Inspecciones de Cannabis en el Condado Aprobado por Supervisores

December 21, 2017 by · 1 Comment 

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles autorizó el martes a los funcionarios de salud pública a llevar a cabo inspecciones de negocios comerciales de cannabis para las ciudades de todo el condado, aunque todavía tiene que establecer sus propias reglas a medida que se acerca la legalización.

La decisión se produce en respuesta a la solicitud de los funcionarios de la ciudad de Los Ángeles de que el Departamento de Salud Pública realice inspecciones de salud y seguridad de negocios de marihuana y haga cumplir las reglamentaciones relacionadas.

La legalización entrará en vigencia en todo el estado el 1º de enero, pero aún está sujeta al derecho de las jurisdicciones locales de establecer sus propias reglamentaciones e incluso prohibir los negocios de cannabis.

Las políticas preliminares incluyen las siguientes propuestas:

– licencia gradual para un máximo inicial de 20 tiendas de cannabis, 20 servicios solo de entrega, 10 cultivadores, 10 fabricantes, 10 distribuidores y 10 laboratorios de prueba en todo el condado, con no más de cinco tiendas o servicios de entrega por distrito;

– las tiendas, los servicios de entrega y los laboratorios solo estarían permitidos en las zonas comerciales y de fabricación pesadas, y otras empresas estarían restringidas a las zonas designadas para la fabricación; todas las empresas estarían excluidas de los vecindarios residenciales y las zonas con zonas para uso agrícola;

– los buffers adicionales prohibirían a las empresas ubicarse cerca de escuelas, guarderías, parques y centros de tratamiento de drogas y alcohol; y

– una comisión cuasi-judicial de cinco miembros tendría discreción para aprobar o denegar solicitudes a los posibles licenciatarios.

En http://planning.lacounty.gov/cannabis/maps encontrará un mapa de las empresas que pueden ubicar si la junta aprueba las políticas tal como están escritas.

Por el momento, sigue vigente la prohibición del condado de cultivar, fabricar, procesar, probar, transportar y vender al por menor marihuana médica y no medicinal en áreas no incorporadas. Sin embargo, las nuevas tiendas se están abriendo a un ritmo más rápido que los funcionarios de ejecución pueden cerrar las tiendas ilegales.

El voto de la junta sobre tomar la iniciativa en la administración de inspecciones de salud y seguridad para Los Ángeles y llegar a otras ciudades fue unánime.

Sin embargo, el Supervisor Mark Ridley-Thomas reiteró una advertencia de que” los impactos sobre la salud y la seguridad de tales negocios (serán) de largo alcance”.

Las recomendaciones de la oficina de cannabis anticipan que los licenciatarios del condado pueden tener que invertir en la comunidad circundante – por ejemplo, apoyando el desarrollo de jóvenes y los programas de tratamiento de abuso de sustancias – dependiendo del impacto en la salud de sus negocios. Se espera que el Departamento de Salud Pública ayude a redactar las ordenanzas pertinentes, en base a su evaluación de las consecuencias de la legalización.

Los defensores del cannabis expresaron su preocupación por la regulación excesiva que va en contra de la voluntad de los votantes de legalizar la marihuana, mientras que otros residentes continuaron advirtiendo a la junta sobre cómo el acceso fácil a la marihuana dañaría a los adultos jóvenes y afectaría negativamente a los vecindarios.

La supervisora Sheila Kuehl ha dicho que cualquier marco regulatorio debe ser comparado con las reglas que gobiernan las ventas de alcohol.

Supervisores Aprueban Tarjeta de Biblioteca Libre de Multas

December 21, 2017 by · Leave a Comment 

LOS ÁNGELES

(CNS) – La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles votó el martes para presentar una tarjeta de biblioteca libre de multas para estudiantes de 17 años o menos.

Los supervisores Janice Hahn e Hilda Solís fueron coautoras de la moción.

“Al deshacernos de las multas y cuotas, nuestras tarjetas de biblioteca para estudiantes finalmente son una forma segura para que los jóvenes accedan a las herramientas que necesitan para mejorar su educación”, dijo Hahn, señalando que las bibliotecas de todo el condado ofrecen acceso a computadoras impresoras, bases de datos de investigación y ayuda después de la escuela con la tarea, además de libros.

Los estudiantes podrán sacar tres artículos impresos a la vez por el tiempo que quieran, sin cargos ni multas.

Los de tercer grado serán los primeros en obtener las nuevas tarjetas. Esta es una edad critica para el desarrollo de la lectura y solo el 41 por ciento de los estudiantes de tercer grado en el condado de Los Ángeles actualmente están leyendo a nivel de grado, de acuerdo con una tarjeta de puntuación estatal publicado por el grupo de defensa sin fines de lucro, Children Now.

Supervisores Aprueban Aumento para Museo de Historia Natural

November 30, 2017 by · Leave a Comment 

LOS ÁNGELES

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó el martes un aumento de $3 en las tarifas de admisión al Museo de Historia Natural, pero la entrada sigue siendo gratuita para jóvenes en excursiones, maestros, miembros activos de las fuerzas armadas y miembros de la comunidad marginada.

A partir del 1 de enero, la tarifa de admisión para adultos será de $15 y los estudiantes, adultos mayores y niños de 13 años o más pagarán $12. Las tarifas para niños de 3 a 12 años aumentarán de $2 a $7.

Funcionarios del museo dijeron que las alzas son necesarias para ayudar a sufragar los costos operativos asociados con las nuevas salas de exhibición, un jardín natural de 3.5 hectáreas y un pabellón de mariposas agregado durante los últimos seis años. Se espera que los aumentos generen aproximadamente $1.6 millones en ingresos netos del costo de los días hábiles de lunes a viernes.

La junta también otorgó al museo la autoridad para aumentar las tarifas de estacionamiento para que coincidan con las que se cobran en los lotes adyacentes del estado y del condado una vez que esas tarifas aumentan, un cambio que se espera que tenga lugar en algún momento en 2018.

Salario Mínimo en el Condado Será Aumentado a $15 para el 2020

July 23, 2015 by · Leave a Comment 

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó el martes 3-2 para elevar progresivamente el salario mínimo en las zonas no incorporadas en los próximos cinco años, alcanzando los $15 dólares por hora en el 2020.

La supervisora Hilda Solís, quien en un principio dudó debido al posible impacto en los pequeños negocios, se unió a Sheila Kuehl y Mark Ridley-Thomas en el apoyo a la ordenanza. Los supervisores Michael Antonovich y Don Knabe disintieron su voto, elevando preocupaciones sobre el impacto en los negocios.

Knabe votó a favor del incremento de salario para empleados del condado solamente.

El salario mínimo en todo el estado es de $9 dólares por hora, pero está programado para aumentar a $10 por hora en enero.

Kuehl recomendó que el aumento salarial del condado—al igual que el aumento recientemente aprobado por la ciudad de Los Ángeles—incluirá una serie de aumentos en cinco años, a partir del primero de julio de 2016, y llegando a $15 la hora para el 2020. El salario subirá a $10.50 dólares en julio de 2016, $12 dólares en julio de 2017, $13.25 en julio de 2018, $14.25 en julio de 2019 y luego a $15 el siguiente año. El incremento, al igual que en la ciudad, será retrasado en un año para las empresas con menos de 26 empleados.

Partidarios de aprobar el aumento de salario mínimo llegaron a la reunion de la Junta de Supervisores el martes por la mañana. (Cortesía de El Condado de Los Ángeles)

Partidarios de aprobar el aumento de salario mínimo llegaron a la reunion de la Junta de Supervisores el martes por la mañana. (Cortesía de El Condado de Los Ángeles)

Después de 2020, el salario se ajustará anualmente en base al costo de vida, algo que según Knabe dijo es “absolutamente la cosa incorrecta para hacer”.

Kuehl dijo que ella “nunca había estado más orgullosa de lo que estoy hoy en día” al darles a “decenas de miles de trabajadores de bajos ingresos cuyo trabajo ha sido infravalorado y, con demasiada frecuencia, robado” la oportunidad de entrar a la clase trabajadora en lugar de vivir en “la clase de pobreza”.

Antonovich respondió que “un salario mínimo de $15 es realmente $21.17”, una vez que se consideran los impuestos y el seguro de salud. También advirtió que los parques temáticos como Magic Mountain y minoristas como Wal-Mart y Ross podrían ser anexados a otras ciudades para evitar el pago de los salarios más altos, perjudicando el registro fiscal del condado.

“¿Van a tener a los negocios para que se queden aquí, prosperen y puedan crear puestos de trabajo o van a tener otro éxodo?” preguntó Antonovich.

La junta debatió la propuesta el mes pasado, pero aplazó la votación debido a la preocupación por el informe de Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Los Ángeles. Solís también retuvo su apoyo a la espera de un estudio de los dueños de pequeños negocios y para considerar las formas de afectar lo menos posible el impacto del incremento salarial para ellos.

El martes, decenas de trabajadores llenaron la sala de juntas del condado en apoyo del aumento salarial, diciéndole a la junta que a pesar de trabajar a tiempo completo, no pueden pagar las necesidades básicas. Ellos se enfrentaron contra los dueños de negocios, grandes y pequeños, que en su mayoría se opusieron a la ampliación, advirtiendo a la junta que estarían obligándolos a despedir a trabajadores, recortar horas y subir los precios.

Los funcionarios electos también se presentaron para presentar su caso ante la junta.

El alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti abrió con un argumento económico.

“La pobreza es muy, muy cara” dijo Garcetti. “Cuando perdemos billones en salarios perdidos, cuando vemos a personas que no pueden mantenerse a sí mismas, quien viene pagando por ellos? Nosotros”.

El propietario de un negocio de almacenamiento y cumplimiento en Valencia, quien dijo que él envía “20 campos de fútbol en productos de consumo” y es compatible con una nómina anual $16 millones advirtió que podría verse obligado a mudarse o a automatizar los trabajos actualmente realizados por jóvenes en situación de riesgo o trabajadores con discapacidades de desarrollo.

“Lo que estás haciendo va a ser muy perjudicial para dueños de empresas como yo”, Ken Wiseman dueño del negocio, le dijo a la junta.

Wiseman predijo que las empresas se mudarán a través de la autopista Golden State (5) a Santa Clarita, ciudad la cual espera no eleve su salario mínimo.

Un representante del parque acuático Raging Waters le dijo a la junta que el alza de salario le costará al parque $1.5 millones y prohibiría que la empresa invierta en nuevas atracciones.

La acción de la junta—que también se aplicará a los empleados del condado—deja que decenas de municipalidades decidan si van a responder de forma similar.

La alcaldesa de West Hollywood Lindsey Horvath le dijo a la junta que ella está buscando cómo su ciudad podría unirse a la ola de los que tratan de elevar el nivel de vida de las familias que luchan para pagar los gastos de vivienda y de estudiantes sepultados bajo los préstamos escolares.

“Aumentar el salario mínimo no sólo es lo correcto para hacer, es lo correcto para hacer en este momento”, dijo Horvath. “Nuestras comunidades no pueden esperar”.

Representantes empresariales advirtieron que el establecimiento de un salario mayor en áreas no incorporadas crearía una pesadilla burocrática para las empresas que operan dentro y fuera de esas “islas”.

Sin embargo, muchos representantes de negocios locales parecían resignados al resultado de la votación del martes y se centraron en la elaboración de los detalles del salario de la ordenanza.

Tracy Rafter, fundadora de BizFed, quien dijo representa a más de 140 cámaras y organizaciones empresariales, sintió “profunda preocupación” acerca de la rapidez con la que el condado se estaba moviendo para implementar un aumento tan dramático.

Pero Rafter agregó que quería centrarse en la protección de las exenciones para las organizaciones no lucrativas y empleadores adolescentes y en la elaboración de una definición de los empleados que minimizaría el impacto en las empresas que trabajan en los municipios.

Otros expresaron su apoyo por una iniciativa de pequeños negocios, defendida por los supervisores Solís y Dan Knabe, diseñada para ayudar a los negocios mediante la posibilidad de el alivio de impuestos, exenciones de cuotas o reducciones y capacitación laboral.

En un movimiento relacionado, Solís y Ridley-Thomas propusieron que el condado avance para regular el robo de salarios.

Casi el 80 por ciento de los empleados de bajos ingresos que trabajan horas extras no se les paga adecuadamente y el robo de salario—que incluye la denegación de la comida, descansos y trabajar fuera del reloj—afecta de manera desproporcionada a los inmigrantes, las mujeres y las personas de color, de acuerdo con la propuesta de los supervisores.

En una votación unánime, la junta se dirigió a los empleados para que informen sobre las posibles herramientas de aplicación, incluyendo sanciones penales, permisos y negando licencias y derechos de retención imponentes.

Se espera que un proyecto de ordenanza de salario mínimo vuelva a la junta para aprobación en 45 días.

 

Junta de Supervisores Finaliza Programa de ICE Pero Permite Uno Similar

May 18, 2015 by · Leave a Comment 

 

La Junta de Supervisores del Condado votó el martes para terminar un acuerdo que permite que agentes federales de inmigración entren a las cárceles del condado y que algunos empleados de la cárcel actúen como representantes de agentes de inmigración, pero le pidieron al alguacil Jim McDonnell que continúe cooperando con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE por sus siglas en inglés), causando nuevas preguntas sobre las políticas del condado.

Los supervisores Hilda Solís y Mark Ridley-Thomas recomendaron que el Departamento del Condado de Los Ángeles consulte con organizaciones comunitarias y reevalúe sus relaciones con la oficina del ICE en los siguientes 90 días.

“Veo esto como una oportunidad para avanzar puesto que tenemos un nuevo alguacil. Tenemos una nueva junta”, dijo Solís.

La supervisora Sheila Kuehl también votó para apoyar la eliminación del acuerdo del 2014, mientras que los supervisores Michael Antonovich y Don Knabe disintieron sus votos.

Aunque el acuerdo existente—conocido como Comunidades Seguras y a menudo referido en corto como 287 (g)—será anulado, la junta le pidió a McDonnell que “continúe cooperando con el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. para implementar el Programa de Ejecución de Prioridad del presidente (PEP)”.

El segundo voto fue 4-1, con Khuel disintiendo. Ella y muchos activistas comunitarios dijeron que ven poca diferencia entre los dos programas.

“Es una distinción sin diferencia”, dijo Kuehl, con los agentes de ICE esperando afuera de las cárceles para un “amable traspaso” en lugar de trabajar dentro de la cárcel.

“Es un día extraño cuando la Junta de Supervisores del Condado toman un paso adelante y tres pasos hacia atrás en inmigración”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición Pro-Inmigrante de Derechos Humanos de Los Ángeles. “Con los votos de hoy [martes], la Junta ha cerrado las puertas ante una red de deportación, pero ha dejado una ventana para permitir que el programa PEP lo remplace”.

Otros, incluyendo a la activista pro derechos civiles Dolores Huerta desacordaron.

“Terminar este programa es un enorme, gran paso para tratar a nuestros inmigrantes de la manera correcta”, Huerta le dijo a la Junta.

Mientras tanto, McDonnell, quien no llegó a la audiencia,  no ha acordado explícitamente en remover a los agentes de ICE del centro de detención en la Facilidad Correccional conocida como Twin Towers, aunque Solis y el abogado del condado dijeron que creen que lo hará.

En un comunicado el lunes, McDonnell pidió un balance de seguridad pública con confianza comunitaria.

“Nuestro departamento debe trabajar de cerca y cooperar con las autoridades federales para identificar y asistir con la completa investigación y persecución de personas indocumentadas que pueden poseer un peligro para nuestra comunidad”, dijo el alguacil. “Tambien debemos tener en mente en todo momento la importancia de servir ante las relaciones de la comunidad al igual que el proceso de aquellos que están en nuestra custodia”.

Oficiales federales anunciaron en noviembre que las Comunidades Seguras serían descontinuadas a favor de PEP.

En un comunicado dirigido al entonces director de ICE Thomas Winkowski, el Secretario de DHS Jeh Johnson dijo que el acuerdo Comunidades Seguras “es ampliamente malentendido y un litigio enredado; su mismo nombre ha sido un símbolo general de hostilidad ante la ejecución de nuestras leyes de inmigración”.

En su moción, Solís y Ridley-Thomas dijeron que el condado debería “confiar pero verificar” en cuanto a PEP.

El Programa de Ejecución Prioritaria todavía usa datos de huellas digitales de los arrestos locales para revisar el estado de inmigración de la persona, en cuanto se están enlistando en lugar de cuando se están liberando.

La información de más presos es compartida con ICE bajo el programa PEP, el alguacil Eric Parra le dijo a la Junta.

Sin embargo, solo los inmigrantes indocumentados que poseen un “riesgo visible a la seguridad nacional” o quienes han sido convictos de, no solo arrestados por, algunos crimenes son el blanco para la deportación bajo las nuevas reglas.

La lista no incluye los delitos relacionados únicamente con la inmigración ilegal. Sin embargo, sí incluye todas las felonías, delitos graves, condenas de tres o más delitos menores o de un solo “delito menor significativo,” incluyendo violencia doméstica, abuso sexual, robo, posesión ilegal de un arma de fuego, la distribución de drogas, conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas o

cualquier condena con una pena de al menos 90 días.

Según la Ley de TRUST California, la cual entró en vigor el año pasado en un esfuerzo para proteger el derecho de los reclusos a un debido proceso, los presos no deben ser detenidos más allá del final de la fecha de su libertad programada. En su lugar, el ICE es notificado en avance de la libertad de reclusos.

Activistas comunitarios dijeron que la colaboración con el ICE socava la confianza de la comunidad y separa a las familias.

Los familiares de víctimas y asesinados por inmigrantes indocumentados hicieron súplicas emocionales para la ejecución de la 287 (g), reprendiendo a la Junta por no priorizar a ciudadanos sobre aquellos en el país ilegalmente.

El Departamento del Alguacil tiene margen de maniobra para actuar por su cuenta sin aprobación de la junta.

“ El alguacil tiene un control completo sobre las cárceles y todo el mundo en ellos”,  el abogado del condado Marcos Saladino le dijo a la Junta Directiva.

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