Lucha por la Purificación del Aire en California Continúa

August 11, 2016 by · Leave a Comment 

Inside Climate News– El sur de California ha tenido una de las peores calidades del aire por años, sin embargo, últimamente ha empezado ha mejorar. El mérito de dicho progreso va a una agencia poderosa en la región, la cual ha impuesto normas federales del medio ambiente durante los pasados 19 años.

La agencia de control de la contaminación del aire, South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), la cual controla el Condado de Orange y las partes urbanas de Los Ángeles, Riverside y San Bernardino, ahora se encuentra en el centro de una lucha política.

Una nueva mayoría republicana en el senado ha empezado a retroceder todo el avance que las pólizas distritales han alcanzado en el distrito.

El giro, ha causado preocupación entre los residentes de las áreas desproporcionadamente afectadas por el flujo de aire sucio. La posibilidad de que las pólizas se debiliten también ha inquietado a los activistas en el área, quienes han decidido contraatacar.

Una proyecto de ley, pendiente en ser aprobada por la Asamblea estatal, recibió el apoyo de los defensores del aire puro. La medida fue anteriormente aceptada por el senado y requiere que tres puestos, del concejo del distrito 13, sean otorgados a una “organización sin fines de lucro de buena fe que defienda una disminución de la contaminación ambiental”.

“El sistema está descompuesto y el consejo no refleja el punto de vista de las comunidades que están siendo afectadas”, dijo Lizette Hernández, una organizadora del club ambiental Sierra en el Sur de California.

Shawn Nelson, un miembro republicano del consejo, dijo que la propuesta es una forma de acaparar más poder por los legisladores demócratas.

“Es un esfuerzo conjunto para prolongar la idea de que nuestro consejo está fuera de control y de que no nos importa el medio ambiente, lo cual es ridículo”, dijo Nelson.

El consejo, dirigido por Barry Wallerstein desde 1997, tradicionalmente había operado de forma neutral. Cuando los candidatos republicanos obtuvieron la mayoría en enero, la batalla empezó cuando ocurrió el cambio en dirección respecto a la calidad del aire.

Una reunión a puertas cerradas tomó lugar, en marzo, en la que se decidió permitirles a refinerías de petróleo, plantas eléctricas y otros grandes contaminantes el emitir smog. La reunión también destituyó a Wallerstein de su cargo.

“Ese fue el momento en el que me dí cuenta que la industria del petróleo tiene una gran influencia sobre el consejo”, dijo Adrian Martínez, abogado del grupo ambiental Earth Justice.

“El consejo no estaba protegiendo a la comunidad a quien sirve ni aquellos que han estado sufriendo”, dijo Martínez, “Eso tiene que acabar”, dijo.

Kevin de León, senador del Distrito de Los Ángeles que incluye Boyle Heights, Eagle Rock, Glassell Park y el Este de Los Ángeles, propuso la medida para añadir los tres puestos que fue aprobada por el senado estatal en mayo.

La asamblea estatal, actualmente dominada por los demócratas, tomará su decisión respecto a la medida éste mes. El gobernador, Jerry Brown, todavía no ha revelado si la firmará o no.

El distrito también ha propuesto un plan de cumplimiento voluntario el cual pagará a las compañías que participen por sus reducciones en emisiones tóxicas. Los republicanos calculan que esos pagos sumarán un total de $1 billón por año en 2031, si es aprobada.

Nelson defendió el cambio de dirección del consejo ya que dice que las regulaciones pondrán una carga en los negocios que al final acabarán afectándoles a todos.

“Si nuestros esfuerzos en equilibrar los intereses de la gente pobre y el de ayudar a nuestros ciudadanos locales – juntos con nuestros deseos absolutos en continuar limpiando el aire- no fueron perfectos, pues así fueron. Pero no fueron a causa de una falta de amor hacia nuestras comunidades o por la falta de apreciación hacia la gente a quien representamos”, dijo Nelson.

La agencia SCAQMD cubre la mayor parte de la populación del estado, un 40% de los 39 millones de habitantes.

Muchas de las plantas de energía y refinerías de petróleo están localizadas cerca de comunidades con habitantes de bajos recursos y minorías controlados por la agencia.

Por ejemplo, la comunidad de Wilmington en Los Ángeles, localizada a sólo 25 millas de Santa Mónica, tiene 11 refinerías y facilidades de extracción de petróleo y gas. El 90% de los 53,000 residentes de Wilmington son de color y tienen un ingreso medio de $40,000.

A su lado, en Santa Mónica, donde el 78% de los residentes son blancos con un ingreso medio de $73,000 no hay ninguna refinería o facilidad de extracción.

Un estudio nacional conducido en 2014 reveló que en promedio de 38% de la gente de color son expuestas a niveles altos de dióxido de nitrógeno en la contaminación atmosférica más que la gente blanca.

“Hemos notado un patrón consistente en las comunidades de color de la Costa Sur en donde tienden a ser expuestos más a las contaminaciones”, dijo Julian Marshall, un de los investigadores del estudio.

Hernández, la organizadora del Club Sierra, quien vive en el Sur de Los Ángeles rodeada de refinerías, dijo que las comunidades con una mayor necesidad de representación son las que han sido afectadas por décadas por la contaminación del aire y por prejuicios raciales al igual que inigualdad económica. Ella dijo que el poner a representantes de grupos ambientales a cargo traería un mar de cambio.

Carol Hernández, trabajadora social en San Bernardino, dijo que creció en Fontana en los 80’s con una calidad de aire pésima que no parece mejorar. Hernández (no relacionada a Lizette Hernández) dijo que su hija de cinco años sufre a menudo de ataques de asma intensificados por la polución el cual le hace difícil respirar.

“No podemos pasar mucho tiempo jugando afuera porque se le hace difícil respirar,” dijo Hernández.

Aunque la calidad del aire en el Condado de San Bernardino ha mejorado durante la última década, ha sido calificada con un grado F por la Asociación Americana del Pulmón dado a los riesgos de salud causados por el aire contaminado.

“A nadie le importaba lo que estaba sucediendo cuando yo ere pequeña y, al igual, no les sigue importando”, dijo Hernández.

*InsideClimate News es una organización de noticias ganadora de un Premio Pulitzer, sin lucro ni afiliación y dedicada a cubrir los cambios de clima, energía y del medio ambiente. 

Activists Call Funds For Exide Cleanup Just the ‘First Step’

February 25, 2016 by · Leave a Comment 

When the Exide acid-lead battery recycling plant in Vernon finally closed last spring residents exposed to the plant’s toxic pollution celebrated, mistakenly believing their battle for justice was over.

It’s not a mistake they will make again, several Boyle Heights residents told EGP following the long-awaited announcement by Gov. Brown and state officials last week that nearly $177 million in state revenue will be allocated to pay for testing and cleanup of properties contaminated with lead, arsenic and other toxic chemicals spread through emissions from the plant.

“I can’t believe it, it’s like winning the lottery for the community,” said an elated Teresa Marquez of Boyle Heights before cautioning more money will be needed to fully clean contaminated homes.

Terry Cano’s Boyle Heights home has been found to have unsafe levels of lead but not yet decontaminated. She said she will not be happy “until it’s all set in stone.”

Rev. Monsignor John Moretta of Resurrection Church told EGP the community wrongly believed they could rely on the Department of Toxic Substances Control to quickly start testing and decontaminating homes. Instead, he said, they grew increasingly frustrated by how slowly the agency was moving.

Following the closure of the recycling plant, residents and environmental activists – from Boyle Heights, Commerce, Huntington Park, Bell, East Los Angeles and Maywood —angrily demanded that the DTSC and elected officials do more to help residents harmed by Exide, namely allocating state money to speed up the process.

It would take nearly a year, and hundreds of hours of public testimony at hearings and untold number of letters to state, national and local elected officials for the governor to finally act.

Mostly it took the Porter Ranch SoCal Gas Co. gas leak catastrophe to shine a light on California’s double standard when it comes to protecting the health and wellbeing of its poorer residents of colors than those who are more affluent and white.

 Rev. Monsignor John Moretta, center, joins elected officials at a news conference Friday. (EGP photo by Nancy Martinez)

Rev. Monsignor John Moretta, center, joins elected officials at a news conference Friday. (EGP photo by Nancy Martinez)

The $176.6 loan to DTSC from the state’s general fund will be used to expedite and expand testing and cleanup of residential properties, schools, daycare centers and parks in the 1.7-mile radius surrounding the Vernon plant.

It’s not a small chunck of change, but Marquez points out it will only cover about half of what the cleanup – possibly the most expensive in California history – is expected to cost.

Two days following the announcement of the governor’s funding plan, half a dozen state and local elected officials, all them Latino, held a press conference at Resurrection Church in Boyle Heights to tout their roles in securing funds and to recognize the community’s most vocal residents for standing up against an environmental injustice, forcing the governor to take action.

“I want to thank the governor for recognizing the health crisis, but it was mostly the dedication and determination of community organizers and residents who have rightfully demanded a safe and healthy environment for their families that has brought us to this point,” proclaimed Senate Pro Tem Kevin de Leon, pointing to residents and activist at his side and in the audience as the real heroes in the long-playing Exide battle.

“This whole fight has been for the babies of the eastside,” said Mark Lopez, executive director for East Yards For Environmental Justice. “It is now looking a lot healthier and safer.”

Although happy money is at last forthcoming, many people, including de Leon and Lopez, question whether DTSC can be trusted to handle the catastrophe moving forward. De Leon said that concern would be part of the negotiations with the governor over funding details.

For Cano, the solution is for the “federal government to take DTSC out of the equation and handle it themselves.”

They point out that the department of toxic substances control bares much of the blame for allowing Exide to operate for decades on a temporary permit, even after repeatedly being found to have exposed more than 100,000 people to dangerous levels of lead, arsenic and other chemicals and collecting dozens of hazardous waste violations.

Last week, on the eve of the funding announcement, Dr. Jim Wells, technical advisor to DTSC’s Exide Community Advisory Group, said he believes the extent of the contamination goes beyond the 1.7 miles currently being investigated by the regulatory agency. At the meeting, Wells and Jane Williams – executive director of California Community Against Toxics – told DTSC Director Barbara Lee and AQMD Executive Director Barry R. Wallerstein that the time has come to get an accurate representation of the magnitude of the impacted area.

“We know it’s neglectful and criminal for them to not act in a timely manner to extend the impacted area further,” said Cano, whose brother has been diagnosed with terminal cancer. “All the while we [residents] are the ones that have to pay for this.

As it stands now, according to DTSC, the proposed $176.6M would allow for testing of 10,000 properties by July 2017, and an estimated cleanup of 2500 homes by July 2018.

State officials say they will seek reimbursement from Exide for the multi-million dollar loan to DTSC. The company’s closure agreement with the U.S. Attorney – in lieu of criminal charges – requires the company to cover the entire cost of the cleanup, but Exide has filed for bankruptcy and residents and elected officials worry the company – which has shuttered and left behind contaminated plants in Connecticut, Indiana, Louisiana, Pennsylvania and Texas – will get away with “murder.”

Exide’s bankruptcy status protects the company from non-criminal lawsuits.

“They [regulators] had more than enough reason to close the plant down, why did they need this agreement,” questions Cano. “We had a right to sue and that right was taken away from us” by the federal agreement.

Assemblymembers Cristina Garcia and Miguel Santiago plan to introduce legislation to mandate a fee on car batteries sold in California to pay for the Exide cleanup. The measure would create a state mandated Lead-Acid (Car) Battery Recycling program, and have $1 of every fee go to re-pay the $176.6 million loan and any other industry contamination.

“We matter we are not going to wait any longer,” for cleanup, Garcia told EGP. “We shouldn’t be punished for our zip code.”1

Drivers Have A Role In Arroyo Seco Parkway Safety

February 25, 2016 by · Leave a Comment 

The Arroyo Seco Parkway or State Route 110 is hailed as the first freeway of the west and a vital artery that connects Los Angeles to Pasadena. Despite being seen as an engineering feat in the 1940’s, today its design is considered outdated, and to many, a winding series of safety hazards.
“We have to understand that when it was built, cars were not going that fast. Old Model T’s would usually get up to 30 mph at the max,” said Los Angeles Councilman Gil Cedillo, who represents some of the communities adjacent to Arroyo Seco Parkway.

The safety concerns experienced today can be seen at hairpin exits like the one at Avenue 43, which inspired a group of local residents to start a petition drive in December 2014 to urge Senate Pro Tem Kevin De Leòn to secure state funding for Caltrans — the state agency charged with maintaining freeways and highways — to make improvements and add more exits to the parkway to make it safer.

“I know there are concerns about it and heard about it at different meetings,” acknowledges Cedillo, who adds that management of the parkway is not the city of Los Angeles’ responsibility, but the state’s.

“I’ve taken these concerns to the  senator [Kevin de Leon] who is very powerful and can have an impact and influence on those matters.” Cedillo told EGP.

There has been some action by Caltrans to make the Arroyo Seco Parkway a safer place to drive. In 2012, Caltrans released the Arroyo Seco Corridor Partnership Plan, which among other things included the goal of preserving the parkway’s historical value and usefulness to the surrounding communities while making it safer.

Four years later, safety issues remain, prompting Cedillo to say more needs to be done to figure out “what mitigations can be implemented” to improve safety, and “how it relates to the important arteries that bring people into the city.”

He points out, however, that design changes alone to make the Arroyo Seco Parkway more suited to handle modern day traffic will not make the parkway accident free; motorists also need to take it upon themselves to be safe.

“Driving a two-ton vehicle is inherently dangerous. That’s why there’s rules and regulations like seatbelts and not driving under the influence,” Cedillo said.

“We have a very skilled department of transportation that works with Caltrans and the LAPD, but so much of the safety is dependent on the people. We can make all the rules and regulations, but if people don’t comply, particularly when it’s raining and people don’t pay attention to what they’re doing, that’s where accidents happen.”

“I was talking about this with the LAPD [Los Angeles Police Department],” he said, “when people use their cellphones it takes their focus away from the road.”

The councilman recommends people try to drive less in rainy weather and not rely so heavily on cellphone and navigation apps to get them where they are going.

“We have bad cultural practices in our community that makes us lazier and we need to exercise more self help and responsibility,” he said. He noted that many accidents can be attributed to “poor decision making” by motorists and pedestrians, and cited crossing the street in the middle of the block instead of at a crosswalk that might just be a few feet away, or texting or talking on a cellphone while driving as examples of bad behavior.

So while many of the problems experienced on the Arroyo Seco Parkway can be blamed on its outdated design, which many residents argue must change, the effort to make the Arroyo Seco Parkway a safer place for everyone will require cooperation from both residents, the city, and the state to make a real difference.

Martin Baeza is a senior at Academia Avance Charter School in Highland Park, He is interning at Eastern Group Publications as part of the school’s “Work Educational Experience Project.”

Limpieza de Contaminación de Exide es el ‘Primer Paso’

February 25, 2016 by · Leave a Comment 

Durante años las comunidades que rodean a la actualmente cerrada planta Exide Technologies en Vernon han estado luchando para ser escuchadas; primero para forzar la clausura de la planta, después para asegurar una rápida limpieza a fondo de los barrios contaminados por las emisiones tóxicas—algo que muchos creen se estancó debido a la falta de financiación y un sentido de urgencia por parte de oficiales estatales.

Sin embargo, el miércoles el gobernador de California, Jerry Brown dio un paso histórico al abordar la contaminación de Exide proponiendo el gasto de $176,6 millones para acelerar y ampliar pruebas y la limpieza de viviendas, escuelas, guarderías y parques en un radio de 1,7 millas alrededor de la planta de reciclaje de baterías.

Read this article in English: Activists Call Funds for Exide Cleanup Just the ‘First Step’

El plan de gasto multimillonario se detalla en una carta al Senado del Estado de California y a los presidentes del Presupuesto de la Asamblea y del Comité de Asignaciones. Los fondos estarán bajo la forma de un préstamo del Fondo General, y California “vigorosamente perseguirá a Exide y otras partes responsables potenciales para recuperar los costos de esta limpieza”, según la carta del gobernador.

“Esta planta de reciclaje de baterías Exide ha sido un problema desde hace mucho tiempo”, dijo el gobernador Brown en su primera declaración pública sobre Exide. “Con este plan de financiación, estamos abriendo un nuevo capítulo que ayudará a proteger a la comunidad y hacer responsable a Exide”.

Bárbara Lee, directora del Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) del estado le dijo a reporteros el miércoles que la nueva financiación permitirá a DTSC a contratar a personal adicional para examinar las propiedades restantes en la zona de contaminación y remover el suelo contaminado de 2.500 propiedades marcadas como prioridad.

Actualmente, DTSC sólo tiene dos equipos asignados para la descontaminación a gran escala, pero Lee dijo el miércoles que ese numero podría aumentar hasta por 40 grupos limpiando una propiedad por semana cada uno.

Funcionarios electos y activistas se reunieron afuera de la iglesia de la Resurrección para celebrar la acción tomada por el gobernador sobre Exide. (EGP foto por Nancy Martínez)

Funcionarios electos y activistas se reunieron afuera de la iglesia de la Resurrección para celebrar la acción tomada por el gobernador sobre Exide. (EGP foto por Nancy Martínez)

El gobernador, junto a agencias estatales encargadas de velar por la limpieza de la contaminación generalizada, han sido criticados fuertemente por los residentes, activistas ambientales y funcionarios electos estatales y locales decepcionados con la reacción del Estado a una “epidemia” que ha contaminado hasta 10.000 hogares y expuesto hasta 2 millones de personas en el este y sureste de Los Ángeles a niveles tóxicos de plomo, arsénico y otros químicos.

Mientras algunos aplauden la propuesta del gobernador, la decisión es agridulce.

“Nuestras comunidades han estado luchado durante décadas contra Exide, y con el anuncio de hoy del gobernador Brown, está claro que ha escuchado nuestras llamadas para una limpieza rápida y completa”, dijo Mark López, director ejecutivo de East Yards Comunidades para la Justicia Ambiental.

López dijo que la financiación no es suficiente para completar la limpieza, sino que es el “siguiente paso hacia un largo camino a la justicia en este tema”, después de años de no proteger a la comunidad de Exide y enviar un mensaje claro de que la limpieza será ahora una prioridad para el estado.

El líder del Senado Kevin de León aplaudió al gobernador por el reconocimiento de la “necesidad urgente” de acción de emergencia. Conversaciones en curso con la oficina del gobernador llevaron a lo que ocurrió este día, dijo el senador. “La legislación Urgencia” para apropiar los fondos que se introducirán dentro de la próxima semana más o menos, De León le dijo a los reporteros.

Eso es una buena noticia para los residentes de Boyle Heights quienes el lunes le dijeron a EGP que se habían cansado de asistir a reuniones, y sintieron que era el momento de obtener el peso del gobierno federal detrás de ellos después de no ver ninguna acción real por años de parte de sus funcionarios elegidos.

“Necesitamos que el gobierno federal saque a DTSC fuera de la ecuación y manejen [el problema] ellos mismos”, dijo Terry Cano el lunes.

“Creo que ellos creen que si cierran los ojos y lo ignoran, nosotros nos cansaremos”, dijo Joe González, quien dice que tiene cáncer y tan sólo dos meses de vida.

La comunidad culpa a las agencias reguladoras estatales por permitir a Exide que operara durante 33 años bajo un permiso temporal, a la vez que violaba pese a las reiteradas violaciones de las emisiones contaminantes del aire y el manejo de los residuos o años peligrosos, arrojando niveles tóxicos de plomo, arsénico y otras sustancias químicas que pueden producir cáncer y enfermedades neurológicas en las comunidades de la clase trabajadora en su mayoría de Boyle Heights, Maywood, Commerce, Bell, Huntington Park y el Este de Los Ángeles.

El viernes pasado, diciendo que ya estaba impacientado con DTSC, el concejal de Los Ángeles José Huizar entrometió una resolución firmada por cinco de sus colegas instando al Estado a actuar con rapidez para asignar fondos. Huizar, quien representa y el mismo es un residente de Boyle Heights, también pidió que el abogado de la ciudad Mike Feuer explorara cualquiera de las opciones legales que tiene la ciudad.

Lee respondió a las críticas del gobernador el martes por la noche en una reunión del Comité de la Comunidad Asesor Independiente de Exide.

“Se ha pasado horas hablando de Exide, trabajando en lo que quiere proponer”, dijo, antes de aludir a un anuncio inminente.

Ayer, dijo a periodistas que la propuesta de Brown es un “gran peldaño” para el Estado y una indicación del grado de compromiso que el gobernador tiene con la limpieza.

De León dijo el miércoles que el estado trabajará en estrecha colaboración con el Procurador de EE.UU. para asegurar que Exide haga honor a su acuerdo para pagar la limpieza, o se enfrentan a cargos criminales federales.

La congresista Lucille Roybal-Allard imploró a legislaturas estatales que aprueben de inmediato los fondos para acelerar la limpieza.

“La salud y el bienestar de nuestras comunidades depende de una acción rápida y sostenida por el estado”, dijo. “Hasta la fecha, los esfuerzos del estado han sido peligrosamente lentos y con fondos insuficientes”.

La Ciudad de Commerce emitió un comunicado llamando a la contaminación un “desastre ambiental”, añadiendo que la pruebas y limpieza han sido un “proceso largo y arduo”. El martes, el Consejo pidió al personal que discuta con el estado expandir sus áreas de examen en Commerce.

La asambleísta Cristina García dijo que planea trabajar con sus colegas para crear una exención de CEQA necesarios para efectuar rápidamente las pruebas y limpieza de estas casas.

García y el asambleísta Miguel Santiago planean introducir una legislación proponiendo un impuesto de baterías.

“Esta medida crearía un programa de reciclaje de baterías de plomo-ácido (de carros) por el estado y tienen $1 de ese fondo para volver a pagar el programa de préstamo de $ 176,6 millones”, anunció.

Adicionalmente al examen y limpieza Lee explicó que parte de la financiación de los $176 millones también será utilizada para el desarrollo del personal y la capacitación para el empleo destinado a residentes locales y empresas para ayudar a revitalizar la comunidad. Lee también anunció que el estado está buscando la manera de mejorar la forma de gestionar los residuos y reducir la exposición de plomo, personal adicional está identificando actualmente cómo los fabricantes pueden hacer baterías más seguras para los seres humanos y el medio ambiente.

El anuncio de Brown se produjo después de que la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles votara para enviar una carta a Brown y a los líderes legislativos, pidiendo que se asignen más fondos para los esfuerzos de limpieza, diciendo que los $8.5 millones de dólares propuestos originalmente por el gobernador eran inadecuados.

“Durante mucho tiempo hemos visto dos Américas: una en la que los barrios ricos reciben ayuda inmediata y alivio. La otra América se compone de familias obreras pobres que sufren en silencio”, dijo Solís. “El anuncio de hoy del gobernador reconcilia estas dos Américas”.

La semana pasada por primera vez desde que asumió el cargo, el alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti se reunió con algunos residentes de Boyle Heights decepcionados por la falta de acción en nombre de la ciudad.

Garcetti le dijo a EGP que ha dirigido a la Oficina de Saneamiento de LA a trabajar con líderes de la comunidad, Salud Pública del Condado y el DTSC para ayudar a las pruebas de avance y la limpieza y los planes para lanzar una campaña de educación pública para asegurar que más residentes sean analizados para determinar la contaminación por plomo.

“Nadie debería tener que vivir con el temor de riesgos graves para la salud en su propia casa y ningún niño debe ser despojado de la alegría de jugar en su propio patio”, Garcetti le dijo a EGP. “Los que viven en Boyle Heights y las comunidades de los alrededores merecen algo mejor”.

La directora adjunta de DTSC para la Justicia Ambiental y Asuntos Tribales Ana Mascareñas dijo que la agencia está considerando la realización de eventos a gran escala, tales como ferias de salud y centros abiertos de recursos para permitir que los residentes visiten y obtengan información sobre el proceso de limpieza.

Exide acordó en marzo cerrar su planta de reciclaje de baterías de plomo-ácido y pagar $50 millones para la limpieza del sitio y los barrios aledaños.

De esa cantidad, $26 de millones es para ser combinado con $11 millones que en la actualidad están en fideicomiso para cerrar con seguridad la planta, de acuerdo con el DTSC. En agosto, Exide, que se declaró en quiebra en 2013, había pagado $ 9 millones de dólares en un fideicomiso y otros $5 millones se deben pagar en marzo de 2020, según los funcionarios del Estado.

El residente de Boyle Heights Frank Villalobos le dijo a EGP que él estaba eufórico por el anuncio, pero señaló que los fondos sólo abordarán el impacto a la propiedad no a los permanentes daños que residentes enfrentan con las enfermedades causadas por la contaminación.

Por ahora, “nuestras oraciones han sido contestadas”, dijo. “El estado está ahora comenzando a mostrar preocupación”.

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Twitter @nancyreporting

nmartinez@egpnews.com

Exide: State to Fund $176M to Speed Up Testing, Cleanup

February 18, 2016 by · Leave a Comment 

For years, communities surrounding the now-shuttered Exide Technologies plant in Vernon have fought to be heard: first to force the closure of the facility and then to ensure a thorough, swift cleanup of neighborhoods contaminated by toxic emissions — something many believe was stalled due to a lack of funding and sense of urgency on the part of state officials.

On Wednesday, Gov. Brown at long last took a major step to address Exide’s contamination by proposing the state spend $176.6 million to expedite and expand testing and cleanup of residential properties, schools, daycare centers and parks in the 1.7-mile radius surrounding the battery recycling plant.

The multi-million dollar spending plan is detailed in a letter to the California State Senate and Assembly Budget and Appropriations Committee chairs. The funds will be in the form of a loan from the General Fund, and California will “vigorously pursue Exide and other potential responsible parties to recover the costs of this cleanup,” according the governor’s office.

The now-closed Exide Technologies plant is located at 2700 South Indiana St. in Vernon. (Department of Toxic Substances Control)

The now-closed Exide Technologies plant is located at 2700 South Indiana St. in Vernon. (Department of Toxic Substances Control)

“This Exide battery recycling facility has been a problem for a very long time,” said Brown in his first public statement on Exide. “With this funding plan, we’re opening a new chapter that will help protect the community and hold Exide responsible.”

Barbara Lee, director of the state’s Department of Toxic Substances Control told reporters Wednesday the new funding will allow DTSC to hire more staff to test the remaining properties in the contamination zone and to remove lead-tainted soil from 2,500 properties labeled highest priority.

So far, close to 200 homes in Boyle Heights, East Los Angeles, Commerce, Maywood and Huntington Park have been cleaned since the plant was forced to close in April 2015, according to DTSC. Currently, DTSC only has two crews assigned to the large-scale decontamination, but Lee said that number could go up to as many as 40 crews cleaning at least one property each per week.

Senate leader Kevin de Leon applauded the governor for recognizing the “urgent need” for emergency action. Ongoing talks with the governor’s office led to this day, the senator said. “Urgency legislation” to appropriate the funding will be introduced within the next week or so, de Leon told reporters.

While the governor’s proposal is widely welcomed, it’s also bittersweet.

Especially for residents and environmental activists who for years heavily criticized Brown and state agencies overseeing the cleanup for their slow response to the Exide “epidemic,” which may have contaminated 10,000 homes and exposed as many as 2 million people in East and Southeast Los Angeles communities to toxic levels of lead, arsenic and other chemicals.

Brown’s long silence on Exide irked eastside residents who saw his rapid response to the SoCal Gas Co. gas leak in more affluent Porter Ranch and emergency declaration to marshal state resources to deal with the catastrophe as confirmation that there’s a double standard when it comes to the treatment of poor people and communities of color.

“Our communities have been fighting Exide for decades, and with today’s announcement from Governor Brown, it is clear he has heard our calls for swift and comprehensive cleanup,” said Mark Lopez, executive director of East Yards Communities for Environmental Justice.

Lopez, however, pointed out that the funding is not enough to complete the entire cleanup, but called it the “next step in the long road to justice on this issue” after the state failing for years protect the community from Exide. It sends a clear message that the cleanup will now be a priority for the state, Lopez said.

Brown’s proposal comes just two days after a group of Boyle Heights residents told EGP they had grown tired of attending meetings and hearings, and felt it was time to get the weight of the federal government behind them after seeing no real action for years from their elected officials.

“We need the federal government to take DTSC out of the equation and handle it themselves,” Terry Cano said Monday.

“I think they believe if they close their eyes and ignore it, we’ll just die out,” said Joe Gonzalez, who says he has cancer and just two months to live.

They blame state regulatory agencies for allowing Exide to operate for 33 years on a temporary permit, all the while spewing toxic levels of lead, arsenic and other chemicals known to cause cancer and neurological diseases and learning disabilities in the mostly working-class communities.

Last Friday, saying he too had grown impatient with DTSC, Los Angeles Councilman Jose Huizar intruded a resolution signed by five of his colleagues urging the state to move quickly to allocate funding. Huizar, who represents and is himself a resident of Boyle Heights, also asked that City Atty. Mike Feuer explore what if any legal options the city has.

Huizar said Wednesday the much-needed funds “do right by communities that for so long suffered undue harm because of Exide’s negligence and a complicit state agency that failed to regulate the battery recycling company,” He’s looking forward to seeing a timeline that spells out when testing and remediation will start and how long it will take.

Lee responded to criticism of the governor Tuesday night at a meeting of the Independent Exide Community Advisory Committee.

“He’s spent hours talking about Exide, working on what he wants to propose,” she said before alluding to an impending announcement.

Yesterday she told reporters Brown’s proposal is a “big milestone” for the state and an indication of how committed the governor is to the cleanup.

DTSC workers clean a Boyle Heights home. (DTSC)

DTSC workers clean a Boyle Heights home. (DTSC)

De Leon said Wednesday that the state would work closely with the U.S. Attorney to ensure Exide lives up to its agreement to pay for the cleanup, or face federal criminal charges.

Congresswoman Lucille Roybal-Allard implored state legislatures to immediately approve funding to expedite the cleanup.

“The health and well-being of our communities depends on swift and sustained action by the state,” she said. “To date, the state’s effort has been dangerously slow and underfunded.”

The city of Commerce released a statement calling the contamination an “environmental disaster,” adding the testing and cleanup has been a “long and arduous process.” On Tuesday, the council asked staff to discuss with the state expanding its targeted areas in Commerce.

“This long-fought victory is a result of Assembly, Senate and local officials working together to raise the fierce urgency of this issue to the Governor,” said Assembly Speaker-Elect Anthony Rendon (D-Paramount) said in response the Brown’s proposal.

Rendon also singled out Assemblymembers “Miguel Santiago and Cristina Garcia for their relentless devotion to restoring justice to East and Southeast L.A. residents victimized by the illegal behavior of Exide management.”

Garcia said Wednesday she plans to work with her colleagues to create a necessary CEQA exemption to expedite the testing and cleanup of these homes.

Garcia and Assemblyman Miguel Santiago also plan to introduce legislation to mandate a fee on car batteries sold in California.

“This measure would create a state mandated Lead-Acid (Car) Battery Recycling program, and have $1 from that fund go to re-pay the $176.6 million loan program,” she announced.

In addition to testing and cleanup, Lee said some of the $176 million would go toward workforce development and job skills training for local residents and businesses to help revitalize the community. Lee also announced the state is looking at ways to improve how they manage waste and reduce the exposure of lead, adding staff is currently identifying how manufacturers can make batteries safer for humans and the environment.

Brown’s announcement came after the Los Angeles County Board of Supervisors voted to send a letter to the governor and legislative leaders, calling for them to allocate more funding for the cleanup effort, saying the $8.5 million originally proposed by the governor was inadequate.

“For too long we have seen two Americas: one in which affluent neighborhoods get immediate help and relief. The other America is made up of poor working-class families who silently suffer,” Solis said. “Today’s announcement from the Governor reconciles these two Americas.”

Last week for the first time since taking office, Los Angeles Mayor Eric Garcetti met with Boyle Heights residents disappointed by the city’s lack of action on their behalf.

Garcetti told EGP he has directed the L.A. Bureau of Sanitation to work with community leaders, County Public Health and DTSC to help advance testing and cleanup and plans to launch a public education effort to ensure that more residents are tested for lead contamination.

“No one should have to live in fear of serious health risks from their own home and no child should be robbed of the joy of playing in their own backyard,” Garcetti told EGP. “Those who live in Boyle Heights and the surrounding communities deserve better.”

DTSC’s Assistant Director for Environmental Justice and Tribal Affairs Ana Mascareñas said the agency is considering holding large-scale events such as health fairs and opening resource centers to allow residents to drop in and get information about the cleanup process.

Exide agreed in March 2015 to close its lead-acid battery recycling plant and pay $50 million for cleanup of the site and surrounding neighborhoods.

Of that amount, $26 million is to be combined with $11 million currently in trust to safely close the plant, according to DTSC. As of August, Exide, which filed for bankruptcy in 2013, had paid $9 million into a trust and another $5 million is due to be paid in by March 2020, according to state officials.

Longtime Boyle Heights resident Frank Villalobos told EGP he was elated by the announcement but pointed out the funds will only address the impact to property and not the permanent damage residents face with illnesses caused by the contamination.

For now, “our prayers have been answered,” he said. “The state is now starting to show concern.”

Activistas Evalúan Positivamente a Legisladores del Este y Sureste de Los Ángeles

January 28, 2016 by · Leave a Comment 

Activistas de Los Ángeles dieron a conocer el martes una evaluación de los legisladores de California según su votación en 23 propuestas sobre temas de interés para los inmigrantes del estado.

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA, en inglés) registró la forma en que los legisladores votaron en propuestas que “impactan a los inmigrantes y sus niños en áreas de justicia criminal y ambiental, acceso a beneficios públicos y derechos civiles y laborales”.
De acuerdo con la calificación elaborada por los activistas, solo 10 de los 80 miembros de la Asamblea de California recibieron un puntaje del 100% por votar a favor en todas las medidas analizadas por el Fondo.

El recientemente elegido presidente de la Asamblea, el demócrata Anthony Rendón, del Distrito 63, encabezó el grupo de asambleístas que votaron a favor en todas las medidas contempladas.

De los 40 miembros del Senado, 13 legisladores recibieron un puntaje de 100%, en un grupo liderado por el presidente encargado del órgano legislativo, el demócrata Kevin de León, del Distrito 24.

Una de estas propuestas fue la SB 4, que extendió la cobertura de salud a todos los niños inmigrantes o la AB 953 que busca disminuir la discriminación por perfil racial.

“La tarjeta de calificación está diseñada para ofrecer información al público sobre cómo sus legisladores votaron en leyes que cubren estos importantes temas”, señaló Angélica Salas, presidenta del Fondo de Acción de CHIRLA.

Los que peor calificaron fueron en general los asambleístas representantes como Frank Bigelow (Distrito 5), con el 28%, o Bill Brough (73), con el 25, mientras que en el Senado estatal aparecen Sharon Runner (21) y Mike Morrell (23), ambos con el 31%.

Diana Colin directora de Programas del Fondo de Acción de CHIRLA dijo que este análisis apunta a un estado donde el “liderazgo de la mayoría de los demócratas hacia la integración de los inmigrantes es como ninguno otro nacionalmente”.

Nuevas Leyes en 2016 que Afectan a Latinos en California

January 7, 2016 by · Leave a Comment 

Entre las nuevas leyes que empezarán a regir en California el año 2016, no son pocas las que afectan a la comunidad hispana, algunas de manera directa como la que ordena el entrenamiento de los policías bajo un enfoque de “sensibilidad cultural”.
Las leyes SB 11 y SB 29, presentadas por el senador demócrata Jim Beall, “reconocen la diversidad cultural de California” y requieren que el entrenamiento sea “adecuado culturalmente”, además de ordenar un incremento de las horas de formación de los futuros policías en temas relacionados con el comportamiento y el estado de salud mental de una persona.

A su vez, presentada por el presidente encargado del Senado, el demócrata Kevin de León, la norma SB 674 permite que los inmigrantes víctimas de ciertos delitos graves tengan la oportunidad de aplicar para la Visa de Víctimas de Delitos (conocida como Visa U), pero recalca que el beneficiario debe ayudar en la investigación del sospechoso.
La ley incluye delitos como violencia doméstica, secuestro, extorsión, asalto agravado, fraude en contratación de trabajo, incesto, asalto, y explotación sexual y tráfico de personas.

La activista Gloria Saucedo, presidenta de Hermandad Mexicana Transnacional del Valle San Fernando, al norte de Los Ángeles, aseguró a Efe que “la mayoría de las víctimas que califican para la Visa U son muy temerosas para pedir los formularios y la certificación ante la policía” y espera que la medida rompa esas barreras.

Con el fin de proteger a los niños de California de enfermedades contagiosas que pueden resultar fatales, la ley SB 792 promovida por el demócrata Tony Mendoza obliga a los trabajadores y voluntarios de las guarderías y centros de cuidado infantil a estar vacunados contra la gripe, el sarampión y la tos ferina.
Amanda Packer, quien maneja un centro de cuidado infantil y formó parte de una campaña opositora a la medida, aseguró que los trabajadores de las guarderías, muchos de ellos hispanos, “no deberían tener que escoger entre una vacuna y su trabajo o ser voluntarios”.
La polémica que rodeó esta medida también se reflejó en la SB 277, del senador demócrata Richard Pan, que elimina la excepción de creencias personales para la aplicación de las vacunas exigidas por el sistema de escuelas públicas de este estado.

“Las ciencia es clara en que las vacunas protegen dramáticamente a los niños contra un número de infecciones y enfermedades peligrosas”, argumentó el gobernador Jerry Brown al firmar la medida.

Por su parte, la norma AB 71, que entró en vigor el 1 de enero, exige informes detallados de las situaciones en las que los agentes del orden sostengan enfrentamientos con armas de fuego con civiles, los cuales posteriormente serán volcados en un portal en internet.
En lo que representó un alivio para algunos estudiantes de secundaria, la senadora Carol Liu logró la aprobación de la SB 172 que suspendió el Examen de Egreso de Preparatoria de California y ordenó al superintendente de Instrucción Pública que un grupo especial actualizará el examen bajo estándares actuales.

Por el contrario, una medida que ha generado descontento entre muchos padres de familia hispanos tiene que ver con el monopatín electrónico (“hoverboard”), cuyo uso queda reglamentado en la norma AB 604, de la republicana Kristin Olsen.

“Cómo es posible que recién ahora nos vengan a decir que para usar una ‘hoverboard’ hay que ser mayor de 16 años y que no se puede utilizar en las calzadas”, afirmó a Efe Laura Sierra, una madre que regaló el monopatín a su hija de 10 años.

Otras medidas que comenzaron a regir el 1 de enero incluyen el aumento de salario mínimo a 10 dólares la hora, así como el pago de tiempo de descanso compensatorio a los trabajadores a los que se remunera por pieza.

Reembolsos Podrían Hacer que Autos ‘Verdes’ Sean Más Asequibles

October 15, 2015 by · Leave a Comment 

Cuando el residente de Los Ángeles Mark Panes se enteró de un programa que ofrece un descuento para intercambiar vehículos como su 2000 Isuzu Rodeo SUV por modelos más nuevos de cero o baja emisión, no dudó en buscar los detalles. Dos semanas después de llenar una solicitud y obtener ayuda de un representante del Distrito de Administración de la Calidad del Aire, Panes cambió a un 2013 Chevy Volt híbrido bajo el programa “Reemplace su Vehículo”.

“El proceso fue muy fácil, te dicen exactamente lo que necesitas proveer y si cumples con los requisitos en materia de ingresos puedes aplicar”, el joven de 25 años de edad le dijo a EGP.

Read this article in English: Rebates Could Make ‘Green’ Cars More Affordable

En un esfuerzo por eliminar “los vehículos viejos, altamente contaminantes” de las calles, el Distrito de Administración de la Ciudad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD) lanzó el programa hace cinco meses para ayudar a familias de bajos y moderados ingresos que viven bajo su jurisdicción—condados de Orange, Riverside, San Bernardino y algunas zonas de Los Ángeles—comprar autos más limpios que son 2007 o más recientes y dan por lo menos 20 millas por galón dependiendo en el modelo y año. También ofrece incentivos para vehículos eléctricos e híbridos.

El domingo, durante la Feria Ambiental de Recursos Verdes en Mariachi Plaza, funcionarios electos y representantes de diferentes entidades brindaron ayuda a los interesados ??en los programas de subsidios que reducen el precio de compra de vehículos de cero o bajas emisiones.

Al igual que Panes, Eduardo Hernández recientemente cambió su 2004 Kia ??por un 2011 Nissan Leaf eléctrico con la ayuda de un rebate que recibió del programa Reemplace su Vehículo.

Él le dijo a EGP, que espera que en el futuro cuando sus tres hijos crezcan puedan disfrutar de un mejor medio ambiente.

“Independientemente del valor del vehículo, tenemos que ser conscientes del medio ambiente”, dijo Hernández recordando que en un principio tenía dudas sobre el programa, pero finalmente aceptó y no se arrepiente.

“Tenemos que ser conscientes de que tenemos que poner nuestra parte, porque nos estamos acabando este mundo”, dijo.

Eduardo Hernández (der.) dijo que recientemente compró un 2011 Nissan Leaf eléctrico con la ayuda de reembolsos del programa Reemplace su Vehículo. (EGP foto por Jacqueline García)

Eduardo Hernández (der.) dijo que recientemente compró un 2011 Nissan Leaf eléctrico con la ayuda de reembolsos del programa Reemplace su Vehículo. (EGP foto por Jacqueline García)

El programa Reemplace su Vehículo de $4.23 millones ha dado hasta el momento alrededor de 122 vales con un valor de más de $800,000 para el intercambio de vehículos viejos por modelos más nuevos u otras opciones de transporte, de acuerdo con Sam Atwood, vocero de SCAQMD.

Los incentivos van de $2,500 a $5,000.

Funcionarios locales y estatales dicen que tienen un enorme interés en traer programas como este a residentes de Boyle Heights, el cual obtuvo el noveno lugar en contaminación de acuerdo a la Oficina de Evaluación de Riesgos de Salud Ambiental.

Boyle Heights con una población de más de 90,000—y 75% de los residentes como inquilinos—es conocido como una vecindario altamente contaminado, rodeado de cuatro autopistas principales; 5 (Santa Ana/Golden State), 101 (Hollywood), 60 (Pomona) y 10 (Santa Monica/San Bernardino).

La contaminación del aire está relacionada con una amplia gama de efectos negativos para la salud, tales como defectos de nacimiento y nacimiento prematuro, condiciones del pulmón y corazón, incluso la muerte temprana, de acuerdo con la Junta de Recursos del Aire de California.

Tener programas disponibles, tales como el de Reemplace su Vehículo permite a las comunidades de bajos ingresos empezar a hacer cambios positivos, dijo el senador interino Kevin de León, quien también representa a Boyle Heights.

“A veces, estos vehículos están fuera de su alcance debido al costo”, el senador le dijo a EGP. “Necesitamos vehículos que no desprendan tantos contaminantes en el aire que nuestro hijos respiran…el asma es muy alto aquí, queremos cambiar las políticas del cambio climático”.

Atwood le dijo a EGP que SCAQMD ha estado trabajando con diferentes agencias para poner estaciones de carga o enchufes de corriente de carga en viviendas multifamiliares.

“Algunos propietarios [de edificios] han permitido tal despliegue”, dijo. “Varias empresas como Charge Point y otros están desarrollando un programa especialmente diseñado para viviendas multifamiliares”.

Hasta ahora el programa ha procesado varios vales para estaciones de carga en el hogar para uso en viviendas multifamiliares, dijo Atwood.

Adicionalmente, la iniciativa de De León Charge Ahead California (SB 1275) ayuda a garantizar la financiación necesaria para asegurarse que California se convierta en el primer estado de la nación, con un millón de vehículos eléctricos y establece un límite de ingresos rentable para estirar el valor de los dólares públicos para incentivar la compra de vehículos limpios.

En un esfuerzo por incluir más vehículos híbridos y eléctricos en las calles, programas como el de Reemplace su Vehículo ofrecen incentivos para su compra o para la instalación de cargadores eléctricos en el hogar. (EGP foto por Jacqueline García)

En un esfuerzo por incluir más vehículos híbridos y eléctricos en las calles, programas como el de Reemplace su Vehículo ofrecen incentivos para su compra o para la instalación de cargadores eléctricos en el hogar. (EGP foto por Jacqueline García)

En una comunidad donde la mayoría de viviendas son de alquiler, es muy difícil cargar los vehículos en casa dijo el senador. “Queremos construir centrales eléctricas por todos lugares”.

“Mi proyecto de ley permite a los inversores construir infraestructura eléctrica, estaciones eléctricas, tal como vemos gasolineras veremos gasolineras eléctricas”, De León le dijo a EGP.

SCAQMD en conjunto con el Departamento de Agua y Energía ofrecen otro reembolso de hasta $2,000 para la instalación de un cargador de casa para los propietarios que escojan un vehículo eléctrico.

El precio medio de cargar eléctricamente versus gas depende del tipo de carro y la cantidad de carga necesaria, advirtió.

Por ejemplo, la carga pública varía de ser gratuita a $0.50/Kwh o más alto”, dijo. “El costo de carga típica puede variar entre $0.50 a $3.00 dependiendo de qué tan descargada esta la batería del vehículo eléctrico”, agregó.

En Boyle Heights hay algunas estaciones de carga eléctrica entre ellos el Carls Jr. En la esquina de las calles Cuarta y Soto y el Campus Médico de la USC y 10 estaciones eléctricas más a menos a dos millas de distancia, de acuerdo con el Centro de Datos de Combustible Alternativo.

El uso del auto eléctrico esta, poco a poco llegando a ser una industria en crecimiento, Rick Coca, portavoz del concejal José Huizar le dijo a EGP.

“Una gran parte del trabajo en este esfuerzo se está haciendo a nivel estatal y apoyamos al senado interino De León por su liderazgo”, agregó.

“El concejal Huizar apoya todos los esfuerzos de energía verde en nuestras comunidades”, dijo.

Dr. William A. Burke, presidente de SCAQMD quien también asistió al evento el domingo, le dijo a EGP que el propósito del programa es “hacer vehículos de combustible alternativo asequibles para toda la población”, y Boyle Heights—conocido como uno de los vecindarios más contaminados—es un buen lugar para “empezar a reducir los contaminantes”.

Para calificar para el programa, las personas deben tener un ingreso familiar igual o inferior al 400 por ciento del nivel federal de pobreza (FPL). Por ejemplo, una familia de cuatro miembros que gana entre $50,000 y $95,000 puede calificar. Algunas pruebas de ingresos es el formulario del IRS 1040 o la forma estatal de California 540, según el sitio web del programa.

Para quienes no están interesados en comprar un nuevo auto pero tienen un vehículo que califique, pueden ser elegibles para hasta $ 4,500 en los pases de transporte público o vales de autos compartidos como el Zipcar dependiendo en su nivel de ingresos.

SCAQMD espera retirar entre 550 y 1,000 vehículos como parte de este programa.

 

Para más información sobre el programa visite: www.replaceyourride.com.

Para encontrar estaciones de carga eléctrica cerca de su ciudad visite: http://www.afdc.energy.gov/locator/stations/

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Twitter @jackiereporter

jgarcia@egpnews.com

Rebates Could Make ‘Green’ Cars More Affordable

October 15, 2015 by · 1 Comment 

When Los Angeles resident Mark Panes heard about a program that offers rebates to exchange cars like his 2000 Isuzu Rodeo SUV for a zero- or low-emission newer model, he quickly looked into the details. Two weeks after filling out the application with help from an Air Quality Management District representative, Panes purchased a 2013 Chevy Volt Plug-in Hybrid with a voucher from the “Replace Your Ride” program.

“The process was very easy, they tell you exactly what you need to provide and if you meet the income qualifications to apply,” the 25-year old told EGP.

Lea este artículo en Español: Reembolsos Podrían Hacer que Autos ‘Verdes’ Sean Más Asequibles

South Coast AQMD earlier this year launched the Replace Your Ride program to help low- and moderate-income families living in their jurisdiction — Orange County, Riverside, San Bernardino and some areas of Los Angeles — purchase cleaner running vehicles made in or after 2007 that get at least 20 miles to the gallon depending on the model type and year. There are also incentives for electric, plug-in or hybrid vehicles.

During the Eastside Green Resource Environmental Fair Sunday at Mariachi Plaza in Boyle Heights, elected officials and others explained the benefits of energy saving programs and helped consumers fill out applications for rebates to lower the price tag for more fuel efficient vehicles and the installation of residential solar panels.

Like Panes, twenty-seven-year-old Eduardo Hernandez traded in his old 2004 Kia for a 2011 Nissan Leaf Electric with the help of a Replace Your Ride voucher.

He told EGP he made the switch so his three children will grow up in a healthier environment.

“Independent of the value of the vehicle, we need to be conscious of the environment,”  Hernandez said in Spanish. He at first doubted the program would work for him, but took a chance and now says he has no regrets.

Electric cars get energy boost at local environmental resource fair. (EGP Photo by Jacqueline Garcia)

Electric cars get energy boost at local environmental resource fair. (EGP Photo by Jacqueline Garcia)

 

“We have to be conscious that we need to do our part because we are destroying this world,” the young father said.

There is $4.23 million in rebates available to consumers through the Replace Your Ride program. To date, around 122 vouchers worth more than $800,000 have been awarded to help consumers exchange old vehicles for newer models or to pay for other transportation options, according to SCAQMD spokesman Sam Atwood. Incentives range from $2,500 to $5,000.

State and local officials say they have a strong interest in bringing programs like this to the residents of Boyle Heights, a Los Angeles neighborhood ranked 9th in pollution in California by the Office of Environmental Health Hazard Assessment.

Boyle Heights, with a population of over 90,000 — 75% of them renters — is surrounded by four major freeways: I-5 (Santa Ana/Golden State), U.S. 101 (Hollywood), I-60 (Pomona) and the I-10 (Santa Monica/San Bernardino). Air pollution is linked to a wide array of negative health effects such as premature birth and birth defects to lung and heart conditions, even early death, according to the California State Air Resources Board.

Programs like Replace Your Ride allows low-income communities to start making positive changes, said Senate Pro Tem Kevin de Leon, who represents Boyle Heights.

“Sometimes these vehicles have been out of reach because of the cost,” the senator told EGP. “We need vehicles that do not release so many contaminants into the air our children breath,” De Leon said. “Asthma is really high here, we want to change the policies of climate change.”

Cost is not the only concern for most people. Many wonder about the convenience of owning a vehicle that must be regularly charged, and where to do it. SCAQMD is working with various agencies to deploy/install charging stations or wall outlet charging units in multi-family dwellings, according to Atwood. Some property owners have already come on board, he said.

“Several companies, like Charge Point and others, are developing programs especially designed for multi-family dwellings,” Atwood told EGP.

Several vouchers for home charging units for use in multi-family dwellings have already been approved, Atwood said.

Mark Panes (der.)said he recently bought a hybrid plug in car with the rebate from Replace your Ride. (EGP photo by Jacqueline García)

Mark Panes (der.)said he recently bought a hybrid plug in car with the rebate from Replace your Ride. (EGP photo by Jacqueline García)

SB 1275, De Leon’s “Charge Ahead California Initiative,” includes funding to help California become the first state in the nation with one million electric vehicles by stretching valuable public dollars to incentivize clean car purchases.

“We want to build electric stations all over the place,” De Leon said. But that’s difficult in a community where a majority of residents are renters, he added.

“My bill allows investors to build electric infrastructure, electric stations,” the senator said. “Just as we see gas stations [everywhere], we will see electric gas stations” everywhere De Leon told EGP.

Working with the Los Angeles Department of Water and Power, SCAQMD is also offering rebates of up to $2,000 for homeowners to install a dedicated home electric vehicle battery charger. “A consumer may install a faster charging unit at home if desired,” Atwood said.

The average price of charging versus fueling depends on the type of car and amount of charging needed, he explained.

“For example, public charging ranges from free to $.50/Kwh or higher,” he said. “Typical charging costs can vary anywhere from $0.50 to $3.00 depending on how depleted the battery charge system is for the electric vehicle,” he added.

An Alternative Fuels Data Center map detailing the locations of public electric charging stations shows several spots in and around Boyle Heights, including the Carl’s Jr. on 4th and Soto Streets, and at the USC Health Sciences Campus, and as many as 10 others in 2-mile radius.

Electric car use is slowly but surely becoming a growing industry, Rick Coca, spokesperson for Councilman Jose Huizar told EGP.

“A lot of the work on this effort is being done on the state level and we support Senate Pro Tem De Leon for his leadership,” he said.

Coca said Huizar, as the former chair of the city’s Energy and Environmental Committee, led efforts to get Los Angeles stop using dirty coal energy by 2025. The councilman supports all green energy efforts in our communities. Coca said.

The purpose of these programs is to “make alternative fuel vehicles affordable to the whole population,” SCAQMD Chairman Dr. William A. Burke told EGP during Sunday’s event. Boyle Heights is a good place to “start reducing pollutants,” he said.

To qualify for the rebates, individuals must have a household income at or below 400 percent of federal poverty level (FPL). For example, a family of four making between $50,000 and $95,000 a year can qualify. Proof of income is required, according to the program website.

People not interested in buying a new car but take a qualifying vehicle off the road, may be eligible for up to $4,500 in pubic transportation passes or car sharing vouchers like the Zipcar depending on their income level.

SCAQMD expects to retire between 550 and 1,000 vehicles through the program.

For more information about the program, visit www.replaceyourride.com.

To find electric charging stations near your area visit http://www.afdc.energy.gov/locator/stations/

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Propuesta en California a Favor de Inmigrantes Victimas de Crimen

September 10, 2015 by · Leave a Comment 

La asamblea de California aprobó la semana pasada una propuesta que busca asegurar que cualquier inmigrante indocumentado víctima de un crimen en California tenga la oportunidad de solicitar una visa de permanencia.

La medida SB 674 presentada por el presidente encargado del Senado, el hispano Kevin de León, y la presidente de la Asamblea Toni Atkins, logró 66 votos a favor y ninguno en contra, y busca que sea obligatorio para las autoridades federales ofrecer a las víctimas de delitos graves la denominada Visa-U.

“Cada vez que un criminal queda libre porque la víctima teme a la deportación y a la policía estamos con un poco menos de seguridad”, argumentó el demócrata De León.

Para que las autoridades federales estudien la posibilidad de otorgar esta visa especial, se necesita que la víctima del delito quiera colaborar en la investigación y acuse legalmente a los posibles responsables.

Atkins resaltó que la oportunidad de esta visa se debe ofrecer a todas las personas víctimas de un delito calificado para su otorgamiento, sin importar en que área del estado reside la víctima.

“No debería importar dónde fue usted víctima de la violencia doméstica para calificar para la Visa-U”, explicó la demócrata.

Según se argumentó en la justificación de la medida, es necesario unificar los criterios de las autoridades locales para ofrecer la visa, ya que en algunos condados como Los Ángeles es de fácil acceso mientras en otros como Kern es sumamente difícil.

“Vemos políticas inconsistentes que dependen más de la inclinación de los órganos de aplicación local de la ley, que del duro esfuerzo que los sobrevivientes han hecho para cooperar con las autoridades”, señaló Michelle Carey, abogada sénior del Centro para la Ley y la Justicia de Los Ángeles.

Algunos de los delitos graves calificados para solicitar la Visa-U son el secuestro, la extorsión, el asalto agravado, la violencia doméstica, el fraude en contratación de trabajo, el incesto, el secuestro, el asalto o la explotación sexual y el tráfico de personas, entre otros.

“El miedo y la desconfianza son obstáculos para la administración de la justicia”, concluyó De León.

La medida, que pasa ahora al escritorio del gobernador Jerry Brown para su firma o su veto, forma parte de un paquete legislativo de 10 propuestas conocido como “Los inmigrantes dan forma a California”, presentado a la legislatura en abril pasado.

 

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