Calderon Scandal Shows Reform Efforts Lacking

March 6, 2014 by · Leave a Comment 

In the wake of the indictment of Senator Ron Calderon and his brother, former Assemblyman Tom Calderon, the people of South East Los Angeles find ourselves in an all too familiar place where the business of representing the public is once again overshadowed by political corruption.

Reform efforts are lacking and we are all responsible. Let’s start with the easy targets: Our elected officials. State and local elected officials must implement common sense reforms starting with contribution limits and when contributions can be made. Elected officials running for office should not receive major funding from just one or even a few donors, and those same donors should not be able to donate big dollars right before a vote.

Big dollar contributors typically only do business where we live and thus do not vote in our elections. Nevertheless, they donate thousands of dollars to elected officials who in turn use their vote to approve contracts worth hundreds of thousands or even millions of dollars. Such contributions put voters who contribute perhaps $10, $50 or maybe even $100 dollars at a fundamental disadvantage. The result is predictable: the decisions of elected officials often provide a greater benefit to business interests than to the public.

More importantly, our State legislators should implement reform that establishes a lifetime ban on elected officials convicted on corruption charges from ever running for office again. Even for misdemeanors. Such legislation deters future wrong doing by elected officials and helps ensure that when it comes to violating the public trust, the punishment fits the crime.

This lack of reform does not lie only with our elected leaders. It is our charge as well and that is where our hope lies: With a more educated and informed population of voters. There’s a way we get there and we can do it together by getting informed and more importantly, by getting involved.

We are the difference makers and we need to take our vote seriously if we wish to change the paradigm so we don’t lose our voice or the attention of the people we choose to lead us.

Jason Gardea-Stinnett is a resident of Commerce and submitted this opinion piece as a private citizen. He is a Media Specialist in the City of Commerce..

Editor’s Note: This article was updated March 14, 2014 to note that the author submitted the opinion piece as a private citizen and not as spokesperson for the City of Commerce. It is the practice of this newspaper to include the title or other background information about the author when available to give our readers an understanding of the perspective from which the author writes.

 

Vivir en las Sombras: Faltan Mejoras de Cuidado Médico en Centros de Detención de Inmigrantes

March 6, 2014 by · Leave a Comment 

Juana López apretó las manos de su hijo y acarició su frente.

“Aquí estoy mi’jo, aquí está tu mamá”, dijo. “Reacciona, ponle ganas”.

Era la primera vez que Doña Juana lo veía en más de tres meses. Ese día, inconsciente y con los tubos del respirador artificial dentro de él, fue también el último día que vio a Fernando con vida.

Fernando Domínguez Valdivia, residente angelino de 58 años de edad, murió el 4 de marzo de 2012, ocho días después que lo visitó su madre en el Victor Valley Community Hospital, por un cuadro de bronconeumonía que desarrolló durante los 100 días que estuvo bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).

“Fue negligencia, fue falta de atención médica”, dijo Doña Juana. “Si eso le pasó a mi hijo, le va a seguir pasando a todos los que caigan ahí, que no les dan el trato que deben de darles”.

Domínguez Valdivia estuvo detenido dos meses y medio en el Centro de Inmigración de Adelanto, un complejo de detención para hombres construido en el Desierto de Mojave, a unas 90 millas al noreste de Los Ángeles. Fue construido en 1991 y utilizado por varios años para alojar convictos hasta que el Grupo GEO, una corporación privada internacional de centros de detención, la compró en 2010. Para mayo de 2011 se firmó un contrato con ICE para albergar inmigrantes en sus dos alas, este y oeste.

Adelanto tiene nuevas instalaciones en el ala oeste, pero nuestros entrevistados dijeron que el ala este está descuidada, con tuberías rotas y goteras. En ese lugar estuvo Domínguez Valdivia mientras combatía una bronconeumonía sin recibir la atención médica adecuada. Una vez en el hospital, la infección se esparció a la sangre, lo que eventualmente resultó en falla múltiple de órganos.

La Oficina de Supervisión de Detención concluyó en un reporte que la muerte de Domínguez Valdivia pudo haber sido prevenida y que el centro no cumplió con los estándares de detención establecidos por ICE.

Si bien el fallecimiento de Domínguez Valdivia ha sido el único ocurrido en Adelanto, se han registrado más de 130 otras muertes desde 2003 en los 250 centros de detención que hay para inmigrantes en el país. Por esta red de centros de detención pasan aproximadamente unas 400,000 personas cada año.

Explore a continuación un mapa de los centros de detención para inmigrantes en EEUU.

ICE tiene ocho centros de detención propios. Además, también hace contratos para albergar inmigrantes con compañías privadas, como el Grupo GEO, Corrections Corporation of America y Management & Training Corporation, y con gobiernos estatales o del condado. La población de inmigrantes detenidos está repartida equitativamente 50% en centros de detención privados y 50% en públicos.

Catalina Nieto, directora de campo de Detention Watch Network, dijo que en general no hay mucha diferencia entre las condiciones de centros de detención privados o públicos, ya que los dos tipos presentan los mismos problemas: esperas de semanas y hasta meses para recibir atención médica, poca y mala calidad de comida y agua, pocas horas al aire libre o con acceso a luz del sol y una distancia demasiado grande entre estos centros y alguna zona urbana.

De acuerdo a una investigación nacional publicada por Detention Watch Network a fines de 2013, de los 250 centros de detención de inmigrantes no hay ninguno donde ICE asegure a los detenidos atención médica básica, los proteja adecuadamente de abusos físicos y sexuales y les dé suficiente contacto con el mundo exterior para preparar su defensa legal y preservar la integridad de su familia. Dos de los principales problemas en el sistema, indicó Nieto, son la falta de supervisión independiente y el hecho que no se aplican los mismos estándares en todos los centros por diferencias contractuales.

Los inmigrantes en custodia de ICE están técnicamente bajo detención civil, lo que no significa necesariamente que hayan cometido un delito, sino que deben estar detenidos hasta que un juez decida su caso. Ese mandato de detención ocurrió por la aprobación del Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA por sus siglas en inglés) de 1996, en el cual también se amplió la definición de felonías agravados, haciendo que un delito menor en la ley de justicia criminal pueda ser considerado una felonía en el marco migratorio.

Vea la primera parte de nuestro reportaje.

II. Guerra contra el terrorismo y el encierro de inmigrantes

En 1995 había 6,785 inmigrantes detenidos en centros de detención del país. En las siguientes dos décadas, la cifra se multiplicó hasta llegar a 34,000 en 2013.

El boom de la red de detención tiene origen en las dos tragedias más grandes causadas por terrorismo en territorio estadounidense continental y el impacto de una serie de legislaciones promulgadas posteriormente. Dos leyes federales fueron aprobadas como respuesta del ataque terrorista doméstico de Timothy McVeigh a un edificio federal del centro de Oklahoma el 19 de abril de 1995. El ataque ocurrió dos años después de un ataque al World Trade Center en Nueva York por un grupo de hombres de Kuwait, Jordania y Pakistán. Si bien McVeigh era un ciudadano estadounidense, el ataque generó un clima de miedo e incertidumbre en el país. Las nuevas leyes federales, entre otras cosas, crearon el programa 287g, el cual permite a policías locales aplicar leyes migratorias, y la expande el alcance de la detención obligatoria.

Explore a timeline with some of the most significant legislations for immigrant detention.

“Aproximadamente el 70% de las personas detenidas en este momento es por esa ley de detención mandatoria”, comentó Nieto.

Luego vinieron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Ellos revitalizaron sentimientos anti-inmigrantes en EE.UU. y también causaron la modificación del sistema de inmigración para que quede bajo el control y responsabilidad de del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés).

En 2005, el congreso instituyó lo que se ha conocido como el “mandato de camas”, el cual obliga a ICE a tener siempre detenidos a 34,000 inmigrantes. Janet Napolitano, ex secretaria de DHS, le dijo a un comité de la Casa de Representantes que el mandato es “artificial” y que previene que ICE sea tan eficiente como puede, pero el congreso ha continuado elevando el mínimo de camas, hasta llegar a 34,000 en 2011.

Las circunstancias parecían cambiar para los inmigrantes indocumentados cuando el presidente Barack Obama comenzó su segundo término, apoyado por el voto Latino. Es ahora una política oficial para agentes del DHS enfocarse en deportar criminales, atrapar infractores migratorios reincidentes y detener cruces fronterizos. Oficiales de DHS reportaron que 98% de los deportados en el año fiscal 2013 encajaban en esas categorías.

Pero defensores de los derechos de inmigrantes disputan las cifras oficiales, argumentando que el mandato del congreso de detener a 34,000 en centros de detención pone presión a oficiales de DHS para detener gente, especialmente en tiempos en que los cruces fronterizos están disminuyendo. Un reporte de 2010 de Immigration Policy Center concluyó que 10% de los deportados son inmigrantes legales y que una mayoría de ellos (68%) cometieron crímenes menores no violentos. De los más de 400 mil inmigrantes, unos 151,835 no tenían convicciones criminales o infracciones de tráfico, de acuerdo a ICE. El costo anual de detener inmigrantes es de $2 mil millones, según National Immigration Forum.

De acuerdo a un fallo de la Corte Suprema en 2001, los inmigrantes deben ser deportados o puestos en libertad dentro de un plazo de seis meses. Sin embargo, muchos languidecen encerrados incluso por más de un año.

“En una situación normal que entran y ven al juez, el promedio es de 45 a 60 días”, explicó Roberto Naranjo, director auxiliar de campo de ICE. “Pero eso es relativo porque hay muchos individuos que eligen pelear su caso y deciden apelar y están en el centro de detención hasta que esa decisión se termine. Entonces puede ser de seis meses a año y medio. Pero depende a qué punto el individuo que está detenido quiera parar la apelación”.

Actualmente, con todo y un declive agudo en inmigración, el déficit fiscal y la decisión anunciada del gobierno de Barack Obama de enfocarse primordialmente en criminales que representen un peligro para su comunidad, EEUU tiene la infraestructura de detención de inmigrantes más grande del mundo y hay planes para seguir expandiéndola. Paulatinamente, esa enorme red para inmigrantes se ha vuelto una fracción cada vez mayor de un sistema de prisiones estadounidense aún más inmenso, el cual priva de libertad a aproximadamente 2.3 millones personas.

Vea la 
segunda parte de nuestro reportaje.

Así como la red de centros de detención ha crecido, también lo hizo la industria de prisiones privadas. El primer centro de detención privado para inmigrantes fue abierto por CCA en 1984 en Houston, y no fue hasta después de los ataques del 9/11 en que la industria de prisiones privadas despegó.

De 2002 al 2010 hubo un incremento de 206% de detenidos de ICE en centros de empresas privadas, de acuerdo a la agencia. Las ganancias y gastos de cabildeo también subieron.

Tanto CCA como GEO tuvieron ganancias de más de $1,200 millones en 2010 y sus presidentes ejecutivos, Damon Hininger y George Zoley, respectivamente, reportaron ganancias de más de $3.4 millones el mismo año. CCA gastó más de $19 millones en cabildeo desde 2013, de acuerdo a la Fundación Sunglight.

El sector privado ha cosechado ganancias del boom de centros de detención de inmigrantes. Pero el crecimiento de ese sistema ha sido acompañado por casos preocupantes de abusos y negligencia a inmigrantes, quejas, críticas, demandas y decenas de muertes.

Carmen Iguina, abogada de la ACLU en el Sur de California, dice que ha escuchado quejas frecuentes en sus años trabajando en el campo migratorio acerca de demoras de semanas y hasta meses para que un detenido logre ver a un doctor. Al ser consultado sobre este tema, Naranjo dijo que los detenidos son vistos por un doctor entre 24 y 48 horas luego de que hacen el pedido. No obstante, detenidos y defensores de los derechos de los inmigrantes dijeron que los retrasos son habituales.
“No es que no son competentes sino que no hay suficiente equipos médicos”, dijo Carmen Iguina abogada de la ACLU del Sur de California. “Y muchas veces las decisiones que se toman están basadas en el ahorro económico y no la necesidad médica”.

Para Cristina Fialho — abogada y co-fundadora de Community Initiatives for Visiting Immigrants in Confinement, una red nacional con programas que hacen más de 15,000 visitas anualmente — la creciente influencia de corporaciones privadas en la red de detención de inmigrantes crea un obstáculo adicional a la vigilancia que existe. Las empresas privadas de detención no están sujetas a leyes que fomentan la transparencia, como el Freedom of Information Act, el cual requiere que agencias federales faciliten archivos sobre investigaciones de mala conducta o cuidado inadecuado, así como también memorándums sobre decisiones internas.

“Creo que tiene que ver con nuestros ideales de americanos”, dijo Fialho. “Si somos un país que se enorgullece de libertad, justicia y un debido proceso, pero no estamos dando a la gente más vulnerable de nuestras comunidades ese nivel de justicia, de libertad, de cuidado médico, ¿entonces qué tipo de país somos? ¿Acaso estamos honrando nuestros ideales?”

Si bien los estándares de detención para inmigrantes han sido actualizados para proveer mejores condiciones y servicios, actualmente los 250 centros del país operan bajo tres distintas versionesde reglas de detención de ICE. El motivo de esta discrepancia son los acuerdos contractuales que se han hecho a través de los años con condados y estados del país, algunos de los cuales son vinculantes a versiones antiguas de los estándares e incluso se renuevan automáticamente. Mientras que la versión de 2000 y de 2008, explica Fialho, solamente garantizaban atención médica en caso de emergencias, la implementada en 2011 asegura servicios médicos por “condiciones serias”.

“La idea de lo que es una condición médica seria en realidad queda abierta a interpretación”, dijo Fialho.

Pese a que el cuadro médico que Domínguez Valdivia, por ejemplo, presentó en Adelanto fue tan serio que resultó en su muerte, a él no se le dio atención médica adecuada. Por el contrario, solo le dieron pastillas y le negaron mejor cuidado hasta que fue demasiado tarde, según sus familiares.

De acuerdo a un detenido de Adelanto con VIH, cuya identidad mantendremos bajo anonimato para su seguridad, la atención provista en el centro no es apropiada. Él dijo que sus pedidos para ver a un doctor fueron ignorados y que no recibe ayuda psicológica. Ariel Alejandro Zeledón, otro detenido diagnosticado con desorden bipolar, dijo que ve un psiquiatra una vez al mes y que nunca ve a un psicólogo.

“Solo quieren saber si necesitas medicamentos”, dijo Zeledón.

Al ser cuestionados sobre estas acusaciones, ICE respondió que los dos detenidos recibieron cuidado médico adecuado desde que están en su custodia. El historial médico indica que el detenido con VIH tuvo más de 25 citas con personal médico en 2013 y además que profesionales de salud mental han trabajado cercanamente con Zeledón acerca de sus preocupaciones por las dosis de sus medicamentos psiquiátricos.

III. Impacto de la detención para EE.UU. y sus ciudadanos

El costo por albergar un inmigrante fluctúa actualmente entre $122 y $164 diarios, de acuerdo a ICE.
Entre algunas de las alternativas que activistas de los derechos humanos y derechos de los inmigrantes proponen a la red de detención están los localizadores electrónicos, visitas en persona o visitas en casa. Estas opciones a la detención masiva costarían mucho menos que la práctica actual, oscilando entre los 70 centavos y los $17 diarios, de acuerdo a un reporte delCenter for Victims of Torture
El cambio a tener menos gente detenida también disminuiría el impacto en las familias, incluyendo familias con hijos que son ciudadanos estadounidenses, dijo Hiro Yoshikawa, profesor de globalización y educación en la Universidad de Nueva York Steinhardt y autor del libro “Inmigrantes criando ciudadanos: Padres indocumentados y sus hijos”.

“Diría que el impacto económico es inmediato”, dijo Yoshikawa. “Cuando un padre es detenido o deportado, el hogar pierde sus ingresos y eso puede significar todos los ingresos o una proporción enorme, así que eso crea inmediatamente dificultades económicas. Además, también crea estrés y trauma psicológico inmediato, lo que puede afectar a todos los adultos y menores en la familia”.

Desde agosto de 2009, ICE inició una reforma a su sistema de detención de inmigrantes, intentando mejorar las condiciones y los servicios de cuidado médico y mental. Dos de los más importantes pasos para mejorar el sistema de detención fueron mejorar los servicios de traducción y comunicación para detenidos con bajo nivel de inglés y las evaluaciones médicas y de salud mental que los detenidos reciben a las 12 horas de ser admitidos.

Según dijo Virgina Kice, directora de comunicaciones de la región oeste de ICE, estas reformas intentan solucionar la gran mayoría de quejas acerca de la red de detención. Algunos otros logros de las reformas, por ejemplo, han sido simplificar el proceso para que detenidos reciban tratamientos médicos autorizados o desarrollar un sistema de clasificación para apoyar a detenidos con necesidades médicas y mentales particulares.

Roberto Naranjo, director auxiliar de campo de ICE, indicó que habían dos doctores, dos psiquiatras y dos psicólogos trabajando en el centro ocho horas al día, cinco días a la semana. En caso de emergencia, todos los centros para inmigrantes tienen acuerdos con hospitales cercanos.

Fialho apuntó que los cambios en los lineamientos de detención de inmigrantes tendrían un impacto mayor si los centros de detención ofrecieran cuidado preventivo y otros servicios médicos, y no solo para “condiciones serias”, como es requerido actualmente.

“Si les dieran un cuidado médico básico”, dijo Fialho, “proveyéndoles revisiones rutinarias, mejor cuidado mental, entonces no veríamos las muertes que hemos visto, no veríamos los suicidios que hemos visto, no veríamos las emergencias que hemos visto, que en realidad cuestan mucho más dinero que ofrecer un nivel básico de cuidado médico en primer lugar”.

Vea la 
parte final de nuestro reportaje.

English version
 here

Texto: Alonso Yáñez
Videoreportajes: Annabelle Sedano
Este proyecto es el resultado del Reporting On Health Collaborative (Informe en Colaboración sobre la Salud), en el que participan MundoHispánico en Atlanta, New America Media en California y Nueva York, Radio Bilingüe en Oakland, WESA Pittsburgh (afiliada de NPR) Univisión Los Ángeles (KMEX 34); Univisión Arizona (KTVW 33) y ReportingonHealth.org. Este proyecto en colaboración es una iniciativa de The California Endowment Health Journalism Fellowships de la Facultad Annenberg de Comunicación y Periodismo de la University of Southern California.

 

 

 

Why You Should Fear Big Bad Cable

March 6, 2014 by · Leave a Comment 

Twenty-five years ago this month, Sir Tim Berners-Lee introduced an open protocol for sharing information that gave everyday Internet users the power over what they created and whom they connected with online.

His concept quickly evolved into the World Wide Web. One British research scientist’s idea for people-to-people communications became a global engine for empowerment, economic growth and free speech.

Berners-Lee’s idea was to create a web of limitless access and choice. And he was largely successful.

We can use YouTube to share and watch videos, or we can switch over to Vimeo, Instagram, or Blip. We can speak directly with friends using Skype, Hangout, FaceTime or other voice and video services. We can connect and communicate anything with anyone at any time.

But all of that could change.

Big phone and cable companies want to turn the open network into their private fiefdoms — and take away many of the freedoms Internet users now take for granted. And regulators are letting them get away with it.

Comcast, the nation’s largest cable Internet provider, recently announced a $45 billion deal to buy our nation’s second-largest cable company, Time Warner Cable. If the Justice Department and Federal Communications Commission (FCC) approve the merger, the new communications giant will operate in 43 of the 50 largest metropolitan markets. It would control service more than one-third of all broadband Internet subscribers depend on for their access to the digital world.

This new mega-company would be able to leverage its power to set industry standards for price and services. This isn’t hypothetical. Comcast is already moving on plans to favor one online business or website over another.

In February, Comcast brokered a deal to prioritize Netflix videos over other streaming video content. This is likely the first of similar arrangements to give fast-lane privileges to certain companies while relegating the rest of our communications to the digital equivalent of a winding dirt road.

A federal appeals court paved the way for this maneuver in January when it overturned the FCC’s Net Neutrality rules. This means that Internet service providers are now free to block or degrade connections to websites and services they don’t like.

Comcast’s plan to re-route online content is happening at a time when it profits immensely from control over access. Over the past 17 years, the price of basic cable service has grown at more than twice the annual rate of inflation. And analysts put the company’s profit margins on providing broadband at 80 percent or higher.

It’s no wonder cable Internet is so profitable: There’s no competition. Most U.S. consumers have just one choice of cable provider. And this situation will only get worse if the government approves Comcast’s merger.

Given its many anti-competitive, anti-consumer elements, the combination of the two biggest cable companies should be a non-starter for regulators. But Washington has a mixed record on media consolidation. In January 2011, the FCC and Justice Department gave Comcast’s takeover of NBCUniversal a green light. Yet by the end of that same year they blocked AT&T’s attempt to purchase T-Mobile.

The move against AT&T offers reason for hope. But the government won’t block Comcast’s new merger unless the public speaks out. More than 60,000 people have already told regulators to stop it.

And customers of Comcast and Time Warner Cable should oppose the deal in even bigger numbers: Both companies regularly rank among the worst of the worst in consumer surveys.

Letting these two corporations join forces to control all things online could be the end of Berners Lee’s vision of a people-powered Web — and the beginning of the reign of big, bad cable.

 

Timothy Karr is the senior director of strategy for Free Press.

From Our Readers

March 6, 2014 by · Leave a Comment 

Possible closure of ESP school in Boyle Heights (Feb. 27, 2014):

There are some key inaccuracies in this article. 

I was one of the ESP teachers involved in negotiations last year and ESP was never told that it had one last year at the East LA Skills Center. That is simply not true. We were told we had to secure magnet status in order for our program to grow and become more fiscally sustainable (although we have always been fiscally sustainable) and we are in the process of finalizing the magnet process as we speak. If you look at the Boyle Heights Zone of Choice information for next year, you find that ESP is shown to be located at the East LA Skills Center. Why would that be published if there was an understanding that the school would move? The District is lying. Period. 

—James

 

…We never agreed nor were ever informed, verbally or in writing, of a one-year limit to staying at the East LA Skills Center. As a matter of fact, the District has still not explained any reason we cannot stay here next year. What are the plans for this space? At least $2 million was invested into turning this place into a school, who will benefit from that investment? And why have our parents not been given a voice?

—Erica Huerta

 

On the US House of Representatives failure to extend long-term unemployment benefits: (Feb. 13, 2014):

Never in 40 years did I ever need any assistance. I … was able to complete my Bachelors Degree. I apply for jobs that I am over qualified for and have received only 2 interviews. Part of my issue is the fact I am 58 years old and nobody wants to hire an older person, or at least it seems. Plus the jobs have been given to illegals and there are not decent paying jobs available. If you want to talk about entitlements, look at all the “white-collar” entitlements that continue to this day. And let us not forget the big bailouts to financial institutions and their bonus compensation checks at the expense of taxpayers. Take $270.00 away from the big CEO’s and it means nothing, but take it from us, it means food, clothes and heat. 

—Mark G. Eden

 

…This is not crazy but just cruel. It’s like they are wanting us to starve to death. I have worked all my life and a job loss last year has gotten me to the point I have no idea what to do. It did help receiving the unemployment benefits. I just ran out of my regular benefits … now I cannot get nothing. I would gladly give Congress my email address and password. They can look at the hundreds and hundreds of jobs I have applied for. Still nothing, but who am I? I was not born with a silver spoon in my mouth although Congress things we all were.  America….the land of the free? I do not think so.

—Norma Keys

 

Looking for work not lazy. Losing my home/car/food and ability and to be able to seek employment. Joining the ranks of those who are not counted but rest assured my vote will be. Thanks Congress! 

      —Patrick McDonald

Time Changes This Weekend

March 6, 2014 by · Leave a Comment 

 Be prepared to lose an hour this weekend when the time changes at 1 a.m. Sunday morning.

Experts recommend moving the time on clocks ahead one hour before going to sleep on Saturday and to also take a few minutes to make sure smoking alarms are working, and to change the unit’s batteries to ensure they are operational in the event of a fire.

DA Won’t Seek Death Penalty In Boyle Heights Double Murder

March 6, 2014 by · Leave a Comment 

Prosecutors announced Tuesday they will not seek the death penalty against a 26-year-old man charged in the 2012 shotgun killings of his brother and another man at a Boyle Heights home.

If Israel Lopez is convicted as charged in the deaths of his 29-year-old brother, Gustavo, and 22-year-old Rafael Aguilar, he’ll face a maximum of life in prison without the possibility of parole.

The murder charges include the special circumstance allegation of multiple murders, along with an allegation that Lopez personally and intentionally discharged a shotgun.

Lopez is due back in Los Angeles Superior Court April 7 for a pretrial hearing.

 

Man Found Dead in Monterey Park Garage

March 6, 2014 by · Leave a Comment 

 Sheriff’s detectives in Monterey Park Wednesday arrested a roommate of a man who died after an apparent fight.

Yao Zhomg Shi, 59, was detained when Monterey Park police arrived at a garage in the 500 block of North Florence Avenue about 3:40 a.m. in response to reports of a fight, sheriff’s deputies said.

“When they arrived, they found the 51-year-old victim unresponsive on the floor of the attached garage,” Deputy Guillermina Saldana said.

Four men, all of whom apparently lived at the address with the victim, were taken in for questioning by sheriff’s detectives, and Shi was eventually booked on suspicion of murder and jailed in lieu of $1 million bail, deputies said.

The name of the dead man was not released. Anyone with more information was asked to call detectives at (323) 890-5500.

Body Found in Los Angeles River in Lincoln Heights Area

March 6, 2014 by · Leave a Comment 

The body of a 21-year-old man was found Monday in the Los Angeles River in the Lincoln Heights area, but it was unclear if he was the person who was reported to have fallen into the river near Fletcher Drive during heavy weekend rain.

The body of Pearson Kim Taing, of Los Angeles, was found around 7:30 a.m. near the 1700 block of North Spring Street, according to fire department and coroner’s officials.

More than 50 firefighters on the ground and in the air searched the area from Fletcher Drive to the Main Street bridge in downtown Los Angeles, but the search was called off after about 40 minutes.

 

Take Metro Rail to the LA Marathon March 9

March 6, 2014 by · Leave a Comment 

Transportation authorities are urging participants and spectators for Sunday’s L.A. Marathon to use the Metro Rail system to avoid lengthy bus detours and delays.

Metro will run free, non-stop bus shuttles beginning at 5 a.m. between the City of Santa Monica and the Culver City Expo Line Station. Patrons can board Santa Monica-bound buses on Washington Boulevard, Culver City-bound buses can be boarded on Olympic Boulevard and 11th St in Santa Monica. For more information, call 323.GO.METRO.

L.A. Fire Recruitment Investigation Ordered

March 6, 2014 by · Leave a Comment 

The city Fire Commission directed its official watchdog Tuesday to conduct an investigation into the way the Los Angeles Fire Department recruits and hires firefighters.

Commission President Delia Ibarra instructed newly appointed Independent Assessor Sue Stengel to perform an “analysis and audit” of the LAFD’s recruitment and selection process, saying the move was at the direction of the mayor.

Mayor Eric Garcetti has criticized the department for the ethnic and gender make-up of  its mostly white candidate pool.

LAFD also came under fire for turning away thousands of qualified applicants who failed to turn in required paperwork within one minute and for possible nepotism, with 20 percent of the latest class of 70 firefighter recruits being relatives of department employees.

Garcetti said the problems began before he assumed office, but added that he would “fix it.”

“I’ve brought in a new chief, appointed a new commission and now launched this investigation to make sure we reform the department and lower response times,” he said.

Interim Fire Chief James Featherstone and other department staff are also expected to report back to the commission in May on the recruitment process, as well as present a set of short- and long-term changes.

Responding to nepotism allegations, Featherstone noted that LAFD employees are “our biggest recruiters.”

“So we will always have relatives, friends and associates who are part of the greater public safety family,” he said. “What we need to do, though, we need to make sure the opportunity exists for all people to become Los Angeles city firefighters.”

To avoid any appearance of wrongdoing, Featherstone reassigned two battalion chiefs who had sons who were applying to work in with department, LAFD spokesman Peter Sanders said.

“There is no evidence of any wrongdoing on the part of either battalion chief,” Sanders said.

The chiefs were moved out of the recruitment and training section, one to the planning section and the other out into the field as a battalion chief, he said.

The reassignments took place not long after Featherstone’s appointment as chief in November, he said.

During Tuesday’s Fire Commission meeting, Ibarra also addressed the long-anticipated report released Monday that recommended comprehensive changes to the management of the fire department.

“It contained some wide-ranging recommendations,” she said. “Some of them will be controversial. Some of them are common sense.”

The report by PA Consulting, which was hired to review the deployment of LAFD resources after concerns arose about the department’s reporting of response times, found that the department suffers from a “cultural aversion to change and fear of litigation” and called for management of the department to be streamlined.

It recommended that the agency be divided into four geographic bureaus, its “cumbersome” disciplinary process overhauled and a five-year employment contract be given to the fire chief.

The report also recommends filling nearly 200 positions with civilian employees instead of sworn LAFD personnel.

« Previous PageNext Page »

Copyright © 2014 Eastern Group Publications, Inc. ·