Condado de L.A. Busca Expandir Autoridad Para Tratar a Involuntariamente a Personas con Enfermedades Mentales Severas

November 2, 2017 by · Leave a Comment 

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó el martes para trabajar en una legislación que permitiría a los trabajadores sociales y agentes de la ley detener a personas con enfermedades mentales graves que rechazan un tratamiento que podría salvarles la vida.

Por ley, aquellos con enfermedades mentales que representan un peligro para sí mismos o para otros o que están “gravemente discapacitados” pueden ser sometidos a evaluación y tratamiento involuntarios en un entorno psiquiátrico. La definición de discapacidad grave se centra en la capacidad de un individuo para cuidar sus propias necesidades físicas, encontrar refugio y comida para sobrevivir.

La supervisora Kathryn Barger instó a sus colegas a considerar la ampliación de esa definición para incluir la incapacidad de buscar atención debido a un trastorno mental.

Barger habló sobre conocer a una mujer llamada Deborah que ha vivido en las calles durante 20 años y cree erróneamente que sus padres viven al otro lado de la calle.

“Hay depredadores en Skid Row y esta es una mujer que, si no tiene acceso a cuidados, alojamiento y refugio, va a morir en nuestras calles”, dijo Barger, y luego le dijo a la junta, “No va a sobrevivir el invierno, simplemente no lo va hacer”.

Barger y defensores de la salud mental dijeron que los recursos están disponibles para ayudar a Deborah y a otras personas en una necesidad desesperada, pero que las manos de los trabajadores de la salud están atadas.

“Hay personas con una necesidad tan extrema que sus vidas están en peligro”, dijo Brittney Weissman, directora ejecutiva de la Alianza Nacional para las Enfermedades Mentales del Consejo del Condado de Los Ángeles. “Los límites de la ley insisten (que los trabajadores de la salud) eviten proporcionar ayuda para salvar vidas”.

La supervisora Sheila Kuehl votó no.

“Estoy muy agradecida por el impulso detrás de este movimiento…pero no podría estar más en desacuerdo”, dijo Kuehl.

Kuehl le preguntó al jefe del Departamento de Salud Mental del condado qué sucede cuando alguien ingresa en una “bodega 5150”, una referencia al código del gobierno estatal relevante que permite el tratamiento involuntario.

El Dr. Jonathan Sherin explicó que un equipo de salud mental involucraría a la persona, que sería llevada a la sala de emergencias de un hospital y luego evaluada durante un período de 72 horas. Dependiendo de la gravedad de su enfermedad mental, el individuo sería liberado con un plan de cuidado o se lo guardaría por un período de tiempo más largo.

“¿Entonces, la suspensión de 72 horas es si ellos están de acuerdo o no. Podrían protestar, pero según la ley, es como decir, es “por su propio bien”? Kuehl preguntó.

Sherin respondió que las retenciones más largas requerirían la aprobación de la corte.

Kuehl ha expresado su preocupación de que cambiar la ley podría violar las libertades civiles y que las personas podrían ser dirigidos de no cumplir con las definiciones transitorias de lo que es “normal”. En una reunión anterior, recordó un momento en que se juzgaba a las personas gay y lesbianas estar mentalmente enfermo.

La Dra. Emily Defraites, una psiquiatra que trabaja en Veterans Health Administration, le dijo a la junta que los esfuerzos para expandir la definición de “discapacidad grave” estaban dirigidos a un pequeño segmento de personas con enfermedades mentales.

“Me he dado cuenta de que realmente necesito esta moción para tratar de cuidar bien a las personas”, dijo Defraites. “’Esto solo se aplicará a una minoría muy pequeña de las personas más enfermas, psiquiátricas y médicamente enfermas”.

Kuehl advirtió que es poco probable que se apruebe un proyecto de ley patrocinado por el condado para cambiar la ley estatal, citando su experiencia pasada como presidenta del Comité de Salud y Servicios Humanos del Senado Estatal.

“Personalmente, creo que pasará un tiempo bastante difícil en Sacramento y preferiría que el condado no sea patrocinador del proyecto de ley”, dijo Kuehl.

Barger originalmente presentó esta moción hace dos semanas, como parte de un conjunto más amplio de recomendaciones para ayudar a personas con enfermedades mentales y personas sin hogar. La junta pospuso una votación a favor de una discusión posterior.

Barger dijo el martes que le gustaría trabajar con Kuehl para asegurarse de que cualquier legislación recomendada trate sus preocupaciones, pero que ahora es el momento de actuar.

“El condado es un proveedor de red de seguridad por una razón y tiene la obligación moral de garantizar que aquellos en nuestras calles que sufren de una enfermedad mental grave, que viven en condiciones deplorables y no pueden proveerse a sí mismos, (satisfagan sus) necesidades humanas básicas, que reciban tratamiento y cuidados que salvan vidas ”, dijo Barger.

Se estima que el 30 por ciento de la población sin hogar del condado y aproximadamente el 27 por ciento de los reclusos de la cárcel del condado padecen una enfermedad mental grave, de acuerdo con la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles y el departamento del sheriff.

La junta dirigió al personal del Departamento de Salud Mental para trabajar con abogados del condado, grupos de defensa de la salud mental y organizaciones de derechos civiles para desarrollar un conjunto de recomendaciones en 60 días.

Residentes Tendrán Voz en la Expansión del Campus de Salud de USC

March 16, 2017 by · Leave a Comment 

La Junta de Supervisores tomó medidas el martes para asegurar que los residentes de Boyle Heights tengan voz en la formación del desarrollo alrededor del Centro de Salud LAC + USC.

La Supervisora Hilda Solís recomendó contratar a un consultor para facilitar una asociación entre el condado, USC y los residentes locales, con la esperanza de generar una visión compartida para el campus y la comunidad.

“Es importante asegurarnos de que todos sean incluidos”, dijo Solís. Los residentes y los defensores de la comunidad le dijeron a la junta que han sido excluidos de las conversaciones sobre el desarrollo del campus por mucho tiempo.

“El desarrollo es genial, pero no cuando se impone sobre la comunidad”, dijo el residente Jesús Ruiz, agregando que muchos de sus amigos habían sido forzados a mudarse fuera de Los Ángeles por el aumento en costos.

El Dr. Brad Spellberg, director médico del Centro de Salud LAC + USC, le dijo a la junta que él y otros líderes estaban contemplando “cómo podremos servirle mejor a la comunidad en la que residimos”.

General Hospital

Los residentes expresaron su preocupación por ser desplazados en un barrio gentrificado el martes en una reunion. Foto: Archivo de EGP

“La historia narra un cuento desafortunado de lo qué sucede con las comunidades cuando las instituciones de gran alcance como USC llegan y se desarrollan. A menudo un ciclo de desplazamiento y criminalización empieza y en última instancia, elimina”, dijo Esthefanie Solano, una organizadora juvenil de InnerCity Struggle que creció en Boyle Heights.

“Esperamos que USC invierta, apoye y vea a cada joven y residente como su próximo estudiante de medicina, médico, cirujano o ingeniero biotecnológico”.

La discusión se produjo cuando el condado consideró agregar servicios para las personas sin hogar y para la mejoría de las instalaciones de justicia juvenil en o cerca del campus, donde posee 124 acres y el Centro Médico LAC + USC.

Solís dijo que las opciones de desarrollo son vastas, incluyendo una clínica, vivienda y un centro biomédico.

Por su parte, USC está planeando un hotel de 200 habitaciones, más viviendas estudiantiles y un centro de tratamiento del cáncer como parte de su Campus de Ciencias de la Salud de 80 acres.

Sin embargo, a medida que la universidad construye su campus, la falta de recursos en los vecindarios circundantes se hace aún más rígida, dijeron los defensores de la comunidad.

“No se trata de ser anti-USC, sino de trabajar juntos”, dijo Lou Calanche, director ejecutivo de Legacy LA Youth Development Corporation y graduado de USC.

Los líderes de la comunidad dijeron que el crecimiento en el campus debería estar dirigido a crear más empleos y viviendas asequibles para los que viven cerca.

La moción, co escrita por la Supervisora Sheila Kuehl, fue agregada como parte de un suplemento a la agenda del consejo. El supervisor Mark Ridley-Thomas instó a sus colegas a posponer una votación, argumentando que se necesitaba más revisión, ya que el impacto de trabajo llegaría a “mucho más allá de USC”.

El voto de la junta directiva fue de 3-0 a favor, con la abstención de Ridley-Thomas. El consejo ordenó al director ejecutivo del condado que informara sobre las metas y un plan de trabajo para Health Innovation Community Partnership.

Los Ángeles Intenta Eliminar Fraudes por Servicios Migratorios

September 22, 2016 by · Leave a Comment 

Una moción fue aprobada unánimemente por la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles con el fin de eliminar los fraudes y estafas que sufre la comunidad inmigrante gracias a varios notarios públicos.

La moción presentada el 13 de Septiembre por la presidenta de la junta, Hilda Solís junto con la supervisora Sheila Kuehl, busca “licenciar a los consultores de inmigración”. Esto, con el fin de “proteger” a más de 50.000 residentes del condado que califican para DACA y unos 800.000 que son elegibles para la ciudadanía, según un comunicado de prensa.

“Las víctimas del fraude son a menudo inconscientes de las posibles estafas de consultores de inmigración o notarios,” dijo la Supervisora Kuehl en el comunicado. “Las víctimas pueden ser dadas información inexacta y pagar sumas exorbitantes, y en la hora que se dan cuenta del fraude ya no tienen suficiente dinero para contratar abogados legítimos para remediar el caso,” continuó.

Multas se implementaran a aquellos notarios que trabajen sin una licencia y también se establecerá una cantidad máxima que se cobre por los servicios legales.

Miembros de la comunidad y víctimas de fraude por notarios asistieron a la presentación de la moción el 13 de septiembre. Foto: Cortesía de la oficina de Hilda Solís.

Salario Mínimo en el Condado Será Aumentado a $15 para el 2020

July 23, 2015 by · Leave a Comment 

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó el martes 3-2 para elevar progresivamente el salario mínimo en las zonas no incorporadas en los próximos cinco años, alcanzando los $15 dólares por hora en el 2020.

La supervisora Hilda Solís, quien en un principio dudó debido al posible impacto en los pequeños negocios, se unió a Sheila Kuehl y Mark Ridley-Thomas en el apoyo a la ordenanza. Los supervisores Michael Antonovich y Don Knabe disintieron su voto, elevando preocupaciones sobre el impacto en los negocios.

Knabe votó a favor del incremento de salario para empleados del condado solamente.

El salario mínimo en todo el estado es de $9 dólares por hora, pero está programado para aumentar a $10 por hora en enero.

Kuehl recomendó que el aumento salarial del condado—al igual que el aumento recientemente aprobado por la ciudad de Los Ángeles—incluirá una serie de aumentos en cinco años, a partir del primero de julio de 2016, y llegando a $15 la hora para el 2020. El salario subirá a $10.50 dólares en julio de 2016, $12 dólares en julio de 2017, $13.25 en julio de 2018, $14.25 en julio de 2019 y luego a $15 el siguiente año. El incremento, al igual que en la ciudad, será retrasado en un año para las empresas con menos de 26 empleados.

Partidarios de aprobar el aumento de salario mínimo llegaron a la reunion de la Junta de Supervisores el martes por la mañana. (Cortesía de El Condado de Los Ángeles)

Partidarios de aprobar el aumento de salario mínimo llegaron a la reunion de la Junta de Supervisores el martes por la mañana. (Cortesía de El Condado de Los Ángeles)

Después de 2020, el salario se ajustará anualmente en base al costo de vida, algo que según Knabe dijo es “absolutamente la cosa incorrecta para hacer”.

Kuehl dijo que ella “nunca había estado más orgullosa de lo que estoy hoy en día” al darles a “decenas de miles de trabajadores de bajos ingresos cuyo trabajo ha sido infravalorado y, con demasiada frecuencia, robado” la oportunidad de entrar a la clase trabajadora en lugar de vivir en “la clase de pobreza”.

Antonovich respondió que “un salario mínimo de $15 es realmente $21.17”, una vez que se consideran los impuestos y el seguro de salud. También advirtió que los parques temáticos como Magic Mountain y minoristas como Wal-Mart y Ross podrían ser anexados a otras ciudades para evitar el pago de los salarios más altos, perjudicando el registro fiscal del condado.

“¿Van a tener a los negocios para que se queden aquí, prosperen y puedan crear puestos de trabajo o van a tener otro éxodo?” preguntó Antonovich.

La junta debatió la propuesta el mes pasado, pero aplazó la votación debido a la preocupación por el informe de Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Los Ángeles. Solís también retuvo su apoyo a la espera de un estudio de los dueños de pequeños negocios y para considerar las formas de afectar lo menos posible el impacto del incremento salarial para ellos.

El martes, decenas de trabajadores llenaron la sala de juntas del condado en apoyo del aumento salarial, diciéndole a la junta que a pesar de trabajar a tiempo completo, no pueden pagar las necesidades básicas. Ellos se enfrentaron contra los dueños de negocios, grandes y pequeños, que en su mayoría se opusieron a la ampliación, advirtiendo a la junta que estarían obligándolos a despedir a trabajadores, recortar horas y subir los precios.

Los funcionarios electos también se presentaron para presentar su caso ante la junta.

El alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti abrió con un argumento económico.

“La pobreza es muy, muy cara” dijo Garcetti. “Cuando perdemos billones en salarios perdidos, cuando vemos a personas que no pueden mantenerse a sí mismas, quien viene pagando por ellos? Nosotros”.

El propietario de un negocio de almacenamiento y cumplimiento en Valencia, quien dijo que él envía “20 campos de fútbol en productos de consumo” y es compatible con una nómina anual $16 millones advirtió que podría verse obligado a mudarse o a automatizar los trabajos actualmente realizados por jóvenes en situación de riesgo o trabajadores con discapacidades de desarrollo.

“Lo que estás haciendo va a ser muy perjudicial para dueños de empresas como yo”, Ken Wiseman dueño del negocio, le dijo a la junta.

Wiseman predijo que las empresas se mudarán a través de la autopista Golden State (5) a Santa Clarita, ciudad la cual espera no eleve su salario mínimo.

Un representante del parque acuático Raging Waters le dijo a la junta que el alza de salario le costará al parque $1.5 millones y prohibiría que la empresa invierta en nuevas atracciones.

La acción de la junta—que también se aplicará a los empleados del condado—deja que decenas de municipalidades decidan si van a responder de forma similar.

La alcaldesa de West Hollywood Lindsey Horvath le dijo a la junta que ella está buscando cómo su ciudad podría unirse a la ola de los que tratan de elevar el nivel de vida de las familias que luchan para pagar los gastos de vivienda y de estudiantes sepultados bajo los préstamos escolares.

“Aumentar el salario mínimo no sólo es lo correcto para hacer, es lo correcto para hacer en este momento”, dijo Horvath. “Nuestras comunidades no pueden esperar”.

Representantes empresariales advirtieron que el establecimiento de un salario mayor en áreas no incorporadas crearía una pesadilla burocrática para las empresas que operan dentro y fuera de esas “islas”.

Sin embargo, muchos representantes de negocios locales parecían resignados al resultado de la votación del martes y se centraron en la elaboración de los detalles del salario de la ordenanza.

Tracy Rafter, fundadora de BizFed, quien dijo representa a más de 140 cámaras y organizaciones empresariales, sintió “profunda preocupación” acerca de la rapidez con la que el condado se estaba moviendo para implementar un aumento tan dramático.

Pero Rafter agregó que quería centrarse en la protección de las exenciones para las organizaciones no lucrativas y empleadores adolescentes y en la elaboración de una definición de los empleados que minimizaría el impacto en las empresas que trabajan en los municipios.

Otros expresaron su apoyo por una iniciativa de pequeños negocios, defendida por los supervisores Solís y Dan Knabe, diseñada para ayudar a los negocios mediante la posibilidad de el alivio de impuestos, exenciones de cuotas o reducciones y capacitación laboral.

En un movimiento relacionado, Solís y Ridley-Thomas propusieron que el condado avance para regular el robo de salarios.

Casi el 80 por ciento de los empleados de bajos ingresos que trabajan horas extras no se les paga adecuadamente y el robo de salario—que incluye la denegación de la comida, descansos y trabajar fuera del reloj—afecta de manera desproporcionada a los inmigrantes, las mujeres y las personas de color, de acuerdo con la propuesta de los supervisores.

En una votación unánime, la junta se dirigió a los empleados para que informen sobre las posibles herramientas de aplicación, incluyendo sanciones penales, permisos y negando licencias y derechos de retención imponentes.

Se espera que un proyecto de ordenanza de salario mínimo vuelva a la junta para aprobación en 45 días.

 

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