar las (medidas) del Gobierno federal, debido a los efectos económicos negativos que la eliminación de esos programas tendrá en nuestra economía local”, aclaró Cedillo.

El concejal de Los Ángeles Gil Cedillo se unió a CARECEN y otras organizaciones de derechos de los inmigrantes para denunciar la decisión del presidente Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) de 200,000 salvadoreños, siguiendo el mismo destino para Honduras y los Haitianos que viven en los Estados Unidos con TPS. / Foto por José Rodríguez

“Aunque el Gobierno federal supera la ley local y estatal, tenemos autoridad para ejecutar nuestras propias leyes”, indicó.

Otra medida aprobada el miércoles es un “programa” de redacción de misivas de representación legal “a personas en riesgo de deportación”.

“Las cartas de representación son una capa adicional de protección para aquellos (indocumentados) que entran en contacto con agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE)”, detalló el concejal del Distrito 1.

“No es una garantía de que ICE los deje en paz, pero (la carta) les dará representación legal asignada, que ICE necesitará consultar para cualquier interrogatorio”, adelantó.

La cuarta medida apoya la propuesta de ley SB30 del senado californiano, introducida por el senador Ricardo Lara, que prohibiría a California hacer negocios con empresas o individuos que participen en la construcción del muro en la frontera de California con México.

Huizar comentó a EFE que “en una nación fundada por inmigrantes debemos defender a nuestros angelinos de un presidente que basa su política de inmigración en la raza y los estereotipos”.

“La ciudad de Los Ángeles no se quedará de brazos cruzados mientras (Trump) hace el peor tipo de política con ‘soñadores’, beneficiarios de TPS e inmigrantes de todo el mundo que vienen a nuestras costas en busca del sueño americano”, apostilló.

En Los Ángeles, según estimaciones del censo nacional, residen más de 4 millones de personas, de las cuales el 49 por ciento es de origen latino.

California demanda al Gobierno federal por amenazas a ‘ciudades santuario’

August 18, 2017 by · Leave a Comment 

California – California demandó esta semana al Gobierno federal por sus amenazas de retener fondos a las “ciudades santuario”, aquellas que han decidido de manera municipal no colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la persecución de inmigrantes en situación irregular.

Por medio de un comunicado de prensa, el fiscal general de California, Xavier Becerra, anunció el lunes la denuncia contra “el intento inconstitucional” de supeditar la adjudicación de fondos federales a que las fuerzas de seguridad locales y estatales ayuden en sus labores al ICE.

“El Gobierno de Trump no puede manipular los requisitos de concesión de fondos federales para presionar a los estados, condados o municipios para que ejecuten las leyes federales de inmigración”, señaló Becerra.

Según los datos de la Fiscalía californiana, más de 28 millones de dólares de ayuda a través del fondo federal Edward Byrnes Memorial Justice Assistance Grant, destinado a programas de seguridad y prevención del crimen, corren peligro en California debido a los nuevos criterios estipulados por la Casa Blanca para su obtención.

El Departamento de Justicia confiaba en doblegar a las “ciudades santuario” con estas nuevas reglas que incluyen garantizar el acceso sin límite a los agentes federales en las ciudades para que busquen a indocumentados, o la obligatoriedad de que la policía municipal avise con un plazo de 48 horas de antelación acerca de cualquier intención de liberar a un inmigrante en situación irregular.

“Esto es una pura intimidación con la intención de obligar a nuestros cuerpos de seguridad a cambiar las políticas y prácticas que han determinado nuestra seguridad pública”, indicó Becerra.

Además, el fiscal aseguró que lucharán contra estas acciones federales “ilegales” que harían que California fuera “menos segura”.

En su comparecencia para anunciar la denuncia, Becerra estuvo acompañado por el fiscal de San Francisco, Dennis Herrera, quien también presentó una demanda en el mismo sentido en nombre de esta ciudad el pasado viernes.

Las acciones legales de California y San Francisco se unen a otras iniciativas en todo el país como la de Chicago, que la semana pasada denunció al Departamento de Justicia por negarle fondos federales debido a que es una “ciudad santuario”.

Como respuesta a la demanda de Chicago, el fiscal general, Jeff Sessions, afirmó que esa denuncia no servirá para que reciban los fondos federales, si no dejan de ser una “ciudad santuario”, y aseguró que “el dinero de los contribuyentes federales no ayudará a una ciudad que se niega a ayudar a sus propios ciudadanos”.

 

Trump Respalda Un Plan Para Reducir a La Mitad La Inmigración Legal

August 3, 2017 by · Leave a Comment 

El presidente, Donald Trump, anunció el miércoles su respaldo a un proyecto de ley que reduciría a la mitad la inmigración legal al país a lo largo de la próxima década y eliminaría el concurso anual internacional por el que el Gobierno estadounidense sortea permisos de residencia.

“Esto representaría la reforma más significativa a nuestro sistema de inmigración en medio siglo”, dijo Trump en una comparecencia desde la Casa Blanca.

El proyecto de ley, presentado en febrero por dos senadores republicanos, reduciría el número de inmigrantes legales permitidos en Estados Unidos en un 40 % en el primer año y el 50 % en una década, según sus promotores.

“Se dará prioridad a los solicitantes que hablen inglés, puedan mantenerse financieramente a ellos mismos y a sus familias, y contribuyan a nuestra economía”, afirmó Trump.

El mandatario opinó que la legislación ayudará a “crear un sistema de inmigración basado en el mérito”, y que “reducirá la pobreza” en Estados Unidos, “aumentará los salarios y ahorrará a los contribuyentes miles de millones de dólares”.

También “asegurará que los inmigrantes” que puedan entrar “se asimilan en el país, tienen éxito y logran el sueño americano”, agregó Trump.

El proyecto, llamado Ley de Reforma de la Inmigración Estadounidense para un Empleo Fuerte (RAISE, que significa “incrementar”, en inglés), fue presentado en febrero por los senadores republicanos David Perdue y Tom Cotton, quienes asistieron al anuncio de Trump en la Casa Blanca el miércoles.

El cambio más significativo sería limitar la capacidad de los nuevos ciudadanos para patrocinar a otros miembros de su familia con el fin de emigrar al país, pues tan solo sería posible que ciudadanos estadounidenses ayudaran a emigrar a cónyuges o hijos menores de edad.

En la actualidad, los ciudadanos de Estados Unidos y residentes permanentes pueden patrocinar a una variedad de miembros de sus familias para obtener un permiso de residencia, incluyendo cónyuges, padres, hermanos e hijos adultos casados.

El plan de Cotton y Perdue permitiría que solo los cónyuges y los hijos menores de edad no casados obtuvieran dichos permisos, aunque autorizaría visas a padres adultos envejecidos cuyos hijos estadounidenses estuvieran a su cuidado.

El proyecto de ley también eliminaría la lotería de visados, que asigna alrededor de 50.000 visas al año para los ciudadanos de países que tradicionalmente tienen bajas tasas de inmigración a Estados Unidos, y limitaría el número de refugiados recibidos desde cualquier parte del mundo a 50.000 anualmente.

Obama Atribuye Inmigración Centroamérica a la ‘Desesperación’

October 20, 2016 by · Leave a Comment 

El presidente, Barack Obama, admitió que la llegada de indocumentados centroamericanos a su país ha crecido en el último año por la “desesperación” en los países del Triángulo Norte, y opinó el 18 de octubre, que la estrategia para estabilizar esas naciones puede tardar “una década” en completarse.

“(La llegada de indocumentados centroamericanos) se disparó en 2014, volvió a bajar en 2015, y ha vuelto a subir este año porque todavía hay desesperación en Centroamérica. Pero no ha llegado a los niveles que vimos en 2014”, dijo Obama en una conferencia de prensa junto al primer ministro italiano, Matteo Renzi, en la Casa Blanca.

La cifra de inmigrantes indocumentados que cruzó la frontera entre México y EEUU creció un 23% durante el año fiscal que terminó en septiembre pasado, hasta 408.870 personas, respecto al periodo anterior, según informó este lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Ese dato pone de relieve la creciente inmigración desde Centroamérica a Estados Unidos, una tendencia que alcanzó su punto de mayor repercusión mediática en el verano de 2014, cuando miles de niños cruzaron solos la frontera tras un largo y peligroso viaje.

En este año fiscal (del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016), 408.870 inmigrantes cruzaron la frontera suroeste y fueron apresados por la Patrulla Fronteriza, es decir, un 23% más que en el año fiscal anterior, cuando la cifra de indocumentados fue de 331.333.

El incremento de niños que cruzaron solos la frontera entre México y EEUU fue del 50%, pues en este año fiscal se registraron 59.692 detenciones frente a las 39.970 del periodo anterior.

A pesar del aumento, el cruce y aprehensión de menores es más bajo que en 2014, cuando 68.541 niños llegaron a Estados Unidos.

Obama se refirió a la inmigración desde Centroamérica cuando comentaba el tema de la llegada masiva de refugiados de distintos países a Europa, al recordar que Estados Unidos también ha afrontado un gran flujo de inmigrantes procedente de Guatemala, El Salvador y Honduras en los últimos años de su Presidencia.

Recordó que hace dos años encargó a su vicepresidente, Joseph Biden, “diseñar un plan” en conjunto con esos países para afrontar las causas de raíz que provocan la emigración, como la pobreza y la violencia, y EEUU aumentó sus fondos “para lograr una Policía más eficaz” e “invertir en la juventud” local, entre otras medidas.

“Esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, será potencialmente una lucha que durará una década”, opinó Obama.

“Pero mientras tanto, insistimos en que esos países nos ayuden a difundir el mensaje de que este es un viaje peligroso hacia Estados Unidos y que si llegas aquí es probable que tengas que volver; a intentar desalentar este trayecto peligroso, pero también a entorpecer los esfuerzos de los traficantes de personas que abusan de la desesperación de esta gente para ganar dinero”, agregó.

Sondeo Revela Rechazo de Plan Migratorio de Trump en 3 Estados Clave

July 19, 2016 by · Leave a Comment 

Los votantes independientes de Colorado, Florida y Nevada, estados que se presentan clave en las elecciones presidenciales de noviembre próximo, se oponen a las propuestas de inmigración del virtual candidato republicano, Donald Trump, según una encuesta dada a conocer el lunes.

En una contienda en la que la virtual candidata demócrata, Hillary Clinton, adelanta ligeramente a Trump en estos estados (45 % contra 42 %), la exprimera dama saca partido de la ventaja en la preferencia de los independientes, con el 44 % de la exsecretaria de Estado, contra el 33 % del magnate.

El 66 % de estos votantes se mostró contrario a la propuesta de deportar a los cerca de once millones de indocumentados que se calcula viven en el país, según un sondeo presentado por el grupo de influencia FWD.us, que busca facilitar el acceso del talento extranjero al mercado laboral en EE.UU.

“Está claro que las opiniones de Donald Trump sobre inmigración no sólo están totalmente fuera de sintonía con una gran mayoría de los votantes independientes en este país, sino también con una mayoría del Partido Republicano”, dijo Todd Schulte, presidente de FWD.us.

En su opinión, la “deportación masiva” de los indocumentados es un “aspecto central de los planes de inmigración de Trump”, y que el 66 % de estos votantes se muestre en contra supone un “gran problema” para el empresario.

“La realidad es que una gran mayoría de los estadounidenses rechazan su retórica antiinmigrante, rechazan su política de deportación masiva y apoyan una reforma migratoria lógica”, afirmó.

Según destacó Jefrey Pollock, de Global Strategy Group, una de las empresas encargadas de la encuesta, Colorado, Nevada y Florida son “estados claves para la próxima elección presidencial con una población hispana muy significativa”.

Pollock resaltó que, de los votantes encuestados, en una muestra de 600 personas, el 65 % se opone a revocar la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados. De ellos, el 49 % se opone con rotundidad.

Con respecto a la propuesta de Trump de levantar un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, el 54 % manifestó su oposición, de los cuales el 44 % se mostró muy contrario a esta posibilidad.

En lo que calificó como un “problema” para la elección de Trump, Jon Lerner, de la empresa Basswood Research, que también participó en este trabajo, afirmó que “casi un tercio (32 %) de los votantes de su propio partido tiene una opinión desfavorable” del candidato republicano.

Según la encuesta, realizada entre el 5 y el 10 de julio y que presenta un margen de error de 4 puntos porcentuales, sólo el 77 % de los republicanos en los tres estados votará por Trump.

La encuesta fue solicitada por FWD.us, creada por dirigentes empresas de Silicon Valley encabezados por el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, para promover una reforma de inmigración que facilite, entre otros, la legalización de indocumentados y amplíe los cupos de visas de trabajo para los extranjeros.

Tribunal Supremo Mantiene Bloqueados los Programas DAPA y DACA Extendido

June 23, 2016 by · Leave a Comment 

Activistas y líderes defensores de los inmigrantes de Los Ángeles lamentaron el empate registrado hoy Jueves en la Corte Suprema sobre las medidas migratorias del presidente Barack Obama, por lo que se mantiene el bloqueo a este alivio ejecutivo.

“Estamos estancados como comunidad”, declaró a Efe Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).

“Yo me siento muy frustrada porque siempre están deteniendo las decisiones de nuestra comunidad. Un empate no es una decisión, pero al no poder decidir (la Corte Suprema) nuestra comunidad no puede solicitar esa protección contra la deportación”, lamentó.

El Supremo empató (4-4) sobre la legalidad de las medidas presidenciales conocidas como Acción Diferida para Padres (DAPA) y la extensión de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

A pesar de este revés, los líderes anunciaron que seguirán impulsando la lucha en distintos frentes para proteger la unión de las familias y para buscar una solución estable a la situación de los indocumentados.

Activistas pro-inmigrantes se reunieron esta mañana en CHIRLA para hablar sobre la decisión del Supremo. (Cortesía CHIRLA)

Activistas pro-inmigrantes se reunieron esta mañana en CHIRLA para hablar sobre la decisión del Supremo. (Cortesía CHIRLA)

“Es un poco triste dado que las familias que necesitan protección contra la deportación no van a tenerla debido a esta decisión”, declaró a Efe Martha Arévalo, directora ejecutiva Centro de Recursos Centroamericanos, Carecen.

“Son familias que todos los días tienen el miedo de ser separadas, de ser deportados, de separarse sus hijos y todavía tienen que vivir con ese miedo y en las sombras”, reclamó la activista.

Arévalo destacó cómo, aunque se ha luchado para que DAPA y DACA+ se puedan aplicar, en ningún momento se ha detenido la lucha por otras metas como la reforma migratoria o el trabajo independiente de las autoridades locales con respecto a las de inmigración.

“Nosotros no hemos dejado de buscar un alivio permanente, una reforma justa. Somos una comunidad sofisticada que -como dicen en inglés- puede ‘caminar y mascar chicle al mismo tiempo’, y que puede y debe pelear por muchas cosas”, aseguró Arévalo.

Salas responsabilizó al Partido Republicano por la falta de resultados favorables a los inmigrantes indocumentados.

“Inmediatamente le pedimos a la comunidad que nos sigamos organizando para crear más poder, para frenar esas deportaciones que siempre nos están atacando, pero también para mantener responsables a los republicanos que nos han atacado una y otra vez”, reclamó la líder de CHIRLA.

Jueces Parecen Estar Divididos en el Caso de Inmigración

April 21, 2016 by · Leave a Comment 

El ambiente era de celebración, como si ya hubieran ganado.

En realidad, la victoria, la derrota o un empate en un caso que podría determinar el futuro de millones de inmigrantes en el país de forma ilegal esta todavía a meses de saberse.

El lunes por la mañana—frente a la Corte Suprema de EE.UU. en Washington DC y en decenas de ciudades del país—miles de inmigrantes y sus partidarios se manifestaron en apoyo de las acciones ejecutivas del presidente Obama que de aprobarse darían a cuatro millones de inmigrantes indocumentados alivio temporal de la deportación.

Read this article in English: Justices Appear Divided On Immigration Case

Las manifestaciones se llevaron a cabo mientras ocho jueces del Tribunal Supremo escucharon los argumentos orales en el caso United Staes v. Texas (Estados Unidos v. Texas), una demanda que desafía la constitucionalidad de la autoridad del presidente para realizar las acciones.

Las preguntas planteadas por los ocho jueces parecen indicar que están divididos 4-4, con los cuatro jueces conservadores que se inclinan hacia la defensa de la decisión del tribunal inferior.

En defensa de las acciones del presidente, los peticionarios preguntaron si Texas y otros estados están legitimados para presentar la demanda.

En mayo de 2015, un panel del Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans confirmó una orden judicial emitida por un juez del Distrito de EE.UU. en Texas en una demanda presentada por Texas y otros 25 estados mayoritariamente republicanos que buscan poner fin a las acciones ejecutivas de Obama sobre la inmigración.

Los estados argumentaron que Obama se excedió en su autoridad legal cuando tomó las acciones ejecutivas, insistiendo en que no tiene la capacidad de fijar unilateralmente la política de inmigración.

La batalla legal ha suspendido la implementación de un programa que otorgaría permisos de trabajo y protección contra la deportación a padres de los niños nacidos en EE.UU. y ampliaría el programa existente para los inmigrantes que llegaron ilegalmente cuando eran niños y no calificaron al DACA original debido a límite de edad. Los programas—conocidos por sus acrónimos como DAPA y DACA—afectarían alrededor de medio millón de angelinos.

Miles de personas se reunieron en los escalones de la Corte Suprema para apoyar a DAPA y DACA mientras se llevaban a cabo los argumentos orales. (Oficina del congresista Xavier Becerra)

Miles de personas se reunieron en los escalones de la Corte Suprema para apoyar a DAPA y DACA mientras se llevaban a cabo los argumentos orales. (Oficina del congresista Xavier Becerra)

El panel de tres jueces dictaminó que los estados tenían suficiente base legal para iniciar la demanda y que la administración falló en demostrar que se verían perjudicados por nuevos retrasos.

El congresista Xavier Becerra (D-34), cuyo distrito incluye partes del Este y Noreste de Los Ángeles, estaba en la Corte para los argumentos orales y le dijo a EGP después de la audiencia que los jueces estaban atentos a ambas partes de los argumentos.

Hicieron preguntas muy importantes como “¿Cómo se define la presencia legal?” y ¿Cómo tratarían el problema de deportación [de inmigrantes indocumentados]?” si fuese a suceder, dijo.

Para Becerra, el umbral es si Texas, tiene el derecho de llevar el caso a los tribunales, “porque [ellos] tienen que demostrar que el estado se verá perjudicado” por las medidas.

En 2015, Texas argumentó que el estado sufriría un daño financiero debido a una política de Texas que permite al estado a emitir licencias de conducir a los no ciudadanos que viven legalmente en el estado.

Los jóvenes indocumentados que calificaron para DACA en 2012 no se les permitió inicialmente solicitar una licencia de conducir de Texas, pero eso cambió un año después cuando la Administración Obama confirmó que los receptores de DACA están autorizados para estar en EE.UUy por lo tanto se consideran “legalmente presentes” bajo las leyes federales de inmigración.

Durante los argumentos orales el abogado general de EE.UU., Donald B. Verrilli argumentó que bajo la ley actual de Texas, “les darán una licencia de conducir ahora a cualquier categoría de persona que tenga un documento del gobierno federal, no sólo diciendo que están legítimamente presentes—pero que oficialmente estamos tolerando tu presencia”.

“Hay un gran número de personas bajo la ley existente de Texas elegibles para una licencia a pesar de no estar legítimamente presentes”, dijo Verrelli durante la sesión de 90 minutos. Sostuvo que Texas podría cambiar su legislación para negar licencias de conducir a inmigrantes.

“Se podría demandar inmediatamente”, respondió el juez presidente John G. Roberts, llamandola una “Catch 22” (trampa 22) en referencia a la posibilidad de demandar al gobierno federal de Texas durante su tratamiento desigual de los inmigrantes considerados legalmente en el país.

Hablando en defensa de las acciones de Obama, el presidente y abogado general de MALDEF Thomas A. Sáenz presentó testimonios de tres madres inmigrantes no autorizadas—identificadas como Jane Does—que se beneficiarían de DAPA.

“Los jueces parecían estar muy interesados durante todo el argumento”, dijo Sáenz durante una conferencia de prensa telefónica después de los argumentos orales. Era necesario mostrar los “rostros humanos” de quienes están siendo puestos en riesgo, agregó.

“Sin su participación, las únicas partes serían políticas, por lo que era importante contar con la perspectiva de aquellos que están esperando”, dijo a los reporteros.

La muerte del juez Antonin Scalia a principios de este año dejo la corte dividida 4-4 en las líneas partidistas. Si la división conservadora/liberal se mantiene, una decisión de 4-4 permitiría que la decisión del tribunal inferior prevalezca.

“Habría consideración de lo que podría hacerse en un tribunal o de otra manera, limitar el alcance de la medida cautelar de restricción en todo el país excluyendo la implementación por todos lados” en respuesta, dijo Sáenz.

Los demandantes en el caso también afirman que los pedidos de inmigración del presidente Obama representan un cambio drástico en las políticas del país sin la autorización del congreso.

Es un argumento respaldado por el congresista de California Darrell Issa (R-49) que representa a las zonas costeras de los condados de San Diego y Orange.

“La Constitución no puede ser más clara. Es el trabajo del congreso escribir las leyes y es el trabajo del presidente ver que se ejecuten fielmente”, dijo Darrell en un comunicado el lunes.

El juez Anthony Kennedy parecía estar de acuerdo. “Es como si el presidente está fijando la política y el congreso la esta ejecutado. Esta al revés”, dijo Kennedy, quien usualmente es el voto decisivo de la corte.

“Tenemos básicamente 10 millones, novecientas mil personas que no pueden ser deportadas porque no hay suficientes recursos”, dijo Sonia Sotomayor después de aclarar que el congreso sólo había asignado fondos para deportar a cerca de 400.000 personas en el país ilegalmente cada año. “Están aquí, lo queramos o no”.

Una coalición de 15 estados, incluyendo California, más el Distrito de Columbia y 118 ciudades y condados, sin embargo, han demostrado apoyo a las acciones del presidente.

En los escritos “amigos-de-las-cortes”, los partidarios de la acción ejecutiva del presidente argumentan que sus directivas no perjudican a los 26 estados que buscan sean revocadas, pero en su lugar serían de beneficios sustanciales no sólo a los inmigrantes indocumentados y sus familias, sino para las arcas del gobierno también.

El informe, que fue co-redactado por el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, el abogado de la ciudad Mike Feuer y sus homólogos de la Ciudad de Nueva York, también recalca el posible “perjuicio económico” de no permitir que los inmigrantes que pagan impuestos trabajen y permanezcan en el país.

Se espera que las políticas ejecutivas de Obama le inyecten hasta $800 millones en “beneficios económicos” a los gobiernos estatales y locales, de acuerdo con el informe.

La congresista Lucille Roybal-Allard (D-40) quien representa al Este de L. A. y partes del sureste y el sur de Los Ángeles, dijo en un comunicado que las acciones ejecutivas del presidente Obama para expandir e implementar DACA y DAPA no sólo son legales, sino también humanas.

“Si estas acciones toman efecto, más inmigrantes calificados podrán salir de las sombras y contribuir a nuestra nación. Más familias podrán vivir en paz, libres de temores de ser separados”, dijo. “Estoy segura de que la Corte Suprema afirmará que el presidente Obama tiene todo el derecho para implementar las acciones ejecutivas”.

Sáenz dijo que esta muy optimista. “Vi a un tribunal que estaba del lado de la justicia”.

Se espera una decisión final en junio.

Información City News Service utilizó en este informe.

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Tribunal Supremo Examina las Medidas Migratorias del Presidente Obama

April 18, 2016 by · Leave a Comment 

El Tribunal Supremo examinó el lunes si el presidente Barack Obama proclamó de forma legal sus medidas migratorias para frenar la deportación de cinco millones de indocumentados o si, por el contrario, se excedió en su poder, como sostiene la oposición republicana.

La cita judicial llega en un momento de alta tensión de cara a las elecciones presidenciales de noviembre con candidatos como el magnate Donald Trump, aspirante a la nominación presidencial republicana y que aboga por construir un muro en la frontera con México y deportar a todos los indocumentados del país.

“Las familias no tienen fronteras” y “paren las deportaciones” son algunos de los mensajes que lucieron las pancartas que desde primera hora del día se agolpan a las puertas de la corte, donde el Movimiento para una Reforma Migratoria Justa reunió alrededor de 3.500 personas en una gran manifestación.

Un grupo de activistas se reunieron en Los Ángeles para presentar apoyo a la audiencia de DAPA en Washington. (Catherine Lyons)

Un grupo de activistas se reunieron en Los Ángeles para presentar apoyo a la audiencia de DAPA en Washington. (Catherine Lyons)

Dentro del alto tribunal, durante una audiencia de 90 minutos, los jueces analizaron las acciones ejecutivas que Obama proclamó en noviembre de 2014 y que fueron bloqueadas a comienzos de 2015, un día antes de entrar en vigor, a petición de una coalición de 26 estados, liderados por Texas y en su mayoría con gobernadores republicanos.

Los 26 estados consideran que Obama se ha excedido en su poder al proclamar por decreto su plan migratorio, que consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA) y cuyo objetivo es evitar la deportación de jóvenes indocumentados que llegaron de niños a EEUU.

La otra parte del plan es el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que busca evitar la deportación de los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.

Estas medidas son temporales y permitirían a los beneficiarios conseguir un permiso de trabajo, un seguro social y una licencia de conducir.

Consciente de que se juega uno de sus mayores legados en política interior, el Gobierno de Obama defiende su poder para fijar diferentes prioridades en la expulsión de indocumentados y pone de ejemplo a dos expresidentes republicanos, Ronald Reagan y George H.W. Bush, quienes proclamaron acciones similares en el pasado.

Además de los estados y el Gobierno federal, testificó un abogado del Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación (Maldef), que representa a tres mujeres indocumentadas de Texas y que podrían acogerse a uno de los programas proclamados por Obama.

En apoyo de la tesis que defienden los estados, dio su testimonio un letrado que representa a la mayoría republicana de la Cámara Baja, que sostiene que Obama se extralimitó en su poder, proclamó medidas demasiado amplias y solo el Congreso tiene capacidad para cambiar las leyes migratorias.

Frente a las partes, dentro de la corte hay solo ocho de los nueve jueces con cargos vitalicios que deben componer el Supremo, dividido en cuatro conservadores y cuatro progresistas debido a la inesperada muerte en febrero del magistrado conservador Antonin Scalia.

El dictamen llegará en junio y, si empatan, los magistrados tienen la opción de dejar en vigor el veredicto de la corte inmediatamente inferior, lo que perjudicaría a Obama, o decidir que el caso vuelva a argumentarse ante el Supremo una vez que un nuevo juez se incorpore a la corte.

Senador Lanza Proyecto que Prohíbe a Empresas Privadas Acceso a Centros de Detención

April 7, 2016 by · Leave a Comment 

El senador de California Ricardo Lara presentó la semana pasada un proyecto de ley que prohíbe a empresas privadas operar centros de detención de inmigrantes en el estado y requiere que las otras instalaciones para tal fin establezcan altos estándares de trato para los detenidos.

Bajo el nombre “Dignidad No Detención”, el demócrata Ricardo Lara de Bell Gardens presentó el viernes su proyecto de ley SB1289 con el que, aseguró, toma posición “contra la encarcelación masiva de los inmigrantes y la detención en condiciones inhumanas”.

“Nuestro estado y nuestros gobiernos locales no deben ser cómplices en esta práctica atroz de enriquecerse con el sufrimiento humano”, agregó el senador durante la presentación de esta iniciativa en la sede del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), en Los Ángeles.

La directora ejecutiva de esta organización, Martha Arévalo, criticó en declaraciones a Efe que en las últimas tres décadas haya surgido una “industria de cárceles privadas” y, en ese sentido, saludó que la propuesta busque impedir que las empresas privadas “sigan beneficiándose financieramente a espaldas de la comunidad”.

Arévalo destacó que el proyecto persiga “que las recomendaciones que hizo la oficina del ICE en 2011 sobre un mejor trato para personas indocumentadas en los centros de detención se conviertan en ley y sean el estándar”.

La propuesta de ley, además de prohibir que los gobiernos locales y las autoridades federales contraten a empresas privadas para la gestión de centros de detención de indocumentados, permite que los retenidos en estas instalaciones puedan entablar demandas civiles contra sus administradores.

Según datos de ICE, esta institución federal mantiene contratos con empresas privadas para la gestión de cuatro centros de detención en California que albergan unos 3.700 detenidos, entre los cuales figuran indocumentados, extranjeros que han solicitado asilo y otros a la espera de una audiencia en una corte de Inmigración.

ICE declinó hacer comentarios sobre la propuesta de Lara, debido a que la entidad no opina sobre proyectos de ley, pero la portavoz de ICE para la región oeste, Virginia Kice, afirmó en declaraciones a Efe que la institución “está comprometida a tratar aquellos bajo nuestra custodia de una forma segura y humana”.

“La agencia tiene una política de cero tolerancia para cualquier tipo de comportamiento abusivo o inapropiado en sus instalaciones y toma muy en serio cualquier queja sobre este tipo de maltrato”, señaló.

Bamby Salcedo, presidente y directora ejecutiva de la Coalición TransLatina, que representa al colectivo de transexuales de origen latino, en los centros de detención de inmigrantes administrados por las empresas privadas las personas “son abusadas sexualmente, son acusadas constantemente y también son discriminadas”.

Salcedo aseguró que, tanto por su propia experiencia cuando estuvo detenida en el hoy clausurado centro detención de San Pedro, como por referencias de otros casos, “la violencia y la agresión física en contra de la comunidad trans es algo prevalente”.

La empresa Geo Group, una de las más importantes operadoras privadas de centros de detención, gestiona en California dos de las más grandes instalaciones de este tipo, el centro de Adelanto, en esta misma localidad, y el de Mesa Verde, en McFarland.

Aunque no quiso comentar en concreto sobre la propuesta de Lara, Pablo Páez, portavoz de esta corporación, aseguró en un comunicado que “las instalaciones de Geo ofrecen servicios de alta calidad en ambientes residenciales seguros y humanos”, y, por ello, “rechaza enérgicamente las acusaciones en sentido contrario”.

No obstante, para activistas como Arévalo en los centros de detención manejados por compañías privadas no hay “respeto” por las personas, ni forma de saber cuántas irregularidades se cometen contra “las comunidades más vulnerables y las que necesitan más protección”.

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