Tribunal Supremo Deja en Limbo Beneficios Económicos de DAPA y DACA

June 30, 2016 by · Leave a Comment 

Los beneficios económicos que conllevarían las medidas migratorias que quedaron bloqueadas la semana pasada en el Tribunal Supremo permanecerán en el mismo limbo que los millones de indocumentados que esperaban beneficiarse de ellas, según expertos consultados por Efe.

Desde beneficios económicos para los mismos estados que interpusieron la demanda contra las medidas migratorias del presidente Barack Obama hasta un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) se han dejado de percibir a raíz del bloqueo de la regularización temporal de indocumentados.

“Tenemos un medidor que calcula lo que ha perdido el Producto Interno Bruto del país desde la suspensión de la implementación de las medidas (en febrero de 2015) y hemos perdido ya 8.300 millones de dólares”, señaló a Efe Philip Wolgin, director asociado del Equipo de Políticas de Inmigración del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP, en inglés).

“Eso significa que hemos perdido 29,9 millones de dólares cada día” agregó Wolgin.
Si las medidas se hubieran implementado en 2015, una proyección de CAP calcula que para el año 2024 el PIB registraría un incremento de 24.000 millones de dólares.

Wolgin explicó que al tratarse de personas que ya están aquí en el país, un permiso de trabajo les permitiría “mejorar su capacitación recibir entrenamiento o conseguir un diploma universitario con lo que mejorarán su estatus y sus ingresos”.
Esta visión la comparte Heide Castañeda, investigadora y profesora de la Universidad del Sur de Florida, y que resalta que un permiso de trabajo beneficia igualmente a las familias de estatus de inmigración mixto, es decir con algunos de sus miembros en calidad de indocumentado.

“Estas medidas que proporcionan un permiso de trabajo de tres años a los beneficiados, pueden aumentar el ingreso promedio familiar en un 10%”, aseguró Castañeda a Efe.
La investigadora asegura que hay aproximadamente 2,3 millones de familias de estatus mixto en Estados Unidos que mejorarían sus ingresos si todos los miembros adultos cuentan con una autorización legal para trabajar.

Un informe del Instituto de Políticas de Migración calculó que más de 10 millones de personas viven en familias con al menos un adulto que sería elegible para la Acción Diferida para padres indocumentados (DAPA).

Las familias con potenciales beneficiarios del programa DAPA ganan aproximadamente unos 10.000 dólares menos al año en el caso de los hombres y 8.000 dólares menos en el caso de las mujeres, según el mismo reporte.

Las posibilidades de superación se multiplican cuando se trata de jóvenes adultos que inician su vida profesional, como es el caso de los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

“Ya hemos visto los grandes beneficios que ha traído DACA para las personas que lo han recibido: tienen mejores salarios, mejores empleos y han podido mejorar la condición económica de sus familias”, destacó Wolgin.

Otro análisis de CAP, al cumplirse el tercer año de la entrada en vigencia de este programa federal, encontró que el 69 % de los beneficiarios “consiguieron empleo con un mejor salario”, el 92% han conseguido “oportunidades educacionales que no podían tener anteriormente” y el 21% compró su primer automóvil.
No obstante, organizaciones en contra de la inmigración indocumentada han presentado sus cifras en las que muestran los efectos negativos de la inmigración para el “trabajador estadounidense”.

Según Steven Camarota, director de investigación del Centro de Estudios de Inmigración, que remitió un reporte al Senado en junio pasado, la oferta de mano de obra barata de los trabajadores extranjeros no calificados afecta directamente a los trabajadores más pobres de Estados Unidos.

“Los estadounidenses menos educados que son actualmente los trabajadores más pobres, son los más afectados por la competencia de la inmigración y la reducción de los salarios”, aseguró Camarota.
En sentido contrario, otro informe de CAP señala que los 26 estados que entablaron una demanda en una corte de Texas contra DAPA y la extensión de DACA también están perdiendo dinero como consecuencia del bloqueo de las medidas.

“En conjunto, 18 de los 26 estados que están demandando para detener DAPA y la expansión de DACA pueden llegar a perder un estimado de 91.900 millones en aumento del PIB estatal a través de 10 años”, señaló Tom Jawetz, vicepresidente de Política de Inmigración de CAP.

En noviembre de 2014, ante la imposibilidad de aprobar una reforma migratoria en el Congreso, Obama proclamó por decreto unas medidas destinados a frenar la deportación de casi cinco millones de indocumentados, que podrían haber obtenido de manera temporal un permiso de trabajo y una licencia de conducir.

Una coalición de 26 estados, liderados por Texas y en su mayoría con gobernadores republicanos, consiguió que un juez bloqueara las medidas migratorias en febrero, tras lo cual la Casa Blanca interpuso sucesivos recursos hasta llegar a la máxima instancia judicial del país.

Piden a Inmigrantes Se Prevengan de Estafas Después de la Audiencia de DAPA y DACA

April 21, 2016 by · Leave a Comment 

A raíz de la audiencia ante la Corte Suprema sobre DAPA y la ampliación de DACA, autoridades y expertos advierten a la comunidad inmigrante sobre el riesgo de fraudes y estafas sobre estas medidas, que, recuerdan, siguen suspendidas.

Las autoridades han advertido que la audiencia de este lunes en la Corte Suprema fue sólo para escuchar los comentarios legales a favor y en contra de las medidas administrativas, la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y la Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que continúan suspendidas debido a la demanda legal presentada en Texas por 26 estados.

“Como oficial de Gobierno no puedo comentar sobre la acción ejecutiva dado la situación legal, pero sí podemos decir que el DACA original está en efecto pero el DACA Extendido y el DAPA no están en efecto”, declaró en entrevista con Efe Joanne Ferreira, jefe adjunto encargado de la División de Medios de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).

Con base en esto, advirtió Ferreira, la comunidad “no debe estar ni pagando ni llenando ningún formulario para ninguno de estos beneficios pues no están implementados”.
A su vez, el vicepresidente de inmigración del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), Tom Jawetz, aseguró que el anuncio o el análisis de medidas para los inmigrantes siempre genera el riesgo de abusos.

“Con cualquier programa de inmigración que se anuncia siempre hay el riesgo de que las personas vayan a negocios o proveedores que los engañen en lugar de darles una asesoría legal valiosa”, comentó a Efe.
El jurista recalcó que sobre estas medidas administrativas que siguen suspendidas no hay ningún trámite que se pueda realizar actualmente.

“Dado que DAPA y Extensión DACA están ahora siendo estudiadas por la Corte Suprema de Justicia para decidir si se permite su implementación no hay nada todavía sobre lo cual aplicar, nada que hacer”, recalcó el abogado de CAP.

En Los Ángeles, conocida como “la capital mundial de los indocumentados”, este tipo de engaños es muy frecuente, opinó Rigoberto Reyes, jefe de investigación del Departamento de Asuntos del Consumidor del Condado Los Ángeles.

Reyes recordó que a diferencia de muchos países de Latinoamérica, en Estados Unidos los “notarios” no son abogados y tampoco están autorizados para ofrecer ayuda legal en procesos de inmigración.
El funcionario pidió a la comunidad que “acuda a los abogados titulados con licencia” para realizar trámites legales en asuntos migratorios.

Igualmente ofreció los recursos que tiene su departamento para presentar quejas o denunciar este tipo de fraudes y aseguró que la comunidad inmigrante, aunque sea indocumentada, no debe temer presentar una queja contra alguien que haya abusado de sus circunstancias.

De la misma forma, la representante de USCIS advirtió que toda persona que quiera realizar un trámite legal de inmigración debe asegurarse, antes de firmar un formulario, “que esté con toda su información y que la información esté correcta, para así evitar estafas de inmigración”.
Ferreira invitó a la comunidad a visitar el sitio de Internet de USCIS en español (uscis.gov/es), donde se ofrece toda la información sobre los trámites, al igual que noticias y recursos de interés para la comunidad inmigrante.

El servicio inmigración igualmente cuenta con una sección en su página también en español titulada “Evite estafas”, donde da consejos a los inmigrantes para “evitar ser víctimas de estafas de inmigración y que también tiene toda la información de qué se debe evitar y sobre qué estar alerta”.
El Supremo escuchó el lunes argumentos a favor y en contra del alivio migratorio anunciado por Obama en noviembre de 2014 y suspendido por decisión judicial en 2015 por una demanda presentada por 26 estados, la mayoría republicanos y comandados por Texas.

Ahora, los jueces estudiarán los argumentos legales presentados por ambas partes y sólo hasta junio o julio se conocerá algún pronunciamiento al respecto.

Un análisis del Instituto de Políticas de Migración (MPI) de febrero calculó que en Estados Unidos “viven más de 10 millones de personas en hogares donde al menos un adulto es potencialmente elegible para DAPA”.

Tribunal Supremo Toma el Caso de Inmigración

January 21, 2016 by · Leave a Comment 

La residente del Este de Los Ángeles y activista por los derechos de inmigrantes Isabel Medina despertó el martes con un mensaje de texto diciendo que la Corte Suprema revisaría la acción ejecutiva de inmigración del presidente Obama.

“Estaba feliz, desperté a mis hijos y les dije acerca de la buena noticia”, Medina le dijo a EGP en español. “Llamé a mi marido al trabajo y celebramos un paso más hacia la legalización”.

Read this article in English: Supreme Court to Take Up Immigration Case

Sus dos hijos estadounidenses—de edades siete y nueve—no comprendían muy bien la importancia de la decisión, comentó Medina. “Pero estaban contentos y dijeron: ‘Mamá, ahora si puedes ir a visitar a la abuela [en México]’”, recordó con lágrimas en sus ojos.

La decisión del Tribunal Supremo de revisar el fallo de la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones con sede en Nueva Orleans, de la demanda Texas v. Estados Unidos le ha devuelto la esperanza a Medina y a cinco millones de inmigrantes indocumentados en el país que podrían conseguir un alivio temporal de la deportación bajo los programas del presidente Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA) y la ampliación de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DAPA).

Anunciados por Obama en noviembre de 2014, DACA y DAPA benefician a padres de hijos estadounidenses y residentes permanentes legales e inmigrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños y tenían más de 31años de edad en 2012, permitiéndoles obtener protección contra la deportación, un permiso de trabajo y un número de seguro social.

El 16 de febrero de 2015 y dos días antes de que DACA expandido tomara efecto—26 estados predominantemente republicanos encabezados por Texas presentaron una demanda para bloquear los programas, alegando que las órdenes ejecutivas de Obama excedieron su autoridad bajo la Constitución de EEUU.

Isabel Medina (centro) junto a activistas celebran la decisión de la Corte Suprema que aceptó escuchar los casos de DACA y DAPA. (EGP foto por Jacqueline García)

Isabel Medina (centro) junto a activistas celebran la decisión de la Corte Suprema que aceptó escuchar los casos de DACA y DAPA. (EGP foto por Jacqueline García)

Un juez de Texas y el panel de la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones acordaron en detener los programas que estaban a punto de entrar en vigor.

La Administración Obama y 15 estados—incluyendo California—apelaron la decisión del Quinto Circuito con la Corte Suprema.

“Sabemos que es legal, sabemos que tiene sentido común. Sabemos que es sólo un ejercicio ejecutivo legítimo con discrecionalidad que se ha utilizado legalmente por los presidentes de ambos partidos; [Dwight D.] Eisenhower, [Ronald] Reagan, [George W.] Bush, [Bill] Clinton y Obama, por supuesto”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA) durante una conferencia de prensa en respuesta al anuncio del martes por la mañana.

“[Los inmigrantes] no se esconden, trabajan duro todos los días para mantener a sus familias y apoyar la economía de este país … Tenemos que dejar de deportar a los hombres, mujeres y niños que trabajan duro”, añadió María Elena Durazo, vicepresidenta general para la inmigración, los derechos civiles y la diversidad con UNITE HERE.

Los jueces probablemente escucharán los argumentos en abril; se espera una decisión final en junio.

En California, aproximadamente 1,5 millones de personas podrían beneficiarse de DACA y DAPA con cerca de medio millón en el condado de Los Ángeles, según Salas.

Si el Tribunal Supremo falla a favor de la Administración, los inmigrantes no autorizados elegibles bajo DACA o DAPA podrían enfrentarse con un corto plazo de tiempo para la aplicación de los programas antes de que Obama deje el cargo como presidente en enero de 2017, con probabilidades de que algún republicano lo reemplace.

Activistas de los derechos de inmigración han estado exhortando a las personas que podrían calificar para el aplazamiento de tres años de la deportación y el derecho a trabajar legalmente para reunir los documentos que necesitarán para solicitar si la Corte Suprema falla a su favor.

La congresista Judy Chu (CA-27), una de los cinco representantes que instó al presidente a emitir las órdenes ejecutivas, dijo a través de una teleconferencia el martes que la lucha continúa porque “es lo correcto” para hacer.

“Sabemos que estamos en el derecho legal, moral y estamos detrás de las acciones del presidente”, aseveró.

El presidente del Caucus Demócrata, Xavier Becerra (CA-34), dijo en un comunicado que el presidente actuó “bien dentro de su autoridad” al proponer medidas migratorias de sentido común.

“Para los estadounidenses perjudicados—o simplemente frustrados—por nuestro sistema roto de inmigración, esto podría ser una señal de buenas noticias por venir”, dijo. “Estoy seguro de que el Tribunal Supremo se basará en la Constitución y los precedentes para afirmar sus acciones”.

La supervisora del Condado de Los Ángeles, Hilda Solís, apoyó los esfuerzos del presidente al abogar por la formación de un grupo de trabajo DACA/DAPA del condado de para poner en práctica las órdenes del presidente y fortalecer los recursos locales para ayudar a los jóvenes que califican para DACA.

“En noviembre pasado, la Junta de Supervisores del Condado firmó en un escrito de ‘insistencia amigable’ pidiendo a la Corte Suprema de Estados Unidos que revisara la decisión del Quinto Circuito”, dijo. “Ahora es el momento de aceptar a nuestros inmigrantes porque son contribuyentes vitales para nuestra sociedad”.

Medina, visiblemente alegre durante la conferencia de prensa de CHIRLA, le dijo a EGP que ella luchará sin descanso para ser escuchada y para poner fin a sus 19 años de vivir bajo las sombras.

“Mis hijos se preocupan por mi situación”, dijo Medina. “A su corta edad saben lo que es la inmigración y temen que un día no me encuentren en casa”.

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Juez Paraliza el Comienzo de la Acción Ejecutiva

February 19, 2015 by · 2 Comments 

Gritando las frases “¡Que vergüenza!” y “¡Si se puede!” activistas pro inmigrantes, funcionarios electos y lideres de sindicatos se reunieron afuera del ayuntamiento de Los Ángeles para condenar la orden de un juez federal quien paralizó la acción ejecutiva del presidente sobre inmigración.

El lunes, el juez del Distrito de Estados Unidos, Andrew Hanen de Texas emitió la suspensión temporal de la orden ejecutiva del presidente Obama, la cual ampararía de la deportación a un estimado de cuatro a cinco millones de inmigrantes que viven en el país ilegalmente.

Read this article in English: Judge Blocks Start of Immigration Actions

La orden de Hanen llegó como respuesta a una demanda entablada por 26 estados que tratan de detener permanentemente la orden del presidente.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. anunció que detendrá la implementación del programa de expansión de la Acción Diferida para Los Llegados en la Infancia (DACA) hasta nuevo aviso, poniendo el proceso de solicitud—que debía comenzar ayer miércoles—temporalmente en espera.

Sin embargo, las solicitudes de personas que califican bajo la DACA original que se expidió en el 2012 continúan siendo aceptadas.

“Usted sabe mejor, usted es un juez, no el presidente”, el Concejal de Los Ángeles Gil Cedillo dijo durante la conferencia de prensa en los escalones del ayuntamiento. Agregó que esta bien establecido que las acciones del presidente están “dentro de sus poderes”.

Cedillo dijo que Hanen y el Gobernador de Texas, Greg Abbott, deberían revisar “que parte de legal” no entienden. “Que vergüenza por fallar en reconocer las leyes y a este presidente. No deberían involucrarse en la política partidista”, dijo Cedillo.

La extensión de DACA anula el límite de edad de 30 años, permitiendo a inmigrantes que llegaron a EE.UU. antes del primero de enero del 2010, y eran menores de 16 años a solicitar por un amparo de deportación y autorización para trabajar en el país legalmente.

De acuerdo al Centro de Investigaciones Pew, alrededor de 330.000 inmigrantes indocumentados se beneficiarían de esta extensión.

Personas se reunieron en las escalinatas del City Hall para repudiar la orden de un juez de Texas que bloqueó la accion ejecutiva. (EGP foto por Jacqueline García)

Personas se reunieron en las escalinatas del City Hall para repudiar la orden de un juez de Texas que bloqueó la accion ejecutiva. (EGP foto por Jacqueline García)

“Vamos a pelear por nuestros sueños, no nos estamos dando por vencidos”, dijo Erica, quien agregó que la DACA extendida le podría permitir estudiar la carrera de medicina.

La segunda parte de la acción ejecutiva, conocida como la acción Diferida Para Responsabilidad de los Padres (DAPA)—estimada a comenzar en mayo—también provee alivio de deportación y autorización para trabajar para padres de ciudadanos estadounidenses o residentes legales que han estado en el país desde el 2010.

Norma Torres es indocumentada y le dijo a EGP que ella estaba impresionada con las acciones del juez. Dijo que personalmente se beneficiaría de la DAPA y esta dispuesta a continuar peleando para que esto ocurra.

“Esto es solo un obstáculo”, dijo.

Representantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) señalaron que el juez no se pronunció ante la afirmación de los estados que dicen que las acciones de inmigración del presidente son inconstitucionales. El juez sólo emitió una medida cautelar para el bloqueo de su aplicación mientras que la demanda continúa pendiente.

“La decisión es muy estrecha, manteniendo que solamente el gobierno federal podría haber fallado al continuar los requisitos de procedimiento antes de implementar” las órdenes, de acuerdo a Cecilia Wang, directora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU.

El martes la Casa Blanca anunció que planea apelar la orden. Esta será escuchada por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans.

“No importa si esto llega hasta la Corte Suprema”, dijo Angélica Salas, directora de la Coalición de Derechos Humanos de Inmigrantes en Los Ángeles. “Sabemos que la historia esta de nuestro lado. Sabemos que la ley esta de nuestro lado”.

Salas pidió a padres que se beneficiarián por medio del estatus legal de un hijo, que los lleven a registrar para votar si tienen 17 años o más.

“Hagan que voten por ustedes, [en el 2016] para que los Republicanos entiendan que no pueden atacar a nuestras familias”, dijo.

Mientras tanto, grupos de derechos pro-inmigrantes dijeron que las personas elegibles para el amparo migratorio bajo el programa de la acción ejecutiva deben estar preparados para solicitar.

Asegúrense que tienen la documentación correcta, dijo Martha Arevalos, directora ejecutiva del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN).

Los 26 estados que son parte de la demanda son mayoritariamente republicanos. Los demandantes dicen que la orden ejecutiva de Obama “viola la Constitución de Estados Unidos y la ley federal, evade la voluntad del pueblo estadounidense y afrenta a familias y la gente que sigue las leyes de emigrar legalmente”.

Los legisladores de esos estados han tratado de bloquear la implementación en el Congreso con enmiendas a la ley de asignaciones para financiar el Departamento de Seguridad Nacional.

La Congresista Lucille Roybal-Allard (CA-40), dijo que confía en que la decisión de Texas no se cumplirá, “Pero si los líderes republicanos en Washington realmente creen que este caso judicial irá a su manera al final, deberían soltar de rehén la financiación proyecto de ley para el Departamento de Seguridad Nacional. Quedan sólo cuatro días legislativos antes de que la financiación se agote”.

Abbott, gobernador de Texas elogió la acción del juez. “Vivimos en una nación gobernada por un sistema de pesos y contrapesos, y el intento del presidente para eludir la voluntad del pueblo estadounidense fue registrada exitosamente hoy día”, dijo.

El Representante demócrata de Los Ángeles, Xavier Becerra dijo que confía que las órdenes de inmigración puedan ser sostenidas en última instancia.

“La primera ronda esta hecha. Pero una ronda no hace una pelea”, dijo Becerra. “Las familias inmigrantes están acostumbrados a la pelea dura. Nos levantaremos mañana, empujaremos duro, nos mantendremos fuertes y pondremos nuestra fe en la Constitución. Recuerden mis palabras: El espíritu humano prevalecerá”.

Información City News Service fue utilizada en este artículo.

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