Oficiales de Commerce se Disculpan Con Residentes y Discuten Multas

September 22, 2016 by · Leave a Comment 

Dos miembros del Consejo de la Ciudad de Commerce le pidieron perdón a los residentes de la ciudad en una reunión el martes, por violar leyes de conflictos de interés, resultando en multas de miles de dólares.

El alcalde Iván Altamirano y la alcalde temporal Tina Baca Del Río emitieron sus disculpas, asegurándoles a los residentes presentes que han aprendido su lección y no volverán a repetir las ofensas.

“Generé los problemas yo misma”, admitió Baca Del Río, “y quiero pedirle perdón a la comunidad por lo que he hecho”.

Baca Del Río inicialmente se enfrentó con una de las sanciones más altas emitidas por la Comisión De Prácticas Políticas Justas, $104,000. De acuerdo al FPPC, Baca Del Río ilegalmente transfirió fondos de su campaña a su cuenta de banco personal, usó la tarjeta de debito de su campaña para pagar por servicios relacionados con una renovación de cocina y repetidamente falló en reportar a tiempo y adecuadamente donaciones a su campaña. Bajo un acuerdo negociado, aprobado por la comisión la semana pasada, la multa de Baca Del Río fue reducida a $55,000. De esa cantidad, $40,000 serán permitidos que se paguen usando sus fondos de campaña.

El martes, Baca Del Río dijo que su procrastinación y el no tener acceso a sus cuentas de banco fueron la causa de su tardía en procesar sus donaciones, y no el engañar al público.

“Eso nunca fue mi intención”, trató de clarificar. “Fue un error enorme de mi parte”.

Altamirano también llegó a un acuerdo con el FPPC la semana pasada, acordando en pagar una multa de $15,500 para resolver sus tardanzas en declarar sus donaciones de campaña. Al igual, resolvió las alegaciones que lo culpaban en violar leyes de conflicto de interés por apuntar a su hermana a un puesto en la comisión de planificación de la ciudad. Por último, también se le acusaba de instalar una señal de alto cerca de una propiedad de alquiler que posee.

“Soy un hombre integro”, dijo Altamirano, invitando a cualquier residente con preguntas en reunirse personalmente con él.

Ambos oficiales electos culparon el cambio en leyes de campaña, que ocurrieron a media elección, por sus demoras en reportar sus declaraciones financieras. Ya que dijeron que no estaban enterados de los cambios.

Sin embargo, las disculpas no resonaron con los residentes presentes en la reunión, incluyendo a algunos que dijeron que los dos miembros deberían enfrentarse a cargos más rudos.

“Residentes, despiértense y vean la corrupción que está sucediendo”, exclamó Charles Calderón, quien viajó desde Sacramento para asistir la reunión del FPPC la semana pasada. “La Ciudad de Commerce merece mejor”, agregó.

De acuerdo a Altamirano, la investigación del FPPC, empezó un poco antes de su elección en el 2013. Él implicó que la investigación fue motivada por una queja sometida por uno de sus competidores quien perdió.

En una entrevista con EGP el martes, Altamirano defendió su participación en la instalación de la señal de alto cerca de su casa. La señal está ubicada en la intersección de la Avenida Fidelia y la Calle Jillson, a unos 150 pies de su propiedad. Él le dijo a EGP que los residentes del vecindario le imploraron que hiciera algo para impedir que los vehículos continuaran manejando velozmente por la intersección.

De acuerdo a Altamirano, él insistió en instalar la señal por razones de seguridad pública y no para incrementar el valor de su propiedad, como los oficiales del FPPC reclamaban.

“Ni sabía de que el hacer eso incrementaría el valor de mi casa”, dijo durante la reunión con EGP.

Altamirano también defendió el nombramiento de su hermana, Julissa Altamirano, y le dijo a EGP que ella es “una de las personas más inteligentes” que él conoce. A eso agregó que su hermana no tiene ningún problema en señalar cuando no está de acuerdo con sus decisiones.

Según Altamirano, no habría problema con el puesto que ocupa su hermana sino fuera por el sueldo de $50 que ella recibe cada mes, lo cual dijo que ella ha acordado en donar a una centro de ancianos en la ciudad.

El alcalde repetidamente aseguró que ha estado en contacto con el FPPC para determinar si la decisión de donar los $50 mensuales eliminará la violación de la ley. Si esto no fuera a ser, dijo que ella está dispuesta en resignar a su puesto en la comisión.

La comisión de planificación de la ciudad es uno de los grupos civiles más poderosos. Los comisionarios hacen recomendaciones al consejo respecto a ordenanzas municipales, proyectos de desarrollo y permisos.

Ya que Julissa también ha sido inquilina de Altamirano por 10 años, ella es considerada ser una fuente de ingresos para él. El FPPC determinó esto como una violación de la Ley de Reforma Política, la cual prohíbe a los oficiales públicos a votar en medidas relacionadas con intereses propios financieros.

De acuerdo a Altamirano, su caso fue juzgado con bases de otros en el pasado, por obligación, a pesar de que eran significativamente diferentes. Él también enfatizó que aunque Julissa es su hermana, ella toma sus decisiones independientemente. Por ejemplo, él le dijo a EGP que “ella votó en contra del desarrollo de Walmart al que él apoyaba”.

No obstante, él admitió que por precaución, no votará en la decisión de reelegirla.

“Pude haber dejado que esto continuara pero ya quiero dejarlo atrás”, dijo Altamirano, agregando que aceptó los descubrimientos del FPPC renuentemente.

La semana pasada, Calderón dijo que estaba colectando firmas para pedirle a la Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles, Jackie Lacey, que reabran la investigación de Baca Del Río. El acusa a la alcalde temporal de abusar su poder como oficial electa y continuamente violar leyes de campaña y de conflictos de interés.

El martes, Baca del Río dijo que estaba limitada a lo que podía comentar por la posible investigación, pero continuó diciendo que también deberían de inspeccionar las acciones de otros miembros del consejo por igual, especialmente las de Hugo Argumedo.

Argumedo fue reelecto el año pasado después de completar una sentencia que le impidió ocupar un cargo público a causa de una declaración jurídica fraudulenta.

“Si me hacen responsable a mí, tienen que hacer responsables a todos los demás”, dijo Baca del Río.

Actualizado: 10/04/16: Clarifica que la “transferencia ilegal de fondos” y el uso de la tarjeta de debito de la campaña para pagar servicios relacionados con una remodelación de cocina son dos cuestiones separadas.

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