Trump Rescinde DACA: 800.000 Beneficiaros en Riesgo

September 5, 2017 by · Leave a Comment 

Los líderes demócratas del sur de California y los defensores de los inmigrantes criticaron duramente hoy la decisión de la Administración de Trump de eliminar gradualmente el programa de Acción Deferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que ha protegido a unas 800.000 personas – incluidas más de 242.000 en California – que fueron traídos al país como niños de deportación.

Los activistas de inmediato planearon salir a las calles para protestar la decisión, que fue anunciado por el fiscal general Jeff Sessions en nombre del presidente Donald Trump.

Read this article in English: Trump Rescinds DACA: 800,000 Recipients at Risk

Bajo la acción de la Administración de Trump, el Congreso tendrá seis meses para intentar aprobar una legislación que se dirija a DACA antes de que el programa se elimine gradualmente.

La congresista Grace Napolitano, D-El Monte, también en Twitter, instó a todos sus “colegas republicanos a unirse a nosotros y tomar medidas para #ProtectDreamers! #DefendDACA!”

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo: “La acción del presidente Trump en DACA es cruel – amenaza con separar a familias, pone en riesgo nuestra economía y no hará nada para unificar a Estados Unidos o hacernos más seguros”.

“La decisión de hoy es un revés gigante para los Estados Unidos, porque todos nuestros niños deben sentirse seguros y aceptados en un país que les pertenece”, dijo Garcetti. “DACA ha permitido que cerca de 800.000 jóvenes ambiciosos y patrióticos comiencen sus carreras, permanezcan en la escuela y devuelvan a nuestras comunidades sin temor a ser separados de la gente que aman”.

El alcalde también instó al Congreso a actuar rápidamente sobre la legislación: “…Ellos pertenecen aquí. Y lucharemos para que se queden”.

Al defender la decisión, Trump dijo que el presidente Barack Obama excedió su autoridad en la creación del programa DACA.

“En junio de 2012, el presidente Obama evitó que el Congreso otorgue permisos de trabajo, números de Seguro Social y beneficios federales a aproximadamente 800.000 inmigrantes ilegales actualmente entre las edades de 15 y 36 años”, dijo Trump.

“Los receptores típicos de esta amnistía ejecutiva, conocida como DACA, tienen más de 20 años. La legislación que ofrecía estos mismos beneficios había sido presentada en el Congreso en numerosas ocasiones y fue rechazada cada vez”.

Trump agregó: “Solo por la aplicación confiable de la ley de inmigración podemos producir comunidades seguras, una clase media robusta y equidad económica para todos los estadounidenses”.

Señalo que funcionarios de 10 estados están demandando el programa y sus asesores legales han determinado que es “ilegal e inconstitucional y no puede ser defendido con éxito en los tribunales”.

Esos argumentos hicieron poco para apaciguar a los legisladores demócratas.

La senadora Kamala Harris, de California, dijo que los receptores de DACA “hacen que nuestra nación sea fuerte y representen lo mejor de los Estados Unidos” y rescindir el programa “socava los valores de nuestra nación y es una cruel traición” de DREAMers. El representante Adam Schiff, D-Burbank, criticó el “ataque cruel y arbitrario” contra ellos.

La senadora Dianne Feinstein, D-California, instó al Congreso a avanzar con la legislación conocida como el DREAM Act que proporcionaría un camino a la ciudadanía para DREAMers – el término usado para los receptores de DACA.

“El fracaso en proteger a los jóvenes que han salido de las sombras constituiría un abyecto fracaso moral”, dijo Feinstein.

Funcionarios de la Unión Internacional de Empleados de Servicios denunciaron lo que llamó un “ataque vergonzoso” contra los beneficiaros de DACA.

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) dijo que los miembros estaban listos para reunirse en las oficinas de los legisladores republicanos, incluyendo el representante Steven Knight en Santa Clarita, la representante Mimi Walters en Irvine, así como la oficina del representante Kevin McCarthy en Bakersfield.

Además, decenas de trabajadores y miembros de la comunidad planificaron una marcha de mediodía por el centro de la ciudad de Los Ángeles desde los escalones del Ayuntamiento hasta el edificio federal en el bloque 200 del este de la calle Temple.

Introducido por Obama en 2012, DACA permite a las personas que fueron traídas ilegalmente a los Estados Unidos como niños a trabajar y estudiar en el país sin temor de ser deportados. DACA ha estado disponible para inmigrantes sin antecedentes penales que fueron traídos al país cuando eran menores de 16 años de edad. Los permisos de trabajo expedidos bajo DACA deben renovarse cada dos años.

Trump ha adoptado una postura dura contra la inmigración ilegal, pero hasta poco no había dado una fuerte indicación de si mantendría a DACA en su lugar.

Preguntado durante el fin de semana si los receptores de DACA deben estar preocupados, Trump respondió: “Amamos a los DREAMers. Amamos a todos…Creamos que los DREAMers son fantásticos”.

El representante Ted Lieu, D-Torrance, es uno de los muchos funcionarios electos de ambos partidos que han criticado los planes del presidente.

“La cobarde decisión de Trump de poner fin a DACA va en contra de las mismas fuerzas que han hecho de Estados Unidos un país excepcional”, dijo Lieu. “Deportar a cientos de miles de asiáticos y latinos – casi la mitad de los cuales fueron traídos a los Estados Unidos antes de los 7 años – no sólo es cruel, sino que dañara a nuestra economía”.

Lucha Por Mantener las Montañas de San Gabriel un Monumento Nacional

August 23, 2017 by · Leave a Comment 

Los activistas locales su unieron a la Representante de los Estados Unidos Judy Chu (centro) el martes en el Parque Histórico Estatal de Los Ángeles para apoyar el monumento continuo para cientos de miles de acres de las montañas San Gabriel. (Oficina de representante Judy Chu)

Los activistas locales su unieron a la Representante de los Estados Unidos Judy Chu (centro) el martes en el Parque Histórico Estatal de Los Ángeles para apoyar el monumento continuo para cientos de miles de acres de las montañas San Gabriel. (Oficina de representante Judy Chu)

Funcionarios y activistas demócratas se reunieron el martes en apoyo al Monumento Nacional de las Montañas San Gabriel, expresando su preocupación porque la extensión de 346,000 acres de terreno al noreste de Los Ángeles podría ser amenazada bajo una revisión pendiente ordenada por el presidente Donald Trump.

“Queremos que nuestro Monumento a San Gabriel permanezca como esta y queremos espacios al aire libre, naturaleza y aire fresco para la gente del Condado de Los Ángeles”, dijo la representante Judy Chu, D-Pasadena, en una conferencia de prensa en el Parque Histórico de Los Ángeles (Los Angeles Historic Park).

El monumento es uno de los más de cuatro docenas puestos bajo escrutinio por Trump, quien emitió una orden ejecutiva en abril pidiendo una revisión de monumentos designados bajo la Ley de Antigüedades (Antiquities Act) de 1906, que otorga al presidente la autoridad para declarar tierras federales de valor histórico o científico como monumentos nacionales.

Trump dijo que su orden ejecutiva “pondría fin a otro flagrante abuso del poder federal” y “devolvería ese poder a los estados y a la gente, en donde pertenece”.

También dijo que la Ley de Antigüedades “unilateralmente puso millones de acres de tierra y agua bajo estricto control federal…eliminando la habilidad de las personas que viven en esos estados para decidir la mejor manera de usar esa tierra”.

El monumento de las Montañas San Gabriel fue creado por el presidente Barack Obama por orden ejecutiva en 2014. Algunos legisladores republicanos criticaron el movimiento en ese momento, diciendo que restringiría el acceso a tierras públicas y tendría un impacto negativo en los recursos hídricos, las instalaciones de control de inundaciones y las carreteras.

Chu era una defensora importante de la designación del monumento. Ella había empujado originalmente a tener 600.000 hectáreas de la cordillera declarada como un monumento nacional.

El representante Adam Schiff, D-Burbank, también habló a favor de mantener el monumento en su forma actual, y criticó la orden de Trump que ordenaba la revisión.

“También no sabemos por qué monumentos específicos, incluyendo el Monumento Nacional de las Montañas San Gabriel, fueron atacados y no otros”, dijo Schiff. “Nuestra conjetura es simple: el presidente Trump, en su celo de estar en contra de cualquier cosa que el presidente Obama haya hecho, no importa lo que sea, está en contra de esto también”.

El secretario de Estados Unidos, Ryan Zinke, anunciará los resultados de su revisión y las recomendaciones de la semana, a más tardar el jueves.

Zinke ya ha concluido su revisión de varios otros monumentos, recomendando que no haiga cambios. Entre ellos estaba el Monumento Nacional de la Arena a la Nieve (Sand to Snow National Monument), una extensión de 154,000 acres en la zona silvestre de San Gorgonio del Bosque Nacional de San Bernandino, que se extiende en los condados de Riverside y San Bernandino.

San Gabriel Mountains’ Monument Status In Danger

August 23, 2017 by · Leave a Comment 

Democratic elected officials and activists gathered Tuesday in support of the San Gabriel Mountains National Monument, expressing concern that the 346,000-acre expanse of land northeast of Los Angeles could be threatened under a pending review ordered by President Donald Trump.

“We want our San Gabriel Monument to stay as it is, and we want outdoor spaces, nature

At a news conference in Los Angeles Tuesday, U.S. Rep. Judy Chu (center) called on the Trump administration to keep in place the monument status of 346,000-acres of the San Gabriel Mountains. Chu was joined at Los Angeles Historic Park by fellow Congressmen Adam Schiff and Jimmy Gomez, and local activists who questioned the singling out of some monuments but not others. (Photo courtesy Office of U.S. Rep. Judy Chu)

At a news conference in Los Angeles Tuesday, U.S. Rep. Judy Chu (center) called on the Trump administration to keep in place the monument status of 346,000-acres of the San Gabriel Mountains. Chu was joined at Los Angeles Historic Park by fellow Congressmen Adam Schiff and Jimmy Gomez, and local activists who questioned the singling out of some monuments but not others. (Photo courtesy Office of U.S. Rep. Judy Chu)

and fresh air for the people of Los Angeles County,” Rep. Judy Chu, D-Pasadena, said at a news conference at Los Angeles Historic Park.

The monument is one of more than four dozen placed under scrutiny by Trump, who issued an executive order in April calling for a review of monuments designated under the Antiquities Act of 1906, which grants the president authority to declare federal lands of historic or scientific value as national monuments.

Trump said his executive order would “end another egregious abuse of federal power” and “give that power back to the states and to the people, where it belongs.”

He also said the Antiquities Act “unilaterally put millions of acres of land and water under strict federal control … eliminating the ability of the people who actually live in those states to decide how best to use that land.”

The San Gabriel Mountains monument was created by President Barack Obama by executive order in 2014. Some Republican lawmakers criticized the move at the time, saying it would restrict access to public land and have a negative impact on water resources, flood control facilities and roads.

Chu was a major proponent of the monument designation. She had originally pushed to have 600,000 acres of the mountain range declared a national monument.

Rep. Adam Schiff, D-Burbank, also spoke in favor of maintaining the monument in its current form, and criticized Trump’s order mandating the review.

“We also don’t know why specific monuments, including the San Gabriel Mountains National Monument, were targeted and not others,” Schiff said. “Our guess is simple — President Trump, in his zeal to be against anything President Obama did, no matter what it is, is against this too.”

U.S. Secretary of the Interior Ryan Zinke is expected to announce the results of his review and any recommendations this week, no later than Thursday.

Zinke has already concluded his review of several other monuments, recommending no changes. Among those was the Sand to Snow National Monument, a 154,000-acre expanse in the San Gorgonio wilderness area of the San Bernardino National Forest, stretching into both Riverside and San Bernardino counties.

$400 Million: The Partial Price of Peace?

August 4, 2016 by · Leave a Comment 

When the US government sends $400 million in cash, stacked on pallets, to Iran on the same day the Iranian government releases four imprisoned Americans, it looks an awful lot like ransom.

On the other hand, when the US government decides to keep $400 million sent to it by the Iranian government pursuant to an arms deal for 35 years without ever shipping the arms, it looks an awful lot like stealing.

And when the US government reaches a settlement to finally pay back that money with interest, it looks an awful lot like justice.

Yes, the simultaneity of payment and release looks pretty damning on both ends.

On the other hand, it seems very understandable from both ends.

The Iranians have had good reason to distrust the US government for more than 60 years, ever since the US overthrew their elected government and saddled them with a US-approved dictator, then stole their money when they overthrew that dictator. As often as the US has screwed them, why would they trust the US to repay them absent some kind of leverage?

President Obama, on the other hand, wanted to secure the return of those prisoners, and he seems to genuinely want to improve US relations with Iran after more than three decades of cold (and sometimes not so cold) war. Coughing up cash that the US owed to Iran anyway probably looked like a good way to make progress on both of those fronts.

Yeah, I guess it looks kind of bad. But you know, I don’t have any heartburn over it. And I find it hard to give much credence to Republican temper tantrums over the whole thing.

I don’t recall Republicans complaining about the Iranians timing their release of hostages from the US embassy in Tehran to coincide with the inauguration of a Republican president (some people even believe that that Republican’s running mate negotiated a secret deal with the Iranians to stretch the matter and create that coincidence).

I do recall Republicans defending that same president when he was discovered to have traded arms to — not to merely have returned money to, but to have intentionally armed — Iran in return for assistance in achieving the release of American hostages held in Lebanon by Iran’s Hezbollah allies.

It seems to me that all is well here, election year partisan bluster notwithstanding. Peace gets messy now and again, but it beats the alternative.

 

Thomas L. Knapp (Twitter: @thomaslknapp) is director and senior news analyst at the William Lloyd Garrison Center for Libertarian Advocacy Journalism (thegarrisoncenter.org). He lives and works in north central Florida.

Tribunal Supremo Deja en Limbo Beneficios Económicos de DAPA y DACA

June 30, 2016 by · Leave a Comment 

Los beneficios económicos que conllevarían las medidas migratorias que quedaron bloqueadas la semana pasada en el Tribunal Supremo permanecerán en el mismo limbo que los millones de indocumentados que esperaban beneficiarse de ellas, según expertos consultados por Efe.

Desde beneficios económicos para los mismos estados que interpusieron la demanda contra las medidas migratorias del presidente Barack Obama hasta un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) se han dejado de percibir a raíz del bloqueo de la regularización temporal de indocumentados.

“Tenemos un medidor que calcula lo que ha perdido el Producto Interno Bruto del país desde la suspensión de la implementación de las medidas (en febrero de 2015) y hemos perdido ya 8.300 millones de dólares”, señaló a Efe Philip Wolgin, director asociado del Equipo de Políticas de Inmigración del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP, en inglés).

“Eso significa que hemos perdido 29,9 millones de dólares cada día” agregó Wolgin.
Si las medidas se hubieran implementado en 2015, una proyección de CAP calcula que para el año 2024 el PIB registraría un incremento de 24.000 millones de dólares.

Wolgin explicó que al tratarse de personas que ya están aquí en el país, un permiso de trabajo les permitiría “mejorar su capacitación recibir entrenamiento o conseguir un diploma universitario con lo que mejorarán su estatus y sus ingresos”.
Esta visión la comparte Heide Castañeda, investigadora y profesora de la Universidad del Sur de Florida, y que resalta que un permiso de trabajo beneficia igualmente a las familias de estatus de inmigración mixto, es decir con algunos de sus miembros en calidad de indocumentado.

“Estas medidas que proporcionan un permiso de trabajo de tres años a los beneficiados, pueden aumentar el ingreso promedio familiar en un 10%”, aseguró Castañeda a Efe.
La investigadora asegura que hay aproximadamente 2,3 millones de familias de estatus mixto en Estados Unidos que mejorarían sus ingresos si todos los miembros adultos cuentan con una autorización legal para trabajar.

Un informe del Instituto de Políticas de Migración calculó que más de 10 millones de personas viven en familias con al menos un adulto que sería elegible para la Acción Diferida para padres indocumentados (DAPA).

Las familias con potenciales beneficiarios del programa DAPA ganan aproximadamente unos 10.000 dólares menos al año en el caso de los hombres y 8.000 dólares menos en el caso de las mujeres, según el mismo reporte.

Las posibilidades de superación se multiplican cuando se trata de jóvenes adultos que inician su vida profesional, como es el caso de los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

“Ya hemos visto los grandes beneficios que ha traído DACA para las personas que lo han recibido: tienen mejores salarios, mejores empleos y han podido mejorar la condición económica de sus familias”, destacó Wolgin.

Otro análisis de CAP, al cumplirse el tercer año de la entrada en vigencia de este programa federal, encontró que el 69 % de los beneficiarios “consiguieron empleo con un mejor salario”, el 92% han conseguido “oportunidades educacionales que no podían tener anteriormente” y el 21% compró su primer automóvil.
No obstante, organizaciones en contra de la inmigración indocumentada han presentado sus cifras en las que muestran los efectos negativos de la inmigración para el “trabajador estadounidense”.

Según Steven Camarota, director de investigación del Centro de Estudios de Inmigración, que remitió un reporte al Senado en junio pasado, la oferta de mano de obra barata de los trabajadores extranjeros no calificados afecta directamente a los trabajadores más pobres de Estados Unidos.

“Los estadounidenses menos educados que son actualmente los trabajadores más pobres, son los más afectados por la competencia de la inmigración y la reducción de los salarios”, aseguró Camarota.
En sentido contrario, otro informe de CAP señala que los 26 estados que entablaron una demanda en una corte de Texas contra DAPA y la extensión de DACA también están perdiendo dinero como consecuencia del bloqueo de las medidas.

“En conjunto, 18 de los 26 estados que están demandando para detener DAPA y la expansión de DACA pueden llegar a perder un estimado de 91.900 millones en aumento del PIB estatal a través de 10 años”, señaló Tom Jawetz, vicepresidente de Política de Inmigración de CAP.

En noviembre de 2014, ante la imposibilidad de aprobar una reforma migratoria en el Congreso, Obama proclamó por decreto unas medidas destinados a frenar la deportación de casi cinco millones de indocumentados, que podrían haber obtenido de manera temporal un permiso de trabajo y una licencia de conducir.

Una coalición de 26 estados, liderados por Texas y en su mayoría con gobernadores republicanos, consiguió que un juez bloqueara las medidas migratorias en febrero, tras lo cual la Casa Blanca interpuso sucesivos recursos hasta llegar a la máxima instancia judicial del país.

Editorial Cartoon

April 28, 2016 by · Leave a Comment 

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Justices Appear Divided On Immigration Case

April 21, 2016 by · Leave a Comment 

The atmosphere was celebratory, as if they had already won.

In reality, victory, defeat or a draw in a case that could determine the future of millions of immigrants in the country illegally is likely still months away.

On Monday morning — in front of the U.S. Supreme Court in Washington D.C. and in dozens of cities across the country — thousands of immigrants and their supporters rallied in support of President Obama’s executive actions giving four million undocumented immigrants temporary relief from deportation. The rallies took place as the high court’s eight justices listened to oral arguments in United States v. Texas, a lawsuit challenging the constitutionality of the president’s authority to bring the actions.

Questions raised by the eight justices seem to indicate they are deeply divided 4-4, with the four conservative justices leaning toward upholding the lower court’s ruling.

Lea este artículo en Español: Jueces Parecen Estar Divididos En Caso de Inmigración

Defending the president’s actions, petitioners questioned whether Texas and the other states have standing to bring the lawsuit.

In May 2015, a Fifth Circuit Court of Appeals panel in New Orleans upheld an injunction issued by a U.S. District judge in Texas in a lawsuit filed by Texas and 25 other Republican leaning states seeking to halt Obama’s executive actions on immigration.

The states argued that Obama overstepped his legal authority when he took the executive actions, insisting he does not have the ability to unilaterally set immigration policy.

The legal wrangling has suspended implementation of a program that would extend work permits and protection against deportation to parents of U.S.-born children and expand the existing program for immigrants who arrived illegally as children. The programs – often referred to by their acronyms, DAPA and DACA – would affect an estimated half-million Angelenos.

The three-justice panel ruled that the states had sufficient legal ground to bring suit and that the administration failed to show it would be harmed by further delays.

Congressman Xavier Becerra (D-34), whose district includes parts of East and Northeast Los Angeles, was in the Court for oral arguments and told EGP following the proceedings that the justices were attentive to both sides presenting arguments.

They asked very important questions, such as “how do you define lawful presence?” and “how do you treat the issue of removal [of undocumented immigrants]?” if it was to happen, he said.

For Becerra, the threshold is whether Texas even has the right to bring the case to court,  “because [they] have to prove that the state will be harmed” by the measures.

Thousands of people gathered on the steps of the U.S. Supreme Court to support DACA and DAPA. (Photo courtesy of office of Congressman Xavier Becerra)

Thousands of people gathered on the steps of the U.S. Supreme Court to support DACA and DAPA. (Photo courtesy of office of Congressman Xavier Becerra)

In 2015, Texas argued that the state would suffer financial harm due to a Texas policy that allows the state to issue driver’s licenses to noncitizens lawfully living in the state.

Undocumented youth who qualified for DACA in 2012 were not initially allowed to apply for a Texas driver’s license, but that changed a year later when the Obama Administration confirmed that DACA recipients are authorized to be in the United States and therefore considered to be “lawfully present” under federal immigration laws.

During oral arguments Monday, U.S. Solicitor General Donald B. Verrilli argued that under current Texas law, “They will give a driver’s license now to any category of person who has a document from the Federal government, not only saying you’re lawfully present, but that you’re officially – we’re officially tolerating your presence.”

“There are vast numbers of people under existing Texas law that are eligible for a license even though they are not lawfully present,” Verrelli said during the 90-minute session. He argued that Texas could change its law to deny driver’s licenses to immigrants.

“You would sue them instantly,” Chief Justice John G. Roberts responded. It’s “a real catch-22,” he said, referring to the possibility of the federal government suing Texas over its unequal treatment of immigrants deemed lawfully present in the country.

Speaking in defense of the president’s actions, MALDEF President and General Counsel Thomas A. Saenz presented testimonials from three unauthorized immigrant mothers –identified as Jane Does – who would benefit from DAPA, defended the executive actions.

“The justices seemed closely engaged throughout the entire argument,” Saenz said during a telephone news conference following oral arguments. It was necessary to bring the “human faces” of those who are being put at risk, he added.

“Without their participation, the only parties would be political, so it was important to have the perspective of those who are waiting,” he told reporters.

The death of Justice Antonin Scalia earlier this year has left the court divided 4-4 along partisan lines. If the conservative/liberal split holds, a 4-4 decision would allow the lower court’s decision to stand.

“There would be consideration of what could be done, in court or otherwise, to limit the scope of the nationwide injunction barring implementation of the guidance everywhere” in response, Saenz explained.

Plaintiffs in the case also claim that the immigration orders by President Obama represent a drastic change in the country’s policies without the authorization of Congress.

It’s an argument backed by California Congressman Darrell Issa (R-49) who represents the coastal areas of San Diego and Orange counties.

“The Constitution couldn’t be any clearer. It’s Congress’s job to write the laws and it’s the President’s job to see that they are faithfully executed,” said Issa in a statement Monday.

Justice Anthony Kennedy seemed to agree. “It’s as if the president is setting the policy and the Congress is executing it. That’s just upside down,” said Kennedy, typically the court’s swing vote.

“We have basically 10 million, nine hundred thousand people that cannot be deported because there’s not enough resources,” said Justice Sonia Sotomayor after clarifying that Congress had only allocated funds to deport about 400,000 people in the country illegally each year. “So they are here whether we want them or not.”

A coalition of 15 states, including California, plus the District of Columbia and 118 cities and counties, however, have demonstrated support for the president’s actions.

In the friends-of-the-courts briefs, supporters of the president’s executive actions argue that his directives would not harm the 26 states seeking to overturn them but instead would be of substantial benefits not only to undocumented immigrants and their families, but to government coffers as well.

The brief, which was co-drafted by Los Angeles Mayor Eric Garcetti, City Attorney Mike Feuer and their New York City counterparts, also points to the potential “economic harm” of not allowing taxpaying immigrants to work and stay in the country.

Obama’s executive policies are expected to inject as much as $800 million in “economic benefits” to state and local governments, according to the brief.

Congresswoman Lucille Roybal-Allard (D-40) who represents East L.A. and parts of Southeast and South L.A. said in a statement that President Obama’s executive actions to expand DACA and implement DAPA are not only legal, but also humane.

“If these actions take effect, more qualified immigrants will be able to come out of the shadows and contribute to our nation. More families will be able to live in peace, free from fears of being torn apart,” she said. “I am confident the Supreme Court will affirm that President Obama has every right to take these executive actions.”

Saenz said he is very optimistic. “I saw a court that was very much for justice.”

A final ruling is expected in June.

Information from City News Service used in this report.

Update  3:45 p.m. April 22, 2016: An earlier version of this story misspelled the names of Congresswoman Lucille Roybal-Allard and  Darrell Issa.

 

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jgarcia@egpnews.com

galvarez@egpnews.com

Tribunal Supremo Examina las Medidas Migratorias del Presidente Obama

April 18, 2016 by · Leave a Comment 

El Tribunal Supremo examinó el lunes si el presidente Barack Obama proclamó de forma legal sus medidas migratorias para frenar la deportación de cinco millones de indocumentados o si, por el contrario, se excedió en su poder, como sostiene la oposición republicana.

La cita judicial llega en un momento de alta tensión de cara a las elecciones presidenciales de noviembre con candidatos como el magnate Donald Trump, aspirante a la nominación presidencial republicana y que aboga por construir un muro en la frontera con México y deportar a todos los indocumentados del país.

“Las familias no tienen fronteras” y “paren las deportaciones” son algunos de los mensajes que lucieron las pancartas que desde primera hora del día se agolpan a las puertas de la corte, donde el Movimiento para una Reforma Migratoria Justa reunió alrededor de 3.500 personas en una gran manifestación.

Un grupo de activistas se reunieron en Los Ángeles para presentar apoyo a la audiencia de DAPA en Washington. (Catherine Lyons)

Un grupo de activistas se reunieron en Los Ángeles para presentar apoyo a la audiencia de DAPA en Washington. (Catherine Lyons)

Dentro del alto tribunal, durante una audiencia de 90 minutos, los jueces analizaron las acciones ejecutivas que Obama proclamó en noviembre de 2014 y que fueron bloqueadas a comienzos de 2015, un día antes de entrar en vigor, a petición de una coalición de 26 estados, liderados por Texas y en su mayoría con gobernadores republicanos.

Los 26 estados consideran que Obama se ha excedido en su poder al proclamar por decreto su plan migratorio, que consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA) y cuyo objetivo es evitar la deportación de jóvenes indocumentados que llegaron de niños a EEUU.

La otra parte del plan es el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que busca evitar la deportación de los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.

Estas medidas son temporales y permitirían a los beneficiarios conseguir un permiso de trabajo, un seguro social y una licencia de conducir.

Consciente de que se juega uno de sus mayores legados en política interior, el Gobierno de Obama defiende su poder para fijar diferentes prioridades en la expulsión de indocumentados y pone de ejemplo a dos expresidentes republicanos, Ronald Reagan y George H.W. Bush, quienes proclamaron acciones similares en el pasado.

Además de los estados y el Gobierno federal, testificó un abogado del Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación (Maldef), que representa a tres mujeres indocumentadas de Texas y que podrían acogerse a uno de los programas proclamados por Obama.

En apoyo de la tesis que defienden los estados, dio su testimonio un letrado que representa a la mayoría republicana de la Cámara Baja, que sostiene que Obama se extralimitó en su poder, proclamó medidas demasiado amplias y solo el Congreso tiene capacidad para cambiar las leyes migratorias.

Frente a las partes, dentro de la corte hay solo ocho de los nueve jueces con cargos vitalicios que deben componer el Supremo, dividido en cuatro conservadores y cuatro progresistas debido a la inesperada muerte en febrero del magistrado conservador Antonin Scalia.

El dictamen llegará en junio y, si empatan, los magistrados tienen la opción de dejar en vigor el veredicto de la corte inmediatamente inferior, lo que perjudicaría a Obama, o decidir que el caso vuelva a argumentarse ante el Supremo una vez que un nuevo juez se incorpore a la corte.

Obama Se Propone a Nominar un Candidato para el Tribunal Supremo

February 17, 2016 by · Leave a Comment 

El presidente, Barack Obama, insistió el martes en que propondrá a un candidato con una “mente legal espectacular” para sustituir en el Tribunal Supremo al magistrado Antonin Scalia, fallecido este sábado a los 79 años, a pesar de la amenaza de veto de la mayoría republicana del Senado.

“Tengo la intención de nominar en el tiempo necesario a un candidato muy cualificado”, señaló el mandatario en una rueda de prensa en la localidad de Rancho Mirage, CA, donde mantuvo una cumbre de dos días con los líderes de las naciones del sudeste asiático (ASEAN).

La muerte de Scalia abrió automáticamente una fiera batalla entre Obama, que asegura que propondrá a un sustituto antes de dejar la Casa Blanca en enero de 2017, y la oposición de la mayoría republicana del Senado, que rechaza confirmar a cualquier candidato del presidente.

Durante su rueda de prensa, el mandatario no dio pistas sobre si baraja a un candidato moderado, aunque señaló que “presentará a alguien cualificado de forma indiscutible para el asiento” y que, incluso alguien con opiniones políticas diferentes a las suyas, considerará que el candidato actuará con “honor e integridad”.

“Espero que hagan su trabajo”, dijo Obama sobre los senadores republicanos, que creen que el nuevo presidente elegido en las elecciones de noviembre es el que debe de nombrar al nuevo juez, de forma que el asiento de Scalia quedaría vacío 11 meses hasta que el mandatario deje la Casa Blanca, en enero de 2017.

“Casi nos hemos acostumbrado al obstruccionismo del Senado”, criticó Obama, quien aseguró tener 14 nominaciones esperando a ser aprobadas por la Cámara Alta, a la que la Constitución otorga la potestad de aprobar o rechazar las nominaciones del Presidente.

El Tribunal Supremo debe estar formado por nueve jueces, con cargos vitalicios, y hasta ahora había cinco conservadores y cuatro progresistas, por lo que los republicanos temen que un nuevo nombramiento de Obama—ya designó a dos juezas—podría inclinar la balanza a favor de los progresistas.

“El Tribunal Supremo no es una extensión de la Casa Blanca. El presidente tiene todo el derecho a nominar a alguien para el Tribunal Supremo, pero el Congreso como una rama igual (del Estado) tiene todo el derecho a no confirmar a nadie”, aseveró el martes el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan.

Frente a la mayoría republicana, los demócratas están presionando a los republicanos del Senado—un tercio afronta la reelección en noviembre—a que confirmen al candidato que Obama proponga.

Para nombrar un sustituto, el presidente debe de proponer oficialmente a un candidato que, antes de pasar al Senado, debe de ser estudiado por el Comité Judicial de la Cámara Alta.

El presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano Chuck Grassley, aseguró hoy que no ha tomado una decisión sobre si debe de vetar automáticamente a los candidatos que proponga Obama e invitó a “esperar hasta que el mandatario haga su propuesta” para tomar una decisión.

En sus declaraciones públicas, Obama destacó que varios jueces del alto tribunal lograron la confirmación del Senado en año electoral, como el juez Anthony Kennedy, nominado por el presidente Ronald Reagan en 1987 y confirmado en 1988.

El nombramiento de un nuevo juez, con el poder de moldear las leyes de EEUU, llega en un momento crucial para el país, inmerso en un competitivo proceso de primarias para nombrar al aspirante demócrata y republicano que competirá por la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de noviembre de este año.

Obama Designa Tres Nuevos monumentos nacionales en California

February 17, 2016 by · Leave a Comment 

El presidente Barack Obama designó el viernes tres nuevos monumentos nacionales para proteger cerca de 1,8 millones de acres (7.290 kilómetros cuadrados) en el desierto de California y garantizar su preservación “para las generaciones futuras”.

A través de las correspondientes proclamaciones presidenciales, Obama otorgó la denominación de monumento nacional a los senderos del desierto de Mojave, al área conocida como Sand to Snow y a las montañas Castle.

Las nuevas designaciones responden a una petición de la senadora demócrata por California Dianne Feinstein, según detalló la Casa Blanca en un comunicado.

Además, un grupo de cerca de 100 líderes cristianos latinos envió en diciembre pasado una carta a Obama con la misma solicitud acerca de las áreas que a partir de ahora estarán protegidas bajo la Ley de Antigüedades de 1906.

Con esta proclamación de Obama, pasarán a ser monumento nacional los senderos del desierto de Mojave, un área de 1,6 millones de acres (6.480 kilómetros cuadrados) con escarpadas montañas, antiguos flujos de lava y dunas de arena.

También un sector conocido como Sand to Snow, de 154.000 acres (624 kilómetros cuadrados) y considerado como uno de los de mayor biodiversidad del sur de California, ya que cuenta con 240 especies de aves y fauna salvaje en peligro de extinción.

El tercer nuevo monumento nacional serán las conocidas como montañas Castle, que albergan sitios arqueológicos de nativos americanos.

La Casa Blanca destacó que, durante su mandato, Obama ha protegido más de 265 millones de acres (1,07 millones de kilómetros cuadrados) de tierras y agua, más que ningún otro presidente de la historia.

Además, hace un año, Obama lanzó el programa “Cada niño en un parque” para promover el acceso a los espacios al aire libre, con motivo del centenario del Servicio Nacional de Parques en este 2016.

Gracias a esa iniciativa, los estudiantes de cuarto grado y sus familias pueden entrar gratuitamente a cualquiera de los Parques Nacionales y otras atracciones a cargo del Servicio Nacional de Parques durante el curso escolar 2015-2016.

Entre los más recientes monumentos nacionales designados por Obama figuran el monte Berryessa (California), los fósiles de mamut de Waco (Texas) y la cuenca Basin & Range de Nevada.

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