Con el Fin de DACA, Jóvenes Inmigrantes Temen por Su Salud

September 7, 2017 by · Leave a Comment 

Para Paulina Ruiz, de 26 años, tener un estatus migratorio legal es algo más que ir a la escuela o tener un trabajo. Se trata de mantenerse sana.

La joven graduada de la Universidad de California en Los Ángeles, cuyos padres la trajeron de México a Estados Unidos ilegalmente hace dos décadas, tiene parálisis cerebral, una condición neurológica que le diagnosticaron poco después de su nacimiento.

Ruiz contó que en el pasado confiaba en salas de emergencia para su atención, y rara vez podía ver a especialistas. Después de años de atención médica inconsistente y de usar una silla de ruedas inapropiada, desarrolló problemas en el riñón y la espalda.

En 2012, Ruiz calificó para el programa federal de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que temporalmente la protegió de la deportación. Al vivir en California, eso significó que pudo obtener Medi-Cal, la versión estatal del Medicaid para los estadounidenses de bajos ingresos, y ver regularmente a un médico.

La polémica decisión de la administración Trump el martes 5 de septiembre de eliminar el programa DACA hace más que poner casi a 800.000 “dreamers” (soñadores) bajo el miedo a la deportación y la pérdida de sus puestos de trabajo. Amenaza el cuidado de salud de miles de adultos jóvenes como Ruiz, quienes tienen seguro a través de sus empleos o, por su nivel de ingresos, califican para el Medicaid en California y en varios otros estados.

“Estoy muy molesta”, dijo Ruiz, quien es organizadora para la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles y vive cerca de la ciudad. “No sé qué va a pasar con mi salud”.

La decisión entrará en vigor en seis meses, a menos que el Congreso presente un plan alternativo. Trump ha dicho que el programa, que comenzó bajo el presidente Barack Obama en 2012, recompensa a los infractores, quienes, dice Trump, perjudican a los estadounidenses al tomar sus empleos y bajar los salarios, una afirmación que algunos economistas refutan. El procurador general, Jeff Sessions, dijo el martes que el programa era inconstitucional porque fue una acción ejecutiva unilateral sobre una propuesta que había sido rechazada por el Congreso en reiteradas oportunidades

Trump, quien ha sugerido que tiene sentimientos contradictorios sobre DACA, dejó abierta la puerta para que el Congreso cambie. Según The New York Times, Trump dijo “tengo un amor por estas personas, y espero que ahora el Congreso pueda ayudar y hacer lo correcto”pero el periódico señaló que el presidente no pidió una legislación bipartidista para restaurar sus protecciones.

DACA permite que los inmigrantes entre 16 y 31 años que fueron traídos a los Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños reciban permisos de trabajo y obtengan una protección temporal contra la deportación. Aquellos que calificaron fueron excluidos explícitamente de recibir beneficios de salud federales a través del Medicaid, de los mercados de seguros del Obamacare, y de otros programas.

Muchos beneficiarios de DACA ahora tienen trabajos con seguro de salud. Además, cuidades como California, Nueva York, Massachusetts, Minnesota y el Distrito de Columbia han utilizado su propio dinero para cubrir a los “dreamers” de bajos ingresos a través del Medicaid, según Tanya Broder, abogada laboral del National Immigration Law Center.

Se estima que 367,000 personas califican para DACA en California, y hay 220,000 beneficiarios en el estado, el mayor número en el país. Aquellos que cumplen con los requisitos de ingreso – el 138% del nivel federal de pobreza o $33,534 para una familia de cuatro – pueden calificar para cobertura bajo una categoría denominada “Permanently Residing in the United States under Color of Law”.

Esa cobertura ahora está en peligro. En California, aquellos que corren el riesgo de perder el Medicaid tienen 19 años o más, porque el estado, a través de otra ley, decidió cubrir a todos los menores de bajos ingresos hasta los 18, sin importar el estatus migratorio. Esta decisión no estaba conectada al programa DACA.

Con la acción del gobierno federal, “nadie perderá inmediatamente la cobertura en el programa Medi-Cal”, dijo Ronald Coleman, director de asuntos gubernamentales del California Immigrant Policy Center, un grupo de defensa de inmigrantes. Pero Coleman está preocupado por lo que sucederá después del 5 de marzo, cuando las protecciones de DACA terminen, a menos que el Congreso tome medidas para proteger el programa.

El Departamento de Servicios de Atención Médica, que supervisa al Medi-Cal, no pudo comentar sobre el tema el martes, dijo una portavoz.

Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center, dijo a periodistas en una conferencia telefónica el martes que teme que los beneficiarios de DACA comiencen a perder su seguro de salud basado en el trabajo. Hincapié agregó que está particularmente preocupada por el efecto de la decisión del presidente sobre la salud mental de los beneficiarios de DACA.

“La necesidad de servicios de salud mental simplemente será mayor”, dijo.

En el centro de Los Ángeles el martes, durante una protesta contra la decisión del gobierno de Trump, Jocelin Reyes remarcó lo mismo. Reyes dijo que las protecciones de DACA habían ayudado a los jóvenes inmigrantes a desterrar miedos, ya que fueron capaces de conseguir trabajo, ir a la universidad o escuelas de posgrado, y salir de la clandestinidad.

“Mucha gente no entiende cuánto miedo tuvimos” de ser deportados, dijo Reyes, de 19 años, quien comenzará a estudiar en la Universidad de California-Santa Bárbara. Ahora su miedo se ha triplicado.

Otra manifestante y beneficiaria de DACA, María García, de 22 años, dijo que perder su trabajo como recepcionista de un hotel significaría el fin de su seguro de salud, cobertura en la que ella confía para la terapia física que recibe por una lesión en la rodilla y para cualquier otra enfermedad.

“Si me quitan mi DACA, me despedirán”, dijo. “Y entonces, ¿qué voy a hacer para tener seguro médico?”

El senador estatal Ricardo Lara (demócrata de Bell Gardens) dijo que terminar con DACA sólo perjudicaría “el bienestar de estos niños estadounidenses que han cumplido con las reglas”. Y podrían terminar teniendo que ir a costosas salas de emergencia para recibir atención médica.

Lara, quien lideró la iniciativa para que todos los niños indocumentados fueran cubiertos por el Medi-Cal, dijo que una posible solución en California sería elevar el límite de edad para la cobertura del Medi-Cal para los jóvenes de 18 a 26 años.

“Tenemos que responder a este llamado para asegurar que nuestros estudiantes y trabajadores de DACA no sean desplazados”, dijo.

La Asociación Médica de California denunció que terminar con DACA podría dañar la fuerza laboral de atención médica.

“El sistema de atención de salud de nuestra nación tiene el mayor porcentaje de trabajadores nacidos en el extranjero y extranjeros entrenados comparado con cualquier industria en el país. Ya enfrentando una escasez nacional de médicos y otros profesionales de salud, la revocación de DACA también podría socavar la atención del paciente y perturbar las escuelas de medicina y hospitales durante décadas”, dijo Ruth E. Haskins, presidenta de la Asociación Médica de California, en un comunicado.

Ana B. Ibarra contribuyó con esta historia.

Esta historia fue producida por Kaiser Health News, que publica California Healthline, un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation.

Move To End DACA Leaves Some Young Immigrants Fearing For Their Health

September 7, 2017 by · Leave a Comment 

LOS ANGELES — For 26-year-old Paulina Ruiz, having legal immigration status is about more than going to school or holding a job. It’s about staying healthy.

The University of California-Los Angeles graduate, whose parents brought her from Mexico to the U.S. illegally two decades ago, has cerebral palsy, a neurological condition diagnosed shortly after birth.

In the past, Ruiz said, she relied on emergency rooms for her health care and rarely could see specialists. She developed kidney and back problems after years of inconsistent medical care and using an inappropriate wheelchair.

But in 2012, she qualified for the federal Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) program, which temporarily protected her from deportation. In California, that meant she could get Medi-Cal, California’s version of the Medicaid insurance program for low-income Americans, and regularly see a doctor.

The Trump administration’s controversial decision on Tuesday to scrap the DACA program does more than put nearly 800,000 “Dreamers” in fear of deportation and losing their jobs. It threatens the health care of thousands of young adults like Ruiz, who either have job-based insurance or whose incomes qualify them for Medicaid in California and several other states.

“I am very upset,” said Ruiz, who organizes for the Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles and lives near the city. “I don’t know what’s going to happen to my health.”

The decision is set to take effect in six months, unless Congress comes up with an alternative plan. Trump has said the program, started under President Obama in 2012, rewards lawbreakers who hurt Americans by taking their jobs and depressing wages, a claim some economists dispute. Attorney General Jeff Sessions said Tuesday that the program was unconstitutional because it was a unilateral executive action on a proposal that had been repeatedly rejected by Congress.

Trump, who has suggested he has conflicting sentiments about the program, left open the door for Congress to change it. “I have a love for these people, and hopefully now Congress will be able to help them and do it properly,” he said, according to The New York Times. But the newspaper noted that he did not call for bipartisan legislation to restore its protections.

The program allows immigrants between the ages of 16 and 31 who were brought to the United States illegally as children to receive work permits and temporary protection from deportation. Those who qualified were explicitly barred from receiving federal health benefits through Medicaid, Obamacare exchanges or other programs.

Many DACA recipients now have jobs with health insurance. In addition, California, New York, Massachusetts, Minnesota and the District of Columbia have used their own money to cover low-income Dreamers through Medicaid, according to Tanya Broder, a Berkeley, Calif.-based senior staff attorney for the National Immigration Law Center.

There are an estimated 220,000 DACA recipients in California, the largest number in the country. Those who meet income requirements — 138 percent of the federal poverty level or $33,534 for a family of four — can qualify for coverage under the state’s “Permanently Residing in the United States under Color of Law” eligibility category.

That coverage is now in question. In California, those at risk of losing Medicaid are 19 and older, because the state under a separate law decided to cover all low-income children, regardless of immigration status, through age 18. That decision was not connected to the DACA program.

With the federal government’s action, “nobody will lose coverage in the Medi-Cal program immediately,” said Ronald Coleman, director of government affairs for the California Immigrant Policy Center, an immigrant advocacy group. But Coleman worries about what happens after March 5, when DACA’s protections will end — unless Congress takes action to protect the program.

The Department of Health Care Services, which oversees Medi-Cal, could not provide a comment on Tuesday, a spokeswoman said.

Marielena Hincapié, executive director of the National Immigration Law Center, told reporters in a conference call on Tuesday that she expects DACA recipients to start losing their job-based health insurance. Hincapié said she is particularly concerned about the effect of the president’s decision on the mental health of DACA recipients.

“The need for mental health services will only be greater,” she said.

At a protest in downtown Los Angeles Tuesday against the Trump administration’s decision, Jocelin Reyes made a similar point. She said DACA’s protections had helped put some young immigrants’ fears to rest, as they were able to get jobs, attend college or graduate school and come out of hiding.

“A lot of people don’t understand how much fear we had” about being deported, said Reyes, 19, who is about to start school at the University of California-Santa Barbara. “Now that fear has tripled.”

Another demonstrator, DACA recipient Maria Garcia, 22, said that losing her job as a hotel receptionist would mean the end of her job-based health insurance — coverage she relies on for physical therapy for a knee injury and any time she gets sick.

“If they take away my DACA, I’ll get fired,” she said. “And then what will I do for health insurance?”

State Sen. Ricardo Lara (D-Bell Gardens) said ending DACA would only hurt “the well-being of these American children who have played by the rules.” And they could end up having to go to costly emergency rooms for medical care.

Lara, who led the charge to get all undocumented children covered by Medi-Cal, said one possible solution in California would be to increase the age limit for Medi-Cal coverage for kids from 18 to 26.

“We have to answer this call to ensure that our DACA students and workers are not pushed aside,” he said.

The California Medical Association said that terminating DACA could indeed hurt the health care workforce.

“Our nation’s health care system has the largest percentage of foreign-born and foreign-trained workers of any industry in the country. Already facing a national shortage of physicians and other health care professionals, revoking DACA could also undermine patient care and disrupt medical schools and hospitals for decades to come,” said California Medical Association President Ruth E. Haskins in a statement.

Ana B. Ibarra contributed to this report.

This story was produced by Kaiser Health News, an editorially independent program of the Kaiser Family Foundation.

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