Tribunal Supremo Deja en Limbo Beneficios Económicos de DAPA y DACA

June 30, 2016 by · Leave a Comment 

Los beneficios económicos que conllevarían las medidas migratorias que quedaron bloqueadas la semana pasada en el Tribunal Supremo permanecerán en el mismo limbo que los millones de indocumentados que esperaban beneficiarse de ellas, según expertos consultados por Efe.

Desde beneficios económicos para los mismos estados que interpusieron la demanda contra las medidas migratorias del presidente Barack Obama hasta un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) se han dejado de percibir a raíz del bloqueo de la regularización temporal de indocumentados.

“Tenemos un medidor que calcula lo que ha perdido el Producto Interno Bruto del país desde la suspensión de la implementación de las medidas (en febrero de 2015) y hemos perdido ya 8.300 millones de dólares”, señaló a Efe Philip Wolgin, director asociado del Equipo de Políticas de Inmigración del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP, en inglés).

“Eso significa que hemos perdido 29,9 millones de dólares cada día” agregó Wolgin.
Si las medidas se hubieran implementado en 2015, una proyección de CAP calcula que para el año 2024 el PIB registraría un incremento de 24.000 millones de dólares.

Wolgin explicó que al tratarse de personas que ya están aquí en el país, un permiso de trabajo les permitiría “mejorar su capacitación recibir entrenamiento o conseguir un diploma universitario con lo que mejorarán su estatus y sus ingresos”.
Esta visión la comparte Heide Castañeda, investigadora y profesora de la Universidad del Sur de Florida, y que resalta que un permiso de trabajo beneficia igualmente a las familias de estatus de inmigración mixto, es decir con algunos de sus miembros en calidad de indocumentado.

“Estas medidas que proporcionan un permiso de trabajo de tres años a los beneficiados, pueden aumentar el ingreso promedio familiar en un 10%”, aseguró Castañeda a Efe.
La investigadora asegura que hay aproximadamente 2,3 millones de familias de estatus mixto en Estados Unidos que mejorarían sus ingresos si todos los miembros adultos cuentan con una autorización legal para trabajar.

Un informe del Instituto de Políticas de Migración calculó que más de 10 millones de personas viven en familias con al menos un adulto que sería elegible para la Acción Diferida para padres indocumentados (DAPA).

Las familias con potenciales beneficiarios del programa DAPA ganan aproximadamente unos 10.000 dólares menos al año en el caso de los hombres y 8.000 dólares menos en el caso de las mujeres, según el mismo reporte.

Las posibilidades de superación se multiplican cuando se trata de jóvenes adultos que inician su vida profesional, como es el caso de los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

“Ya hemos visto los grandes beneficios que ha traído DACA para las personas que lo han recibido: tienen mejores salarios, mejores empleos y han podido mejorar la condición económica de sus familias”, destacó Wolgin.

Otro análisis de CAP, al cumplirse el tercer año de la entrada en vigencia de este programa federal, encontró que el 69 % de los beneficiarios “consiguieron empleo con un mejor salario”, el 92% han conseguido “oportunidades educacionales que no podían tener anteriormente” y el 21% compró su primer automóvil.
No obstante, organizaciones en contra de la inmigración indocumentada han presentado sus cifras en las que muestran los efectos negativos de la inmigración para el “trabajador estadounidense”.

Según Steven Camarota, director de investigación del Centro de Estudios de Inmigración, que remitió un reporte al Senado en junio pasado, la oferta de mano de obra barata de los trabajadores extranjeros no calificados afecta directamente a los trabajadores más pobres de Estados Unidos.

“Los estadounidenses menos educados que son actualmente los trabajadores más pobres, son los más afectados por la competencia de la inmigración y la reducción de los salarios”, aseguró Camarota.
En sentido contrario, otro informe de CAP señala que los 26 estados que entablaron una demanda en una corte de Texas contra DAPA y la extensión de DACA también están perdiendo dinero como consecuencia del bloqueo de las medidas.

“En conjunto, 18 de los 26 estados que están demandando para detener DAPA y la expansión de DACA pueden llegar a perder un estimado de 91.900 millones en aumento del PIB estatal a través de 10 años”, señaló Tom Jawetz, vicepresidente de Política de Inmigración de CAP.

En noviembre de 2014, ante la imposibilidad de aprobar una reforma migratoria en el Congreso, Obama proclamó por decreto unas medidas destinados a frenar la deportación de casi cinco millones de indocumentados, que podrían haber obtenido de manera temporal un permiso de trabajo y una licencia de conducir.

Una coalición de 26 estados, liderados por Texas y en su mayoría con gobernadores republicanos, consiguió que un juez bloqueara las medidas migratorias en febrero, tras lo cual la Casa Blanca interpuso sucesivos recursos hasta llegar a la máxima instancia judicial del país.

Tribunal Supremo Mantiene Bloqueados los Programas DAPA y DACA Extendido

June 23, 2016 by · Leave a Comment 

Activistas y líderes defensores de los inmigrantes de Los Ángeles lamentaron el empate registrado hoy Jueves en la Corte Suprema sobre las medidas migratorias del presidente Barack Obama, por lo que se mantiene el bloqueo a este alivio ejecutivo.

“Estamos estancados como comunidad”, declaró a Efe Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).

“Yo me siento muy frustrada porque siempre están deteniendo las decisiones de nuestra comunidad. Un empate no es una decisión, pero al no poder decidir (la Corte Suprema) nuestra comunidad no puede solicitar esa protección contra la deportación”, lamentó.

El Supremo empató (4-4) sobre la legalidad de las medidas presidenciales conocidas como Acción Diferida para Padres (DAPA) y la extensión de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

A pesar de este revés, los líderes anunciaron que seguirán impulsando la lucha en distintos frentes para proteger la unión de las familias y para buscar una solución estable a la situación de los indocumentados.

Activistas pro-inmigrantes se reunieron esta mañana en CHIRLA para hablar sobre la decisión del Supremo. (Cortesía CHIRLA)

Activistas pro-inmigrantes se reunieron esta mañana en CHIRLA para hablar sobre la decisión del Supremo. (Cortesía CHIRLA)

“Es un poco triste dado que las familias que necesitan protección contra la deportación no van a tenerla debido a esta decisión”, declaró a Efe Martha Arévalo, directora ejecutiva Centro de Recursos Centroamericanos, Carecen.

“Son familias que todos los días tienen el miedo de ser separadas, de ser deportados, de separarse sus hijos y todavía tienen que vivir con ese miedo y en las sombras”, reclamó la activista.

Arévalo destacó cómo, aunque se ha luchado para que DAPA y DACA+ se puedan aplicar, en ningún momento se ha detenido la lucha por otras metas como la reforma migratoria o el trabajo independiente de las autoridades locales con respecto a las de inmigración.

“Nosotros no hemos dejado de buscar un alivio permanente, una reforma justa. Somos una comunidad sofisticada que -como dicen en inglés- puede ‘caminar y mascar chicle al mismo tiempo’, y que puede y debe pelear por muchas cosas”, aseguró Arévalo.

Salas responsabilizó al Partido Republicano por la falta de resultados favorables a los inmigrantes indocumentados.

“Inmediatamente le pedimos a la comunidad que nos sigamos organizando para crear más poder, para frenar esas deportaciones que siempre nos están atacando, pero también para mantener responsables a los republicanos que nos han atacado una y otra vez”, reclamó la líder de CHIRLA.

Jueces Parecen Estar Divididos en el Caso de Inmigración

April 21, 2016 by · Leave a Comment 

El ambiente era de celebración, como si ya hubieran ganado.

En realidad, la victoria, la derrota o un empate en un caso que podría determinar el futuro de millones de inmigrantes en el país de forma ilegal esta todavía a meses de saberse.

El lunes por la mañana—frente a la Corte Suprema de EE.UU. en Washington DC y en decenas de ciudades del país—miles de inmigrantes y sus partidarios se manifestaron en apoyo de las acciones ejecutivas del presidente Obama que de aprobarse darían a cuatro millones de inmigrantes indocumentados alivio temporal de la deportación.

Read this article in English: Justices Appear Divided On Immigration Case

Las manifestaciones se llevaron a cabo mientras ocho jueces del Tribunal Supremo escucharon los argumentos orales en el caso United Staes v. Texas (Estados Unidos v. Texas), una demanda que desafía la constitucionalidad de la autoridad del presidente para realizar las acciones.

Las preguntas planteadas por los ocho jueces parecen indicar que están divididos 4-4, con los cuatro jueces conservadores que se inclinan hacia la defensa de la decisión del tribunal inferior.

En defensa de las acciones del presidente, los peticionarios preguntaron si Texas y otros estados están legitimados para presentar la demanda.

En mayo de 2015, un panel del Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans confirmó una orden judicial emitida por un juez del Distrito de EE.UU. en Texas en una demanda presentada por Texas y otros 25 estados mayoritariamente republicanos que buscan poner fin a las acciones ejecutivas de Obama sobre la inmigración.

Los estados argumentaron que Obama se excedió en su autoridad legal cuando tomó las acciones ejecutivas, insistiendo en que no tiene la capacidad de fijar unilateralmente la política de inmigración.

La batalla legal ha suspendido la implementación de un programa que otorgaría permisos de trabajo y protección contra la deportación a padres de los niños nacidos en EE.UU. y ampliaría el programa existente para los inmigrantes que llegaron ilegalmente cuando eran niños y no calificaron al DACA original debido a límite de edad. Los programas—conocidos por sus acrónimos como DAPA y DACA—afectarían alrededor de medio millón de angelinos.

Miles de personas se reunieron en los escalones de la Corte Suprema para apoyar a DAPA y DACA mientras se llevaban a cabo los argumentos orales. (Oficina del congresista Xavier Becerra)

Miles de personas se reunieron en los escalones de la Corte Suprema para apoyar a DAPA y DACA mientras se llevaban a cabo los argumentos orales. (Oficina del congresista Xavier Becerra)

El panel de tres jueces dictaminó que los estados tenían suficiente base legal para iniciar la demanda y que la administración falló en demostrar que se verían perjudicados por nuevos retrasos.

El congresista Xavier Becerra (D-34), cuyo distrito incluye partes del Este y Noreste de Los Ángeles, estaba en la Corte para los argumentos orales y le dijo a EGP después de la audiencia que los jueces estaban atentos a ambas partes de los argumentos.

Hicieron preguntas muy importantes como “¿Cómo se define la presencia legal?” y ¿Cómo tratarían el problema de deportación [de inmigrantes indocumentados]?” si fuese a suceder, dijo.

Para Becerra, el umbral es si Texas, tiene el derecho de llevar el caso a los tribunales, “porque [ellos] tienen que demostrar que el estado se verá perjudicado” por las medidas.

En 2015, Texas argumentó que el estado sufriría un daño financiero debido a una política de Texas que permite al estado a emitir licencias de conducir a los no ciudadanos que viven legalmente en el estado.

Los jóvenes indocumentados que calificaron para DACA en 2012 no se les permitió inicialmente solicitar una licencia de conducir de Texas, pero eso cambió un año después cuando la Administración Obama confirmó que los receptores de DACA están autorizados para estar en EE.UUy por lo tanto se consideran “legalmente presentes” bajo las leyes federales de inmigración.

Durante los argumentos orales el abogado general de EE.UU., Donald B. Verrilli argumentó que bajo la ley actual de Texas, “les darán una licencia de conducir ahora a cualquier categoría de persona que tenga un documento del gobierno federal, no sólo diciendo que están legítimamente presentes—pero que oficialmente estamos tolerando tu presencia”.

“Hay un gran número de personas bajo la ley existente de Texas elegibles para una licencia a pesar de no estar legítimamente presentes”, dijo Verrelli durante la sesión de 90 minutos. Sostuvo que Texas podría cambiar su legislación para negar licencias de conducir a inmigrantes.

“Se podría demandar inmediatamente”, respondió el juez presidente John G. Roberts, llamandola una “Catch 22” (trampa 22) en referencia a la posibilidad de demandar al gobierno federal de Texas durante su tratamiento desigual de los inmigrantes considerados legalmente en el país.

Hablando en defensa de las acciones de Obama, el presidente y abogado general de MALDEF Thomas A. Sáenz presentó testimonios de tres madres inmigrantes no autorizadas—identificadas como Jane Does—que se beneficiarían de DAPA.

“Los jueces parecían estar muy interesados durante todo el argumento”, dijo Sáenz durante una conferencia de prensa telefónica después de los argumentos orales. Era necesario mostrar los “rostros humanos” de quienes están siendo puestos en riesgo, agregó.

“Sin su participación, las únicas partes serían políticas, por lo que era importante contar con la perspectiva de aquellos que están esperando”, dijo a los reporteros.

La muerte del juez Antonin Scalia a principios de este año dejo la corte dividida 4-4 en las líneas partidistas. Si la división conservadora/liberal se mantiene, una decisión de 4-4 permitiría que la decisión del tribunal inferior prevalezca.

“Habría consideración de lo que podría hacerse en un tribunal o de otra manera, limitar el alcance de la medida cautelar de restricción en todo el país excluyendo la implementación por todos lados” en respuesta, dijo Sáenz.

Los demandantes en el caso también afirman que los pedidos de inmigración del presidente Obama representan un cambio drástico en las políticas del país sin la autorización del congreso.

Es un argumento respaldado por el congresista de California Darrell Issa (R-49) que representa a las zonas costeras de los condados de San Diego y Orange.

“La Constitución no puede ser más clara. Es el trabajo del congreso escribir las leyes y es el trabajo del presidente ver que se ejecuten fielmente”, dijo Darrell en un comunicado el lunes.

El juez Anthony Kennedy parecía estar de acuerdo. “Es como si el presidente está fijando la política y el congreso la esta ejecutado. Esta al revés”, dijo Kennedy, quien usualmente es el voto decisivo de la corte.

“Tenemos básicamente 10 millones, novecientas mil personas que no pueden ser deportadas porque no hay suficientes recursos”, dijo Sonia Sotomayor después de aclarar que el congreso sólo había asignado fondos para deportar a cerca de 400.000 personas en el país ilegalmente cada año. “Están aquí, lo queramos o no”.

Una coalición de 15 estados, incluyendo California, más el Distrito de Columbia y 118 ciudades y condados, sin embargo, han demostrado apoyo a las acciones del presidente.

En los escritos “amigos-de-las-cortes”, los partidarios de la acción ejecutiva del presidente argumentan que sus directivas no perjudican a los 26 estados que buscan sean revocadas, pero en su lugar serían de beneficios sustanciales no sólo a los inmigrantes indocumentados y sus familias, sino para las arcas del gobierno también.

El informe, que fue co-redactado por el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, el abogado de la ciudad Mike Feuer y sus homólogos de la Ciudad de Nueva York, también recalca el posible “perjuicio económico” de no permitir que los inmigrantes que pagan impuestos trabajen y permanezcan en el país.

Se espera que las políticas ejecutivas de Obama le inyecten hasta $800 millones en “beneficios económicos” a los gobiernos estatales y locales, de acuerdo con el informe.

La congresista Lucille Roybal-Allard (D-40) quien representa al Este de L. A. y partes del sureste y el sur de Los Ángeles, dijo en un comunicado que las acciones ejecutivas del presidente Obama para expandir e implementar DACA y DAPA no sólo son legales, sino también humanas.

“Si estas acciones toman efecto, más inmigrantes calificados podrán salir de las sombras y contribuir a nuestra nación. Más familias podrán vivir en paz, libres de temores de ser separados”, dijo. “Estoy segura de que la Corte Suprema afirmará que el presidente Obama tiene todo el derecho para implementar las acciones ejecutivas”.

Sáenz dijo que esta muy optimista. “Vi a un tribunal que estaba del lado de la justicia”.

Se espera una decisión final en junio.

Información City News Service utilizó en este informe.

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Tribunal Supremo Examina las Medidas Migratorias del Presidente Obama

April 18, 2016 by · Leave a Comment 

El Tribunal Supremo examinó el lunes si el presidente Barack Obama proclamó de forma legal sus medidas migratorias para frenar la deportación de cinco millones de indocumentados o si, por el contrario, se excedió en su poder, como sostiene la oposición republicana.

La cita judicial llega en un momento de alta tensión de cara a las elecciones presidenciales de noviembre con candidatos como el magnate Donald Trump, aspirante a la nominación presidencial republicana y que aboga por construir un muro en la frontera con México y deportar a todos los indocumentados del país.

“Las familias no tienen fronteras” y “paren las deportaciones” son algunos de los mensajes que lucieron las pancartas que desde primera hora del día se agolpan a las puertas de la corte, donde el Movimiento para una Reforma Migratoria Justa reunió alrededor de 3.500 personas en una gran manifestación.

Un grupo de activistas se reunieron en Los Ángeles para presentar apoyo a la audiencia de DAPA en Washington. (Catherine Lyons)

Un grupo de activistas se reunieron en Los Ángeles para presentar apoyo a la audiencia de DAPA en Washington. (Catherine Lyons)

Dentro del alto tribunal, durante una audiencia de 90 minutos, los jueces analizaron las acciones ejecutivas que Obama proclamó en noviembre de 2014 y que fueron bloqueadas a comienzos de 2015, un día antes de entrar en vigor, a petición de una coalición de 26 estados, liderados por Texas y en su mayoría con gobernadores republicanos.

Los 26 estados consideran que Obama se ha excedido en su poder al proclamar por decreto su plan migratorio, que consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA) y cuyo objetivo es evitar la deportación de jóvenes indocumentados que llegaron de niños a EEUU.

La otra parte del plan es el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que busca evitar la deportación de los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.

Estas medidas son temporales y permitirían a los beneficiarios conseguir un permiso de trabajo, un seguro social y una licencia de conducir.

Consciente de que se juega uno de sus mayores legados en política interior, el Gobierno de Obama defiende su poder para fijar diferentes prioridades en la expulsión de indocumentados y pone de ejemplo a dos expresidentes republicanos, Ronald Reagan y George H.W. Bush, quienes proclamaron acciones similares en el pasado.

Además de los estados y el Gobierno federal, testificó un abogado del Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación (Maldef), que representa a tres mujeres indocumentadas de Texas y que podrían acogerse a uno de los programas proclamados por Obama.

En apoyo de la tesis que defienden los estados, dio su testimonio un letrado que representa a la mayoría republicana de la Cámara Baja, que sostiene que Obama se extralimitó en su poder, proclamó medidas demasiado amplias y solo el Congreso tiene capacidad para cambiar las leyes migratorias.

Frente a las partes, dentro de la corte hay solo ocho de los nueve jueces con cargos vitalicios que deben componer el Supremo, dividido en cuatro conservadores y cuatro progresistas debido a la inesperada muerte en febrero del magistrado conservador Antonin Scalia.

El dictamen llegará en junio y, si empatan, los magistrados tienen la opción de dejar en vigor el veredicto de la corte inmediatamente inferior, lo que perjudicaría a Obama, o decidir que el caso vuelva a argumentarse ante el Supremo una vez que un nuevo juez se incorpore a la corte.

La Cámara Baja Presentará Su Oposición contra DAPA

March 24, 2016 by · Leave a Comment 

La Cámara de Representantes aprobó la semana pasada una resolución que permitirá a la mayoría republicana llevar al Tribunal Supremo su oposición al plan migratorio del presidente Barack Obama, destinado a frenar la deportación de cinco millones de indocumentados.

Con 234 votos a favor y 186 en contra, la Cámara baja dio el visto bueno a la resolución impulsada por su presidente, el republicano Paul Ryan, para entregar al Tribunal Supremo un documento “amicus curiae” (amigo de la corte), una figura legal por la que un tercero expresa su apoyo a una de las partes.

“Reconozco que este es un paso extraordinario, pero creo que es muy necesario, vital. No se trata de si estamos a favor o en contra de unas políticas migratorias. De lo que se trata es de la integridad de nuestra Constitución”, aseguró Ryan, al pedir el voto de los legisladores para su resolución.

Colocar al Legislativo enfrente del Ejecutivo en la máxima instancia judicial del país servirá para demostrar que, según la Constitución, “el presidente no puede escribir las leyes” y solo el Congreso tiene capacidad para legislar, según destacó Ryan.

Los republicanos consideran que Obama se ha excedido en su poder al proclamar por decreto su plan migratorio, que consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA) y cuyo objetivo es evitar la deportación de jóvenes indocumentados que llegaron de niños a EEUU.

La otra parte del plan, anunciado en noviembre de 2014, es el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que busca evitar la deportación de los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o hijos con residencia permanente.

“Si quieren ver a la gente deportada, ¿por qué no se levantan y lo dicen?”, espetó a los republicanos el legislador demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez, visiblemente indignado.

Para Gutiérrez, lo que quieren los republicanos de la Cámara Baja es una “deportación masiva” como la que propone el magnate Donald Trump, aspirante a la nominación presidencial republicana que quiere construir un muro en la frontera con México y expulsar a todos los indocumentados del país.

“Los republicanos de la Cámara Baja están propagando el mismo miedo, la misma retórica anti-inmigrante y las mismas fantasías de deportación masiva que sus candidatos. No, no están llamando a la calma, no están liderando. ¡Me avergüenzo de ellos!”, clamó Gutiérrez.

En sus intervenciones previas al voto, los demócratas acusaron a los republicanos de usar al Legislativo con fines políticos y les dijeron que, si querían opinar ante el Tribunal Supremo, deberían haber presentado un “amicus curiae” de forma independiente, como 225 legisladores demócratas hicieron este mes.
“El Congreso no tiene que presentar un escrito legal para presionar al Tribunal Supremo para cambiar nuestras leyes”, destacó el presidente del Caucus Demócrata, Xavier Becerra, quien dijo a los republicanos que es hora de “legislar, no litigar” y les instó a aprobar una reforma migratoria.
El “amicus curiae” aprobado por la Cámara Baja se suma a la lista de más de 20 documentos que opinan sobre el caso y entre los que destaca el escrito en apoyo de Obama de un grupo de 60 empresarios, liderado por el presidente de la red social Facebook, Mark Zuckerberg.

El mandatario se comprometió por primera vez en 2008, durante su primera campaña electoral, a cambiar el “roto” sistema migratorio y decidió actuar unilateralmente en 2014 ante la imposibilidad de sacar adelante en el Congreso una reforma al respecto.

El Tribunal Supremo celebrará una audiencia el próximo 18 de abril para estudiar las medidas de Obama, bloqueadas por el litigio y sobre las que la corte se pronunciará en junio.

Si el alto tribunal falla a favor del Gobierno, Obama tendrá apenas medio año para tratar de poner en marcha sus medidas migratorias, ya que su mandato concluirá en enero de 2017.

Obama Se Propone a Nominar un Candidato para el Tribunal Supremo

February 17, 2016 by · Leave a Comment 

El presidente, Barack Obama, insistió el martes en que propondrá a un candidato con una “mente legal espectacular” para sustituir en el Tribunal Supremo al magistrado Antonin Scalia, fallecido este sábado a los 79 años, a pesar de la amenaza de veto de la mayoría republicana del Senado.

“Tengo la intención de nominar en el tiempo necesario a un candidato muy cualificado”, señaló el mandatario en una rueda de prensa en la localidad de Rancho Mirage, CA, donde mantuvo una cumbre de dos días con los líderes de las naciones del sudeste asiático (ASEAN).

La muerte de Scalia abrió automáticamente una fiera batalla entre Obama, que asegura que propondrá a un sustituto antes de dejar la Casa Blanca en enero de 2017, y la oposición de la mayoría republicana del Senado, que rechaza confirmar a cualquier candidato del presidente.

Durante su rueda de prensa, el mandatario no dio pistas sobre si baraja a un candidato moderado, aunque señaló que “presentará a alguien cualificado de forma indiscutible para el asiento” y que, incluso alguien con opiniones políticas diferentes a las suyas, considerará que el candidato actuará con “honor e integridad”.

“Espero que hagan su trabajo”, dijo Obama sobre los senadores republicanos, que creen que el nuevo presidente elegido en las elecciones de noviembre es el que debe de nombrar al nuevo juez, de forma que el asiento de Scalia quedaría vacío 11 meses hasta que el mandatario deje la Casa Blanca, en enero de 2017.

“Casi nos hemos acostumbrado al obstruccionismo del Senado”, criticó Obama, quien aseguró tener 14 nominaciones esperando a ser aprobadas por la Cámara Alta, a la que la Constitución otorga la potestad de aprobar o rechazar las nominaciones del Presidente.

El Tribunal Supremo debe estar formado por nueve jueces, con cargos vitalicios, y hasta ahora había cinco conservadores y cuatro progresistas, por lo que los republicanos temen que un nuevo nombramiento de Obama—ya designó a dos juezas—podría inclinar la balanza a favor de los progresistas.

“El Tribunal Supremo no es una extensión de la Casa Blanca. El presidente tiene todo el derecho a nominar a alguien para el Tribunal Supremo, pero el Congreso como una rama igual (del Estado) tiene todo el derecho a no confirmar a nadie”, aseveró el martes el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan.

Frente a la mayoría republicana, los demócratas están presionando a los republicanos del Senado—un tercio afronta la reelección en noviembre—a que confirmen al candidato que Obama proponga.

Para nombrar un sustituto, el presidente debe de proponer oficialmente a un candidato que, antes de pasar al Senado, debe de ser estudiado por el Comité Judicial de la Cámara Alta.

El presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano Chuck Grassley, aseguró hoy que no ha tomado una decisión sobre si debe de vetar automáticamente a los candidatos que proponga Obama e invitó a “esperar hasta que el mandatario haga su propuesta” para tomar una decisión.

En sus declaraciones públicas, Obama destacó que varios jueces del alto tribunal lograron la confirmación del Senado en año electoral, como el juez Anthony Kennedy, nominado por el presidente Ronald Reagan en 1987 y confirmado en 1988.

El nombramiento de un nuevo juez, con el poder de moldear las leyes de EEUU, llega en un momento crucial para el país, inmerso en un competitivo proceso de primarias para nombrar al aspirante demócrata y republicano que competirá por la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de noviembre de este año.

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