Oferta de Desembolso Inicial Atrae Cientos a Feria de Viviendas

June 28, 2012 by · Leave a Comment 

La compra de casas—y no la asistencia en ejecuciones hipotecarias—fue el tema principal de la feria de viviendas en la preparatoria Garfield la pasada fin de semana.

“Ahora que la economía parece estar mejorando, estamos realizando ferias de casas otra vez,” dijo Robert Monzón, presidente de la organización sin ánimo de lucro de Montebello Housing Development Corporation que hace ferias como estas tres o cuatro veces al año en la zona del Este de Los Ángeles.

Read this story IN ENGLISH: Help With Down Payments Draw Hundreds to Home Fair

Durante los últimos dos años las mayoría de los recursos de la agencia se han concentrado en ayudar a los propietarios de viviendas a modificar sus prestamos y navegar el proceso traicionero de la ejecución hipotecaria. Pero el pasado sábado, el enfoque fue la esperanza y no la desesperación.

La feria proporcionó la oportunidad para que las personas empiecen a soñar de nuevo y además fue esfuerzo para reactivar la economía.

Mas de 700 personas asistieron a la feria del sábado, 23 de junio, en la preparatoria Garfield.

Mas de 700 personas asistieron a la feria del sábado, 23 de junio, a donde fueron atraídos por promesas de ayuda con el pago inicial para una casa: Montebello Housing es beneficiario de $1.5 millones del Departamento Estatal de Desarrollo de Viviendas y Comunidades para asistir a las personas con su pago de entrada.

Aquellos que califican pueden recibir un préstamo de hasta $55,000 para usarlo como entrada para una casa nueva. Para ser elegible el solicitante debe ser un comprador de vivienda por primera vez, ser clasificado de bajos recursos por el estado (tener un ingreso máximo anual de $62.000 para una familia de cuatro), y comprar una casa en el Condado de Los Ángeles.

El senador estatal Kevin de León (D-Los Ángeles) en un anuncio dijo que debido a estos fondos “una casa permanente y segura ahora es posible para cientos de familias trabajadores de bajos recursos y de ingresos modestos.”

“Vemos que hay mas peticiones por este tipo de información,” dijo Monzón. “El estado esta haciendo su parte al ofrecer programas de asistencia con entradas de casas, que yo pienso es un incentivo para reiniciar la economía.”

Esta es la oportunidad que Lester Meza, de 17 años de edad, y su madre han esperado. Ellos asistieron a la feria de viviendas porque ya estaban cansados de mudarse de lugar en lugar sujetos a los caprichos de los propietarios.

“Es una locura, siempre estarse mudando, siempre irse porque el dueño te quiere sacar y no puedes pelear porque no es tu casa,” dijo Meza.

Pero cuando intentaron realizar su sueño de tener casa propia—“no somos delicados” él dijo—los bancos los rechazaban. “El dinero es nuestro mayor obstáculo. Tenemos la dedicación y el trabajo, pero cuando ni el banco ni el gobierno te quieren financiar, es difícil empezar si eres de bajos recursos,” él dijo.

Otra persona en asistencia fue Maria Mercedes Tricas, ella dice que ya no vale la pena rentar. “Yo pago renta de $1.500 al mes, mas otras cuentas. ¡Es caro!” ella dijo. Ella también esta preocupada que el dueño de su hogar le dará problemas porque ella tiene un niño discapacitado cuyo comportamiento está “empeorando.” Su sueño es vivir en su propia casa sin pagar renta y libre del control de los propietarios.

Monzón dijo que la feria reciente demostró el nuevo dinero que esta entrando a la economía pero que siempre se han ofrecido los programas para compradores de casa por primera vez, no solo por organizaciones sin ánimo de lucro como la suya, sino también por ciudades bajo el programa federal de viviendas asequible HOME que es administrado por los gobiernos estatales.

Marcela Martínez, 23, dice que ella no se hubiera enterado del dinero de asistencia sino fuera por la feria. Ella y su familia todavía no han empezado a buscar casa pero “estoy entusiasmada y está es una buena manera de empezar.”

Para solicitar información sobre el programa de asistencia de pago inicial para compradores de casa por primera vez, comuníquese con el Montebello Housing Development Corporation al (323) 722-3955 o visite su sitio web www.montebellohousing.org. La organización esta ubicada en 1619 Paramount Boulevard, Montebello, CA 90640.

Presupuesto de Bell Gardens Evita Clausura de Centro de Jubilados

June 28, 2012 by · Leave a Comment 

El concejo municipal de Bell Gardens el lunes aprobó un presupuesto de $23,9 millones para el Año Fiscal 2012-2013.

El presupuesto incluye financiación para el centro de jubilados del Parque de los Veteranos, que evitó el cierre solo después que el concejo votó a favor de quitarlo de la guillotina.

Enfrentados con un déficit de más de $700.000, el personal de la ciudad había recomendado el cierre del centro y la fusión de sus programas con los que ya están de marcha en un centro nuevo ubicado en Park View Terrace, una comunidad residencial para personas mayores.

Read this story IN ENGLISH: Bell Gardens Budget Spares Senior Center

El centro de jubilados en el Parque de los Veteranos había sido programado a cerrar después que se abrió el centro de jubilados en Park View Terrace, como informó anteriormente EGP, pero se le permitió permanecer abierto cuando algunos de los jubilados se quejaron que no se sentían bienvenidos en Park View Terrace, ya que no viven allí.

“Usted estaba aquí cuando los jubilados asistieron y dijeron que no eran bienvenidos en el nuevo centro de ancianos”, dijo el concejal Daniel Crespo al administrador de la ciudad, Phil Wagner durante la reunión del lunes. Crespo propuso que se restauren los fondos en el presupuesto 2012-2013 para el centro de jubilados en el Parque de los Veteranos.

Ron Hoyt, un residente de Bell Gardens por muchos años y miembro activo de la comunidad, habló durante el periodo de comentarios públicos en la reunión. Hoyt dijo que el centro de jubilados en Park View es demasiado pequeño para dar cupo a tantos miembros actuales de los dos clubes de personas de tercera edad que en la actualidad se reúnen en el Parque de Veteranos. También no hay estacionamiento suficiente allí, él dijo. Él imploró al concejo que no vuelva a considerar el cierre del centro en una fecha posterior.

Hoyt ofreció regresar un año de su salario en una comisión de la ciudad e instó a los miembros del concejo a hacer lo mismo para ayudar a mantener el centro en funcionamiento. Él recordó al concejo que los ancianos son un bloque de votación grande en Bell Gardens.

Con unos ingresos previstos de $23,2 millones y gastos estimados alrededor de $23.9, la ciudad enfrenta a un déficit presupuestario de mas de $700.000.

El personal señaló que cuesta $24,000 al año para operar el centro de jubilados en el Parque de los Veteranos, y no cerrarlo sumaría esa cantidad al déficit de la ciudad.

La sugerencia de Crespo fue aprobada sin oposición, pero al final de la reunión el alcalde en funciones Sergio Infanzón dijo que el ayuntamiento tendrá que empezar a tomar decisiones difíciles o verán que el déficit presupuestario seguirá creciendo.

Los gastos previstos de la ciudad para el año fiscal se estiman ahora ser alrededor de $23.944.000, e incluyen un depósito de $200.000 al fondo de reserva, así como los $24.000 por el costo de continuar a ejecutar el centro de jubilados en el Parque de los Veteranos.

Con unos ingresos previstos de $23,2 millones para el año, la ciudad enfrenta a un déficit presupuestario de $744.000.

Wagner dijo que la economía lenta y la disminución de las fuentes de ingresos para la ciudad originalmente crearon un déficit de $1,3 millones, pero se tomaron medidas para cortarla en mitad.

La ciudad ha estado recortando el presupuesto durante los últimos cuatro años y el presupuesto ha sido recortado hasta los huesos, él dijo.

Bell Gardens también continúa lidiando con lo que pueden ser las consecuencias de la eliminación de las Agencias de Reurbanización (RDA), lo cual es obligatorio bajo mandato estatal. “El impacto negativo es aún por ser determinado”, dijo Wagner.

La eliminación de la agencia de reurbanización de Bell Gardens ha añadido otros $201,000 en gastos administrativos para el Fondo General de la ciudad. La ciudad también ha contratado a un asesor para ayudarles con el cierre de su Departamento de Desarrollo Comunitario.

También se concluye la financiación de la subvención COPS, que autorizó el empleo de tres policías durante tres años. Bell Gardens esta obligado a financiar estos tres puestos para un año adicional.

El presupuesto del Departamento de Policía de Bell Gardens es $11.9 millones, casi la mitad del presupuesto total de la ciudad.

Otros costos más altos en el próximo año fiscal incluyen $100.000 para equipos del departamento de policía, $240.000 para cubrir el costo actual del seguro de salud para pensionados de la ciudad, y $138.000 para los sueldos de tres agentes de aplicación de ordenanzas (“code enforcement officers” en inglés) que ya no serán financiados en su totalidad a través de la subvención federal Community Development Block Grant.

Cuarenta y dos por ciento de los ingresos de Bell Gardens provienen de The Bicycle Club Casino, y la ciudad calcula que recibirá de esta fuente la misma cantidad de ingresos que el año pasado, alrededor de $9,7 millones. Sin embargo, los ingresos del casino han estado en declive desde 2008, cuando contribuyó cerca de $13 millones a la ciudad.

Otras fuentes importantes de ingresos incluyen impuestos sobre vehículos de motor proyectados en $3.7 millones (16 por ciento del presupuesto); ingresos de alquilar estacionamiento y arrendamientos de terrenos proyectados en $3.484.877 (15 por ciento); impuestos de ventas y uso proyectados en $2.407.028 (10 por ciento).

Sólo el cuatro por ciento, $916.139, de los ingresos de la ciudad provienen de los impuestos de propiedad.

Se anticipa que aproximadamente $3 millones provendrán de otros impuestos, cargos por servicios, multas y confiscaciones, ingresos por intereses, artículos diversos y transferencia de otros fondos, de acuerdo con el Director de Finanzas Will Kaholokula.

Mientras que el presupuesto actual incluye ingresos de arrendamiento de estacionamiento y tierra, la disolución de RDA podría eliminar esta fuente de ingresos para la ciudad, advirtió Wagner.

En su totalidad, la mayor parte de los gastos de la ciudad—71 por ciento—están relacionados con el personal, mientras que el 22 por ciento es para contratos de servicios y el 7 por ciento es para mantenimiento, suministros y otros gastos y servicios.

Los gastos más importantes son las contribuciones a las pensiones CalPERS (casi $3,1 millones), el seguro de salud para el personal actual y los jubilados (casi $2,8 millones), y el seguro de responsabilidad civil y compensación laboral ($1,4 millones).

Las medidas para cortar el déficit de $1,3 millones en mitad incluyeron eliminar los eventos anuales Winter Wonderland y de Halloween, así como el programa de Guardaparques (Park Ranger). El presupuesto para horas extras para el departamento de policías también se redujo.

Otras opciones que aún se considerarán para reducir el déficit incluyen recortes adicionales a los presupuestos de los departamentos, aumentar tasas para programas y servicios, y despidos de empleados.

Los sindicatos ya han hecho concesiones, de acuerdo con Wagner, quien añadió que el objetivo era asegurarse de que la aprobación de este presupuesto no significaría despidos de empleados.

Una revisión del presupuesto está previsto en unos tres meses, de acuerdo con Kaholokula.

Help With Down Payments Draw Hundreds to Home Fair

June 28, 2012 by · Leave a Comment 

The focus shifted from foreclosure assistance to home buying last weekend during a housing fair held at Garfield High School.

“Now that the economy seems to be turning around, we’re starting to do housing fairs again,” said Robert Monzon, CEO of the Montebello Housing Development Corporation, a housing assistance non-profit that holds fairs like these three or four times throughout the year in the greater East Los Angeles area.

Lea esta nota EN ESPAÑOL: Oferta de Desembolso Inicial Atrae Cientos a Feria de Viviendas

For the last two years, most of the agency’s resources have been concentrated on helping underwater homeowners modify loans and navigate the often treacherous foreclosure process, but on Saturday, the focus was more about hope than despair.

The fair marked a chance for people to start dreaming again, and an attempt to get the economy moving.

Lester Meza, right, and his mother, center, attended Saturday’s housing fair held at Garfield High School and found that their dream of home ownership might be much more of a reality than they thought. (EGP photo by Elizabeth Hsing-Huei Chou)

Promises of assistance with down payments on a new home drew many of the more than 700 people, some from as far as Palmdale, Topanga and Riverside, who turned up for Saturday’s fair. Montebello Housing has received $1.5 million from the State Department of Housing and Community Development to go toward helping people with their down payments.

Those who qualify can get a loan for as much as $55,000 to use as the down payment on a new home. To be eligible, the applicant must be a first-time homebuyer in the last three years; fit the state’s low-income bracket of $67,000 annual income for a family of four; and be purchasing a home in Los Angeles County.

State Sen. Kevin de León (D-Los Angeles) stated in an announcement that because of the funds, a “permanent home providing a firm footing in life is now possible for hundreds of low-income to modest-income working families.”

“We see that there is a higher demand for this kind of information,” said Monzon. “The state is doing their part by providing down payment assistance programs, which I believe is an incentive to get the economy started.”

This is the opportunity that seventeen-year old Lester Meza and his mother were waiting for. They attended the housing fair because they are growing tired of moving from place to place, subject to the whims of their landlords.

“It’s craziness, always moving around, and always leaving because the owner wants to kick you out, and you cannot fight it because it’s his house,” Meza said.

But when they attempted to pursue their dream of having their own, stable place to stay in – “we’re not picky,” he says – they found themselves getting turned down by the banks. “Our biggest obstacle is money. The dedication and work is there, but when the bank or even the government don’t want to finance you, it’s very difficult to start when you’re low-income,” he says.

Another attendee, Maria Mercedes Tricas says renting these days is just not worth it. “I pay $1500 a month rent, plus bills.
It’s expensive!” she said. She is also worried her landlord will give her trouble because she has a disabled child whose
behavior is “getting worse.” Her dream is to have her own place where she can “live free” from paying rent forever and from dealing with controlling landlords.

Monzon said this latest fair showcased the new money coming in, but first time home-buyer programs have been offered for years, not only by non-profits like them, but also cities under the HOME affordable housing program administered by federal and state governments.

Maricela Martinez, 23, says she would never have known about the assistance money if not for the fair. She and her family have not gone house shopping yet, “but I’m really looking forward to it, and this is a good way to begin.”

For more information on the first-time home buyer assistance program, contact the Montebello Housing Development Corporation at (323) 722-3955 or visit their website (http://www.montebellohousing.org) to sign up for a class required in order to apply for the loan. They are located at 1619 Paramount Boulevard, Montebello, CA 90640.

Jefe de Policías de Montebello es Objeto de Demanda por Cuatro Agentes

June 28, 2012 by · Leave a Comment 

Cuatro agentes de la policía de Montebello que formaron parte en una demanda en 2009 contra el antiguo jefe de policías de la ciudad, este mes presentaron otra queja judicial contra la ciudad sobre las presuntas observaciones y acciones del presente jefe de la policía.

La demanda, presentada el 11 de junio, detalla una letanía de alegaciones, la mayor parte de ellas en contra del jefe de policía Kevin McClure, quien asumió el cargo en 2011. La ciudad de Montebello y varios otros oficiales de policía del departamento también fueron nombrados en la demanda.

Los cuatro oficiales demandantes reclaman que McClure pasó a las minorías cuando ascendía de puesto a los oficiales; quito de las paredes de las oficinas el arte africano americano, desestimó el entrenamiento de diversidad cultural como un “montón de excremento,” llamó a los afro americanos “sucios” y las mujeres “MILFs” (mamás con quien se quisiera acostar); e ignoró intentos por oficiales para reportar actividades potencialmente ilegales dentro del departamento.

Read this story IN ENGLISH:  Montebello Police Officers Slap Chief With Lawsuit

La demanda también afirma que la ciudad violó el acuerdo de liquidación de la demanda de 2009 presentada por trece oficiales de la policía de Montebello. En ese juicio, el ex jefe de policía, Daniel Weast, fue acusado de favorecer a los oficiales anglos sobre las minorías. Esa demanda resultó en un acuerdo y la resignación de Weast en 2010.

A pesar de los esfuerzos para eliminar la discriminación de género y raza en las filas de la policía, no es raro que los miembros del departamento de policía todavía tengan actitudes racistas o sexistas, dijo Gage Bradley, el abogado que representa a los cuatro oficiales. Bradley anteriormente, procesó casos similares en Glendale, Bell Gardens y en South Gate, donde ganó $10,4 millones para los oficiales que él representó.

“Hasta hace poco tiempo, los departamentos de policía eran formados solamente por hombres de la raza blanca. Algunos de los veteranos recordarán los días anteriores, en los que los hombres anglos eran la norma y las agentes de policía no se les permitía hacer las mismas cosas que los hombres hacían”, él dijo.

A pesar de las numerosas peticiones por EGP, los funcionarios de la ciudad no proporcionaron una declaración con respecto a las alegaciones fuertes de los oficiales. Los funcionarios dijeron que el abogado de la ciudad para este caso, Richard Kreisler, sería capaz de hacer comentarios, pero él aún no ha respondido.

El concejal Jack Hadjinian dijo el martes que “no podía hacer comentarios” sobre el caso porque es un tema para discusión en una sesión a puerta cerrada programada para el miércoles, 27 de junio—la reunión fue después de la hora de cierre de EGP. El concejal Bill Molinari dijo que todavía no había visto la demanda, por lo que no podía comentar.

Según la demanda, los cuatro oficiales, uno de los cuales fue nombrado jefe interino de la policía en 2010, fueron despojados de muchas de sus funciones; degradados y dado menos prestigio, puestos en posiciones sin oportunidades de avance, o puestos en descanso administrativo involuntario en espera de una investigación “sin definir” interna.

Dos de los oficiales en la demanda, los capitanes Gregory Wilsey y Brian Dragoo, son objeto de una investigación interna. La ciudad originalmente había dicho que era por “posible mala conducta”, pero de acuerdo a la demanda, Wilsey y Dragoo aún no han sido informados del por qué están siendo investigados, y ellos sienten que están en peligro de ser despedidos debido a sus numerosos intentos de proteger a sus colegas, la Sargenta Kimberly Lundy y el Teniente Ricardo Rojas, quienes también son demandantes. Todos los policías en la demanda han estado en la fuerza por más de 20 años.

De acuerdo a la demanda, algunos de los oficiales experimentaron presiones políticas para apoyar a determinados candidatos durante la reciente elección del concejo de la ciudad, y durante el proceso de selección del nuevo jefe de policía fueron presionados a apoyar a McClure.

Tribunal Supremo Permite a la Policía de Arizona Pedir “Papeles” de Personas Detenidas por Otras Infracciones

June 28, 2012 by · Leave a Comment 

El Gobierno anunció el lunes, 25 de junio, que suspenderá el controvertido programa 287g en Arizona, después de que el Tribunal Supremo anulara en un dictamen tres de las cuatro cláusulas más controvertidas de la ley SB1070 contra los indocumentados en ese estado.

Durante una conferencia telefónica con periodistas, funcionarios de alto rango de la Administración Obama informaron de que, a raíz del dictamen, el Gobierno federal anulará los acuerdos vigentes entre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y las agencias policiales de Arizona que participan en el programa 287g.

Las autoridades federales explicaron que los acuerdos de participación con el programa 287g no son útiles en aquellos estados que han adoptado leyes como la SB1070 contra los inmigrantes indocumentados.

El programa 287g, en vigor desde 1996, permite a los agentes de policía locales y estatales hacer cumplir las leyes de inmigración federales. Su propósito es delegar a esas agencias la autoridad para el arresto de indocumentados criminales.

ICE ha suscrito acuerdos de cooperación bajo el 287g con 68 agencias policiales en 24 estados. Desde enero de 2006, el programa ha ayudado a identificar a más de 279.311 inmigrantes “deportables”, la mayoría en cárceles locales, según datos de ese organismo.

En concreto, los siete organismos de Arizona afectadas por la decisión son los departamentos policiales de Phoenix, Mesa y Florence, las oficinas de los alguaciles de los condados Pima, Pinal y Yavapai, y el Departamento de Seguridad Pública en ese estado.

Ya en diciembre pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había anulado el acuerdo con la oficina del alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, tras un informe que detalló las prácticas anticonstitucionales y la discriminación sistemática de su oficina contra los reos latinos en ese condado.

Por otra parte, los funcionarios de Inmigración del DHS en Arizona han recibido instrucciones de no responder al llamado de policías locales o estatales cuando éstos detienen a personas por infracciones de tránsito u otras infracciones menores.

La única excepción será cuando se trate de algún indocumentado condenado por un delito o que haya sido expulsado anteriormente de EE.UU. y haya regresado de forma ilegal.

En cualquier caso, el DHS se comprometió a continuar cumpliendo con sus obligaciones legales de verificar el estatus migratorio de los detenidos cuando así lo soliciten las autoridades, indicaron los funcionarios.

Horas antes de este aviso, el Tribunal Supremo anuló las secciones 3, 5 y 6 de la SB1070, pero dejó en pie la sección 2B, que permite a la policía pedir “los papeles” de quienes detenga por otras infracciones, incluso menores, y tenga “sospecha razonable” de que son indocumentados.

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Lamar Smith, consideró que el fallo del Tribunal Supremo y la suspensión del programa 287g suponen un nocaut para los gobiernos estatales que buscan poner coto a la inmigración ilegal y resguardar la seguridad pública.

“La decisión del presidente Obama de suspender el acuerdo de 287g en Arizona e ignorar el pedido de ayuda (de los estados) demuestra que a esta Administración le importa poco el cumplimiento de nuestras leyes de inmigración”, se quejó Smith, quien junto a otros conservadores aboga por una política de “mano dura” contra los indocumentados.

Según Smith, la Administración Obama permite que los indocumentados sigan trabajando ilegalmente en EE.UU. “mientras trece millones de estadounidenses están desempleados”, y los gobiernos estatales y los contribuyentes siguen pagando “los costos de sus fallidas políticas”.

MUSD Celebrates High School Graduations

June 28, 2012 by · Leave a Comment 

Over 2,000 seniors from four Montebello Unified School District high schools graduated this week with more than 90 percent heading for higher education including four-year universities and community colleges, and some entering military service, according to the school district.

“I want to congratulate our graduating seniors and their families for their work toward this milestone,” Board of Education President Hector Chacon said in a press release. “Our seniors have represented our school, inside and outside the buildings, with class and style.”

Montebello High School seniors, from left, Charlie Cerezo, Anthony Chavez and Silvia Avalos are all smiles after going through Montebello’s graduation ceremony. (Photo by Mario Villegas)

Though Vail High School only presented 93 diplomas, due to 18 students attending their former high schools’ ceremonies, it happily celebrated matching last year’s graduating record with 111 graduates and a 95 percent student attendance rate. The other schools with filled-to-capacity ceremonies this week were Bell Gardens, Montebello and Schurr high schools.

MUSD graduates will be attending such prestigious universities as Brown, Columbia, Georgetown, Harvard, Yale, Stanford, Swarthmore, Pomona College, Harvey Mudd College, Grinell College, UCLA, UC Berkeley, USC, and Whittier.

“Seeing our students graduate ready for college, career, and life is the defining moment for each of us in the Montebello Unified School District,” MUSD Superintendent Robert Henke said in a press release.

Supreme Court Upholds ‘Worst’ Provision under Arizona’s SB 1070 Law

June 28, 2012 by · Leave a Comment 

Los Angeles area elected officials and immigrant rights groups on Tuesday denounced the decision by the U.S. Supreme Court to let stand a provision in an Arizona law they say allows racial profiling. SB 1070, enacted in 2010, made it a misdemeanor to be an undocumented immigrant in Arizona and spawned copycat laws in other states.

Critics say SB1070 is one of the “ugliest anti-immigrant laws” in the country and that it encourages racial profiling and anti-immigrant sentiment. The Obama Administration, seeking to overturn the controversial law, told the Supreme Court that immigration enforcement and policy is a federal responsibility and states, like Arizona, cannot usurp that responsibility by writing their own immigration laws.

Writing for the majority, Justice Anthony M. Kennedy stated, “the state may not pursue policies that undermine federal law.”
In a 5 to 3 vote, the Court allowed Provision 2(B) to stand, while striking down Provisions 3, 5, and 6.

Immigrant rights groups, however, say the Supreme Court has now upheld the so-called “show me your papers” provision that will allow police officers to stop people on the sole basis of suspecting they are in the country illegally. While the Court did say that a person cannot be stopped solely on the suspicion that they are in the country illegally, and that there must be another valid legal reason for detaining the person in the first place, the circumstances under which a person can be stopped are so broad and can be as minor as jaywalking or littering, the clarification is essentially meaningless.

Section 2(B) requires state and local police to attempt to determine the immigration status of any person lawfully stopped, detained, or arrested if there is a “reasonable suspicion” that the person is unlawfully present, according to the National Council of La Raza, (NCLR).

“We remain deeply troubled, though, that the Supreme Court allowed the heart of the problem in SB 1070—legitimizing racial profiling—to stand, and failed to decisively remove the bull’s eye from the backs of Arizona’s Latinos, leaving it to future lawsuits to address. We fear this part of the decision will open the floodgates to the harassment, abuse, and intimidation of our community in what is already the most hostile place for Hispanics in the country, ” said NCLR President and CEO Janet Murguía, in a written statement.

Locally, the Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles, CHIRLA, said in a statement: “The High Court’s ruling to invalidate Provisions 3, 5, and 6 but allow Provision 2(B) to go forward for now makes it possible for Arizona to codify racial profiling by allowing the ‘show me your papers’ provision to be implemented.”

“Thousands upon thousands of people will fall prey to fishing expeditions by anti-immigrant forces led by (Maricopa County) Sheriff Joe Arpaio and inflict suffering, prejudice, and even exile on people based on the color of skin, language, dress code, or ethnicity even if a person was born in the United States.”

The overturning of three of the provisions, however, blocks Arizona from making it a crime for immigrants to be undocumented, to work or seek work, and allowing police to arrest people without warrants if they suspect they have committed a crime that makes them deportable.

The Supreme Court reaffirmed that the Federal Government has the sole responsibility to enforce immigration.

In a written statement, Congresswoman Judy Chu (CA-32), Chair of the Congressional Asian Pacific American Caucus (CAPAC), said the Supreme Court has reiterated that the Federal Government has “broad” and “irrefutable power” over immigration under the Constitution. Chu applauded the provisions struck down, but said so-called “show me your papers” provision will “harm us as a nation by promoting racial profiling.”

“I remain concerned about the precedent that this sets for our nation – a nation of immigrants – as we see race-based law enforcement codified into state law. Asian Pacific Americans are the fastest growing demographic in Arizona and will be profoundly impacted by this provision. Lawsuits challenging the provision on racial profiling grounds are moving through the courts and I am hopeful that this discriminatory provision will ultimately be invalidated. The Supreme Court’s decision is yet another reminder that Congress must act immediately to ensure our nation has a clear and robust federal immigration policy that works for families, employers and immigrants and citizens alike,” Chu wrote.

Los Angeles Mayor Antonio Villaraigosa also issued a statement saying he was “heartened” that the Supreme Court upheld “the bedrock constitutional principle that the federal government alone has the power to regulate immigration” and that the Obama Administration and Department of Justice were right to challenge this law.

However, he called the ruling “only a partial victory” because the Supreme Court has allowed the implementation of the most harmful provision of the law.

“By requiring police officers to demand documents of anyone they suspect of being in the country without authorization, Arizona risks creating a culture of fear and suspicion. Implementation of the law will undermine the trust between the police and the public, driving a wedge between police officers and the community they serve. The ‘papers please’ provision opens the door for racial profiling, and I believe it will be impossible to implement this law without discrimination. This will just invite further litigation,” Villaraigosa said.

He also called for a comprehensive immigration reform and called on Congress to pass the DREAM ACT.

President Obama said the ruling shows that the need for Congress to quickly take up immigration reform legislation.

Rep. Dana Rohrabacher, R-Huntington Beach, hailed the court’s ruling as “balanced and positive,” saying it clarified that state and local law enforcement can assist the federal government in enforcing immigration law. “This is a significant victory for those on a state level who are trying to gain control of the massive flow of illegal immigrants into our country,” Rohrabacher said. “It is clear the problem will never be solved without cooperation from the very top of the federal government and the very bottom of local jurisdictions. The Supreme Court decided that cooperation is constitutionally proper.”

He said the ruling “highlights the long-overdue necessity for statutory change to the status quo of lax immigration enforcement, half-hearted border security measures and the elimination of the economic incentives and public benefits that encourage the massive flow of illegal immigration into this country.”

Republican Rep. Howard “Buck” McKeon of Santa Clarita echoed that sentiment, saying the ruling “highlights the need for serious solutions to our nation’s overall immigration policy, as well as the severe lack of leadership we have seen from the president.”

CHIRLA, called the ruling “disgraceful” and urged communities to organize against the institutionalization of racial profiling by
the Supreme Court.

CHIRLA Executive Director Angelica Salas in a written statement said the ruling “marks a dark day for justice in the history” of the country.

“The history of our country is riddled with injustices made possible through an extreme minority’s justification of discriminatory, divisive, and callous decrees. The codification of segregation, exclusion from voting, Trail of Tears, encampment of ethnic minorities, and exile of whole class of workers, to give but a few examples, was made federal statute because the courts allowed it without remorse,” she said.

Salas noted the irony that on the same week the US Congress apologized for the Chinese Exclusion Act of 1882, a racist law against Chinese immigrants, the highest US court has taken a shameful swerve “to the edge of a similar abyss.”

Salas called on the immigrant community and its allies to take a stand and “to change history.”

“We are on the right side of history and winning respect, dignity, and equal treatment under the law is a matter of ‘when’ not ‘if’”, she said.

Salas said more lawsuits will follow because “we are certain racial profiling is unconstitutional.”

Moving forward, Salas said states should erect firewall laws to racial profiling, like the TRUST Act (AB1081) in California. Among her suggestions to the White House, Salas said civil rights monitors should be sent to states that “legalize discrimination,” and the federal government should “aggressively” enforce civil rights laws across the country.

Information from City News Services used in this report.

Recolección de Firmas En Curso para Destituir a García

June 28, 2012 by · Leave a Comment 

Los partidarios de un esfuerzo para destituir a la presidenta de la junta escolar del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles han anunciado que están recogiendo firmas para darles a los votantes la oportunidad de destituir a Mónica García en una elección especial.

Recolecciones de firmas en Lincoln Heights y otras partes del Distrito 2 de la Junta Escolar ya se han realizado, incluso el barrio coreano y la región del Sur de Los Ángeles, de acuerdo con Vera Padilla, una de los organizadores principales de la campaña de destitución.

Las clases pueden estar en descanso, pero “Vamos a recoger firmas durante todo el verano”, dijo Padilla.

Read this story IN ENGLISH: Signature Collection Underway in Garcia Recall

El grupo tiene hasta el martes, 4 de septiembre para recoger por lo menos 26.608 firmas de votantes registrados dentro de los límites del distrito escolar, de acuerdo con María García, portavoz de la División de Elecciones de la oficina del Secretario de la Ciudad de Los Ángeles.

Partidarios de la campaña para destituir a Mónica García el 18 de junio realizaron una conferencia de prensa para anunciar que ya está en marcha la campaña de recolección de firmas. Foto de EGP por Gloria Angelina Castillo

Padilla dice que la comunidad latina eligió a García a la junta escolar porque pensaban que ella iba a escuchar las preocupaciones de la comunidad, pero que ese no ha sido el caso. Ella dice que los voluntarios de la campaña de destitución son algunos de los residentes más pobres de Los Ángeles.

García ha llegado al fin del límite de mandatos en la junta; su mandato termina el 30 de junio 2013. Pero los proponentes de la destitución dicen que la quieren fuera de la oficina antes de eso, aunque sea sólo un par de meses antes.

“Me siento como que va a ir en una posición más alta… queremos que la comunidad sepa que no deben confiar en ella. Quiero frotis de su nombre para ser muy honesto”, dijo Padilla. “Quiero decirle a la comunidad ‘esté alerta, esté educado acerca de por quién está votando y haga que esa persona sea responsable’”.

Padilla también criticó a García por su apoyo a la construcción de nuevas escuelas, mientras que los profesores están siendo despedidos y programas se están reduciendo. Ella dijo que los recortes a la educación de adultos y los de temprana edad van a “devastar” a Los Ángeles.

Algunos de los recortes previstos a la educación temprana y de los adultos, sin embargo, han sido evitados a través de un acuerdo laboral entre el LAUSD y UTLA, el sindicato de maestros.

Como parte del acuerdo, los profesores se han puesto de acuerdo a tomar 10 días de descanso adicionales en el próximo año escolar. El acuerdo también intentará a prevenir el despido de unos 4.500 maestros y miles de trabajadores de otros distritos.

“Como resultado del acuerdo 10 días de descanso con UTLA, la Educación de Adultos recibirá los necesarios $45 millones en fondos adicionales para su presupuesto de 2012-13,” dijo la portavoz de LAUSD Mónica Carazo a EGP en un correo electrónico.

“Estos fondos permitirán a la división a traer de vuelta 61 emplazamientos compartidos e independientes que fueron programadas al cierre. El presupuesto total para Educación de Adultos 2012-13—incluyendo fondos federales—de $105 millones”, dijo Carazo.

Carazo dijo que el 48 por ciento de los programas de Educación de Adultos se salvarán de cortarse y varios programas—como Carrera de Educación Técnica (CTE), Inglés Como Segundo Idioma (ESL), Desarrollo Educativo General (GED), Adultos con Discapacidad (AWD) y los programas para adultos mayores (POA) se restaurarán. También habrá restauración parcial del programa Ocupación Regional (ROP), dijo ella.

De acuerdo con Carazo, los centros locales de adultos que se reabrirán son: East Los Angeles Occupational Center, Garfield CAS, Roosevelt CAS, Lincoln CAS, East Los Angeles Skills Center, Eastside Learning Center, Centro de Aprendizaje de Belvedere, Hamasaki Learning Center, Marianna Centro de Aprendizaje y CAS Wilson.

Veinticuatro pequeños centros de educación temprana con una capacidad de matrícula de 85 estudiantes o menos se cerrarán, entre ellas, Belvedere, de Soto y los centros de Toland Way de educación temprana, dijo Carazo.

Pero los proponentes señalan que a pesar de este aplazamiento parcial de último minuto, el programa de educación de adultos será aproximadamente 25 por ciento del tamaño que tenía hace cinco años, y casi el 25 por ciento de los centros de educación temprana se mantendrán cerrados, provocando un hacinamiento en los sitios restantes. Las familias más pobres del distrito se verán especialmente afectados por los cambios, afirman los defensores.

Ellos culpan a García por permitir que los recortes sucedan.

En una declaración escrita, los partidarios de los esfuerzos de destitución también cuestionaron la sabiduría de permitir que continué el fondo de $19 mil millones para la construcción de escuelas de LAUSD “en el que una nueva escuela se abre cada mes,” cuando “los programas esenciales para nuestras comunidades se están cortando continuamente.”

“Una iniciativa podría ser colocada en la boleta electoral en el que los ciudadanos pudieran votar para reasignar los fondos de construcción al Fondo General de LAUSD, pero envés, el liderazgo de Mónica García ha fallado y está destruyendo la educación publica. La Presidenta de la Junta Mónica García se tiene que hacer responsable,” lee el comunicado de prensa.

La continuación de la construcción de nuevas escuelas, mientras que los profesores se despidan realmente resuena con los partidarios de la destitución y de la comunidad que ven esto como un ejemplo de falta de liderazgo de García, la campaña dice.

La campaña también culpa a la presidenta por la tenencia de la junta escolar de mandar avisos de reducción de fuerza laborar a decenas de miles de maestros, a favor de las “escuelas charter” gestionadas por empresas privadas, y mal gasto de millones de dólares en pruebas “innecesarias”.

García nunca respondió al Aviso de Intención, que le dio 21 días para contrarrestar los argumentos de los proponentes de la campaña de destitución. Asimismo, ella no respondió las solicitudes de EGP para este artículo.

Pero en una entrevista previa con EGP, García acusó a los defensores de la campaña de “jugar política.” Ella dijo que invitó a sus detractores a trabajar con ella para “servir a nuestros hijos durante estos tiempos económicos difíciles.”

Otro esfuerzo de destitución dirigido a la miembro de la junta escolar Nury Martínez se anunció a principios de este mes, pero tendrá que iniciarse de nuevo ya que el solicitante de la destitución no cumplió con el plazo para presentar prueba de la publicación del aviso para Martínez, de acuerdo con García, la portavoz de la Secretaria de la Ciudad.

Civil Rights Groups to Wage Campaign Against SB 1070 Type Laws

June 28, 2012 by · Leave a Comment 

Immigrants’ rights groups, labor leaders and city officials gathered at Los Angeles City Hall Tuesday to oppose a provision in an Arizona law upheld by the Supreme Court on Monday. The provision in SB1070 requires police officers to check the immigration status of individuals who are lawfully stopped.

The court ruled that the constitutionality of the law would be determined based on how it is enacted by Arizona law enforcement agencies.

Mayor Antonio Villaraigosa and other speakers predicted the law — labeled by opponents as the “show me your papers” law — will eventually be overturned by the court.

“We believe that, that too will be unconstitutional when, over time, we will be able to demonstrate that there is no way to implement this provision without discriminating, without profiling, without violating the constitutional rights of the people involved,” Villaraigosa told reporters.

The Supreme Court Monday struck down three other provisions of Arizona’s law, known as SB 1070, including those that made it a crime for undocumented immigrants to apply for work and allowed police officers to arrest anyone thought to have committed a deportable offense.

American Civil Liberties Union-Southern California Executive Director Hector Villagra said the ACLU, the Mexican American Legal Defense and Educational Fund and other civil rights groups are prepared to wage a major campaign to overturn the Arizona law and block similar laws from taking effect in other states.

“We have a war chest ready, and we stand willing and able to fight any city, any county, any state in this country that wants to (copy) the Arizona example,” Villagra said.

City Councilman Eric Garcetti said Arizona’s law is intended to “create a climate of fear and intimidation.”

“This is a roadblock in our march for civil rights. It’s a proclamation of discrimination in our fight for equality. It’s an insult to our nation and what it stands for,” Garcetti said.

Speakers also urged support for the Trust Act, a state bill that would bar law enforcement agencies in California from participating in the Secure Communities, or S-Comm, program. The Immigration and Customs Enforcement program requires participating law enforcement agencies to detain undocumented immigrants beyond the time an individual is eligible for release from criminal custody.

The bill, sponsored by Assemblyman Tom Ammiano, D-San Francisco, says S-Comm puts the burden of immigration enforcement on local law enforcement agencies and jeopardizes police relationships with immigrant communities.

“We’re the epicenter of the immigrant population in America and the undocumented population in America. And here in this state we believe and believe strongly that this state has a right to limit what we do with Secure Communities,” Villaraigosa said. “We have a right to say that we’re going to take a different path.”

Rep. Dana Rohrabacher, R-Huntington Beach, hailed the court’s ruling Monday as “balanced and positive,” saying it clarified that state and local law enforcement can assist the federal government in enforcing immigration law.

“This is a significant victory for those on a state level who are trying to gain control of the massive flow of illegal immigrants into our country,” Rohrabacher said. “It is clear the problem will never be solved without cooperation from the very top of the federal government and the very bottom of local jurisdictions. The Supreme Court decided that cooperation is constitutionally proper.”

Bell Gardens Budget Spares Senior Center

June 28, 2012 by · Leave a Comment 

The Bell Gardens City Council on Monday unanimously approved a $23.9 million budget for the 2012-2013 Fiscal Year.

The budget spares the senior center at Veterans Park, which narrowly avoided closure when the city council voted to take it off the chopping block.

Faced with a deficit of over $700,000, city staff had recommended closing the senior center and merging its programs with those at a newer senior center located at Park View, a senior housing facility.

The Veterans Park Senior Center was supposed to close when the Park View Terrace Apartments Senior Center opened, but as previously reported by EGP, it was allowed to stay open when some of the seniors complained they felt unwelcome at Park View because they do not live there.

“You were here when the seniors came and said they were not welcome at the new senior center,” Councilman Daniel Crespo told City Manager Phil Wagner during Monday’s meeting. The councilman moved to restore funding for the Veterans Park Senior Center in the 2012-2013 budget.

Long-time resident and community activist Ron Hoyt, speaking during the public comment portion of the meeting, said the Park View Senior Center is too small to accommodate both its current members and the two seniors clubs that currently meet at Veterans Park. There’s also not enough parking there, he said. He implored the council to not reconsider closing the center at a later date.

Lea esta nota EN ESPANOL: Presupuesto de Bell Gardens Evita Clausura de Centro de Jubilados

Staff noted that it costs $24,000 a year to operate the Veterans Park Senior Center; not closing it would add to the city’s deficit.

Crespo’s motion was approved without opposition, but at the end of the meeting Mayor Pro Tem Sergio Infanzon said the city council will have to start making tough decisions or the budget deficit will continue to grow.

The city’s anticipated expenses for the fiscal year are now estimated at about $23,944,000, and include a $200,000 deposit to the reserve fund, as well as the $24, 000 cost of continuing to run the Veterans Park Senior Center. With anticipated revenues of $23.2 million for the year, the city is facing a budget shortfall of $744,000.

Wagner said the poor economy and dwindling resources originally had the deficit at $1.3 million, but steps taken cut it in half.
The city has been cutting back for the last four years and the budget has been cut to the bone, he said.

Bell Gardens also continues to grapple with what may be the consequences of the state-mandated elimination of Redevelopment Agencies (RDA). “The negative impact is yet to be determined,” Wagner said.

The elimination of the redevelopment agency has added another $201,000 in administrative expenses to the city’s General Fund. The city has also retained a consultant to assist with the closing down of its Community Development Department.

Funding provided under a COPS Hiring Grant, which authorized the employment of three officers for three years, is coming to an end, but Bell Gardens is required to fund the positions for an additional year.

The Bell Gardens Police Department’s budget is $11.9 million, nearly half of the city’s total budget.

Other higher costs in the next fiscal year include $100,000 for equipment for the police department, $240,000 to cover the current cost of the city’s retiree health insurance, and $138,000 for the salaries of Code Enforcement Officers that will no longer be fully funded through a Federal Community Development Block Grant.

Forty-two percent of Bell Gardens’ revenue comes from The Bicycle Club Casino; the city projects that it will receive the same amount of revenue at it did last year, about $9.7 million. But casino revenue has been on the decline since 2008, when it contributed nearly $13 million to city coffers.

Other significant sources of revenues include Motor Vehicle In-Lieu Taxes projected at $3.7 million; Parking Lot and Ground Leases projected at $3,484,877; Sales and Use Taxes, projected at $2,407,028. Only 4 percent, $916,139 of city revenue comes from property taxes. An estimated $3 million is expected to come from other taxes, charges for services, fines and forfeitures, interest income, and miscellaneous items and transfer-in from other funds, according to the Finance Director Will Kaholokula.

While the budget currently includes Parking Lot and Ground Lease revenues, the RDA dissolution could eliminate this source of revenue for the city, Wagner warned.

Seventy-one percent of the city’s expenditures are related to personnel, while 22 percent is for service contracts and 7 percent for maintenance, supplies and other expenses and services.

Major expenditures include CalPERS Pension Contributions at nearly $3.1 million, health insurance for current and pensioned staff at nearly $2.8 million, and Liability and Worker Compensation Insurance at $1.4 million.

By meeting with each of the departments to determine where cuts could be made, then asking each department to cut their budgets by another 10 percent, they cut the projected deficit in half, according to Kaholokula’s presentation.

The city council also approved cutting the annual Winter Wonderland and Halloween events, as well as the Park Ranger program. They also reduced the police department’s budget for overtime pay.

Other options still to be considered to reduce the budget deficit include additional cuts to department budgets, increased rates for programs and services, and employee layoffs.

Labor unions have already made concessions, according to Wagner, who added the goal was to make sure no one was cut from the payroll with the approval of this budget.

A review of the budget in about three months is planned, according to Kaholokula.

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