Violent Criminals Could Get Out Early, Claim Prop. 57 Foes

October 27, 2016 by · Leave a Comment 

A group of law enforcement officials blasted a measure on the November ballot billed as an effort to keep “non-violent” convicts out of prison, saying the proposition will put dangerous people back on the streets.

“Do we really need more parolees and hard-core criminals on the streets? That’s what Proposition 57 does,” said Brian Moriguchi, president of the Professional Peace Officers Association of Los Angeles at a press conference in Downtown Los Angeles last Friday.

The proposition, backed heavily by Gov. Jerry Brown, would allow parole consideration for people convicted of “non-violent” felonies after serving the minimum amount of time required as part of their sentence and authorize the awarding of sentence credits for rehabilitation, good behavior and education.

It would also give judges the final say over whether juvenile offenders at least 14 years old should be prosecuted as adults.

Brown and other backers of the measure insist it will put an emphasis on ,rehabilitation, reducing the likelihood of felons to commit new crimes. They also deny that it will put violent offenders back on the streets, and even non-violent offenders eligible under the proposition would have to prove they are
rehabilitated and do not present a danger to the public before they are released.

But Moriguchi and other officials — including Sheriff Jim McDonnell, District Attorney Jackie Lacey and county Supervisor Mike Antonovich — said the measure is essentially an effort by the state to relieve its prison-overcrowding problem at the expense of community safety.

Moriguchi said the recent killings of Los Angeles County sheriff’s Sgt. Steve Owen and Palm Springs police Officers Lesley Zerebny and Jose Gilbert Vega were carried out by parolees.
Antonovich said Proposition 57 will follow the path of legislation known as AB 109, which redirected some low-level offenders to county jails instead of state prisons, often leading to them serving less time than they otherwise would. He said that legislation was also expected to apply to only “non-violent” offenders.

“What happened? Seventy percent are either high-risk or very high-risk,” Antonovich said.

“It’s time that we wake up and get realistic,” he said. “We need to protect our communities, we need to protect our people. … We need to unite to return this state to a Golden State where it’s safe to walk the streets instead of having fear where people in the community are now having to buy private security to supplement the local law enforcement to protect their property and protect their lives and families.”

Supporters of the measure deny allegations that the measure would result in felons being automatically released from prison or authorize parole for violent offenders.

“Overcrowded and unconstitutional conditions led the U.S. Supreme Court to order the state to reduce its prison population,” Brown and other supporters wrote in its ballot argument in favor of the measure. “Now, without a common-sense, long-term solution, we will continue to waste billions and risk a court-ordered release of dangerous prisoners. This is an unacceptable outcome that puts Californians in danger — and this is why we need Prop 57.”

Nueva Tarifa de Baterías Podrá Extender Limpieza de Exide

October 6, 2016 by · Leave a Comment 

Larry Mendoza al fin cree que Sacramento está prestando atención, después de enterarse que el gobernador de California, Jerry Brown, firmó una legislación a favor de imponer una cuota en las baterías de carro para financiar la limpieza de la contaminación de plomo causada por la planta, Exide.

“La comunidad ha estado pidiendo [más financiación] por bastante tiempo y al fin se siente que el estado está siendo proactivo”, dijo Mendoza, residente de Commerce, a EGP.

Empezando el 1 de abril, los consumidores y los fabricantes serán requeridos a pagar $1 por cada batería para carros, con ácido de plomo, vendidas en California.

“Cuando éste tipo de tecnología llega al final de su vida, hemos aprendido que los productos no son desechados correctamente, lo cual tiene un costo en el medio ambiente y en nuestra salud”, escribió el gobernador Brown en una carta a la Asamblea Estatal.

Los distribuidores actualmente cobran una tarifa reembolsable, mandada por el estado, con el propósito de motivar a los clientes a que reciclen las baterías correctamente. Los distribuidores son permitidos a quedarse con el dinero que no se les regrese a los clientes.

Se espera que la nueva tarifa de $1 genere aproximadamente $30 millones al año para cubrir los costos asociados con la limpieza de las baterías de acido.

“Es una cosa diferente el crear una legislación y otra el crear una fuente de financiamientos”, declaró el senador Ricardo Lara durante una conferencia de prensa en Commerce la semana pasada, la cual celebraba la aprobación de la legislación.

Meses atrás, el gobernador aprobó un préstamo de $176.6 millones para ayudar a avanzar los análisis y la limpieza de las propiedades contaminadas con el plomo y otros químicos tóxicos a causa de las violaciones emitidas por la planta de Exide.

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Oficiales electos celebran la aprobación de AB2153, junto con la comunidad, en Commerce la semana pasada. Foto de EGP por Nancy Martínez

El Departamento de Control de Substancias Toxicas de California junto con la agencia reguladora, encargada de limpiar, planean en usar los fondos para analizar aproximadamente 10,000 propiedades en Bell, Boyle Heights, el Este de Los Ángeles, Huntington Park, Maywood y Vernon. Ellos planean limpiar unas estimadas 2,500 viviendas en el área impactada.

Los fondos que se colecten por medio de la tarifa sobre las baterías podrán ser usados para pagar el préstamo o agregarlo al presupuesto de la limpieza de Exide.

Durante los años, reguladores estatales han repetidamente citado una falta de dinero por las demoras y limitaciones en lidiar con ese riesgo para la salud. Los residentes del área junto con los oficiales y activistas del medio ambiente ahora tienen esperanzas de que el nuevo flujo de financiamiento les permita expandir la limpieza más aya de la zona actual.

La autora principal de la legislación, la asambleísta Cristina García, vive en Bell Gardens, una ciudad cerca de la zona que está siendo investigada. Ella le ha pedido repetidamente al estado en que considere expandir el área de análisis ya que cree que la contaminación no está limitada a las 1.7 millas que rodean la zona donde estaba la planta.

“Con una fuente de ingresos segura podemos ahora entretener la idea de expandir la cobertura”, le dijo a EGP.

Mark López, director ejecutivo de East Yards for Environmental Justice, le dijo a EGP que la nueva tarifa es otro paso en una caminata larga hacia la justicia.

“A estas alturas, estamos viendo los impactos entre generaciones en la salud, los estudios, lo social, la violencia y el crimen”, dijo él. “Necesitamos un estudio sobre los [efectos de largo plazo a la salud] para remediar completamente los efectos de la contaminación”.

En una declaración a EGP, DTSC declaró que la agencia usará los fondos para investigar y limpiar las áreas con “sospechas razonables de haber sido contaminadas por las operaciones de la facilidad de reciclaje de baterías”.

García le dijo a EGP que quiere que los responsables de la contaminación sean penalmente responsables por sus hechos.

“Todavía necesitamos investigar que fue lo que permitió que esto pasara”, acordó López.

Activistas han cuestionado el por qué los reguladores estatales le permitieron a Exide a operar con un permiso temporal y con impunidad por décadas, poniendo en riesgo la salud pública. También han pedido una persecución penal para los oficiales de Exide y para cualquier otro que haya participado en este crimen ambiental.

El senador Tony Mendoza dijo que es frustrante que la crisis de Exide no haya recibido la misma ayuda federal y nacional que otros desastres medioambientales han recibido, tal como fue la contaminación de plomo en el suministro de agua en Flint Michigan.

La planta Exide en Vernon es una de 14 plantas de reciclaje, de baterías con plomo, que han sido cerradas en el estado. La limpieza del área se espera que sea el desastre ambiental más grande y caro en la historia del estado.

La planta Quemetco, basada en la Ciudad de Industry, es la única recicladora de baterías con plomo que permanece operando en California. Las pruebas están en marcha para determinar si las comunidades alrededor también fueron contaminadas por las emisiones toxicas, las cuales sobrepasan los estándares de salud estatales.

“Décadas de reciclaje de baterías con ácido de plomo, inadecuado, han dejado a estas comunidades con problemas ambientales enormes”, declaró Brown al aprobar la legislación.

Desde el mes pasado, 2,900 propiedades, ubicadas dentro de las 1.7 millas de las zonas de cubrimiento, han sido examinadas para ver si tienen plomo. 236 propiedades han sido limpiadas.

Larry Mendoza dijo que espera que los legisladores entiendan lo critico que es financiar y acelerar el proceso, agregando que el ver que los legisladores están trabajando con la comunidad lo tiene optimista.

“Lamentablemente”, agregó, “lo que nos une es la contaminación por el plomo”.

Nuevas Leyes en California Apoyan Derechos Civiles de Indocumentados

October 6, 2016 by · Leave a Comment 

Las nuevas leyes firmadas por el gobernador californiano, el demócrata Jerry Brown, “son un importante avance” y garantizan el respeto a los derechos de los inmigrantes, destacaron el 29 de septiembre activistas defensores de los indocumentados.

El gobernador firmó varias leyes de entre la cuales está la AB2792, denominada Ley de la Verdad, o la AB2298 que regula el uso de la base de datos de pandilleros de California, dos medidas que fueron calificadas como recursos importantes para proteger los derechos civiles del de las personas.

La Ley de la Verdad garantiza el debido proceso a los inmigrantes indocumentados, que deberán ser informados sobre su derecho a asesoría legal antes de ser entrevistados por autoridades federales.

Igualmente ordena que los departamentos de policía entreguen a los abogados o defensores de los inmigrantes la misma información que comparten con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según destacó hoy en entrevista con EFE el director de Políticas de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), Joseph Villela, estas nuevas leyes aseguran “cobertura, transparencia y rendición de cuentas”.

“Es un paquete que se puede considerar que va a respetar los derechos civiles de la comunidad sin importar su estatus migratorio”, aseguró.

A su vez, Cynthia Buiza, directora del Centro de Políticas de Inmigración de California, una de las organizaciones que apoyó la medida resaltó la importancia de la iniciativa.

“El movimiento de los derechos de los inmigrantes continuará haciendo retroceder las fuerzas de encarcelamiento masivo, deportación masiva y que elimine la criminalización masiva que destruyen nuestras comunidades y nuestros valores”, aseguró Buiza en comunicado obtenido hoy por Efe.

Villela explicó que la legislación tuvo que ser enmendada para que el gobernador la aprobara.

Por su parte, la AB2298 requiere que cuando un adulto sea registrado en la base de datos como sospechoso de pertenecer o colaborar con una pandilla, sea informado oficialmente.

“Este programa es tan inefectivo que en agosto el estado hizo una auditoría y encontró que está lleno de errores, que 45 niños en esta base de datos y cerca de 15 de ellos habían admitido ser pandilleros”, crítico Villela.

El activista señaló que además de informarle a una persona que ha sido registrada como pandillero, la norma crea un proceso para que el interesado pueda probar que no forma parte o no colabora con pandillas.

La medida tiene especial interés para los inmigrantes pues la condición de pandillero es una de las prioridades establecidas para ser deportado según el Programa de Cumplimiento de Prioridad (PEP) de la administración del presidente Obama.

Estudios Étnicos Serán Requeridos en Secundarias en California

September 22, 2016 by · Leave a Comment 

El gobernador de California, Jerry Brown aprobó como ley la iniciativa AB2016 que establece la implementación de estudios étnicos en el currículo de los grados 9 a 12 de educación secundaria en California, el 13 de septiembre.

La norma impulsada por el asambleísta demócrata Luis Alejo y que figuraba entre las prioridades del Caucus Legislativo Latino del estado, comenzará a ser aplicada en el año académico 2020-2021.

“El gobernador Jerry Brown acaba de firmar mi ley marco AB2016 para crear el primer Modelo Curricular Estatal en Estudios Étnicos”, anunció Alejo en su cuenta de Twitter destacando que, con la medida, California lidera el país en ese tema.

La ley requiere que “la Comisión de Calidad Instruccional de California desarrolle y que la Junta Estatal adopte, modifique o revise un modelo curricular en estudios étnicos”.

La misma comisión deberá motivar a las instituciones de educación secundaria con los grados de noveno a décimo segundo -que no ofrezcan otros cursos similares- para adoptar el currículo como modelo.

El modelo curricular para los estudios étnicos deberá ser presentado por la Comisión antes del 31 de diciembre de 2019, mientras la Junta Estatal deberá adoptarlo a más tardar el 31 de marzo de 2020.

“Se ha encontrado que tanto los estudiantes de color como los estudiantes blancos se benefician, tanto académicamente como socialmente de los estudios étnicos”, afirmó la investigadora Christine Sleeter del Colegio de Estudios Profesionales de la Universidad Estatal de Monterrey, al presentar en 2011 un informe al respecto.

En la actualidad, algunos distritos escolares de California como el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el de Montebello y el de El Rancho requieren que sus estudiantes tomen cursos de estudios étnicos.

El pasado julio, 55 estudiantes de la preparatoria El Rancho de Pico Rivera completaron satisfactoriamente los requisitos del primer curso de Estudios Étnicos realizado en California que otorgó créditos académicos para la universidad.

El profesor Armando Vázquez Ramos de la Universidad Estatal de California Long Beach, promotor de la iniciativa, destacó la importancia de los estudios al referirse al Distrito Escolar Unificado El Rancho que adoptó el programa en 2014.

“Después de más de 45 años de existir el programa sobre estudios étnicos en las universidades nunca se había dado a cabo en las escuelas públicas en California”, detalló a EFE Vázquez Ramos.

Asamblea de California Aprueba Programa de Pensiones

September 1, 2016 by · Leave a Comment 

La Asamblea de California aprobó el 26 de agosto un proyecto de ley para ofrecer un programa de jubilación a los trabajadores del sector privado que no tienen acceso a un plan de pensiones a través de sus empleadores.

La norma SB 1234, que podría beneficiar a cerca de siete millones de trabajadores, recibió luz verde de la Asamblea estatal y ahora volverá al Senado de California para culminar su trámite legislativo antes de que el gobernador, Jerry Brown, decida sobre su aprobación definitiva.

A través de esta iniciativa, los trabajadores californianos sin plan de jubilación, a no ser que voluntariamente decidieran no participar en el programa, contribuirían con parte de su sueldo a un fondo común de inversión del que saldría su futura pensión.

El presidente encargado del Senado de California, el demócrata Kevin de León, es uno de los máximos impulsores de este plan estatal y hoy agradeció a través de un comunicado la labor de sus colegas en la Asamblea.

“Sin un plan asegurado, la jubilación de millones de trabajadores californianos seguirá siendo un espejismo, siempre en el horizonte pero que nunca se materializa”, dijo De León.

“Y sus ‘años dorados’, una época para disfrutar de los frutos de una vida de trabajo, estará plagada de incertidumbre financiera, pobreza y dependencia del Gobierno”, añadió.

Bill to Fund Exide Cleanup on Its Way to Governor’s Desk

April 14, 2016 by · Leave a Comment 

The state Assembly today approved $176.6 million in funding for environmental testing and cleanup work in neighborhoods surrounding the now-shuttered Exide Technologies battery-recycling plant in Vernon.

The Assembly’s approval moves the legislation to Gov. Jerry Brown, who proposed the funding.

State officials said the funding would pay for testing of residential properties, schools, day care centers and parks within a 1.7-mile radius of the plant, and fund cleaning of as many as 2,500 properties with the highest lead levels.

“The loan funds in the legislation will speed up the testing and cleanup process for thousands of homes affected by Exide and makes sure the state will go after Exide to get back the money that  is spent cleaning up their mess,” Assembly Speaker Ed Rendon, D-Paramount, said. “… While the
toxic damage has already taken a toll on our communities, the action we are taking today will go a long way toward  restoring the safety and quality of life for the residents harmed by the poisons that Exide dumped  on them.”

The Exide plant permanently closed in March 2015. When Exide agreed to close the lead-acid battery recycling plant, it committed to pay $50 million for cleanup of the site and surrounding neighborhoods. Of that amount, $26 million is meant to be set aside for residential cleanup.

As of last August, Exide, which filed for bankruptcy in 2013, had paid $9 million into a trust and another $5 million was due to be paid by March 2020, according to state officials.

California Elevará el Salario Mínimo a $15 Dólares por Hora

April 7, 2016 by · Leave a Comment 

Frente a una multitud emocionada en el centro de Los Ángeles, líderes sindicales y trabajadores que han estado luchando por el incremento de salarios, el gobernador Jerry Brown firmó el lunes una legislación que va a elevar el salario mínimo a $15 la hora para el año 2022.

Brown, durante una reunión en el edificio Ronald Reagan, dijo que la aprobación de la SB 3 no marca el final de la lucha por salarios dignos, pero que es un gran paso en la dirección correcta.

“Se trata de personas”, dijo Brown. “Se trata de crear un pequeño balance en un sistema que cada día se vuelve más desequilibrado”.

La Asamblea y el Senado estatal aprobaron la legislación el jueves pese a la oposición de los republicanos y líderes de negocios.

Según la legislación, el salario mínimo de $10 la hora en California aumentará a $10.50 en enero de 2017, después, a $11 el 1 de enero de 2018. El salario mínimo después subirá por un dólar cada uno de los siguientes años hasta llegar a $15 en 2022, después de lo cual seguirá aumentando cada año hasta 3,5 por ciento para tener en cuenta la inflación.

Las empresas con 25 o menos empleados reciben un año extra para elevar su salario, por lo que los trabajadores se pagarán $15 en 2023.

El plan también le da al gobernador la capacidad para suspender temporalmente el incremento si hay un déficit presupuestario previsto de más del uno por ciento de ingresos anuales, o debido a las malas condiciones económicas, tales como la disminución de puestos de trabajo y ventas al por menor.

Los trabajadores del gobierno que prestan servicios de salud en el hogar recibirán adicionalmente tres días de enfermedad pagados bajo el plan.

“Hoy estamos presenciando no sólo la firma de un proyecto de ley, estamos presenciando el homenaje de nuestro contrato social – específicamente que si alguien obtiene un empleo y trabaja duro podrá ayudar a su familia”, el presidente de la Asamblea Anthony Rendon, D-Paramount, dijo.

“Durante mucho tiempo, esa simplemente no ha sido la realidad de muchos californianos que trabajan a tiempo completo y no pueden poner un techo sobre las cabezas de sus familias o no pueden poner comida su mesa. Este proyecto de ley cambia eso para decenas de miles de californianos”.

El aumento salarial afectará a 5,6 millones de trabajadores, o alrededor de un tercio de la fuerza de trabajo en todo el estado, dijeron las autoridades.

La legislación ganó elogios del presidente Barack Obama, quien felicitó al estado por el fortalecimiento de los salarios y la garantía de licencia por enfermedad de los trabajadores.

“Con estas acciones, California está ampliando su promesa a los trabajadores que no deberían tener que perder un cheque de pago si se enferman y se ha asegurado de que los trabajadores no tienen que ganar un salario que mantiene a muchas familias en la pobreza”, dijo Obama.

La propuesta es similar, aunque ligeramente más lenta, que una ya aprobada en la ciudad de Los Ángeles.

Bajo la ordenanza de la ciudad, el salario mínimo aumentará a $10.50 el 1 de julio y, finalmente,

Llegará a $15 por hora en 2020, con aumentos futuros establecidos en el valor del índice de los consumidores (IPC).

También se aprobó el mismo calendario de alza salarial para áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles.

“Hoy California lidera a la nación una vez más, aprobando un histórico aumento del salario mínimo que le ayudará a sacar de la pobreza a millones de hombres y mujeres trabajadores”, dijo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti.

“El año pasado, dirigí esfuerzos para aumentar el salario en Los Ángeles, y vimos una ola de ciudades hacer lo mismo. Estamos luchando contra la desigualdad de ingresos con todas las herramientas que tenemos”.

Otras ciudades de California también han promulgado aumentos salariales, algunos incluso antes que Los Ángeles. El salario en San José se elevó a $10.30 por hora el primero de enero de 2015 y se espera que continúe incrementando en función del IPC.

El salario mínimo en San Francisco, que ahora es de $12.25 por hora subirá a $13 el 1 de julio y $15 en 2018, seguido de incrementos adicionales basados en el IPC, en virtud de una medida aprobada por los votantes de esa ciudad en 2014.

Republicanos y líderes empresariales se opusieron al incremento del salario mínimo en todo el estado, argumentando que dará lugar a que las empresas reduzcan el tamaño de su fuerza laboral o aumenten los precios para cubrir los costos del aumento de los salarios.

Sin embargo, los partidarios, principalmente demócratas, apoyaron la propuesta, diciendo que los trabajadores que ganan el salario mínimo deberían poder pagar por artículos básicos de primera necesidad.

Los sindicatos están presionando dos distintas iniciativas destinadas a votación para elevar el salario mínimo del estado a $15 la hora. Los partidarios de una de las iniciativas han dicho que van a detener su esfuerzo debido a la aprobación de la nueva ley.

Los partidarios de la otra iniciativa dijeron que iban a esperar hasta que el gobernador firmara el proyecto de ley para decidir si detienen su campaña o no.

Gov. Brown Signs Legislation to Raise Minimum Wage in California

April 4, 2016 by · Leave a Comment 

In front of a boisterous downtown Los Angeles crowd of legislater, union leaders and workers who have been fighting for increased salaries, Gov. Jerry Brown signed legislation Monday that will raise the state’s minimum wage to $15 an hour by 2022.

Brown, during a ceremony at the Ronald Reagan State Building, said the passage of SB 3 doesn’t mark the end of the struggle for livable wages, but it’s a big step in the right direction.

“It’s about people,” Brown said. “It’s about creating a little tiny balance in a system that every day becomes more unbalanced.”

The state Assembly and Senate both approved the legislation Thursday, despite opposition from Republicans and business leaders.

Under the legislation, California’s $10-an-hour minimum wage will increase to $10.50 in January 2017, then to $11 on Jan. 1, 2018. The minimum wage will then go up by a dollar in each of the following years until it reaches $15 in 2022, after which it will continue to rise each year by up to 3.5 percent to account for inflation.

Businesses with 25 or fewer employees get an extra year to raise their wage, so that workers will be paid $15 by 2023.

The plan also gives the governor the ability to temporarily halt the raises if there is a forecasted budget deficit of more than one percent of annual revenue, or due to poor economic conditions such as declines in jobs and retail sales.

Government workers who provide in-home health services will receive an additional three paid sick days under the plan.

“Today we’re not just witnessing the signing of a bill, we’re witnessing the honoring of our social contract—specifically that, if you get a job and work hard, you will be able to support family,” Assembly Speaker Anthony Rendon, D-Paramount, said. “For too long, that just hasn’t been the reality Many Californians who work full time can’t put a roof over their families heads or put meals on their table. This bill changes that for tens of thousands of Californians.”

The wage hike will affect 5.6 million workers, or about one-third of the statewide workforce, officials said.

The proposal is similar, although slightly slower, than an already approved increased in the city of Los Angeles minimum wage. Under the city ordinance, the minimum wage will increase to $10.50 on July 1 and eventually reach $15 per hour in 2020, with future increases pegged to the Consumer Price Index.

The same wage hike schedule was also adopted for the unincorporated areas of Los Angeles County.

“Today California leads the nation once again, passing a historic minimum wage increase that will help lift millions of hardworking men and women out of poverty,” Los Angeles Mayor Eric Garcetti said. “Last year, I led efforts to raise the wage in Los Angeles, and we watched a wave of cities follow suit. We are fighting against income inequality with every tool we have.”

Limpieza de Contaminación de Exide es el ‘Primer Paso’

February 25, 2016 by · Leave a Comment 

Durante años las comunidades que rodean a la actualmente cerrada planta Exide Technologies en Vernon han estado luchando para ser escuchadas; primero para forzar la clausura de la planta, después para asegurar una rápida limpieza a fondo de los barrios contaminados por las emisiones tóxicas—algo que muchos creen se estancó debido a la falta de financiación y un sentido de urgencia por parte de oficiales estatales.

Sin embargo, el miércoles el gobernador de California, Jerry Brown dio un paso histórico al abordar la contaminación de Exide proponiendo el gasto de $176,6 millones para acelerar y ampliar pruebas y la limpieza de viviendas, escuelas, guarderías y parques en un radio de 1,7 millas alrededor de la planta de reciclaje de baterías.

Read this article in English: Activists Call Funds for Exide Cleanup Just the ‘First Step’

El plan de gasto multimillonario se detalla en una carta al Senado del Estado de California y a los presidentes del Presupuesto de la Asamblea y del Comité de Asignaciones. Los fondos estarán bajo la forma de un préstamo del Fondo General, y California “vigorosamente perseguirá a Exide y otras partes responsables potenciales para recuperar los costos de esta limpieza”, según la carta del gobernador.

“Esta planta de reciclaje de baterías Exide ha sido un problema desde hace mucho tiempo”, dijo el gobernador Brown en su primera declaración pública sobre Exide. “Con este plan de financiación, estamos abriendo un nuevo capítulo que ayudará a proteger a la comunidad y hacer responsable a Exide”.

Bárbara Lee, directora del Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) del estado le dijo a reporteros el miércoles que la nueva financiación permitirá a DTSC a contratar a personal adicional para examinar las propiedades restantes en la zona de contaminación y remover el suelo contaminado de 2.500 propiedades marcadas como prioridad.

Actualmente, DTSC sólo tiene dos equipos asignados para la descontaminación a gran escala, pero Lee dijo el miércoles que ese numero podría aumentar hasta por 40 grupos limpiando una propiedad por semana cada uno.

Funcionarios electos y activistas se reunieron afuera de la iglesia de la Resurrección para celebrar la acción tomada por el gobernador sobre Exide. (EGP foto por Nancy Martínez)

Funcionarios electos y activistas se reunieron afuera de la iglesia de la Resurrección para celebrar la acción tomada por el gobernador sobre Exide. (EGP foto por Nancy Martínez)

El gobernador, junto a agencias estatales encargadas de velar por la limpieza de la contaminación generalizada, han sido criticados fuertemente por los residentes, activistas ambientales y funcionarios electos estatales y locales decepcionados con la reacción del Estado a una “epidemia” que ha contaminado hasta 10.000 hogares y expuesto hasta 2 millones de personas en el este y sureste de Los Ángeles a niveles tóxicos de plomo, arsénico y otros químicos.

Mientras algunos aplauden la propuesta del gobernador, la decisión es agridulce.

“Nuestras comunidades han estado luchado durante décadas contra Exide, y con el anuncio de hoy del gobernador Brown, está claro que ha escuchado nuestras llamadas para una limpieza rápida y completa”, dijo Mark López, director ejecutivo de East Yards Comunidades para la Justicia Ambiental.

López dijo que la financiación no es suficiente para completar la limpieza, sino que es el “siguiente paso hacia un largo camino a la justicia en este tema”, después de años de no proteger a la comunidad de Exide y enviar un mensaje claro de que la limpieza será ahora una prioridad para el estado.

El líder del Senado Kevin de León aplaudió al gobernador por el reconocimiento de la “necesidad urgente” de acción de emergencia. Conversaciones en curso con la oficina del gobernador llevaron a lo que ocurrió este día, dijo el senador. “La legislación Urgencia” para apropiar los fondos que se introducirán dentro de la próxima semana más o menos, De León le dijo a los reporteros.

Eso es una buena noticia para los residentes de Boyle Heights quienes el lunes le dijeron a EGP que se habían cansado de asistir a reuniones, y sintieron que era el momento de obtener el peso del gobierno federal detrás de ellos después de no ver ninguna acción real por años de parte de sus funcionarios elegidos.

“Necesitamos que el gobierno federal saque a DTSC fuera de la ecuación y manejen [el problema] ellos mismos”, dijo Terry Cano el lunes.

“Creo que ellos creen que si cierran los ojos y lo ignoran, nosotros nos cansaremos”, dijo Joe González, quien dice que tiene cáncer y tan sólo dos meses de vida.

La comunidad culpa a las agencias reguladoras estatales por permitir a Exide que operara durante 33 años bajo un permiso temporal, a la vez que violaba pese a las reiteradas violaciones de las emisiones contaminantes del aire y el manejo de los residuos o años peligrosos, arrojando niveles tóxicos de plomo, arsénico y otras sustancias químicas que pueden producir cáncer y enfermedades neurológicas en las comunidades de la clase trabajadora en su mayoría de Boyle Heights, Maywood, Commerce, Bell, Huntington Park y el Este de Los Ángeles.

El viernes pasado, diciendo que ya estaba impacientado con DTSC, el concejal de Los Ángeles José Huizar entrometió una resolución firmada por cinco de sus colegas instando al Estado a actuar con rapidez para asignar fondos. Huizar, quien representa y el mismo es un residente de Boyle Heights, también pidió que el abogado de la ciudad Mike Feuer explorara cualquiera de las opciones legales que tiene la ciudad.

Lee respondió a las críticas del gobernador el martes por la noche en una reunión del Comité de la Comunidad Asesor Independiente de Exide.

“Se ha pasado horas hablando de Exide, trabajando en lo que quiere proponer”, dijo, antes de aludir a un anuncio inminente.

Ayer, dijo a periodistas que la propuesta de Brown es un “gran peldaño” para el Estado y una indicación del grado de compromiso que el gobernador tiene con la limpieza.

De León dijo el miércoles que el estado trabajará en estrecha colaboración con el Procurador de EE.UU. para asegurar que Exide haga honor a su acuerdo para pagar la limpieza, o se enfrentan a cargos criminales federales.

La congresista Lucille Roybal-Allard imploró a legislaturas estatales que aprueben de inmediato los fondos para acelerar la limpieza.

“La salud y el bienestar de nuestras comunidades depende de una acción rápida y sostenida por el estado”, dijo. “Hasta la fecha, los esfuerzos del estado han sido peligrosamente lentos y con fondos insuficientes”.

La Ciudad de Commerce emitió un comunicado llamando a la contaminación un “desastre ambiental”, añadiendo que la pruebas y limpieza han sido un “proceso largo y arduo”. El martes, el Consejo pidió al personal que discuta con el estado expandir sus áreas de examen en Commerce.

La asambleísta Cristina García dijo que planea trabajar con sus colegas para crear una exención de CEQA necesarios para efectuar rápidamente las pruebas y limpieza de estas casas.

García y el asambleísta Miguel Santiago planean introducir una legislación proponiendo un impuesto de baterías.

“Esta medida crearía un programa de reciclaje de baterías de plomo-ácido (de carros) por el estado y tienen $1 de ese fondo para volver a pagar el programa de préstamo de $ 176,6 millones”, anunció.

Adicionalmente al examen y limpieza Lee explicó que parte de la financiación de los $176 millones también será utilizada para el desarrollo del personal y la capacitación para el empleo destinado a residentes locales y empresas para ayudar a revitalizar la comunidad. Lee también anunció que el estado está buscando la manera de mejorar la forma de gestionar los residuos y reducir la exposición de plomo, personal adicional está identificando actualmente cómo los fabricantes pueden hacer baterías más seguras para los seres humanos y el medio ambiente.

El anuncio de Brown se produjo después de que la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles votara para enviar una carta a Brown y a los líderes legislativos, pidiendo que se asignen más fondos para los esfuerzos de limpieza, diciendo que los $8.5 millones de dólares propuestos originalmente por el gobernador eran inadecuados.

“Durante mucho tiempo hemos visto dos Américas: una en la que los barrios ricos reciben ayuda inmediata y alivio. La otra América se compone de familias obreras pobres que sufren en silencio”, dijo Solís. “El anuncio de hoy del gobernador reconcilia estas dos Américas”.

La semana pasada por primera vez desde que asumió el cargo, el alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti se reunió con algunos residentes de Boyle Heights decepcionados por la falta de acción en nombre de la ciudad.

Garcetti le dijo a EGP que ha dirigido a la Oficina de Saneamiento de LA a trabajar con líderes de la comunidad, Salud Pública del Condado y el DTSC para ayudar a las pruebas de avance y la limpieza y los planes para lanzar una campaña de educación pública para asegurar que más residentes sean analizados para determinar la contaminación por plomo.

“Nadie debería tener que vivir con el temor de riesgos graves para la salud en su propia casa y ningún niño debe ser despojado de la alegría de jugar en su propio patio”, Garcetti le dijo a EGP. “Los que viven en Boyle Heights y las comunidades de los alrededores merecen algo mejor”.

La directora adjunta de DTSC para la Justicia Ambiental y Asuntos Tribales Ana Mascareñas dijo que la agencia está considerando la realización de eventos a gran escala, tales como ferias de salud y centros abiertos de recursos para permitir que los residentes visiten y obtengan información sobre el proceso de limpieza.

Exide acordó en marzo cerrar su planta de reciclaje de baterías de plomo-ácido y pagar $50 millones para la limpieza del sitio y los barrios aledaños.

De esa cantidad, $26 de millones es para ser combinado con $11 millones que en la actualidad están en fideicomiso para cerrar con seguridad la planta, de acuerdo con el DTSC. En agosto, Exide, que se declaró en quiebra en 2013, había pagado $ 9 millones de dólares en un fideicomiso y otros $5 millones se deben pagar en marzo de 2020, según los funcionarios del Estado.

El residente de Boyle Heights Frank Villalobos le dijo a EGP que él estaba eufórico por el anuncio, pero señaló que los fondos sólo abordarán el impacto a la propiedad no a los permanentes daños que residentes enfrentan con las enfermedades causadas por la contaminación.

Por ahora, “nuestras oraciones han sido contestadas”, dijo. “El estado está ahora comenzando a mostrar preocupación”.

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Twitter @nancyreporting

nmartinez@egpnews.com

Exide, Porter Ranch: A Double Standard

January 14, 2016 by · 1 Comment 

The complaints of headaches, bloody noses and asthma by Porter Ranch residents sound all to familiar to eastside activists who’ve spent years fighting their own large scale local environmental health hazard.

So are the demands for government officials to immediately shut down Southern California Gas Co.’s natural gas storage facilities near Porter Ranch that residents blame for their health crisis.

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Strikingly different, however, has been the response from state regulators and elected officials – including Gov. Jerry Brown –who for years failed to take the same level of bold action to stop Vernon-based Exide Technologies from putting the lives of thousands of east and southeast working class, predominately Latino residents at risk.

Money, race and political power are at the root of the inequity, activists claim.

Armed with high-powered attorneys, residents in Porter Ranch are demanding the closure of SoCal Gas’ Aliso Canyon facility where a leak was discovered Oct. 23, leading to hundreds of complaints from residents about negative health effects and demands for the utility company to pay to relocate residents in the impacted area. In less than three months more than 2,000 residents have been relocated, schools have been shut down, students were moved and the company is expected to pay for the housing of pets and additional policing.

Residents from Boyle Heights to Commerce angrily protest Governor Brown’s silence on the Exide Technology pollution scandal during a red ribbon cutting ceremony he attended in November not far from the Vernon battery recycling plant. (EGP photo by Fred Zermeno)

Residents from Boyle Heights to Commerce angrily protest Governor Brown’s silence on the Exide Technology pollution scandal during a red ribbon cutting ceremony he attended in November not far from the Vernon battery recycling plant. (EGP photo by Fred Zermeno)

No one denies the seriousness of the problem in Porter Ranch, but east and southeast area residents and activists can’t help feeling there’s a double standard at play, especially when it comes to Gov. Brown who last week declared a State of Emergency in Porter Ranch after touring the Aliso Canyon facility and meeting with affected residents, something he’s failed to do in the Exide case.

His declaration allows the state to mobilize the necessary state personnel, equipment and facilities, and to waive any laws or regulations in place to deal with the environmental issue. It also gives the governor power to allocate emergency funding to fix the leak, which is expected to take three to four months to repair.

Boyle Heights resident Doelorez Mejia was pleased to see the quick call to action by the governor and state officials in Porter Ranch, but couldn’t help feeling the injustice of the situation.

“I’m disappointed our community was not considered as worthy for such swift protection,” she told EGP. “But sadly, I’m not surprised.”

She was referring to the years that pleas from residents living near the Exide acid-lead battery recycling plant were ignored. And the dozens of meetings where residents testified about the people – young and old – in their families with cancer, children with learning disabilities and other illnesses they say can be blamed on years of breathing in the toxic chemicals spewing from the Exide plant.

In 2013, air quality officials reported that Exide had violated toxic chemical emissions putting more than 110,000 east and southeast area residents at a higher-risk of cancer. Lead and arsenic had been found in the soil at nearby homes and at least one park.

It wasn’t the first time Exide had violated state standards on toxic emissions, nor would it be the last.
But unlike in Porter Ranch, demands around Exide went unheeded. Residents were not relocated, classes were not cancelled and the facility could not be closed despite operating for decades on a temporary permit issued by the California Department of Toxic Substance Control (DTSC).

Public outcry during dozens of community meetings, hearings and protest marches over their exposure to toxic levels of arsenic and lead – known to cause permanent neurological damage to children and pregnant woman – failed to force the closure of the facility. In fact, it took the U.S. Attorney’s Office stepping in and strong-arming Exide – with the threat of federal criminal charges – to agree to a negotiated permanent shut down in April 2015.

Testing and air emission modeling in the area now show that as many as two million people may be at an elevated risk for cancer and other health issues due to years of exposure to lead from the Exide plant. State toxic regulators now believe that upwards of 10,000 properties may need to be tested and decontaminated. So far, only 184 contaminated properties have been cleaned.

Exide was allowed to open adjacent to homes that had been in the area for generations. In Porter Ranch, city planners had allowed developers to build on vacant land next the Aliso Canyon facility, which had been there for decades.

Residentes afectados por Exide protestaron durante una ceremonia en noviembre donde asistió el gobernador Jerry Brown, quien no se ha pronunciado al respecto. (EGP foto por Fred Zermeno)

An appearance by Gov. Jerry Brown at the opening of a new hotel in Bell Gardens two months ago drew loud protests from activists angry that he has yet to speak out on the Exide Technologies pollution scandal. (Photo courtesy of East Yard Communities for Environmental Justice)

Boyle Heights resident Teresa Marquez acknowledges that both the Porter Ranch and Exide environmental hazards pose a threat to public health, but says she knew the response would be drastically different in Porter Ranch,  since even at the local level public officials have been more active in the Valley.

Boyle Heights is a neighborhood in the city of Los Angeles, Marquez pointed out, yet Mayor Eric Garcetti has not made an appearance at an Exide meeting or made public statements calling for a prompt response the way he has about the gas leak, she said disappointingly. Where’s the city attorney, who is now filing lawsuits to protect Porter Ranch residents?

“The key difference is money and white,” she said frankly. “And we’re just poor Latinos.”

Porter Ranch is a more affluent Los Angeles neighborhood located at the northwest edge of the San Fernando Valley. Its residents are mostly white, with a medium household income of over $120,000. In contrast, Exide’s contamination impacts the highly dense communities of Bell, Boyle Heights, Commerce, unincorporated East Los Angeles, Huntington Park, Maywood and Vernon; all home to mostly working class Latinos.

“I can’t help but wonder why the horrible disaster at Porter Ranch has captured so much attention, while the equally horrible disaster at Exide has captured so little,” Los Angeles County Board Supervisor Chair Hilda L. Solis told EGP in an emailed statement.

It was not until the facility was forced to close that eastside residents began to see elected officials take notice of their concerns, said Marquez. But even as they celebrated that victory many residents knew the challenge ahead was cleaning up the lead from dirt that to this day prevent children from playing in their own backyards.

“They wouldn’t dare relocate [Porter Ranch] families into our communities,” said Mark Lopez, executive director of East Yard Communities for Environmental Justice.

He told EGP their anger is not at Porter Ranch or its residents, but at the state and governor “who can be responsive but chose not to respond.”

“The gas leak should have been shut down last month, that being said, Exide should have been shut down decades ago.”

Late last year Brown attended a hotel opening in Bell Gardens, not far from Exide. Lopez and other eastside residents were also there, outside angrily protesting the governor’s silence on Exide. They carried signs and a 10-foot paper-mache effigy of Brown. Unlike in Porter Ranch, the governor has yet to visit communities impacted by Exide or publicly comment on the long-playing Exide environmental crisis, despite it now being called one of the largest public health disasters in the state’s history.

Gladys Limon, staff attorney for Communities for a Better Environment told EGP the governor’s and state agencies’ responses to the Porter Ranch catastrophe reveal a stark racial disparity in efforts to protect communities from health and safety risks caused by industrial operations.

“The state neglected the thousands of families in Southeast and East L.A. for decades, and the Governor to this day has failed to personally acknowledge the Exide health emergency and to meet with residents,” she said.

Former County Supervisor Gloria Molina told EGP that she continuously called the governor’s office to get him to take action, but never got a call back.

“The governor is totally uninterested,” she said, adding it may have something to do with the low number of registered voters in the area.

“He takes pride in being the environmental governor but he seems more interested in protecting trees than people,” Molina said.

Some environmental activists say they believe the governor’s response to the Aliso Canyon gas leak may be more in line with his commitment to be the world’s leader in reducing greenhouse emissions, than about health concerns.

Marquez said she was surprised to hear Brown had met with Porter Ranch residents.

“He hasn’t spoken to us,” she said. “I don’t know why he hasn’t taken similar action … he just simply doesn’t care about our community.”

EGP reached out to the governor to get his response to concerns by eastside residents that he has been indifferent to their plight, but, in keeping with the criticism from the community and elected officials, Brown again failed to personally comment on the situation. Instead he passed off our request to the Department of Toxic Substance Control, the state regulatory agency in charge of the cleanup, which has for years been strongly criticized for its handling of Exide.

“Protecting the community around the Exide Technologies facility in Vernon is a high priority for the Administration,” reads the response from DTSC spokesman Sandy Nax, who credited the governor for providing additional funding for the residential sampling and cleanups currently underway.

Bell Councilman Nestor Valencia told EGP he and other area residents have criticized DTSC for moving too slowly with soil sample tests and the clean up of properties.

“It goes to show the disparity of the southeast and East Los Angeles communities [compared] to other communities,” he said.

Residents just want the same response they saw in the Valley, Huntington Park Mayor Karina Macias told EGP. They want the same protocols for all communities, she said.

“Nobody should have to live under circumstances like that – where their health is impacted,” said Macias. “No offense to Porter Ranch but it’s unfortunate for us to not see such a response when we are talking about a toxic substance.”
Instead of hope, Mejia says the response by elected officials to the Porter Ranch disaster reaffirms what she already knew.

“They don’t care so much about our inner-city people. They don’t care about the industrial neighborhoods or the workers the way they do about wealthier communities.”

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Twitter @nancyreporting

nmartinez@egpnews.com

 

A version of this article was published by Eastern Group Publications in the January 14, 2016 print editions.

[Update 1:30p.m:] Added additional comments by residents.

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