Ciudad, Condado, Estado Toman la Lucha Para Defender DACA

September 14, 2017 by · 1 Comment 

La decisión de la administración Trump de poner fin a la iniciativa DACA, Acción Deferida para los Llegados en la Infancia, ha desencadenado un torbellino de actividades a nivel de ciudad, condado y estado, todos dirigidas a frustrar la acción del presidente y empujar al Congreso a adoptar una solución permanente para los cientos de miles de inmigrantes traídos al país ilegalmente como niños.

Las protestas y promesas de batallas legales no son sorprendente dado que uno de cada cuatro receptores de DACA – o cerca de 200.000 de los jóvenes beneficiarios – viven en California.

Hablando en Los Ángeles el martes, el procurador general de California, Xavier Becerra, prometió luchar contra la decisión “en todos los frentes”

Becerra, unido por los fiscales generales de Minnesota, Maryland y Maine, presentó una demanda el lunes en San Francisco contra la administración, argumentando que el gobierno federal violó la Constitución y las leyes federales cuando se movió para rescindir DACA.

“La iniciativa de DACA ha permitido a más de 800.000 Dreamers (Soñadores) – niños traídos a este país sin documentación – salir de las sombras y convertirse en estadounidenses exitosos y productivos”, dijo Becerra luego de una mesa redonda con defensores de inmigración en el centro de Los Ángeles. “Nunca he visto un momento en nuestro país cuando castigamos a los niños por salir de las sombras”.

La semana pasada, la Universidad de California presentó una demanda contra la administración por considerar que la decisión violaría los derechos de debido proceso de miles de estudiantes inmigrantes de escuelas UC. Ese mismo día, el concejal de Los Ángeles, José Huizar, presentó una moción dirigiendo al abogado de la ciudad para presentar su propia demanda o para unirse a la demanda del estado prometida por Becerra.

El martes, los supervisores del condado de Los Ángeles agregaron sus voces, adoptando una medida para apoyar las demandas traídas por otros cuerpos gubernamentales y para perseguir un boicot financiero de la clase de estados “hostiles” a DACA prohibiendo a empleados del condado viajar a esos estados en negocios del condado.

Fiscal General de California Les Dice a los Dreamers Que Vuelvan a Aplicar

Según Becerra, con la ayuda de los 200,000 receptores de DACA del estado, California se ha convertido en “la sexta economía más grande del mundo”.

Los funcionarios federales de inmigración ya no aceptarán nuevas solicitudes de DACA, pero la agencia está recibiendo solicitudes de renovación de DACA, de dos años, hasta el 5 de octubre, de los beneficiarios actuales cuyos beneficios expirarán antes del 5 de marzo.

Flanqueado por representantes de grupos de derechos de los inmigrantes, Becerra dijo el martes que hay ayuda financiera disponible para los Dreamers que no tienen la cuota de renovación de $495. “Si tiene la oportunidad, envíe sus documentos”, dijo el fiscal general. “No queremos que nadie se vea privado de la oportunidad de volver a aplicar”.

Cynthia Buiza, directora ejecutiva del California Immigrant Policy Center, instó a los beneficiarios a no “hacer del dinero un tema”.

Agregó Martha Arevalo, directora ejecutiva del Centro de Recursos Centroamericanos: “No deje que las preocupaciones financieras sean una razón para no volver a aplicar. Podemos encontrar soluciones”.

Becerra dijo que la eliminación de DACA afecta indirectamente a millones de residentes, así como a negocios, organizaciones sin fines de lucro y las ciudades del estado.

“Haremos todo lo que podamos para ganar”, dijo.

Quince otros estados también han presentado una demanda que desafía el final del programa de DACA.

UC Es el Primer Sistema Universitario en Entrar en Batalla Legal

La demanda de la UC presentada el 8 de septiembre en San Francisco contra el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) y su secretaria interina, Elaine Duke, es la primera de su clase en ser presentada por una universidad. La demanda alega que la administración de Trump no proporcionó la notificación apropiada a la población impactada como lo requiere la ley.

“Como resultado de las acciones de los acusados, los Dreamers se enfrentan a la expulsión del único país al que llaman hogar, basado en nada más que un capricho ejecutivo irracional”, dice la queja. La presidenta de la UC, Janet Napolitano, que fue secretaria de DHS del 2009 al 2013, encabezó la creación del programa DACA por parte de la administración Obama en el 2012, estableciendo un riguroso proceso de revisión de aplicaciones y de seguridad, según la demanda.

Los solicitantes de DACA sólo fueron aprobados si estaban o se habían graduado de la preparatoria o la universidad, o estaban en el ejército, o un veterano con licencia honorable. No pueden haber sido declarados culpables de un delito mayor o de lo contrario representar una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública.

“Ni yo, ni la Universidad de California, tomamos el paso de demandar al gobierno federal a la ligera”, dijo Napolitano. “Sin embargo, es imperativo que defendamos a estos miembros vitales de la comunidad UC”.

La demanda solicita al tribunal que anule la acción de Trump porque es “inconstitucional injusta e ilegal”.

Concejal de L.A. Pide Que el Abogado de la Ciudad Se una a las Demandas

Se cree que aproximadamente 100,000 receptores de DACA viven en el área de Los Ángeles. Una moción presentada la semana pasada por el concejal de Los Ángeles, José Huizar, dice: “Estos Dreamers fueron traídos aquí como niños y han demostrado ser residentes legales contribuyendo al tejido social y la diversidad de los Estados Unidos” acción legal en nombre de la ciudad para defender su presencia”.

Cuando se le pidió que comentara en la moción, el portavoz de Feur, Rob Wilcox, dijo: “Nuestra oficina ya está en conversaciones con otras entidades gubernamentales sobre la mejor manera de maximizar nuestro impacto en la lucha contra la eliminación de DACA”.

Condado para Apoyar Demandas, Boicotear Estados Hostiles de DACA

Los supervisores del condado votaron el martes para instituir una prohibición de viajar a los estados no amistosos del DACA y para apoyar los desafíos legales a la orden de Trump de terminar la política.

La supervisora Hilda Solís defendió una restricción de un año en los viajes del gobierno del condado a nueve estados que amenazaron con acciones legales para poner fin al programa, diciendo podría “costarle a los Estados Unidos aproximadamente 460.000 millones de dólares”.

Texas, Alabama, Arkansas, Idaho, Kansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental estarán sujetos a las restricciones de viaje, que no se aplicarán en caso de asistencia de emergencia para catástrofes o trabajos críticos de aplicación de la ley.

La votación fue de 3-1, con la Supervisora Kathryn Barger desdentando y el Supervisor Mark Ridley-Thomas absteniéndose, aunque ambos apoyan a DACA y votaron a favor de medidas relacionadas.

Los jóvenes adultos de todo el país afectados por la acción de la administración están contribuyendo a la economía de los Estados Unidos, no tomando de ella, dijo Sonja Díaz, directora fundadora de la Iniciativa Política y Política Latina de UCLA.

“Noventa y uno por ciento de los destinatarios de DACA están empleados. DACA es un neto positivo para la economía de los Estados Unidos “y terminarlo le costaría a California sólo $11.3 mil millones”, dijo Díaz a la junta directiva.

David Rattray, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Los Ángeles, prometió el apoyo de los líderes empresariales en cualquier lucha para restaurar el programa.

Los empleadores han invertido en la contratación y formación de los llamados Dreamers y están “atónitos por lo estúpido que es esto, francamente”, dijo Rattray a la junta.

Barger, la única republicana de la junta no partidista, dijo que el condado debe tomar un papel agresivo y practico al presionar a los representantes del Congreso para elaborar una nueva legislación”.

“Tenemos que estar en la mesa y tenemos que presionar tan fuerte como podamos”, dijo Barger. “Esto es bipartidista, se trata de hacer lo que es correcto”, citando las declaraciones del entonces presidente Barack Obama del 2012, diciendo que DACA era “una medida temporal de suspensión” para dar tiempo al Congreso para actuar.

“El Congreso tiene que ponerse a trabajar, han tenido más de cinco años para hacerlo”, dijo Barger. “Si el Congreso no actúa en seis meses, es una vergüenza para ellos”.

Ridley-Thomas propuso que los abogados del condado presentaran un escrito de “amigo de la corte” en apoyo de varios estados demandando la administración de Trump.

Los receptores de DACA tienen derecho, según Ridley-Thomas, a “el derecho a la privacidad, el derecho dentro los pasillos del gobierno y en otros lugares sin preguntarse si alguien va a denunciarlo o a arrebatarte”.

La votación sobre los escritos amicus fue de 4-1, con Barger de disidente.

Basado en la moción de Solís, la junta también enviará una carta al presidente y al Congreso exigiendo acción legislativa, una medida que obtuvo un apoyo unánime. La junta directiva también dirigió a la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del condado para ayudar a los beneficiarios existentes de DACA a renovar sus estatus antes del 5 de octubre.

La supervisora Sheila Kuehl presentó una moción para agregar la inmigración a una lista del condado de prioridades políticas, que actualmente incluyen la falta de vivienda, la protección del niño, la reforma del Departamento del Sheriff, la integración de los servicios de salud del condado y la supervisión y monitoreo ambiental.

El voto de junta directiva a favor de la nueva prioridad fue unánime.

Residentes de East L.A. Temen Perder Casas en el Proyecto I-710

August 10, 2017 by · Leave a Comment 

Un plan propuesto para ampliar y hacer renovaciones a un segmento de la autopsita 710 (Long Beach) en el corazón de Los Ángeles podría terminar costándole a las familias sus hogares y dañar la salud de los residentes que viven cerca del corredor de trafico congestionado, según un grupo do propietarios enojados en el camino del proyecto de transporte.

Se refieren a las varias alternativas esbozadas en el Anteproyecto de Informe de Impacto Ambiental del Proyecto de Corredor I-710 (Recirculated Draft Environmental Impact Report for the I-710 Corridor Project, en íngles) para mejorar la ruta de conexión principal el movimiento de mercancías entre los puertos de Los Ángeles y Long Beach y los patios de ferrocarril en las ciudades de Commerce y Vernon y puntos más al este. Una de las áreas principales que las agencias de transporte estatales y locales han apuntado es el intercambio 710 e I-5 (autopsita de Santa Ana) a través de Commerce y del este de Los Ángeles.

La planificación para las mejoras de la autopsita ha estado en marcha durante años y los residentes en esas áreas han temido durante mucho tiempo el plan de Caltrans y Metro de tomar hogares en su vecindario para el proyecto, que podría ser el caso si la Alternativa 5 o 7 en el Draft EIR es finalmente adoptada.

Evelin Guzmán se mudó al vecindario adyacente a Commerce hace unos tres años y dice que puede que no pierda toda su propiedad, pero podría perder aproximadamente 30 pies del pequeño pedazo de tierra que llama a su patio trasero. (EGP foto por Carlos Alvarez)

Evelin Guzmán se mudó al vecindario adyacente a Commerce hace unos tres años y dice que puede que no pierda toda su propiedad, pero podría perder aproximadamente 30 pies del pequeño pedazo de tierra que llama a su patio trasero. (EGP foto por Carlos Alvarez)

Ellos han testificado en una reunión pública y han proporcionado un comentario escrito que desacredita cualquier intento de remover hogares, y están indignados de que “hayan sido ignorados”, dijo Juan Vásquez, maestro del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y líder del Grupo de Vecindarios de Sydney Drive.

El grupo se formó hace unos dos años y sirve como un refugio local para los residentes que desean expresar sus preocupaciones o proponer cambios en el vecindario.

“No estamos siendo representados” en este proceso, dijo Vásquez quejándose durante la reunión del grupo la semana pasada. “¿Por qué es que cuando se planea un nuevo proyecto tiene que afectar al este de Los Ángeles?”, dijo con enojo. “No es justo”.

Hay varias otras alternativas enumeradas en el borrador de EIR, pero las alternativas 5 y 7, si elegidas, tendrían el impacto más grande en los residentes en la impulsión de Sydney Drive en el este de Los Ángeles no incorporado, donde docenas de hogares podrían ser programados para ser removidos.

 

Mientras Vásquez vive en Sydney Drive, no se verá directamente afectado, pero le dijo a EGP que no quiere que ninguno de sus vecinos pierda su hogar, ni quiere que se construya una pared para separar su casa de la autopsita.

En una reunión poco asistida el jueves pasado en la casa de Vásquez, los residentes enfatizaron que lucharían para mantener a los residentes de la impulsión de Sydney Drive de perder todo o parte de sus hogares.

Evelin Guzmán se mudó al vecindario adyacente a Commerce hace unos tres años y dice que puede que no pierda toda su propiedad, pero podría perder aproximadamente 30 pies del pequeño pedazo de tierra que llama a su patio trasero.

“Es un espacio pequeño para mis hijos”, dijo Guzmán, señalado a la pared que separa la autopsita de su patio trasero.

Mientras que perder el área de juego de sus hijos es una preocupación, Guzmán dice que ella está más preocupada por la salud de sus hijos, explicando que su hija Katelyn fue diagnosticada recientemente con asma y los cambios propuestos en las alternativas 5 y 7 la pondrían en un mayor riesgo de enfermedades relacionadas con la contaminación. Eso haría difícil para que ella permanecerá en su casa, dijo Guzmán.

Carlos Ibarra y su madre Modesta pueden enfrentar el mismo destino que Guzmán. Ibarra dijo a EGP que sus padres han vivido en Sydney Drive desde 1974, y cada pocos años los funcionarios de transporte proponen planes para reestructurar la autopista y los planes siempre llaman a despojarlos de parte de la tierra en la que se sienta su casa.

“Siempre hay unos metros aquí, por esto y aquello”, pero “nunca es suficiente”, dijo con frustración.

Vásquez le dijo a EGP que, a lo largo de dos años, los residentes en el este de Los Ángeles no incorporado han tenido proyectos de transporte onerosos que confían en ellos sin el aporte de la comunidad.

Dijo que los residentes deben informarse sobre lo que está sucediendo en el vecindario, y agrego que él quiere que la supervisora del condado Hilda Solís – su única funcionaria local elegida directamente – se reúna con los propietarios y escuche preocupaciones.

“Nos hemos tratado de comunicar con ella y siempre nos contesta un representante” de su oficina, pero no ella, dijo Vásquez. “La ex supervisora Gloria Molina estuvo más involucrada, nunca vi a Solís en ninguna de las audiencias públicas”.

Drive desde 1974, y cada pocos años los funcionarios de transporte proponen planes para reestructurar la autopista y los planes siempre llaman a despojarlos de parte de la tierra en la que se sienta su casa, dijo Carlos Ibarra y su madre Modesta. (RGP foto por Carlos Alvarez)

Drive desde 1974, y cada pocos años los funcionarios de transporte proponen planes para reestructurar la autopista y los planes siempre llaman a despojarlos de parte de la tierra en la que se sienta su casa, dijo Carlos Ibarra y su madre Modesta. (RGP foto por Carlos Alvarez)

Mientras Vásquez expreso su disgusto con Solís, otros residentes creen que finalmente se reunirá con ellos.

Ernesto Rodríguez, de 71 años, ha vivido en el vecindario desde 1950, y le dijo a EGP que cree que Solís es una mujer con integridad.

“Su historial es el de la gente”, dijo Rodríguez. “Ella se preocupa por la gente y la comunidad”, dijo, lo que implica que él cree que en última instancia tomara un paso al frente en sus nombres.

En marzo de 2015, Solís presentó el Movimiento 22.1 a Caltrans y a la junta de Metro, de la cual es miembro, solicitando que los diseños de autopistas minimicen los impactos mientras maximizan los beneficios de la comunidad.

 

Solís le dijo a EGP por correo electrónico que está profundamente comprometida con una mejora de la calidad de vida, la reducción de contaminación del aire y la reducción de la congestión del tráfico con poco impacto negativo para la comunidad.

“Mi responsabilidad es asegurar que todos tengan un asiento en la mesa para ayudar a informar la decisión final”, lee el correo electrónico de Solís.

La supervisora aún tiene que aprobar cualquier alternativa en particular, pero dijo que favorece “un enfoque equilibrado y comprensión de los beneficios”, agregando que “pesar todos los impactos es absolutamente crítico”.

Por ahora, residentes como Vásquez, Guzmán, Ibarra y Rodríguez continúan informando a sus vecinos de Sydney Drive sobre cómo las propuestas de transportación I-710 bajo consideración podrían cambiar sus vidas por completo.

“Me involucré para ser una voz para mis vecinos”, dijo Vásquez, explicando que “es desalentador a veces cuando tenemos estas reuniones y sólo 15 personas asisten”.

Vásquez le dijo a EGP que seguiría de casa en casa para que la gente sepa que tiene que unirse en contra de las alternativas en el I-710 Draft EIR que podrían cambiar sus hogares y vecindarios.

Una audiencia pública está programada para el miércoles 23 de agosto en el Commerce Senior Center (el Centro para Mayores de Commerce) ubicado en el bloque 2555 de Commerce Way, en la cuidad de Commerce desde las 6 a 9 de la tarde.

“Estaré allí”, dijo Vásquez mientras caminaba por el vecindario y entregaba folletos de reunión a los residentes.

Solís Continúa Defendiendo Comunidades Inmigrantes

August 3, 2017 by · Leave a Comment 

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles lanzó el martes su apoyo a un proyecto de ley del Senado que permitiría a algunos jóvenes inmigrantes obtener residencia legal permanente y un camino hacia la ciudadanía.

La supervisora Hilda Solís defendió la medida, pidiendo a sus colegas que envíen una carta a la delegación del congreso del condado, a los líderes del Senado y de la Cámara y al presidente Donald Trump en apoyo de la Ley DREAM de 2017.

“Durante muchos años, el programa DACA ha traído esperanza y seguridad para miles de jóvenes en todo el país”, dijo Solís sobre el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), presentando durante la administración de Obama. “Nunca podemos olvidarnos de nuestros DREAMers quienes han demostrado su habilidad para causar impactos significativos y positivos en el condado de Los Ángeles y en todas las comunidades de todo el país”.

El DREAM Act de 2017, patrocinado por los senadores Dick Durbin (D-Illinois) y Lindsey Graham (R-Carolina del Sur), permitiría a más de 1 millón de jóvenes que llegaron a los Estados Unidos antes de cumplir los 18 años, a menudo conocidos como “Dreamers”, para obtener el estatus legal. Los solicitantes deben ser residentes de larga data con un diploma de escuela secundaria o certificado de GED o trabajar hacia esos objetivos y cumplir con otros requisitos de elegibilidad.

La legislación propuesta iría más allá de DACA para ofrecer un camino a la residencia legal permanente y la ciudadanía y permitiría a los solicitantes obtener ese derecho a través de la educación superior o experiencia laboral.

“Nuestras comunidades de inmigrantes están trabajando día tras día para tener éxito en este país. Programas como el DACA realmente ayudan a nuestros jóvenes inmigrantes a continuar brindando apoyo a sus padres y la idea que los llevó a creer en el ‘Sueño Americano’”, dijo Alessandro Negrete, del Consejo Vecinal de Boyle Heights.

La administración de Trump ha permitido que el programa DACA permanezca en efecto por el momento, a pesar de las promesas de campaña de revocarlo.

Funcionarios del estado republicano han amenazado con impugnar a DACA en el tribunal si no es rescinda el 5 de septiembre.

El entonces secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, ahora jefe de personal de Trump, dijo a los miembros del Caucus Hispano del Congreso en julio que podría no sobrevivir a ese desafió, informó el Washington Post.

La legislación de la Ley DREAM ofrecería una solución a largo plazo. En una conferencia de prensa del 20 de julio para presentar el proyecto de ley, Graham dijo que espera persuadir al presidente para que proteja a los inmigrantes que fueron llevados a Estados Unidos como niños.

“Presidente Trump, al arreglar un sistema de inmigración roto, recuerda que tienes el poder de arreglar las vidas también. Usa ese poder”, dijo Graham.

Una encuesta realizada en abril por Morning Consult y Político encontró que el 78 por ciento de votantes registrados creen que los “Soñadores” deberían poder permanecer en el país. De los que votaron por Trump, el 73 por ciento estuvo de acuerdo.

Supervisores votan para diversificar doctores trabajando en hospitales

July 20, 2017 by · Leave a Comment 

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles votó el martes por unanimidad para diversificar el grupo de médicos que trabajan en hospitales del condado, centros de traumatología y centros de salud.

La supervisora Hilda Solís propuso que se coordinara con los sindicatos para contratar más “médicos competentes cultural y lingüísticamente” para formar el segundo sistema de salud municipal más grande del país.

“Para asegurar que los médicos sean tan diversos como los pacientes que ven, nosotros ponemos un énfasis fuerte en servicios apropiados, efectivos y culturales”, dijo Solís el martes en una declaración pública. “Esto se trata de contratar y equipar a nuestros trabajadores locales con el liderazgo, entrenamiento, y habilidades necesarias para mejor servir las necesidades de nuestra comunidad diversa”.

(Office of Supervisor Hilda Solis)

(Office of Supervisor Hilda Solis)

La moción, escrita por Solís y co-escrita por la Supervisora Sheila Kuehl, pide al Departamento de Servicios de Salud a empezar un repaso de las prácticas de reclutamiento de médicos y trabajar en colaboración con las uniones laborales para reclutar y mantener médicos de tiempo completo del grupo existente de médicos contratados y residentes que estén entrenando en hospitales y facultades del condado.

Kuehl dijo que el condado emplea más de 4,000 médicos y ofrece uno de los programas de capacitación de médicos más grandes en todo el país.

“Es importante que revisemos nuestras prácticas de contratación para asegurar que nuestros hospitales y clínicas continúen compitiendo efectivamente por los mejores doctores”, dijo Kuehl en una declaración pública, “y que los muchos médicos que entrenamos eligen quedarse aquí”.

La moción atrajo apoyo sindical.

“La Unión de Médicos y Dentistas Americanos (UAPD) aprecia que las Supervisoras Solís y Kuehl están tomando pasos para asegurar que haya suficientes médicos en el Condado para servir las necesidades de todos los residentes en Los Ángeles”, dijo el presidente de UAPD Stuart Bussey. “Los que están proponiendo debe ser un modelo para otros Condados, donde la mayoría enfrentan dificultades de reclutamiento similares”.

Con más de tres millones de inmigrantes y más de cien nacionalidades representadas en el condado de Los Ángeles, la Junta de Supervisores está tomando un paso hacia delante, cambiando la manera en que los servicios de salud son proveídos a los residentes.

Supervisores Aprueban Ayuda Para Personas Elegibles Bajo la Proposición 47

December 10, 2015 by · Leave a Comment 

La junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó la semana pasada por unanimidad para formar un comité que ayude a exconvictos no violentos a solicitar que sus antecedentes penales sean reducidos bajo la Proposición 47 y para que reciban ayuda para conseguir trabajos y servicios que puedan ayudarlos a prosperar y a unirse a sus comunidades.

La Proposición 47, que fue aprobada el año pasado, redujo varios delitos no violentos, y no graves de felonías a delitos menores. Desde la aprobación de la Proposición 47, menos de 50,000 residentes elegibles del Condado han solicitado una nueva sentencia para que sus antecedentes penales sean reducidos o eliminados, a pesar de que hay al menos 690,000 residentes elegibles para recibir nuevas sentencias.

La  moción de la Supervisora Solís, que fue co-escrita por el Supervisor Mark Ridley-Thomas, requiere que el personal del Condado reciba entrenamiento para que pueda referir a personas elegibles con eficacia y prontitud a los servicios apropiados. El Defensor Público y el  Defensor Público Alternativo posteriormente ayudaran a estos candidatos aplicar para una sentencia nueva.

Una encuesta recién conducida por la fundación California Endowment encontró que sólo el 29 por ciento de los residentes de Los Ángeles saben acerca de la Proposición 47.

“El propósito de la ley es disminuir el número de delincuentes de bajo nivel en las prisiones y también de tratar de remover los obstáculos que impiden a las personas que han cumplido su tiempo en la cárcel a reincorporarse a la sociedad”, dijo Solís.

“La ley ha logrado reducir la población de las prisiones y de cárceles, pero para realmente desatar el potencial de esta ley, tenemos que ayudar a estos hombres y mujeres acceder a los trabajos y servicios que les ayudarán a tener éxito, mientras se reintegran a la sociedad”, aseveró.

La ley establece un plazo hasta el 2017  para todas las peticiones que buscan una nueva sentencia.

“Si este plazo pasa sin una aceleración significativa en las aplicaciones, el Condado de Los Ángeles se habrá perdido una oportunidad importante para establecer a la gente en el camino a la ciudadanía productiva, y por defecto, vamos a hacer que nuestros vecindarios sean más vulnerables a los crímenes potenciales,” dijo Solis.

“Con la Proposición 47, las personas que han cometido ciertos delitos no violentos y no graves tienen la oportunidad de darle vuelta a la página”, dijo el Supervisor Mark Ridley-Thomas. “No debemos desaprovechar esta oportunidad – este mandato – para reformar nuestro sistema de justicia penal para que sea menos punitivo y más humano, con el potencial de ser curativo y transformador”.

Además, la moción aboga por el desarrollo de una mejor colaboración público-privada que introduciría estos aspirantes de nuevas sentencias a empleo y servicios a través de la nueva creación de un grupo de trabajo compuesto de líderes del sector público y privado.

“Al conectar a estos individuos a las oportunidades de empleo les dará una segunda oportunidad porque nada detiene una bala como un trabajo”, dijo Solís. “Aunque estamos conscientes de que la curación intensiva de un trauma es más importante que el empleo, no hay duda de que un trabajo ofrece dignidad, un propósito en la vida, esperanza, y los ingresos para poder sostenerse–todo lo cual ayuda a prevenir  la delincuencia”.

Instituciones cívicas prominentes servirán en el grupo de trabajo y discutirán cómo pueden ayudar a estos hombres y mujeres. Se espera que representantes de la Cámara de Comercio de Los Ángeles, La Federación de Trabajo del Condado de Los Ángeles, La fundación The California Endowment, y el Colegio de Los Ángeles Trade Tech presten ayuda.

Se espera que el comité encargado de ayudar a los exconvictos bajo la Proposición 47 también traten de extender la fecha limite de la ley, que actualmente esta programada para finalizar el 3 de noviembre del 2017.

Se espera un reporte actualizado en seis meses.

Salario Mínimo en el Condado Será Aumentado a $15 para el 2020

July 23, 2015 by · Leave a Comment 

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó el martes 3-2 para elevar progresivamente el salario mínimo en las zonas no incorporadas en los próximos cinco años, alcanzando los $15 dólares por hora en el 2020.

La supervisora Hilda Solís, quien en un principio dudó debido al posible impacto en los pequeños negocios, se unió a Sheila Kuehl y Mark Ridley-Thomas en el apoyo a la ordenanza. Los supervisores Michael Antonovich y Don Knabe disintieron su voto, elevando preocupaciones sobre el impacto en los negocios.

Knabe votó a favor del incremento de salario para empleados del condado solamente.

El salario mínimo en todo el estado es de $9 dólares por hora, pero está programado para aumentar a $10 por hora en enero.

Kuehl recomendó que el aumento salarial del condado—al igual que el aumento recientemente aprobado por la ciudad de Los Ángeles—incluirá una serie de aumentos en cinco años, a partir del primero de julio de 2016, y llegando a $15 la hora para el 2020. El salario subirá a $10.50 dólares en julio de 2016, $12 dólares en julio de 2017, $13.25 en julio de 2018, $14.25 en julio de 2019 y luego a $15 el siguiente año. El incremento, al igual que en la ciudad, será retrasado en un año para las empresas con menos de 26 empleados.

Partidarios de aprobar el aumento de salario mínimo llegaron a la reunion de la Junta de Supervisores el martes por la mañana. (Cortesía de El Condado de Los Ángeles)

Partidarios de aprobar el aumento de salario mínimo llegaron a la reunion de la Junta de Supervisores el martes por la mañana. (Cortesía de El Condado de Los Ángeles)

Después de 2020, el salario se ajustará anualmente en base al costo de vida, algo que según Knabe dijo es “absolutamente la cosa incorrecta para hacer”.

Kuehl dijo que ella “nunca había estado más orgullosa de lo que estoy hoy en día” al darles a “decenas de miles de trabajadores de bajos ingresos cuyo trabajo ha sido infravalorado y, con demasiada frecuencia, robado” la oportunidad de entrar a la clase trabajadora en lugar de vivir en “la clase de pobreza”.

Antonovich respondió que “un salario mínimo de $15 es realmente $21.17”, una vez que se consideran los impuestos y el seguro de salud. También advirtió que los parques temáticos como Magic Mountain y minoristas como Wal-Mart y Ross podrían ser anexados a otras ciudades para evitar el pago de los salarios más altos, perjudicando el registro fiscal del condado.

“¿Van a tener a los negocios para que se queden aquí, prosperen y puedan crear puestos de trabajo o van a tener otro éxodo?” preguntó Antonovich.

La junta debatió la propuesta el mes pasado, pero aplazó la votación debido a la preocupación por el informe de Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Los Ángeles. Solís también retuvo su apoyo a la espera de un estudio de los dueños de pequeños negocios y para considerar las formas de afectar lo menos posible el impacto del incremento salarial para ellos.

El martes, decenas de trabajadores llenaron la sala de juntas del condado en apoyo del aumento salarial, diciéndole a la junta que a pesar de trabajar a tiempo completo, no pueden pagar las necesidades básicas. Ellos se enfrentaron contra los dueños de negocios, grandes y pequeños, que en su mayoría se opusieron a la ampliación, advirtiendo a la junta que estarían obligándolos a despedir a trabajadores, recortar horas y subir los precios.

Los funcionarios electos también se presentaron para presentar su caso ante la junta.

El alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti abrió con un argumento económico.

“La pobreza es muy, muy cara” dijo Garcetti. “Cuando perdemos billones en salarios perdidos, cuando vemos a personas que no pueden mantenerse a sí mismas, quien viene pagando por ellos? Nosotros”.

El propietario de un negocio de almacenamiento y cumplimiento en Valencia, quien dijo que él envía “20 campos de fútbol en productos de consumo” y es compatible con una nómina anual $16 millones advirtió que podría verse obligado a mudarse o a automatizar los trabajos actualmente realizados por jóvenes en situación de riesgo o trabajadores con discapacidades de desarrollo.

“Lo que estás haciendo va a ser muy perjudicial para dueños de empresas como yo”, Ken Wiseman dueño del negocio, le dijo a la junta.

Wiseman predijo que las empresas se mudarán a través de la autopista Golden State (5) a Santa Clarita, ciudad la cual espera no eleve su salario mínimo.

Un representante del parque acuático Raging Waters le dijo a la junta que el alza de salario le costará al parque $1.5 millones y prohibiría que la empresa invierta en nuevas atracciones.

La acción de la junta—que también se aplicará a los empleados del condado—deja que decenas de municipalidades decidan si van a responder de forma similar.

La alcaldesa de West Hollywood Lindsey Horvath le dijo a la junta que ella está buscando cómo su ciudad podría unirse a la ola de los que tratan de elevar el nivel de vida de las familias que luchan para pagar los gastos de vivienda y de estudiantes sepultados bajo los préstamos escolares.

“Aumentar el salario mínimo no sólo es lo correcto para hacer, es lo correcto para hacer en este momento”, dijo Horvath. “Nuestras comunidades no pueden esperar”.

Representantes empresariales advirtieron que el establecimiento de un salario mayor en áreas no incorporadas crearía una pesadilla burocrática para las empresas que operan dentro y fuera de esas “islas”.

Sin embargo, muchos representantes de negocios locales parecían resignados al resultado de la votación del martes y se centraron en la elaboración de los detalles del salario de la ordenanza.

Tracy Rafter, fundadora de BizFed, quien dijo representa a más de 140 cámaras y organizaciones empresariales, sintió “profunda preocupación” acerca de la rapidez con la que el condado se estaba moviendo para implementar un aumento tan dramático.

Pero Rafter agregó que quería centrarse en la protección de las exenciones para las organizaciones no lucrativas y empleadores adolescentes y en la elaboración de una definición de los empleados que minimizaría el impacto en las empresas que trabajan en los municipios.

Otros expresaron su apoyo por una iniciativa de pequeños negocios, defendida por los supervisores Solís y Dan Knabe, diseñada para ayudar a los negocios mediante la posibilidad de el alivio de impuestos, exenciones de cuotas o reducciones y capacitación laboral.

En un movimiento relacionado, Solís y Ridley-Thomas propusieron que el condado avance para regular el robo de salarios.

Casi el 80 por ciento de los empleados de bajos ingresos que trabajan horas extras no se les paga adecuadamente y el robo de salario—que incluye la denegación de la comida, descansos y trabajar fuera del reloj—afecta de manera desproporcionada a los inmigrantes, las mujeres y las personas de color, de acuerdo con la propuesta de los supervisores.

En una votación unánime, la junta se dirigió a los empleados para que informen sobre las posibles herramientas de aplicación, incluyendo sanciones penales, permisos y negando licencias y derechos de retención imponentes.

Se espera que un proyecto de ordenanza de salario mínimo vuelva a la junta para aprobación en 45 días.

 

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