Desembragando a Boyle Heights: Grupo Presiona por Control Más Estricto de Alcohol

March 22, 2012 by · Leave a Comment 

Algunos cajeros son forzados a entregar cervezas a punta de pistola, existen fiestas alborotadoras impulsadas por alcohol a toda hora de la noche, y seguido se repiten las peleas emborrachadas y el orinar en público—estos son temas de la calidad de vida que Boyle Heights no tiene que tolerar, dijo una coalición a los residentes la semana pasada, y explicó que ellos tienen el poder para hacer a la comunidad más sobria.

Read this story IN ENGLISHSobering Up Boyle Heights: Group Pushes for Control of Alcohol In the Neighborhood

“Depende de nosotros, el pueblo, para decirle a nuestro gobierno… qué hacer con un bar. Repórtenlos…” si no están cumpliendo con la ley y si son una molestia, dijo Terry Márquez, residente de Boyle Heights, en una reunión reciente sobre el impacto del alcohol sobre la comunidad de Boyle Heights. “Es necesario que nos ayuden”, ella subrayó.

La Coalición de Boyle Heights para una Comunidad Segura y Libre de Drogas (Boyle Heights Coalition for a Safe and Drug-Free Community), que recientemente analizó los efectos del consumo de alcohol sobre la comunidad local, junto a la Asociación de Partes Interesadas de Boyle Heights (Boyle Heights Stakeholder Association) y otras organizaciones han iniciado una campaña para obtener apoyo para fomentar cambios a la política de ventas de alcohol a cada nivel, aquí, en el condado y por todo el estado.

“Este es un problema de la salud pública, cuanto más puntos de venta tenemos, cuanto más incidentes tenemos. Sabemos que tenemos un problema…” dijo el director de la coalición Denis Quiñónez, en la reunión del 15 de marzo realizada en la Iglesia de Resurrección.

Los grupos piden la ayuda del público para lograr los cambios. “Necesitamos que todos, toda la comunidad este a bordo”, dijo Quiñónez a EGP.

Aproximadamente 120 personas estuvieron presentes para la reunión del 15 de marzo realizada en la Iglesia de Resurrección. Foto de EGP por Gloria Angelina Castillo

La Coalición recientemente dio a conocer los resultados preliminares de un estudio que llevó acabo acerca de la disponibilidad de alcohol. Los datos muestran que durante un período de seis meses en el año 2011, hubieron dos delitos graves por conducir ebrio con lesiones, 349 violaciones de tráfico relacionados con el alcohol, y una variedad de otros crímenes donde el alcohol fue un factor en Boyle Heights.

La lista de delitos relacionados con el alcohol compilada para el período de abril a octubre en 2011, también incluye 43 incidentes en los que niños fueron golpeados o fueron lesionadas, y 197 incidentes de abuso conyugal, según la Coalición, que recibió una subvención del Departamento de Salud y Servicios Humanos para realizar el estudio.

La Coalición solicitó registros públicos de la Estación de Policía Hollenbeck en Boyle Heights para delinear las ubicaciones de los incidentes de delincuencia y su proximidad a los lugares donde se vendan bebidas alcohólicas.

Los datos preliminares muestran que Boyle Heights tiene una alta densidad de puntos de venta de alcohol al por menor y esta disponibilidad de alcohol está directamente relacionada a la seguridad pública, de acuerdo con Quiñónez.

No es raro tener más de un punto de venta de alcohol sobre una cuadra, de acuerdo con mapas detallados de la Coalición. Y en un tramo de dos millas de calle East 1st Street, desde Indiana hasta el Río Los Ángeles, hay alrededor de 31 licencias activas, de acuerdo con Arnulfo Delgado, empleado de la coalición.

Además de causar problemas de salud a la persona que consume el alcohol, las comunidades con alta densidad de puntos de venta de alcohol son de 9 a 10 veces más propensas a tener mayores tasas de crímenes violentos, de acuerdo con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

El abuso de alcohol en las comunidades también crea una declinación en la calidad de vida, por ejemplo: la perturbación de la paz, beber en público, orinar en público, peleas, violencia doméstica. Además, el alcohol también es conocida como una entrada para que los adolescentes consuman otras drogas.

La coalición, una rama de Salesian Boys & Girls Club, está especialmente preocupada por la venta de alcohol a menores de edad. “Muchos jóvenes con que hablamos nos dijeron acerca de las ubicaciones específicas donde tradicionalmente, durante décadas, se ha vendido alcohol a menores de edad”, dijo Quiñónez.

En este momento hay 188 permisos de ventas de alcohol en Boyle Heights. De ellos, más de 100 son permisos de ventas Tipo 20 y Tipo 21, para el consumo fuera del establecimiento, estos permisos se conceden a las licorerías, las tiendas de conveniencia, las farmacias, y los supermercados.

Cien licencias de alcohol de todo tipo en este barrio es más que suficiente, Quiñónez dijo a EGP.

La coalición cuenta con numerosas sugerencias para hacer más sobria a la comunidad. Quieren una moratoria, o una suspensión, de más licencias de venta para el consumo de alcohol fuera del negocio, como se hizo en el Sur de Los Ángeles después de los disturbios de 1992 de Los Ángeles.

También quieren cambios a las políticas municipales y estatales que ellos dicen permiten que la delincuencia se fermenta mediante el acceso fácil al alcohol.

A pesar de que la investigación acerca de la disponibilidad de alcohol se centró en Boyle Heights, la Coalición indica que sus recomendaciones podrían beneficiar a la zona no incorporada del Este de Los Ángeles, el Condado de Los Ángeles, y todo el Estado.

Y mientras que Boyle Heights tiene una alta concentración de lugares donde se vende el alcohol y un alto número de daños relacionados con el alcohol—como esta indicado en un informe de 2009 por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles—existen numerosas comunidades en peores condiciones.

El Distrito 9 del Consejo de Los Ángeles, que incluye partes del Centro de Los Ángeles y el Sur de Los Ángeles, tiene tanto una mayor densidad de puntos de venta de alcohol y un mayor número de daños relacionados con el alcohol. El Distrito 1 del Consejo, que incluye Highland Park, en el Centro de Los Ángeles, Lincoln Heights y MacArthur Parque, sigue de cerca al Distrito 9 en el número de daños relacionados con el alcohol.

Muchas otras ciudades en el condado tienen problemas similares, de acuerdo con los datos del condado.

De acuerdo con Will Salao, administrador del distrito para el Departamento de California de Control de Bebidas Alcohólicas (ABC), desde el año 2002—cuando la coalición encontró un aumento en la actividad de nuevos permiso de alcohol—ha habido 4 nuevas licencias de ventas de alcohol que se emitieron en los códigos postales 90033 y 90023 (Boyle Heights y la comunidad circundante), y ha habido 17 transferencias de licencias de persona-a-persona en esos dos códigos postales.

La saturación de alcohol en Boyle Heights es el resultado de un “sistema roto” que se ha permitido que continúe durante décadas, dijo Quiñónez. “Tenemos que hacer algo al respecto antes de que empeore,” él dijo en la reunión.

Ya existen políticas que al aplicarse podrían aliviar el problema. El Código Municipal de Los Ángeles afirma que los negocios que venden alcohol deben estar por lo menos 1,000 pies de distancia de escuelas, iglesias, parques y otras áreas sensibles. Sin embargo, en Boyle Heights, muchas empresas se encuentran alrededor de zonas designadas para reducir el crimen y otras zonas delicadas.

Hay 25 puntos de venta de alcohol que están ubicados en calles residenciales, dijo Delgado.

La estrategia de la Coalición para reducir el consumo de alcohol y los delitos relacionados con el alcohol es conseguir que los residentes participen en asegurar que los negocios estén siguiendo las condiciones de sus permisos al reportar violaciones como ventas a menores y reportar los crímenes relacionados al alcohol a los organismos policiales y al Control de Alcohol y Bebidas.

Dando un ejemplo de cómo los residentes pueden hacer la diferencia, Teresa Márquez de la Asociación de Partes Interesadas de Boyle Heights, citó el caso de una empresa que posea los cinco permisos de alcohol permitidos en una pista del censo y donde otros siete permisos de alcohol por encima del límite han sido aprobados.

Ella dijo que los residentes querían que el dueño de los cinco permisos ceda algunos de los permisos, y mientras que él aún no lo ha hecho, los residentes han sido capaces de obtener la aprobación de 75 condiciones de funcionamiento para los cinco permisos y si el dueño quiere que algunas de las condiciones se eliminen, tendrá que ceder cuatro de los permisos.

Márquez señaló que muchas licencias de ventas de alcohol fueron eximidos de nuevas restricciones y condiciones de concesión de licencias, pero eso no significa que no pueden ser clausurados si se convierten en una molestia a la comunidad.

Quiñónez dijo que el grupo no está “en contra de las pequeñas empresas”, pero señaló que algunas licorerías y algunos mercaditos probablemente serán el objeto de monitoreo intensificado. “No estamos en contra de las empresas que quieren hacer negocios responsable en nuestra comunidad”, él dijo a EGP.

La coalición quiere aumentar los costos asociados con las licencias de alcohol y han comenzado una campaña de cartas dirigidas a los legisladores estatales. Hasta la fecha ya han recogido más de 200 cartas instando las recomendaciones de política y legislación para disminuir el acceso de alcohol en el barrio.

El Concejal José Huizar, quién representa la zona, apoya los esfuerzos y en la reunión dijo que su oficina se comunicaría con legisladores estatales, trabajarán hacia una moratoria e investigarán la creación de un grupo de trabajo para identificar los negocios problemáticos. “La información que vemos debería movilizarnos a que hagamos algo… Tenemos demasiados [lugares con venta de alcohol], y punto final”, él dijo.

La Capitán de la Estación Hollenbeck Anita Ortega también ve problemas con el sistema de licencias actual. Ella dijo a EGP que le gustaría ver más información disponible sobre las transferencias de permisos para que su departamento y para que el público pueda opinar sobre si una licencia debe ser concedida.

Las recomendaciones de la coalición incluyen una combinación de aumento de tasas e impuestos, restricciones a las ventas y la mayor vigilancia.

Para obtener más información, visite http://www.salesianclubs-la.org/programs-a-services/health-a-life-skills/boyle-heights-coalition.html

Para denunciar incidentes de la calidad de vida causadas por un negocio que vende alcohol, llame al Departamento de California de Control de Bebidas Alcohólicas en la Línea de Información (562) 924-2827 o mande un mensaje por correo electrónico ceo.direct@abc.ca.gov

Corto Plazo para las Posibles Víctimas de Abusos en una Escuela Católica de Montebello

March 22, 2012 by · Leave a Comment 

Los antiguos estudiantes que desean presentar demandas por abusos sexuales en contra de la Congregación de los Hermanos Cristianos, que proveyó el personal de la preparatoria Cantwell en Montebello desde 1948 hasta 1990, serán prohibidos a hacerlo después del 1 de agosto.

Read this story IN ENGLISH:  Last Chance for Possible Abuse Victims at Montebello Catholic School

La Congregación de Hermanos Cristianos (Congregation of Christian Brothers), también conocidos como los Hermanos Cristianos de Irlanda (Irish Christian Brothers), el año pasado se declararon en quiebra en los tribunales de Nueva York, después de haber sido el objeto de numerosas demandas en los años recientes por abusos sexuales. Posteriormente ellos solicitaron una fecha límite que impedirá más reclamos o acciones judiciales.

Foto de EGP por Elizabeth Hsing-Huei Chou

La orden religiosa ejecuta varias escuelas católicas por todo el país, y durante 42 años, antes que el Arquidiócesis de Los Ángeles los quitaron en 1990, sus miembros gestionaron la escuela Cantwell en Montebello.

Después que la Congregación de Hermanos Cristianos se fueran, la escuela—que era solo para varones—se combinó con la escuela Sagrado Corazón de María (Sacred Heart of Mary), una escuela para niñas, y formaron la preparatoria Cantwell-Sagrado Corazón de María (Cantwell-Sacred Heart of Mary High School).

Joelle Casteix, director de la región occidental de la Red de Sobrevivientes de los Abusados por Sacerdotes, SNAP por sus siglas en inglés, dijo que su organización, formada por víctimas de abusos sexuales y sus simpatizantes, está trabajando para informar a las víctimas de abuso sobre la fecha límite del 1 de agosto. Otros tipos de reclamaciones que no tengan que ver con el abuso sexual también se prohibirán después de esta fecha.

Mike Reck, un abogado especializado en los abusos sexuales por el clero, cree que el caso de la bancarrota es una “táctica astuta legal por la institución basada en la fe” para protegerse de las demandas de abuso sexual.

“[La Congregación de Hermanos Cristianos] realmente no deberían de ser capaces de buscar protección de la corte de bancarrota cuando sus deudas son delitos contra los niños. Estos niños que fueron lastimados realmente deberían presentarse ahora antes de que pierdan la oportunidad de hacerlo”, él dijo.

Casteix dice que hay por lo menos cuatro posibles abusadores en la escuela secundaria Cantwell, que se identifican a partir de los anuarios de la escuela y otras fuentes.

Agregó que la Congregación de los Hermanos Cristianos tenía la costumbre de “barajar a los abusadores de una escuela a otra escuela, incluso si fueron nombrados en juicios, o si fueron detenidos.”

Un Hermano que se movía frecuentemente fue Thomas Cuthbert Ford, un director de Cantwell durante la década de 1980, y quién en 2000 se declaró culpable de golpear a un adolescente hasta que perdió el conocimiento, y fue condenado a cinco meses de la cárcel. Ford inicialmente había huido las denuncias de abuso físico en Canadá, primero se trasladó como maestro en una escuela en Honolulu, a continuación fue a Cantwell.

Otros posibles abusadores que Casteix identificó incluyen Jerome Matthias Heustis, un profesor de la preparatoria Cantwell durante la década de 1970 quién fue acusado de abusar sexualmente de un niño en Nueva Cork; y Daniel Peter Ryan, un subdirector y profesor de Cantwell durante la década de 1970, quién fue identificado como un posible abusador y luego fue transferido a una escuela que tenía más de 50 niños que alegan abuso sexual y físico.

Robert W. Satterthwaite, quién se desempeñó como profesor en Cantwell en las décadas de 1960 y 1970, fue nombrado no solo en una de las demandas, pero también en un informe sobre posibles abusadores dados a conocer por la Arquidiócesis de Los Ángeles, de acuerdo con Casteix.

Todos los Hermanos identificados por Casteix, con la excepción de Satterthwaite, han fallecido.

Las instituciones católicas como la Arquidiócesis sostienen que muchos de los maestros y el personal nombrados en las demandas o presentados por grupos como SNAP no han sido condenados por delitos de abuso sexual.

Casteix dijo que los clérigos no han mostrado ningún interés en informar a las víctimas de sus derechos legales, y esto ha caído sobre las organizaciones como la suya para sacar al clero a la luz pública, y agregó que “esto no es solo acerca de la curación personal, sino también de garantizar la seguridad de los niño y castigar a los malhechores.”

Breves de la Comunidad

March 22, 2012 by · Leave a Comment 

Huntington Park

Una mujer de 39 años de edad, residente de Los Ángeles, el 15 de marzo fue descubierta atada y amordazada en la parte trasera de una tienda de hierbas en Huntington Park. La mujer se ha identificado como Verónica Hurtado DeReyes, y su cuerpo esta pendiente una autopsia, dijo el Teniente Joe Bale, de la Oficina del Médico Forense. El descubrimiento en Global Nature ubicado en el 2703 E. Florence Ave., esta bajo investigación. Las autoridades creen que se podría tratar de un posible asalto en el negocio porque la caja registradora fue dejada abierta.

Boyle Heights

Un hombre que eludió a la policía el domingo 18 de marzo en la madrugada, fue arrestado horas después que un equipo de SWAT dejo de buscarlo. El sospechoso de 30 años de edad, que no ha sido identificado, esta acusado de haber amenazado a su novia con un arma—lo cual causó un enfrentamiento con la policía cerca de la Avenida Wabash y la Calle Mott, de acuerdo con el Sargento Rick Colombia, de la Estación de LAPD Hollenbeck. El hombre fue arrestado después de entrar a la estación de policías para denunciar a su novia por supuestamente asaltarlo, a raíz de la información proporcionada los oficiales determinaron que se trataba del mismo individuo que eludió las autoridades. El hombre fue arrestado por hacer amenazas criminales, no hubo evidencia para comprobar que su novia lo había asaltado, dijo Colombia.

Highland Park

Tres supuestos pandilleros fueron arrestados el 17 de marzo por la madrugada después de realizar un tiroteo contra dos agentes de seguridad en el centro comercial de Fallas Paredes sobre la calle N. Figueroa. Los tres presuntos sospechosos—Javier Meléndez, de 26 años de edad, Mauricio Meléndez, de 24 años de edad, y José Luna, también de 24 de edad—enfrentan cargos por asalto con una arma mortal, de acuerdo al detective del LAPD Rick Ortiz. El incidente está bajo investigación. Una víctima inocente, que se encontraba sentado dentro de su hogar, fue herido en el brazo por una bala perdida durante el incidente.

Noreste de Los Ángeles

Las autoridades buscan información acerca de una niña de 13 años que huyó de su hogar en Highland Park. Allyson Maya Pulido, cuyo foto esta fijado en varios negocios y lavanderías de la zona, huyó de su hogar el 5 de marzo. Allyson es hispana, mide 5’3’’ y pesa 90 libras, tiene ojos cafés y pelo café, y podría estar acompañada por un hombre. Personas con información acerca de su paradero pueden llamar a los detectives al (323) 344-5701.

Policía de L.A. Busca un Sospechoso de Intento de Secuestro

March 22, 2012 by · Leave a Comment 

La Policía de Los Ángeles ha publicado un dibujo de un hombre que presuntamente trató de arrastrar a una estudiante local a su coche cerca de la Avenida Cypress y la calle de Silver en el Noreste de Los Ángeles la semana pasada.

Read this story IN ENGLISHLAPD Looking For Attempted Kidnapping Suspect

Según la policía, la joven de 16 años de edad, residente de Cypress Park y alumna en la preparatoria Los Angeles River High School (ubicado en el Complejo de Aprendizaje Sotomayor), iba tarde a clase alrededor de las 8:20 a.m. el 14 de marzo, cuando un hombre de repente la agarró al pasar junto a su camioneta.

Cortesía de LAPD

La adolescente logró escapar, pero no antes de sufrir heridas leves mientras luchaba contra el sospechoso, informó la policía durante una rueda de prensa el pasado viernes por la mañana.

“No vamos a describir las lesiones en este momento debido a nuestra investigación en curso, pero te puedo decir que ella luchó contra el sospechoso y salió corriendo”, dijo a EGP el detective Marco Rodríguez, de la División Noreste del LAPD.

La joven dijo que el sospechoso parecía tener alrededor de 20 años de edad, y también lo describió como hispano que habla inglés, dijo Rodríguez.

La policía dice que ellos no creen que el incidente está conectado a la muerte de dos mujeres del área de Lincoln Heights, Bree’ana Guzmán y Michelle Lozano. “No tenemos ninguna evidencia o información al momento que nos lleva a creer que está vinculado a ninguno de esos casos,” dijo Rodríguez.

El sospechoso es descrito como hispano, con acné o cicatrices de varicela en su rostro, mide 5 pies 7 pulgadas de estatura y pesa aproximadamente 180 libras. El sospechoso tenía una barba ligera en el momento del incidente.

Su auto es descrito como una camioneta Toyota rojo descolorido con herramientas o restos de metal en la parte trasera.

La policía pide que cualquier persona con información sobre el intento de secuestro llame a los detectives de la División del Noreste del LAPD al (323) 344-5741, haga referencia al caso número DR # 12-11-00622.

Molina Pide Trabajo Comunitario para Honrar la Memoria de César Chávez

March 22, 2012 by · Leave a Comment 

LA Supervisoras del Condado de Los Ángeles Gloria Molina invitó el lunes a la comunidad a realizar servicio comunitario para honrar la memoria de César Chavez durante la semana que recuerda al líder campesino que se celebrará del 26 al 30 marzo.

Molina, supervisora del Distrito 1 del condado, sugirió a la comunidad hacer voluntariado en bibliotecas públicas, bancos de alimentos o albergues para desamparados, entre otros, para conmemorar la lucha pacífica de Chávez por los trabajadores campesinos.

“César Chávez dedicó su vida a mejorar las condiciones de los trabajadores que cosechan la comida que alimenta nuestra nación”, afirmó Molina en su mensaje.

“César Chávez ejemplificó lo que significa ser un estadounidense a través de su compromiso de toda una vida con la democracia, la justicia y la dignidad de la gente trabajadora”, agregó la supervisora.

La celebración de la semana de César Chávez, que se realiza en California desde 2002, tradicionalmente se centra en servicio comunitario como una forma de honrar el legado del líder y de continuar su esfuerzo no violento en defensa de los derechos humanos.

Molina invitó también a los educadores a buscar recursos y utilizarlos con sus alumnos en http://www.colapublib.org/chavez/ para ilustrar el importante cambio que la lucha pacífica de Chávez llevó a los trabajadores de los campos.

César Estrada Chávez nació el 31 de marzo de 1927 en un rancho cercano a la población de Yuma, Arizona. A raíz de la Gran Depresión, tuvo que abandonar sus estudios escolares y comenzar una vida itinerante como trabajador agrícola en los viñedos de California.

En 1952 se unió al Centro de Servicio Comunitario (CSO, en inglés), del que llegó a ser su director nacional. En 1962 fundó la Asociación Nacional de Campesinos, organización que más tarde se convirtió en La Unión de Campesinos.

En febrero de 1968, Chávez inició su primera huelga de hambre que duró 25 días para exigir el reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores agrícolas y mantener el movimiento como una protesta pacífica.

March 22, 2012 Issue

March 22, 2012 by · Leave a Comment 

Sobering Up Boyle Heights: Group Pushes for Control of Alcohol In the Neighborhood

March 22, 2012 by · 2 Comments 

Cashiers forced to hand over beer at gunpoint, rowdy alcohol-fueled after parties, drunken brawls and public urination—these are quality of life issues that Boyle Heights should not have to deal with, a local coalition told residents last week, explaining they have the power to sober-up the community.

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“It is up to us, the people, to tell our government … what to do with a bar. Report them…” if they are not following the law and are a nuisance, said Boyle Heights resident Terry Marquez at a recent meeting on the impact of alcohol on the community of Boyle Heights. “You need to help us,” she said.

The Boyle Heights Coalition for a Safe and Drug-Free Community, which recently tracked the affects of alcohol consumption on the local community, along with the Boyle Heights Stakeholder Association and other organizations have started a campaign to garner support for alcohol licensing policy changes at the local, county and state level.

“This is a public health issue, the more outlets we have the more incidents we have. We know we have a problem …” Coalition President Denis Quiñonez said at the meeting held March 15 at Resurrection Church.

The groups want the public’s help to bring about the changes. “We need everybody, the whole community on board,” Quiñonez told EGP.

Coalitions members, elected officials addressed about 120 people who attended the March 15 meeting held at Resurrection Church. (EGP photo by Gloria Angelina Castillo)

The Coalition recently released preliminary findings of the alcohol-availability study they conducted. The data shows that during a six-month period in 2011, there were two felony DUIs with injuries, 349 alcohol related traffic violations, and a host of other crimes in Boyle Heights where alcohol played a factor.

The list of alcohol-related crimes compiled for the April to October 2011 period, also includes 43 incidents in which children were beat-up or otherwise injured, and 197 incidents of spousal abuse, according to the Coalition, which received a funding grant to conduct the study from the Dept. Health and Human Services.

The Coalition used public records from the Hollenbeck Police Department to map out the locations of the violations, noting their proximity to places where alcohol is sold.

The preliminary data shows Boyle Heights has a high-density of alcohol outlets and the availability of alcohol is directly related to public safety, according to Quiñonez.

It’s not uncommon to have more than one outlet selling alcohol on a single block, according the Coalition’s detailed maps. On a two-mile stretch of East 1st Street, from Indiana to the LA River, there are roughly 31 active licenses, according to Arnulfo Delgado, a consultant to the project.

Besides causing serious health problems to the person consuming the alcohol, communities with high density of alcohol sale outlets are 9 to 10 times more likely to have increased rates of violent crime, according to the LA County Dept. of Public Health.

Alcohol abuse in communities also creates quality of life issues: such as disturbance of the peace, drinking in public, loitering, public urination, fights, domestic violence; it is also a known entry for teenagers to use other drugs.

The coalition, a branch of the Salesian Boys & Girls Club, is especially concerned about alcohol sold to minors. “Many youth we talked to told us about specific locations that have been traditionally selling to minors for decades,” Quiñonez said.

There are currently 188 businesses in Boyle Heights that have a license to sell alcohol. Of those, over 100 are for off-premise sales, Type 20 and Type 20 licenses awarded to liquor, convenience, grocery and drug stores.

Ideally, the neighborhood should only have 100 alcohol licenses of all types, and no more than one for every 2,500 residents, Quiñonez said. That number would include alcohol licenses for bars and restaurants that serve alcohol to patrons.

The group has numerous suggestions to sober up the community.

They want a moratorium on new alcohol sale licenses for off-site consumption, as was done in South Los Angeles after the 1992 LA Riots.

They also wants changes to city and state policies they say ferment crime through easy access to alcohol.

While the public meeting focused on Boyle Heights, the Coalition says its policy recommendations could benefit unincorporated East Los Angeles, LA County, and the state as a whole.

And while CD-14, where Boyle Heights is located, has both a high concentration of alcohol selling locations and a high number of alcohol-related harms — according to a 2009 LA County Public Health Department report — it is not by any means the worst off.

Council District 9, which includes parts of downtown and South Los Angeles, has both a higher density of alcohol selling outlets and alcohol related harms. Council District 1, which includes Highland Park, downtown, Lincoln Heights and MacArthur Park, is not far behind CD-9 in the number of alcohol-related harms.

Many other cities in the county have similar problems, according to County data.

According to Will Salao, district administrator for the California Dept. of Alcoholic Beverage Control, (ABC) since 2002 — when the coalition found an increase in new alcohol permit activity —4 new alcohol licenses were issued in the 90033 and 90023 zip codes (Boyle Heights and the surrounding community), and there were 17 person to person alcohol license transfers in those two zip codes.

Quiñonez says Boyle Heights, and other communities need to be seen as a whole in order to see the magnitude of the problem. That’s the only way they can tackle the problem.

The saturation of alcohol in Boyle Heights is the result of a “broken system” that has been allowed to continue for decades, Quiñonez said. “We need to do something about it before it gets worse.”

There are already policies in place that if enforced could alleviate the problem. LA’s municipal code states that businesses selling alcohol must be at least 1,000 feet away from schools, places of worship, parks and other sensitive areas. But in Boyle Heights, many of those businesses are in Gang Reduction Youth Development (GRYD) zones and other prohibited areas; 25 outlets are located on residential streets.

The Boyle Heights Coalition for a Safe and Drug-Free Community, which recently tracked the affects of alcohol consumption on the local community. This map shows alcohol-related incidents Hollenbeck officers responded to, and their proximity to alcohol outlets, during April to October 2011. (Boyle Heights Coalition for a Safe and Drug-Free Community)

The Coalition’s strategy to reduce alcohol consumption and alcohol related crimes is to get residents involved in making sure businesses are following the conditions under which their alcohol licenses were approved by reporting violations and crimes to law enforcement agencies, and the Alcohol and Beverage Control.

The Boyle Heights Stakeholders Association and others spent 10 years going after a local bar that had over 20 violations, Teresa Marquez said. The business was finally closed by the LAPD, but was then sold to a new owner, who they feared would allow the same violations to occur.

In another case, one business had all 5 of the alcohol licenses allowed for one census track, but seven additional alcohol licenses were approved in that same census track, she said.

Marquez noted that many alcohol licenses were grandfathered in when new licensing restrictions and conditions were approved, but that doesn’t mean they cannot be closed down if they become a nuisance.

Quiñonez said the group is not “against small businesses,” but noted that liquor and corner stores will likely be some of the businesses targeted for stepped up monitoring. “We are not against businesses that want to do responsible business in our community,” he told EGP.

The Coalition found that a major cause in perpetuating nuisances in the community is the ease of transferring an alcohol license from one owner to another, which wipes clean the outlet’s violation record.

They want to increase fees associated with alcohol licenses and have started a letter writing campaign targeted at state legislators. They’ve already collected over 200 letters urging policy recommendations and legislation to decrease alcohol access in the neighborhood.

LA Councilman Jose Huizar has committed to contacting State legislators to ask them to author legislation that would better regulate alcohol licenses and hold businesses accountable through increased penalty fees as well as increased license transfer fees.

At the March 15 meeting, Huizar gave his word that his office would work toward a moratorium and creating a taskforce to identify troublesome outlets. “The information we see should mobilize us to do something… We have too many [alcohol outlets], period,” he said.

LAPD’s Hollenbeck Station commanding officer, Capt. Anita Ortega, also sees problems with the current licensing system, and told EGP she would like to see more information on license transfers so her department can weigh in on whether a license should be granted.

She told EGP that Hollenbeck officers inspect alcohol-selling establishments at least every two years, and have issued a large number of citations, which are forwarded to the ABC.

The coalition’s recommendations include a combination of increased fees, taxes, restrictions on sales, and increased enforcement, including: increasing fees for Conditional Use Permits, license renewals, transfers, added taxes on alcohol products per units and use additional revenues to fund code enforcement for alcohol retailers and prevention services; have the Department of Alcoholic Beverage Control disclose license conditions to the public on their website; prohibiting businesses from selling single cans, limiting alcohol shelf space and signage, requiring surveillance cameras and ID scanners to prevent sales to minors and prohibit off sale licenses from selling alcohol between midnight and 8 a.m.

For more information, visit http://www.salesianclubs-la.org/programs-a-services/health-a-life-skills/boyle-heights-coalition.html

To report quality of life issues caused by an alcohol outlet, call the CA Dept. of Alcoholic Beverage Control Reporting hotline at (562) 924-2827 or email ceo.direct@abc.ca.gov

Last Chance for Possible Abuse Victims at Montebello Catholic School

March 22, 2012 by · 3 Comments 

Former students who want to file sex abuse lawsuits against the Congregation of Christian Brothers, which staffed Cantwell High School in Montebello from 1948 until 1990, will be barred from doing so after Aug. 1.

The Congregation of Christian Brothers, also known as the Irish Christian Brothers, filed for bankruptcy in New York courts last year, after it was hit with numerous sex-abuse lawsuits in recent years. They subsequently filed for a cut off date that will prevent further claims or lawsuits.

Lea esta nota EN ESPAÑOLCorto Plazo para las Posibles Víctimas de Abusos en una Escuela Católica de Montebello

The religious order runs several Catholic schools across the country, and for 42 years before the Los Angeles Archdiocese removed them in 1990, its members ran Cantwell High School in Montebello.

After the Congregation of Christian Brothers left, the school, which was an all-boys school at the time, was combined with Sacred Heart of Mary, an all-girls school, to form Cantwell-Sacred Heart of Mary High School.

Joelle Casteix, western regional director for the Survivors Network of those Abused By Priests, SNAP, said their organization, made up of sex abuse victims and their supporters, is working to inform other potential abuse victims about the Aug. 1 deadline. Other types of claims not having to do with sex abuse will also be barred following that date.

Mike Reck, an attorney specializing in clergy abuse cases, believes the bankruptcy case is a “shrewd legal tactic from a faith-based institution” to protect itself from further sex abuse lawsuits.

“[The Congregation of Christian Brothers] really should not be able to seek protection of the bankruptcy court when their debts are crimes against children. These children they hurt really should come forward now before they lose the opportunity to do so,” he said.

Joelle Castaix, left, holds pictures of possible abusers who taught or were principals at Cantwell High School. On right, Ken Smolka holds a picture of when he was a victim of sexual abuse while attending Loyola High School. (EGP photo by Elizabeth Hsing-Huei Chou)

Casteix says there were at least four possible abusers at Cantwell High School, identified from school yearbooks and other sources.

She added the Congregation of Christian Brothers had a habit of “shuffling molesters from school to school to school, even if they were named in lawsuits, or arrested.”

One Brother who was moved around was Thomas Cuthbert Ford, a principal at Cantwell High during the early 1980s, who in 2000 pleaded guilty to beating a teenager unconscious and was sentenced to five months in jail. He had originally fled allegations of physical abuse in Canada, going first to teach at a school in Honolulu, then to Cantwell.

Other possible abusers Casteix identified include Jerome Matthias Heustis, a teacher at Cantwell during the 1970s who was accused of sexually abusing a boy in New York; and Daniel Peter Ryan, a vice principal and teacher, also during the 1970s, who was identified as a potential abuser and was later transferred to a school where more than 50 children have alleged sexual and physical abuse.

Robert W. Satterthwaite, who taught at Cantwell in the 1960s and 1970s, was named not only in a lawsuit, but also in a report on possible abusers released by the Los Angeles Archdiocese, according to Casteix.

The Brothers identified by Casteix, with the exception of Satterthwaite, have all died.

Catholic institutions such as the Los Angeles Archdiocese maintain that many of the teachers and staff named in lawsuits or brought forward by groups like SNAP have not been convicted of sex-abused crimes.

Casteix says the clergy have shown no interest in informing victims of their legal rights, and it has fallen on organizations like theirs to bring clergy out into the open, adding that “this is not just about personal healing, but also about ensuring child safety and punishing wrong-doers.”

Two Years Since Montebello’s Last City Administrator

March 22, 2012 by · Leave a Comment 

Montebello’s top administrative seat is vacant once again, as the city council makes another attempt at choosing the best person for the job.

While some on the city council indicate they are close to making a decision, it is unclear if the latest recruitment process will yield a permanent pick or yet another short-term fill-in.

Ever since its last city administrator, Richard Torres, retired, Montebello has served as a revolving door for temporary administrators, with as many as four people coming through in the past two years.

One administrator quit amid disagreements over a police chief pick, and another left after his recommendations for fixing the budget were met with resistance from the city council. Yet another was dismissed by the city council.

The city’s latest interim city administrator, Larry Kosmont, departed on March 11, leaving Assistant Administrator Keith Breskin to run the city. Breskin has been on a $14,000 month-to-month contract since January.

Last month, Kosmont predicted there would be a smooth transition and that a permanent administrator would be picked by March. The city drew eighty applicants, he said.

But the latest batch of candidates to take over the position permanently were interviewed over a month ago during a Feb. 9 special meeting, and after a March 14 closed session meeting with recruitment firm Bob Murray & Associates, a final decision still had not been made.

“The city is currently evaluating the next steps concerning the position of city administrator and are still in the process of finding a city administrator,” City Attorney Arnold Alvarez-Glasman told EGP on Tuesday.

He would not confirm whether the recruitment company had concluded its relationship with the city, but said the firm had “performed services under the contract and done the recruitments requested.”

The human resource director anticipates there may be some type of action at the next meeting. “They are in the process of making a final decision in closed session,” Human Resources Director Paul Loehr said.

Even though the city has “seen a stop to the wanton spending of years gone by,” the person they pick will face “rough seas” ahead, said Frank Gomez, who thinks the city will need additional revenue next year with property and sales taxes not expected to cover city expenses.

“Like many other cities, our options include cutting services, raising taxes, borrowing like last year to offset cash flow problems during the year, or a combination of the above. With this in mind, it is important that we hire a strong, apolitical city administrator who is neither going to sugarcoat the problems our city faces nor the solutions to continue us on the right track started in 2009,” Gomez said.

Councilman Jack Hadjinian told EGP Tuesday that following the interviews in February, they have “narrowed down the list” of candidates.

County Urges Volunteerism For Cesar Chavez Week

March 22, 2012 by · Leave a Comment 

Supervisor Gloria Molina on Tuesday urged residents to volunteer at public libraries, food banks and homeless shelters to celebrate a week of community service dedicated to the late labor leader and civil rights activist Cesar Chavez, whose March 31st birthday was made an official paid state holiday in August 2000.

The county’s 11th annual Cesar E. Chavez Community Service Week will begin Monday and run through March 30.

“Cesar Chavez is an American hero not only for his accomplishments as a labor organizer but as a civil rights leaders and non-violent protestor,” Molina said. “Cesar Chavez dedicated his life to improving the conditions of workers who harvest the food which feeds our nation. He co-founded the United Farm Workers, an organization which mobilized thousands of people into political action. He led a five-year non-violent grape boycott which captivated the nation and led to landmark worker protections.”

Molina said she could think of “no more fitting way” to honor Chavez than by dedicating a week of service to the community in his name.

Chavez was born on March 31, 1927 on a family farm near Yuma, Arizona. He was just 10 years old when his family lost its farm during the Great Depression and was forced to leave Arizona in search of work, which they found in the agricultural fields in California.

It was a hard life, following the crops, picking grapes, peas, apricots, onions, cherries, and other farm products. The work was back breaking and low-paying. With no other options, farm worker families were forced to pay to live in deplorable conditions, in shabby shacks and tents without running water or electricity, located in grower-owned migrant camps.

It was those conditions that would serve as the backdrop for Chavez’s decision in 1952 to join the Community Service Organization (CSO), a group working to inform Mexican Americans of their rights. Chavez would soon go to work full-time for CSO, serving as the organization’s national director from 1958 to 1962.

In 1962 he left CSO to focus his work on the plight of California farm workers, and with Dolores Huerta co-founded the National Farm Workers Association (NFWA), which would eventually become the UFW, AFL-CIO.

First with the National Farm Workers Association, and later with the UFW, Chavez would pursue unionization of agricultural farms as a way to improve the pay and working and living conditions for California farm workers. The UFW led strikes against grape and lettuce growers, as well as a national boycott of those products in the country’s urban centers.

An advocate of non-violent resistance, Chavez would more than once go on a hunger strike, fasting for weeks at a time to call attention to the plight of workers in America’s breadbasket, and the need to end the growing violence against striking workers.

At one point in 1973, more than 10,000 workers were on strike, and by 1975, more than 17 million Americans refused to buy grapes.

The UFW would go on to win a number of labor contracts with growers for the farm workers, giving them higher wages, health coverage, pension benefits and other protections.

In July and August of 1988, Chavez held his “Fast for Life,” a 36 day fast to protest the pesticide poisoning of grape workers and their children. Celebrities like Martin Sheen, Edward James Olmos and Whoopi Goldberg, would continue the fast.

Chavez died on April 23, 1993. More than 50,000 people attended his funeral in Delano, California.

To honor Chavez’s legacy of service, the County of Los Angeles conducts a number of service-oriented projects involving county workers.

Volunteers at the Weingart Center, which serves homeless people on Skid Row, will be put to work painting a floor. The Los Angeles Regional Foodbank will hold food “sort-a-thons” and will be accepting donations at multiple community locations. Participating county libraries will have volunteers assist with homework, read during story time, prepare crafts for children and sort, clean and straighten books.

Information on volunteer opportunities can be found at www.lacounty.gov.

Teachers and others who want to learn more about Chavez can download instructional materials at www.colapublib.org/chavez.

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